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Ralco: ¿Represa o Pobreza?
Con la generosa deferencia del lector, en este último capítulo me permitiré realizar un discernimiento político y valorice desde la perspectiva personal, queriendo decir con esto que comprometo -por cierto- particularmente mi opinión y análisis de estos hechos, en tanto en los capítulos precedentes me he basado en un voluminoso caudal de antecedentes generados en estos años a través de diversas fuentes autorizadas.
Al iniciar este capítulo creo pertinente hacer un acto de reconocimiento a quienes me han precedido en esta toma de conciencia. De partida, a los propios funcionarios de la CONADI, nunca suficientemente comprendidos en su enorme esfuerzo. Y me quiero referir, singularmente, al equipo jurídico de la Corporación, con quien trabajé codo a codo en el proceso más complejo y doloroso que significó constatar en terreno los hechos de los cuales ya hemos dado fundada cuenta.
También es importante reconocer la labor de nuestros antecesores en el trabajo institucional llevado a cabo en estos años de transición a la democracia, José Bengoa y José Aylwin, en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI (1990-1994); Mauricio Huenchulaf y el equipo de Estudios y Planificación, en la primera CONADI (1994-1997) y por cierto, al equipo jurídico de la Corporación entre 1997-1998, todos los que contribuyeron con su abnegada labor profesional y de servicio público en el diagnóstico de la real situación detectada en Ralco.
Investigadores como Raúl Molina y Martín Correa han aportado una cuota extraordinariamente relevante en la investigación histórica de la cual hoy somos tributarios. Entidades como el GABB han sido perseverantes en su trabajo de terreno y en su inquietud cívica y técnica.
Sí. Ellos, entre muchos otros, han precedido este libro que nació en medio de un absorbente proceso de toma de conciencia, de conocimiento directo y real con nuestros Pueblos originarios y que es, sin duda, en lo personal, la confirmación de un compromiso con los Derechos Humanos, con énfasis en los excluidos por su raza y cultura.
La empresa ENDESA nos dice que el proyecto Ralco traerá grandes beneficios para el país y que, por cierto, nunca como antes, los directamente afectados, los Pehuenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, verán acrecentado su patrimonio territorial, su acceso a los medios modernos de la luz y del agua potable... Nos dicen que vivirán en casas dignas construidas especialmente para ellos... Que sus nuevas tierras son mejores que aquellas en donde han habitado por tiempos inmemoriales... Nos aseguran que las familias desarraigadas podrán reproducir sus manifestaciones culturales y que, en definitiva. Ralco es una contribución para superar su pobreza ancestral... Y que, por cierto, nunca el Gobierno podrá cumplir totalmente con estas metas y que aquí está en juego la relación entre la empresa y el Estado, el rol de las inversiones privadas en el país y por último, el desarrollo y crecimiento económico de Chile.
El proyecto Ralco ha estado acompañado de un poderoso marketing publicitario. Lo central es que existen familias pehuenches que se han negado a permutar sus tierras... Entonces, la estrategia comunicacional ha sido mostrarlos ante la opinión pública como refractarios al desarrollo, como una minoría que está incluso en contra de sus propios hermanos de sangre que desean, casi con urgencia, que sus permutas se aprueben para poder salir de la pobreza de Ralco y trasladarse a sus nuevos dominios...
Este capítulo se escribe a mediados de noviembre de 1998. Los medios de comunicación televisiva han mostrado manifestaciones de familias pehuenches que firmaron las solicitudes de permutas, acompañados de numerosos trabajadores no indígenas de la Empresa Besalco, subcontratista de la ENDESA para las obras mayores de Ralco, que fueron movilizados en buses contratados por la empresa para realizar una manifestación ante la Intendencia de Concepción, apremiando al Gobierno a autorizar las permutas...Luego, se concentraron frente a las sencillas oficinas de CONADI en Ralco...La televisión mostró a numerosos manifestantes con grandes lienzos y pancartas muy elaborados "exigiendo" la aprobación de las permutas; denostando a los ambientalistas ("¡fuera ecologistas!"), alabando las promesas de ENDESA ("¡Ralco es trabajo'', "¡Queremos salir!")...
En medio de complejas relaciones con el mundo indígena, en tanto se realizaban gestiones para restablecer las sesiones del Consejo Nacional de CONADI, las autoridades encomendaron al Ministerio de Agricultura una nueva evaluación del componente esencial del plan de relocalización, las nuevas tierras que serían asignadas a los Pehuenches afectados: los Fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura.
En los informes previos de CONADI estos tres fundos ya habían sido analizados por la Corporación y se habían detectado importantes insuficiencias que los hacían desaconsejables. En particular, el Fundo El Barco ya estaba rechazado por la cONADI e incluso las autoridades de MIDEPLAN habían adquirido la convicción de que este fundo no reunía condiciones adecuadas de sustentabilidad.
En su oportunidad habíamos dicho que el Fundo El Barco sólo era utilizable como veranada de diciembre a mayo; que en el invierno permanece una capa de nieve que lo hace inhabitable. De su extensión de 19.270 hectáreas, un 95% de su superficie se encuentra en los 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y en verano sólo se puede utilizar un tercio de su superficie en el ramoneo extensivo. Al no ser adecuadas sus invernadas el fundo no es suficientemente sustentable para la economía pehuenche.
Los Fundos El Huachi y Santa Laura no tienen continuidad entre sí. Están separados por 20 kms aproximadamente y se ubican a 33 kms de la entrada al Alto Bío Bío y a 58 kms de Quepuca Ralco. Lo notable es que por su ubicación quedaron al margen de la Declaración de Área de Desarrollo Indígena para el Alto Bío Bío, decretado por el Presidente para beneficiar con políticas públicas el desarrollo de las comunidades pehuenches del Alto Bío Bío, de tal modo que las familias que sean obligadas a trasladarse a estos Fundos, siendo depositarías de esta Declaración quedarían al margen de los derechos que les confiere. Pero, al margen de este antecedente, siempre subsanable, la calidad de las tierras de estos fundos es deficiente.
El Fundo Santa Laura no tiene araucarias o pehuén. De este árbol deriva, precisamente, la suerte de identidad que el indígena pehuenche ha alcanzado históricamente, al ser la araucaria el componente esencial de su economía doméstica. Por otra parte, dijimos que la mitad de las tierras de estos fundos son roqueños y la otra renoval de nothofagus, semilla de lingue venenosa para los animales. Las tierras del Huachi no superan el promedio esperado por familia, con suelos de secano ondulado y erosionado, sin vegetación, con pocas tierras de cultivo, etc.
Estos antecedentes, expuestos por la CONADI en sus reiterados informes a la autoridad, nunca fueron suficientemente considerados. En consecuencia, para asegurar un análisis objetivo y técnico de estas tierras ofrecidas en compensación, en agosto de 1998, MIDEPLAN solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Concepción, constituir un Comité Técnico con profesionales de la VIII región para evaluar la real capacidad productiva de los predios El Huachi, Santa Laura y El Barco.
Los primeros alcances de este importante informe gubernamental comprometieron de entrada y de manera determinante las primeras convicciones de las autoridades respecto de las bondades de estos predios. Para la transparencia de este tema, iré transcribiendo parte sustancial de los contenidos de este informe del mes de agosto de 1998, posterior a la crisis de CONADI.
"La Comisión no conoció el Plan de Desarrollo Productivo, por cuanto se informó que éste se encuentra aun en etapa de elaboración, y en un grado de avance no señalado. No obstante lo anterior, los representantes de ENDESA informaron de la existencia de un estudio de clasificación de suelos, un estudio de productividad y capacidad de carga animal, un proyecto de regadío y un plan de manejo forestal, para los predios antes señalados. De todos ellos se proporcionaron antecedentes parciales y fragmentados, en la forma de exposición, no entregándose documento escrito. A partir de las conversaciones sostenidas con los representantes de la empresa, la Comisión estima que ENDESA no tiene una única definición respecto de las características e importancia del plan de Desarrollo Productivo".
Recuérdese que el proyecto Ralco fue aprobado ambientalmente en septiembre de 1997 por el Consejo de Conama. El Plan de Desarrollo Productivo compromete la responsabilidad de ENDESA de asistir técnicamente por 10 años a las familias pehuenches relocalizadas. Se trata, por tanto, de uno de los aspectos más sensibles del tratamiento que debe darse a estas familias. Siendo ENDESA una empresa con recursos más que significativos y tratándose de un proyecto que viene siendo analizado desde 1994, ¿qué explica, que al mes de agosto de 1998, o sea, cuatro años después, o a 10 meses de su aprobación, después de septiembre de 1997, la empresa no cuente, al menos con un esbozo general del Plan completo o con su debida propuesta suficientemente desarrollada?...
Fundo El Huachi
La Comisión Técnica del Ministerio de Agricultura realizó entonces un intenso trabajo de terreno; visitó los predios en cuestión y tratándose de un núcleo destacado de profesionales, se abocaron con entera imparcialidad al examen de las cualidades de los predios ofertados. De su visita al Fundo El Huachi concluyeron informando lo siguiente:
"Esta unidad predial tendría una superficie de 585 has, distribuidas en 45 parcelas (denominadas unidades agrícolas familiares, UAF) y un bien común. Se considera instalar en este predio a 35 familias, que en promedio, están integradas por cinco personas. Se informó que a la fecha [agosto de 1998] habrían 30 parcelas con compromiso de permuta de tierras.
La superficie individual de cada parcela varía entre 3 y 38 hectáreas, con un promedio de 16,7 has. El criterio general de los tamaños asignados a cada familia considera reponer un equivalente a la superficie afectada (inundada) por la construcción de la represa, más un adicional calculado en proporción a la misma. Considerando que la superficie directamente afectada sería de 316 has y que el predio en cuestión tiene 585 has, se les estaría entregando, en total, un 80% más de superficie.
Asimismo, ENDESA afirma que más del 76% de los terrenos del predio El Huachi sería de clases II y III de riego, el 19% de clase IV y sólo el 5% de aptitud preferentemente forestal. Además, por la información recibida, se observa que los suelos del predio ofrecido serían de mejor calidad que las tierras afectadas, considerando la potencialidad productiva de ambas situaciones. Por ejemplo, en las áreas que se afectan, el 33% de los suelos sería arable; en cambio, en el predio El Huachi el 95% sería arable.
Cada una de las parcelas se encuentra individualizada y dividida por cercos de alambre aptos para manejo de ganado vacuno. Están habilitadas con una casa-habitación, un fogón, un galpón y un corral. También poseen una red de energía eléctrica, incluyendo un medidor de consumo en cada casa y agua para consumo humano(...).
Este predio tiene derechos de agua de riego de dos canales, la que será utilizada de acuerdo al estudio que se encuentra en elaboración. La tecnología de riego que se contempla es por aspersión, estimándose que cubrirá aproximadamente 200 has. Además, proponen desarrollar un programa de asistencia técnica y otro de apoyo financiero, el que operaría según un sistema de incentivos. A partir de lo anterior estiman un potencial de producción de 45 quintales por ha de trigo; 10 toneladas de materia seca por hectárea-año en pradera regada y 5 toneladas de materia seca por há-año en pradera de secano.
Opinión de la Comisión sobre El Huachi.
"1.- Dado que no se definió un nivel de ingreso neto mínimo para la familia, junto a la no presentación del plan de desarrollo productivo constituyen limitantes para evaluar adecuadamente la sustentabilidad socioeconómica de las unidades familiares.
2.- Por sus características agroecológicas, por la capacidad de uso de los suelos y por el conocimiento general que de la zona tienen los integrantes de la Comisión, se confirma que el predio El Huachi es de aptitud preferentemente agropecuaria.
3.- En relación a la capacidad de uso del suelo, la Comisión estima que es discutible que más del 75% de los terrenos pueda ser clasificado en clases II y III de capacidad de uso. La Comisión estima que los suelos más bien corresponderían a las clases III y IV.
4.- Los parámetros productivos indicados para los cultivos agropecuarios se consideran elevados para las condiciones agroecológicas del sector; más aun cuando antecedentes de predios colindantes y antiguos propietarios indican bajos niveles de fertilidad de suelos, parámetro relevante para la obtención de rendimientos adecuados.
5.- Una limitante importante para el desarrollo de cultivos en la zona son las bajas temperaturas. Esta es un área donde hay ocurrencia frecuente de heladas.
6.- Debe tenerse presente en la evaluación de las posibles rotaciones, que en la zona, el riego, por razones de temperatura, no modifica sustancialmente los niveles de productividad de cereales sembrados en condiciones tecnológicamente adecuadas. Por otra parte, el sistema de riego por aspersión propuesto, sin uso de energía eléctrica, aprovechando desniveles naturales, no sería factible en todas las parcelas.
7.- En referencia a elementos de infraestructura predial, se observa que los cercos existentes sólo serían adecuados para ganadería mayor (bovinos, caballares), y no se considera que los pehuenches normalmente también crían ganado menor (ovinos, caprinos y cerdos). Por el contrario, tos corrales, por su reducido tamaño y fragilidad, no son adecuados para el ganado mayor.
8.- En general, las parcelas no poseen bosques, salvo un par de situaciones que tienen plantaciones de pino juveniles (de cinco a seis años). Esto significa que las familias carecerían tanto de la lena necesaria para su uso energético, como del aprovisionamiento de múltiples productos madereros destinados al autoconsumo.
9.- La familia pehuenche sin bosque carece de uno de los elementos más importantes de su sistema de vida, ya que éste, además de constituir su entorno natural, es fuente de alimentos y medicinas, lugar de esparcimiento y de culto, de abrigo y reparo de animales. Por último, la Comisión estima que hay un alto optimismo respecto de la capacidad de las familias para modificar su comportamiento productivo en el corto plazo; situación que tiene alta incidencia en el éxito o fracaso del plan de relocalización".
Fundo Santa Laura
La Comisión visitó también el Fundo Santa Laura que cuenta con una superficie de algo más de 1.400 has que podrían llegar a 1.915 has. Este predio fue adquirido para ser una fuente de abastecimiento de leña para las familias que se instalarán en El Huachi. ENDESA consideró también la posibilidad de que el predio, eventualmente, sirviese como veranada dado que hay entre 200 y 300 has para dicho fin.
Opinión de la Comisión sobre el Fundo Santa Laura.
"1.- De la visita realizada a Santa Laura, se pudo apreciar que este predio tiene una vocación y un uso casi exclusivamente forestal. Sus pendientes son abruptas y existe una pequeña explanada cuya superficie oscila entre 100 y 200 has.
2.- En opinión de la Comisión, este predio no podría asimilarse a lo que para las comunidades pehuenches constituye una veranada. Tanto por la escasa superficie de eventual aptitud ganadera, como por las restricciones topográficas que presenta. La incorporación de ganado sería altamente perjudicial para el suelo, tanto por su fragilidad como por su accidentada geografía y fuertes pendientes, además de que impediría el desarrollo de los renovales de bosque nativo.
3.- La trashumancia entre los dos predios tampoco se considera factible, por cuanto en estos sectores no existen los hábitos ni la infraestructura necesaria para el desarrollo de esta modalidad.
4.- No se cuenta con los antecedentes técnico-económicos suficientes que avalen el uso de este predio con fines de producción industrial de madera en el corto plazo. La producción de leña y de otros productos madereros para el autoconsumo sin alterar el ecosistema, sólo puede ser posible en la medida que el predio sea sometido a un programa de manejo".
Fundo El Barco
Sin duda, se trata de la oferta más polémica. Este predio tendría una superficie de 19.270 has. Limita al poniente con la comunidad Ralco Lepoy y la Reserva Forestal Ralco, separados por el río Ralco.
Al oriente limita con Argentina... Al norte, con el Volcán Copahue y las veranadas de la cuenca del Río Queuco. Al sur con el predio Guallalí.
De acuerdo al informe del Ministerio de Agricultura este fundo está dividido en cuatro sectores:
* Hijuela de asentamientos humanos, en el sector de invernadas, con una cabida de 2.500 has habitables.
* Hijuela Laguna El Barco, con una superficie de 5.426 has.
* Hijuela Copahue y Melilafquén, en el sector de veranadas con una superficie de 11.344 has.
Existirían 11.600 has de terrenos productivos cubiertos por formaciones boscosas y pastos naturales con predominio de coíronales. De esta superficie, 1.400 has están en el sector de invernadas (bajo), entre 1.000 y 1.100 m.s.n.m (metros sobre nivel del mar); 2.800 has en un sector intermedio, entre los 1.100 y 1.400 m.s.n.m y 7.400 has en el sector alto sobre los 1.450 m.s.n.m.
ENDESA informó que existirían 8.900 has de bosque, de las cuales 4.300 has serían araucarias y 4.600 has de otros tipos nativos.
En materia de clima, la precipitación promedio anual en esta zona de altura es de 2.500 mm; la temperatura media por año es de 8°C y la temperatura mínima en invierno alcanza a los -8°C.
ENDESA planificó en este Fundo 80 lotes para reasentar a 41 familias (35 ya habrían firmado la solicitud de permuta pertinente). El programa de relocalización contempla un promedio de 50 has por familia en el sector bajo y parte del sector medio, más una parcela o lote en el sector Laguna y derechos de uso de veranadas en Melilafquén y Copahue.
Opinión de la Comisión sobre el Fundo El Barco.
"1.- El Barco se ubica en una zona agroecológica muy frágil; que ha estado expuesta a un fuerte sobretalajeo y deforestación; presenta sectores altamente degradados, que no se pueden restituir a su condición original; y otros, en estado crítico, que podrían ser mejorados con gran esfuerzo.
2.- En opinión de esta Comisión, una gran superficie de este predio está en el límite de la desertificación y no debería usarse en actividades agropecuarias si se quiere cautelar la sustentabilidad de la cuenca hidrográfica a que pertenece.
3.- Para este predio tampoco se definió un ingreso mínimo para las familias a relocalizar ni un plan de desarrollo productivo.
4.- El posible mejoramiento de los sectores degradados, que ENDESA contempla destinar a invernadas, se vería limitado tanto por las bajas temperaturas invernales (-8°C), como por el período en el cual el área permanece cubierta de nieve. En el caso de las veranadas, las bajas temperaturas permiten sólo el desarrollo de coironales.
5.- Según registros del Ministerio de Agricultura, correspondientes a la última década, el uso promedio en las veranadas del Fundo El Barco ha sido de 600 Unidades de carga Animal, aproximadamente entre los meses de diciembre-marzo, incluyendo en esta cifra animales provenientes de otros predios... En los meses restantes, el uso promedio ha sido de 180 unidades de animales".
En base a estos categóricos diagnósticos de la Comisión especial del Ministerio de Agricultura, se formularon entonces un conjunto de recomendaciones urgentes para abordar las deficiencias detectadas. En el caso del Fundo El Barco, la Comisión propuso estudiar alternativas turísticas dado que el predio no debe utilizarse para actividades de carácter extractivo. Con cierto control riguroso podría aceptarse una explotación ganadera mínima, concentrada en áreas menos degradadas. Para ello, la capacidad de carga animal no debiera superar las 300 unidades en una etapa inicial hasta un máximo de 500 UA en caso de estar disponibles 250 has de praderas artificiales que incorporarían al riego, lo que permitiría instalar 25 familias, con lo cual 16 familias tendrían que ser relocalizadas en otro lugar.
Para las familias que se relocalizarían en este Fundo, la Comisión recomendó un programa de capacitación, de asistencia técnica y transferencia tecnológica que asegure la conservación y protección de sus recursos. Se señaló también la necesidad de reducir al mínimo la proporción de ganado caprino por los efectos que ello puede significar para el suelo, el coironal y los bosques.
Con relación al bosque nativo existente se recomendó someterlos a un plan de manejo y dada la fragilidad del ecosistema se indicó no permitir explotaciones forestales con fines de producción comercial de madera, dejando opciones sólo para el autoconsumo.
Para el caso del Fundo Santa Laura, la Comisión señaló que "en ningún, caso este predio constituye una alternativa a las veranadas que usan las familias pehuenches, tanto por la escasa superficie de aptitud ganadera disponible en las partes bajas; por la densidad de renovales o lo escarpado del terreno en las partes intermedias y altas; como tampoco por la incompatibilidad del ganado con la regeneración y el manejo de la vegetación". Continúa el Informe:
"En las actuales condiciones, y considerando las características de fragilidad de este predio no se recomienda la extracción de productos (madera, leña). Esta situación puede variar si las formaciones existentes en esta unidad son sometidas a un programa de manejo forestal (manejo de renovales, cortas de mejoramiento, Ralcos), que permita mejorar la masa forestal existente y formar un recurso de mayor valor a largo plazo. De esta manera, los subproductos provenientes de este manejo, podrían ser utilizados para abastecer de leña y otros productos madereros a los habitantes de la nueva comunidad que se instalaría en el predio El Huachi".
Finalmente, en relación al Fundo El Huachi, la Comisión estimó que una familia en este predio requiere que el sistema productivo propuesto por ENDESA contemple un rebaño de 20 unidades de carga animal, tamaño que permitiría generar un ingreso anual aproximado de $ 1.080.000 pesos por venta de ganado ($ 90.000 pesos mensuales promedio). Esto significa que una familia relocalizada en El Huachi necesita 30 hectáreas de superficie predial y no las 16,7 has ofrecidas por la empresa.
Adicionalmente, dice la Comisión, unas 5 has de la superficie predial necesaria deberán destinarse a plantaciones forestales, las que aportarán bienes y servicios para autoconsumo y satisfacción de necesidades energéticas..."'Mientras tanto, estas necesidades deberán asegurarse por otras vías"... Para ser más claros, mientras crecen los árboles destinados al autoconsumo de los pehuenches reasentados en El Huachi, alguien (ENDESA o el Gobierno, o ambos) deberán proveerles leña desde otros lugares....
Con todo, las conclusiones de la Comisión gubernamental respecto del Fundo El Huachi es que, desde una perspectiva de desarrollo sustentable, el predio "sólo permitiría el establecimiento de 20 familias" y por tanto "no podría sustentar a las 35 que propone el plan de relocalización de ENDESA. Para cumplir con ese objetivo se debería contar con una superficie adicional de 465 has, de similares características a las del predio El Huachi, para instalar a las 15 familias que no tendrían cabida en este sector".
"Por último, la Comisión hace presente que la relocalización de pehuenches en este predio, es la que asumirá un mayor costo sociocultural en las familias involucradas, porque significa la transformación de ganaderos trashumantes y recolectores en campesinos o agricultores de corte tradicional y obviamente sedentarios".
El lector podrá establecer sus propias conclusiones de este relevante informe del Ministerio de Agricultura, de fecha agosto de 1998.
Los efectos políticos de este informe
"Informe del Gobierno, que se mantenía en reserva, asegura que la oferta de tierras de ENDESA, sólo permite la subsistencia del 50% de las familias pehuenches que deben ser relocalizadas en Ralco".
Así reza la bajada de título de un reportaje publicado por la conservadora Revista Qué Pasa, en su edición del 10 de octubre de 1998, titulado Informe Confidencial.
El reportaje del periodista Hugo Córdova se inicia haciendo alusión al Informe del Ministerio de Agricultura que ya hemos descrito ampliamente, el que "podría transformarse en un aliado inesperado de las familias pehuenches y los ecologistas que se oponen a las permutas de tierras ofrecidas por ENDESA (...) Aunque el informe se elaboró y redactó en agosto [de 1998], solo se supo de su existencia a principios de octubre, gracias a que fue "filtrado" al Diputado Alejandro Navarro (PS). A lo menos, en tres oportunidades, desde principios de septiembre, el parlamentario pidió a Mideplán que le enviaran una copia, pero sus gestiones fueron infructuosas. Mejor suerte habría tenido ENDESA. Navarro asegura que el documento llegó a las oficinas de la empresa no bien concluyó su redacción y, posteriormente, refutó las aprensiones allí contenidas"...) Si bien el Ministro [Germán] Quintana [PDC] aseguró que el Informe es sólo preliminar, en ninguna de sus páginas se menciona esa palabra (...).
Continúa el periodista:
"Cuando el Diputado Navarro dio a conocer el Informe el domingo 4 [de octubre de 1998], en una breve nota del diario El Sur de Concepción, al día siguiente, autoridades nacionales y regionales reconocieron al matutino penquista conversaciones con ENDESA para que ésta "mejorara" la oferta (...).
"El informe no es el único documento sobre la forma en que ENDESA ha tratado el tema de la relocalización de los pehuenches que se ha mantenido en reserva. De acuerdo con antecedentes proporcionados por Navarro, en 1996, con ocasión de la construcción de la Central Pangue, la empresa eléctrica ocultó información a los indígenas respecto del impacto socioeconómico que les ocasionaría su traslado".
Cierto o no, lo narrado por la Revista Qué Pasa se aproximó a un hecho efectivo y es que el Informe de la Comisión Técnica del Ministerio de Agricultura, de agosto de 1998, ratificó, amplió y consolidó todas las aprensiones pre-existentes, tanto en cONADI como en otros organismos públicos y privados.
Si el lector ya ha sacado sus propias conclusiones respecto de lo informado por esta Comisión, podemos entonces encarar la duda prevaleciente: ¿ocultó MIDEPLAN los negativos resultados del Informe de Agricultura?...
Las autoridades del Ministerio señalaron insistentemente que dicho Informe no fue mantenido en reserva. Pero el Diputado Alejandro Navarro tuvo que valerse de otros medios para obtener una copia pues sus peticiones de una copia oficial no fueron respondidas.
A mayor abundamiento, hasta el mes de noviembre de 1998, inclusive, ninguno de los Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI había recibido una copia oficial del trascendental informe.
Con ocultamiento o no, lo relevante es el Informe en sí mismo, pues reveló una trama significativa: en propiedad no estamos hablando de una oferta razonable de compensaciones de calidad para los Pehuenches. No se trata de una propuesta de compensaciones que, de acuerdo al propio Estudio de Impacto Ambiental de ENDESA y de sus posteriores Addendum, busquen disminuir la acelarada aculturación de estas comunidades. Derechamente existe una despreocupación por las transformaciones de sus características socio-culturales y el informe de Agricultura es taxativo y no deja lugar a dudas: la relocalización de los pehuenches significará su transformación de ganaderos trashumantes en campesinos o agricultores de corte tradicional. Es decir, se afecta de manera sustantiva la esencia de su vínculo natural con la tierra, con sus costumbres y tradiciones. Por ende, esto es el camino de su desestructuración como cultura indígena pehuenche.
Pero, la magnitud del proyecto y su calculada publicidad nos hace creer que Ralco viene a ser una propuesta de superación de la pobreza de los pehuenches. Que nunca como antes los indígenas habrán obtenido mejores beneficios que ahora, de no existir esta salvadora oportunidad que, de paso, viene a demostrar que el mundo empresarial es más efectivo que el Estado, cuando de superar problemas sociales se trata... Y principalmente, de cara a las necesidades del desarrollo y del crecimiento del país, se contribuye a instalar un proyecto que traerá más progreso y bienestar para todos los chilenos... Al final de cuentas, indígenas y no indígenas contribuirán así juntos al desarrollo del país. Ralco es el puente que une este propósito común. ENDESA está en la cúspide de esta pirámide de bienestar y progreso. Y el sistema político se congratula con tan promisorio futuro...
El tema energético
Que Chile deberá expandir sus fuentes de producción energética en los próximos años es un tema instalado a modo de sentido común. Sin embargo, de acuerdo a informes especializados como el elaborado por el Programa de Investigaciones en Energía (PRIEN), de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junto al International Institute for Energy Conservation (IIEC) y el Natural Resources Defense Council (NRDC), publicado en junio de 1996, plantea una serie de interrogantes al respecto, al señalar que la capacidad de generación podría ser claramente menor a la prevista. Dice el Informe del PRIEN:
"Alrededor de un 20% de la demanda prevista para el período analizado, del año 1994 al 2020, podría ser abastecida por el mejoramiento de la eficiencia con que se usa la electricidad en el país, las mejoras de eficiencia al nivel de la generación, transmisión y distribución eléctrica, el desarrollo de nuevas aplicaciones de la cogeneración y la difusión de las fuentes nuevas y renovables de energía".["Uso eficiente de la electricidad en Chile, 1994-2020, Resumen y Conclusiones].
En palabras simples : ahorro energético. Lo que implica, entre otras cosas, "la reducción de emisiones contaminantes y de efecto invernadero derivadas de las plantas termoeléctricas que habría que instalar durante el horizonte del estudio y de los impactos que se derivarían de la construcción de las nuevas plantas hidroeléctricas, tales como inundaciones de tierras agrícolas y/o forestales y desplazamiento de las familias que habitan el área de influencia de esas centrales, normalmente pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad".
El importante Informe del PRIEN señala que es la experiencia internacional la que confirma que la eficiencia energética es más económica, rápida y benigna ambientalmente para satisfacer los requerimientos correspondientes.
El tema del medio ambiente, el cuidado y preservación de nuestros bosques, ríos y mares, entre otros bienes naturales fundamentales, es aun un tema nuevo en la sociedad chilena. De ello derivan nuestros balbuceos y limitaciones para encarar con innovación emprendedora los caminos de la conservación regulada más que los de la depredación salvaje de nuestros ecosistemas. Por cierto, las empresas han invertido mayor cantidad de recursos para investigar las tendencias del mercado e imponer un punto de vista empresarial que ha sido fácilmente asimilado por el sistema político e institucional, con los efectos que esto empieza a tener para nuestros recursos naturales.
Por cierto, la polémica sobre el desarrollo energético está aun en pañales... Damos fácilmente por aceptado que a mayor demanda de electricidad hay que instalar nuevas fuentes generadoras. Damos por sentado que el uso del recurso hídrico incluso es beneficioso para la seguridad nacional, pues siempre será mejor depender de nuestras propias fuentes y no tener que recurrir a terceros, como en el caso del gas y el petróleo que importamos. Damos por sentado, además, que el recurso agua es más limpio, por tanto tendremos una producción menos contaminante. Y como corolario, que a un aumento de las fuentes de producción de energía vendrá por añadidura una disminución de las tarifas eléctricas, lo que redundará en beneficio de los sectores más modestos...
Sin embargo, cada cierto tiempo, la naturaleza misma se encarga de someter a prueba estos argumentos cuando diversas zonas se ven afectadas por prolongadas sequías, por la intensidad de las precipitaciones o la extrema carencia de ellas, todo lo cual impacta de manera determinante nuestras cuencas sin que exista un adecuado plan de regulación y control. Las calamidades de la sequía o de las lluvias torrenciales evidencian que aun no sabemos manejar eficientemente un recurso tan valioso como el agua. A modo de ejemplo, no es lógico que localidades desérticas como Arica, sufran escasez de agua para sus habitantes y luego la crecida extrema del río San José, con su carga de destrucción, vuelva a un cauce que se le había quitado de manera imprudente... Situaciones como éstas son recurrentes en el norte, en el centro y sur del país.
En Chile las primeras represas en su modalidad de tranques se construyeron para riego y fueron de tipo gravitacional, empleando como material principal la tierra por su comportamiento sísmico. En los años 30 se introdujo la roca como elemento estructural, impermeabilizada con pantallas de hormigón armado, como en los embalses Cogotí y Caritaya, en Camarones.
En las últimas décadas se han empleado otros sistemas, usando materiales fluviales compactados como elemento estructural, (El Toro, en Huasco) y recientemente se ha avanzado hacia el tipo de presa gravitacional con hormigón rodillado, de baja dosificación (precisamente, Pangue, en el Alto Bío Bío).
La mega-hidroelectricidad nace en la década de los años 40. A países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética se les reconoce su liderazgo en el desarrollo de la hidroelectricidad. Chile fue el primer país en adoptarla cuando inauguró en 1897 la Central Chivilingo en Lota.
Entre 1980 y 1990 se han construido en el mundo más represas que en cualquier otra época de nuestra historia. A 1979 existían 60 megacentrales. En los últimos 15 años se han construido otros 35 grandes proyectos, de los cuales 22 se instalaron en el Tercer Mundo.
La conveniencia de construir grandes represas entró en discusión a fines de los años 80 y es un debate aun en curso. Naciones desarrolladas como Suecia, mediante un plebiscito, han declarado una moratoria en la construcción de centrales hidroeléctricas. Estados Unidos y Japón tienden a buscar otras fórmulas ante el potencial agotamiento de sus recursos hídricos.
Continentes como África, Asia y América Latina, todavía en vías de desarrollo, sin embargo, por contar aun con importantes reservas de agua, están precisamente- en la mira de las grandes corporaciones eléctricas que se asocian con empresas nacionales para explotar el recurso hídrico en su principal beneficio.
Los efectos de estas grandes construcciones en décadas anteriores, han ido dejando una huella de impactos irreversibles muy notables. Uno de estos principales efectos tiene relación con las poblaciones aborígenes y el ecosistema.
En la India, más de un millón de nativos Adivasi fueron afectados por la represa de Narmada. Otros 300 mil campesinos de China fueron obligados en 1960 a salir de sus tierras, por la construcción del embalse de Sanmexia, en el río Amarillo... Con este megaproyecto se buscaba producir electricidad y controlar las crecidas del río junto con permitir la creación de nuevos canales de regadío. Recientemente, en 1997, China inauguró la más impactante represa del Asia, en el río Yang-Tzé, el proyecto Three Georges, siendo obligados a salir dede sus tierras unos 2 millones de campesinos pobres que perdieron miles de kms de tierras productivas.
En 1966 se inauguró la represa Akosombo, en el Río Volta, en Ghana (África). El proyecto lo financió el Banco Mundial. Akosombo inundó el 5% del territorio de Ghana y obligó a la relocalización de 80 mil personas pertenecientes a distintas etnias africanas, todos, en su absoluta mayoría gente pobre. Contrariamente a lo señalado por el Banco Mundial, la electricidad generada por Akosombo fue destinada, principalmente, a la producción de aluminio para una transnacional americana. Algo semejante ocurrió en Zambia y Mozambique.
La presa de Asuán, en Egipto, inaugurada en 1970, perjudicó a 100 mil nubios, los que debieron emigrar hacia El Cairo, debido a la baja productividad agrícola y la salinización de los suelos. Ancestrales patrones de producción agraria del Nilo fueron severamente alterados por la retención de sedimentos que antes de la represa fertilizaban el valle del Nilo.
En Estados Unidos y Canadá se cuenta con antecedentes que afectan a 60.000 personas como resultado de megacentrales en el Río Tennesse. En Canadá, cerca de 15 mil indígenas de las reservas Cree e Inuit serán afectados por la construcción de 23 proyectos antes del 2006 en el Río Hudson.
En nuestro continente, países como Venezuela, Brasil, Colombia, México y Chile entre otros se encuentran en el ranking de proyectos de esta naturaleza. Brasil, es un dudoso ejemplo del modo como se ha afectado el ecosistema y a las poblaciones aborígenes. Diez grandes represas como Itaipú, Tucurí, Balbina, Sobradinho, Machadinho y Babaquara entre las principales, han inundado 18 mil kms cuadrados de bosque tropical, entre otros impactos.
La represa Sobradinho obligó al desplazamiento de 60 mil personas. El proyecto Machadinho, a 12 mil y las obras de Itaipú, a 45 mil. La represa Tucuruí (1976) afectó de modo irreversible a las etnias Parakaná, Asurini y Graviáo y a 24 centros arqueológicos; redujo las aguas pesca abajo y generó trastornos adicionales en las comunidades aborígenes consiguientes.
La Central Balbina (1987) desplazó nueve poblaciones indígenas y mestizas. El principal alimento de las poblaciones, los peces del río Alaisú, entraron en descomposición por retención en el embalse. Para aumentar la cantidad de agua en esta represa, la Electrobras tuvo que construir un embalse adicional de 30 kms que literalmente atravesó las tierras de los indígenas Waimiri-Atroari. Complementariamente, se construyó la represa Cachoeira Porteira, que inundó 911 kms e impactó de manera irreversible a 7 Pueblos Indígenas y 35 comunidades negras. La producción de Balbina está destinada al consumo de la población de Manaos y principalmente de importantes multinaciones localizadas en su zona franca.
No obstante, la ambiciosa obra proyectada por el Instituto Hudson de EEUU en Brasil, el Gran Lago Sudamericano, en el río Amazonas fue descartada luego de una prolongada e intensa movilización de tribus indígenas, iglesias locales, organizaciones sociales y la solidaridad de la comunidad internacional, siendo una de las pocas iniciativas que no pudieron concretarse, pues era evidente la magnitud del impacto que este proyecto produciría en el Amazonas.
Un caso digno de estudio lo constituye la represa Brokopondo en Surinam sobre bosques tropicales. Fue inaugurada en 1964. La vegetación sumergida se descompuso produciéndose gas sulfúrico en grandes proporciones. El agua se volvió acida y la falta de oxígeno causó la muerte de la flora y fauna de la cuenca.
La represa Yaciretá entre Argentina y Paraguay afectó a 30 mil ribereños de Posadas y Encarnación. Fueron impactados 8.000 campesinos. En México, la represa Belisario Domínguez en Chiapas obligó a la relocalización de 17 mil personas, en su gran mayoría indígenas lacandones. La construcción de la represa Miguel Alemán implicó un lago artificial que inundó el habitat ancestral de 20 mil indígenas mazatecos.
La construcción de la presa San Juan Tetelcingo, en el Estado de Guerrero, desestructuró a nueve pueblos originarios Nahuas...
En nuestro país, la historia de las centrales construidas en estas décadas también demuestra un expediente de situaciones críticas. Por ejemplo, la Central Canutillar alteró el territorio y el caudal del río Chamiza en el norte, además de erosionar los ríos afluentes. La temperatura del lago aumentó con efectos importantes en el recurso biológico. El tendido de línea quemó una importante faja de bosque nativo de Alerce. La salinización de las norias impactó el autoconsumo de aguas de las comunidades locales. Como resultado de la inundación de predios ribereños se redujo la producción de algas. El valor económico ambiental cayó brutalmente.
La Central Alfalfa causó impactos irreversibles en los árboles nativos; se redujo la fauna acuática y las fuentes termales. El riesgo de accidentes fue subestimado. La construcción de las obras produjo deslizamientos que inestabilizaron el área física junto con disminuir los caudales de agua.
La Central Colbún, con su represa principal y tres represas menores han tenido que hacer frente a procesos de evaporización y crecidas superiores a las capacidades de regulación de las obras. El impacto principal ha sido la eutrofización del lago Coibún. El medio ambiente del río Maule se ha deteriorado por el humedecimiento de las riberas del lago, etc.
De acuerdo a informes del Banco Mundial, en lo que va transcurrido de estas décadas no menos de 10 millones de seres humanos en el mundo, en su mayoría aborígenes, han sufrido los severos impactos de estos megaproyectos. Chile sólo contribuye con una cuota más en este sentido, aunque sea ínfima en cantidad de relocalizados.
Así y todo, el problema de fondo sigue siendo la existencia de un modelo de desarrollo que requiere de este tipo de proyectos para hacer progresar las economías locales. En el marco de una intensa globalización de los mercados, los países entran en una fase competitiva que hace indispensable mejorar la calidad de sus productos y en este proceso la energía eléctrica cobra una importancia central. Los Estados son débiles para enfrentar la ofensiva empresarial en el desarrollo de proyectos como las centrales hidroeléctricas y de ello derivan todas las principales insuficiencias y complejos problemas que se presentan cuando los recursos naturales y las comunidades humanas están en el centro de los conflictos que estas iniciativas generan.
En Chile el consumo de energía eléctrica ha venido creciendo a una mayor tasa nacional en los últimos años. La producción hidroeléctrica provee el 51% de la electricidad; las centrales que usan carbón proveen con un 28%; las de combustión a petróleo, un 11% y las que provienen de la combustión a leña un 6%. No obstante, la participación de Chile en el Mercosur es una valiosa oportunidad para incrementar su consumo energético aprovechando fuentes de Argentina, Paraguay y Bolivia. A una escasa distancia de Ralco, se ubica la cuenca de Neuquén, fuente de una importante producción hidroeléctrica de Argentina, cuya producción en la provincia de Neuquén es capaz de abastecer miles de km2 y se encuentra en proyección una importante interconexión eléctrica con una empresa chilena antes de 1999.
Los antecedentes que esgrime ENDESA no son suficientes para establecer que una central de 570 MW en Ralco sea una alternativa razonable para proveer energía eléctrica a la economía chilena en el mediano plazo. Ya hemos señalado, con motivo del Informe Downing y el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco, que el costo privado de inversión para satisfacer la demanda eléctrica estimada con generación térmica por gas natural es de sólo US$ 4,1 millones de dólares en comparación a lo que significa Ralco para el país. La Consultoría encomendada en su oportunidad a Risopatrón Consultores, fue enfática en demostrar que la rentabilidad económica del proyecto Ralco es de dudosa eficacia. En efecto:
"Ante una serie de eventos probables, como una baja futura en los precios del gas natural, por la interconexión de los sistemas energéticos y los gaseoductos del cono sur, una demanda eléctrica inferior a la proyectada por ENDESA, o un valor ambiental mayor que lo supuesto por la empresa, no será posible revertir el proyecto Ralco. En consecuencia, la rentabilidad del proyecto debería ser mayor que la rentabilidad de la termoeléctrica a gas natural para compensar el mayor riesgo. Los precios de nudo de energía eléctrica disminuirán significativamente entre 1997 y 2007, independiente de la construcción o postergación de Ralco, debido al incremento de la capacidad de generación del Sistema Interconectado Central (SIC) por los proyectos en construcción en 1996.
"Los consumidores regulados, que consumen menos de 2 MW, no experimentarán un alza de tarifas sin Ralco. Las tarifas eléctricas para los consumidores regulados corresponden en menos de un 35% al precio de nudo, y en cerca de un 65% al valor agregado de la distribución. Si este valor se mantiene constante en el futuro, una cuenta de electricidad por $ 1.000 por 20 kw/hora se mantendría a ese nivel sin proyecto Ralco, y bajaría a $ 965 en el año 2005 con proyecto Ralco, esto es una tasa de rentabilidad menor o igual a un 0,35%.
"Este costo es claramente inferior a los beneficios futuros del uso del Alto Bío Bío en otras actividades económicas. Bastaría entonces reducir en un 50% el costo del cargo fijo mensual que pagan los usuarios domésticos para bajar las tarifas en un 0,35%, ahorrando a la economía chilena los US$ 489 millones de dólares de cosió financiero directo de la Central Ralco, además de los costos socioeconómicos y ambientales mínimos de US$ 21 millones de dólares asociados con su ejecución", [v.g. Informe de Carlos Risopatrón].
En nuestro país, ENDESA genera el 63% de la energía eléctrica del Sistema Interconectado Central. Sus empresas relacionadas, transelec y chilectra, tienen el control de entre el 75% y 100% de la transmisión de líneas entre Taltal y Chiloé, de 200 kw y 500 kw y la distribución respectiva. A modo de ejemplo, en Argentina, ningún grupo económico puede controlar más del 15% de la producción. En Bolivia ese porcentaje puede alcanzar hasta un 35% como máximo. En Inglaterra, los dos mayores conglomerados que producen energía eléctrica y que controlaban el 55% de la producción energética, fueron obligadas en 1996 a vender parte de su dominio porque ello causaba pérdidas a los consumidores...
Según el informe del PRIEN, Chile fue un país líder en las reformas del sector eléctrico, pero su esquema regulatorio es débil, básicamente porque vincula los ingresos y utilidades de las empresas a la cantidad de electricidad que venden más que a los servicios que proporcionan.
"En el caso chileno, la eficiencia energética y las energías renovables parecen constituir las alternativas más atractivas desde del punto de vista de la sustentabilidad del desarrollo; vale decir desde una perspectiva que contemple: la seguridad de abastecimiento al mínimo costo, la reducción de la dependencia energética, la protección del medio ambiente, la reducción de las inequidades y la profundización de la democracia".
Cuando los investigadores del PRIEN abordaron las bases para el diseño de una política de uso eficiente de la electricidad, plantearon que es necesario entender que la gente no desea energía barata, sino que los servicios que la energía ofrece sean baratos, ya sea iluminación, potencia motriz, calefacción, etc.
"La disponibilidad de estos servicios energéticos puede ser expandida, reduciendo la cantidad de energía requerida para proveerlos sin sacrificar la calidad, mediante eficiencia energética. La eficiencia energética debe ser vista como un recurso que puede ser adquirido como una opción al suministro energético más convencional y, por lo general, a menor precio. Existen muchas opciones diferentes para mejorar la eficiencia energética que podrían ajustarse dentro del marco nacional a través de modificaciones que no alteran la filosofía fundamental que define el sistema:
* Reforma legislativa y regulatoria, para introducir un proceso de planificación integrada para las empresas eléctricas que les exija desarrollar carpetas de recursos energéticos a menor costo para satisfacer la demanda de servicios energéticos por el cliente.
* Códigos y normas de rendimiento energético, para desarrollar e implementar normas obligatorias para los refrigeradores, los motores industriales y equipos de iluminación vendidos en el país y desarrollar y promulgar códigos de rendimiento energético para los edificios comerciales y residenciales.
* Programas gubernamentales y de las empresas de electricidad, para implementar un programa de adquisición por parte de las empresas del Estado y del gobierno que enfaticen la compra de productos eficientes, sobre la base del costo del ciclo de vida y para desarrollar programas en orden a reducir el consumo energético en un 20% comparado a los niveles de 1990, en edificios y corporaciones de propiedad del Estado, en los próximos cinco años.
* Mecanismos de mercados puntuales, para incorporar externalidades ambientales, tanto los costos de la contaminación como los costos de la explotación de recursos naturales, dentro de la fijación de precios energéticos.
* Programas de información y programas voluntarios, para crear un programa de sellos de equipos y aparatos electrodomésticos para informar al consumidor sobre los costos energéticos asociados con la operación de un equipo con respecto a otros modelos similares. Crear un centro energético para difundir información, proporcionar capacitación en diferentes aspectos de eficiencia energética y energía renovable, y asistir en el desarrollo y financiamiento de proyectos pilotos energéticos sustentables.
* Nuevas formas de estimación y planificación energética. La capacidad de estimar y planificar subyace en las cinco opciones descritas anteriormente. (...) Puesto que la eficiencia es más económica, un plan de recursos integrados económicamente eficiente de una empresa eléctrica podría producir el desarrollo de varios cientos de megawatts de inversiones en eficiencia energética antes de construir cualquier central nueva de generación".
Muchas de las recomendaciones señaladas en el valioso Informe del prien son coincidentes con los acuerdos de la Alianza para el Uso de Energía Sustentable, documento que fue firmado en la Cumbre de las Américas de Miami, en diciembre de 1994. Como firmante de la Declaración de la Convención de Cambio Climático y de la Agenda XXI, Chile se comprometió a desarrollar políticas consistentes con estos principios y acuerdos suscritos.
Como se apreciará, el Proyecto Ralco se inscribe dentro de una historia compleja de estrategias financieras, influencias políticas, efectos ambientales y sociales y un conjunto de otros antecedentes que indudablemente mueve a reflexionar sobre el sentido de este tipo de iniciativas que, como ya se ha establecido, va más allá de los impactos naturales y humanos.
En lo sustancial, este tipo de iniciativas debiera servir para destacar la importancia de ciertos roles y compromisos que el Estado debe asumir cuando están en juego este tipo de bienes. El Estado no puede renunciar a regular los efectos del desarrollo. Por otra parte, debe cautelarse que el desarrollo local no subsidie al desarrollo nacional. Que ante situaciones de impacto mayor la intervención del Estado debe ser igualmente proporcional a la naturaleza de tales impactos y, por lo tanto, el Gobierno no debiera descuidar el hacerse responsable de las vulnerabilidades que estos proyectos implican para el medio ambiente y una comunidad de seres humanos.
Habitualmente estos proyectos se analizan desde una perspectiva nacional y se omite o descuida la perspectiva local; se aplican criterios centralistas y economicistas en desmedro de los intereses locales. En suma, el desarrollo sustentable no es gratuito y aplicando, en último término, una cierta lógica de economía de mercado, quien impacta un ecosistema debe pagar mucho más de lo que pretende ahorrar.
Podemos ir concluyendo entonces sobre la idea de que Ralco no significa, necesariamente, una manera de salir de la pobreza para los Pehuenches. En cierto modo, las políticas públicas orientadas hacia el mundo indígena a partir de 1997 experimentaron una importante tendencia hacia el Desarrollo Sustentable de estas comunidades. MIDEPLAN planificó una inversión de 4.000 millones de pesos para el período 1998-2000 en materia de proyectos de desarrollo local para el Alto Bío Bío. Están en plena aplicación los primeros proyectos de impacto social... En cierto modo, el Gobierno ya había iniciado un lento y fructífero esfuerzo para ir hacia una estrategia de superación de la pobreza pehuenche. En consecuencia, no se requiere las compensaciones de ENDESA para favorecer a los indígenas pobres de esta zona del sur del Bío Bío, máxime cuando ellos no se han planteado nunca un desarraigo voluntario. Las permutas de tierras son el fruto de una situación forzosa, en donde está por verse quiénes serán, realmente, los beneficiados. De partida, no son los Pehuenches, por mucho que los niveles de compensación en tierras y especies sean difundidas como superiores a lo que poseen actualmente. El reservado Informe del Ministerio de Agricultura, de agosto de 1998, así lo demuestra.
Para los próximos años, de entrada al nuevo milenio, el desafío de responder a la pregunta: ¿qué tipo de desarrollo queremos para Chile?, seguirá esperando una respuesta acorde con una escala de valores que hoy están ajenos al salvaje mundo financiero. Hay una propuesta de país que está en discusión. ¿Desde dónde queremos construir una sociedad más justa y equitativa?
Para el mundo empresarial el país se construye desde el mercado y los individuos consumidores. Antes, se intentó realizar la utopía de construir país desde el Estado. Está pendiente la alternativa de construir país desde las personas y desde sus derechos humanos esenciales. Sin esta posibilidad, ninguna propuesta de desarrollo será a escala humana. Nos interesa un tipo de Estado y un país moderno que sea viable para todos. En donde la modernidad no sea una amenaza para los más débiles y los más pobres como nuestras comunidades indígenas. Las cosas que son buenas para la economía también deben serlo para las personas.
Ralco, en este sentido, es un antes y un después para el mundo indígena en Chile
Fuentes Bibliográficas:
1.-Informe Técnico sobre el Plan de desarrollo productivo predios El Huachi, Santa Laura y El Barco, Comuna de Santa Bárbara, Región del Bío Bío. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, VIII a Región. Concepción, agosto de 1998.
2.-Revista Qué Pasa, edición del 10 de octubre de 1998.
3.-Documento Uso eficiente de la Electricidad en Chile, 1994-2000. Resumen y conclusiones. Programa de Investigaciones en Energía, PRIEN, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junio de 1996.
