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Al cierre
Los primeros seis capítulos de este libro se terminaron de escribir casi a fines de enero de 1999 y luego sus originales fueron analizados por la Editorial Lom en los meses de febrero y parte de marzo.
Entre los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999, la Dirección Nacional de CONADI dio inicio al proceso de aprobación de las solicitudes de permutas de tierras pehuenches, marcando con ello una clara diferencia respecto de las situaciones que ya han sido ampliamente analizadas.
La aprobación de las solicitudes se llevó a cabo exclusivamente con los votos favorables de los representantes del ámbito de Gobierno y con las abstenciones y votos en contra de los Consejeros Nacionales Indígenas. En cualquier caso, la participación de los Consejeros Indígenas en los debates de enero concluyó avalando lo obrado a pesar de su negativa.
Con estas aprobaciones, la empresa ENDESA dio inicio a las tareas para restablecer las faenas pendientes en Ralco, lo que causó nuevas manifestaciones de pehuenches y ecologistas en el Alto Bío Bío, esta vez con saldos más intensos en materia de tensiones y confrontaciones con fuerzas policiales, además de protestas internacionales.
Es interesante señalar que en los últimos meses de 1998, particularmente entre octubre y diciembre de ese año, el Ministerio de Planificación encomendó diversos estudios. Ya hemos dado cuenta del Estudio reservado del Ministerio de Agricultura en donde se analizan las importantes limitaciones de los Fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura para soportar adecuadamente el plan de relocalización propuesto por ENDESA.
Uno de los temas contemplados en el Reglamento 582 de Análisis de Permutas, dice relación con la variable de impacto cultural de este tipo de megaproyectos en comunidades indígenas. La División Social de MIDEPLAN encomendó el estudio de este tema entre septiembre y octubre de 1998. Sus resultados se consignaron en un documento interno titulado "Informe de Impacto Cultural para el Análisis de las solicitudes de Permutas de las Comunidades Pehuenche de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy". Dicho informe no señala los autores del estudio, salvo que indica que fue elaborado por el Departamento propiamente tal. El foco de atención del estudio estuvo centrado en los elementos constitutivos del desarrollo de identidad cultural. Fueron entrevistadas diversas personas de las comunidades específicamente afectadas, autoridades regionales y habitantes de zonas como El Huachi, en calidad de eventuales receptores de los indígenas a relocalizar. La evaluación de impacto cultural abordó la cosmovisión indígena, el lenguaje, las creencias, la vida cotidiana, las relaciones sociales y las condiciones de existencia material en general.
En relación a la situación previa al megaproyecto hidroeléctrico, el informe caracterizó la vida en el lugar como un "modo de vida cordillerano" compuesto por los siguientes elementos básicos (citamos el informe en comento):
"* Una adecuación de la vida cotidiana de la población indígena a la temporalidad de las estaciones del año, para procurarse los insumos correspondientes para vivir. Esta temporalidad se expresa en los movimientos migratorios dentro de la cuenca del río Bío Bío en las veranadas e invernadas, para darle continuidad a la crianza de sus animales y a la recolección de los frutos de la Araucaria araucana que se recogen en las piñalerías.
*Una economía campesina que se expresa en cultivos destinados básicamente al autoconsumo.
La autosubsistencia está dada por el trabajo de la tierra que en su vida cotidiana se denomina "empeño al trabajo".
*Una religiosidad cíclica en rituales a través de los cuales invocan y ruegan a su Dios por lograr la existencia en las temporalidades estacionales, los cuales son realizados en lugares determinados por la tradición.
*Un respeto a sus antepasados expresado en el culto especial de sus muertos. Sus cementerios son lugares sagrados que tiene una connotación diferente a la cultura occidental.
*Una dependencia para la deriva de sus vidas, basado en los ciclos mencionados y en el trabajo de las tierras".
En relación a esta descripción, el estudio concluye estableciendo "que podemos definir el modo de vida cordillerano como una intrincada fórmula de relaciones sociales y divinas entre la tierra, la subsistencia, las relaciones familiares y políticas intra e intercomunitarias. La relación entre los elementos es imbricante y consensuada, de manera que un quiebre o alteración en uno de los elementos, impacta de manera profunda en la cotidianidad de la totalidad de la vida de las comunidades".
La situación actual de las comunidades, de acuerdo al estudio, está cruzada por el conflicto que significa la polarización en torno a la aceptación o no de la central Ralco. Es un conflicto instalado en el corazón mismo de las comunidades. Dice el estudio que "la adscripción a uno u otro polo, establece una serie de implicaciones y discursos que son desplegados por unos y otros, cruzando y alterando la convivencia. El conflicto actual se ha instalado en la comunidad, en el que la parte involucrada central (ENDESA), se ha apartado en lo visible".
Siguiendo el estudio se señala que "los factores desagregados anteriormente han sido fuertemente alterados: la asalarización de la mano de obra indígena ha creado un cambio importante, debido fundamentalmente al mayor acceso de habitantes a la compra de bienes de consumo. Esta asalarización se ha operacionalizado en la construcción y mantención de caminos, en la construcción de casas en los Fundos El Barco y El Huachi, haciendo que los propios pehuenches se involucren -psicológicamente- en la construcción de bienes para su uso familiar y personal futuro. Se desconoce en la actualidad la generación de una autoridad en la comunidad, es decir, el reconocimiento del Lonko, que se basaba en la estructura de los linajes".
A partir de esta conclusiones, el estudio de Impacto Cultural, encomendado por el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, concluye formulando la "proyección y simulación de los efectos (del megaproyecto) sobre la cultura pehuenche:
Fragmentación familiar de las parentelas o linajes. Tendencia a la dispersión familiar.
* Pérdida de la territorialidad ancestral. Pérdida de la cotidianidad espacial (el mundo propio y el color local) y de los espacios y sitios ceremoniales.
* Tendencia a la campesinización. Incorporación de un estilo de vida no pehuenche.
* Tendencia a la aceleración de las dinámicas de aculturación producto de la vulnerabilidad de los mecanismos de defensa cultural (asimilación, rechazo, integración
e hibridación cultural). Es preciso señalar que es la velocidad y radicalidad del cambio lo que le imprime un carácter negativo a éste.* Dificultades de asimilación de los componentes modernizadores en su reeducación productiva.
* Discriminación y marginalización del indígena re-localizado, especialmente en el fundo El Huachi, debido a la existencia de un campesinado no indígena que hoy ya habla de la precariedad del mercado del trabajo local.
*Menor contacto cultural con la familia y el linaje lejanos". El estudio continúa siendo relevante para determinar los delicados impactos socio-culturales del megaproyecto Ralco en el mundo Pehuenche, al establecer de manera fehaciente que, además de enfrentar una fragmentación de tipo familiar, la adaptación social de los pehuenches a los distintos sitios en donde serán relocalizados, enfrentará matices muy complejos. Por ejemplo, en el caso del Fundo El Barco, "la rigurosidad climática" actuará negativamente sobre su capacidad adaptativa. La radicación de los pehuenches en este fundo "implica, desde el punto de vista cultural, romper con la antigua práctica de movilidad espacial (verano/invierno), lo cual tiende a estacionar en el lugar a las familias, manteniéndolas en el mismo sitio en invierno y verano. La cultura de la trashumancia estacional no permanecerá".
"En el caso de El Huachi, a diferencia de El Barco, las familias son relocalizadas en un sector fuera del espacio geográfico y simbólico indígena. De hecho, no forma parte del Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío, y por lo tanto quedarán excluidas de los beneficios que dicha intervención significará en el corto plazo, si esta situación no se remedia durante el proceso de aprobación de permutas. El Huachi se ubica en un entorno de población no indígena, que desde ya comienza a manifestar aprensiones respecto a la llegada de las familias pehuenches al sector. En El Huachi no están dadas las condiciones de infraestructura educacional para recepcionar a la nueva población escolar. Este elemento representa una seria dificultad, dado que éste es uno de los ámbitos donde se concentran las principales demandas de las familias que serán relocalizadas.
"Las características geográficas en El Huachi, son significativamente distintas a las presentes en sus territorios de origen, lo cual obliga a no continuar con las formas de producción tradicionales, lo que no sólo descansa en cambios tecnológicos, sino por sobre todo, en los patrones culturales que requieren ser modificados y construirles el sentido, en el contexto de la cultura Pehuenche".
Transcribiré a continuación la "Síntesis Finar del Estudio de Impacto Cultural encargado por MIDEPLAN por considerar que dichas conclusiones hablan por sí mismas de los problemas de fondo que Ralco representa para la cultura Pehuenche:
"La relocalización es un proceso que afecta indistintamente a toda la comunidad y ala totalidad de la cultura. La ruptura de los lazos familiares, productivos y ceremoniales constituye un impacto evidente que ya está en curso y que tiene el carácter de irreversible.
"Ha aparecido una nueva temporalidad en la vida cotidiana de las familias, expresada en los ciclos diarios de sus jornadas de trabajo en las empresas constructoras que operan en la zona para la construcción de la represa y/o sus obras.
"Se evidencia un debilitamiento de la economía campesina, producto de la asalarización de los pehuenches y por lo tanto, una dependencia del salario para satisfacer sus necesidades de vida. Lo anterior se expresa claramente en un desapego al empeño de trabajar la tierra para dedicarse a otras actividades.
"Al parecer, lo negativo del Proyecto Ralco no es precisamente el cambio que provoca: manejar un tractor no es incompatible con seguir siendo Pehuenche. Lo que hace negativo el cambio es su planificación vertical y no participativa del proyecto, ya que disminuyó las posibilidades de que la cultura elaborase respuestas adecuadas a su código previo.
"A modo de conclusión, el proceso de relocalización se encuentra, desde la perspectiva de las familias pehuenches, muy avanzado en los hechos:
- Las familias que han solicitado la permuta se encuentran psicológicamente relocalizadas.
- Ellas tienen y expresan expectativas respecto de los nuevos bienes que se
les han ofrecido a cambio.- Las familias preparan sus futuros hogares y han abandonado sus bienes actuales.
- Muchas de las familias, no todas, han dejado de trabajar la tierra que actualmente tienen.
- Algunos han comenzado a quemar sus cercos como opción a la búsqueda de leña."
La conclusión más evidente respecto del proceso de relocalización, se vincula con el hecho de que ya se han generado las expectativas en las familias de recibir los beneficios que se han pactado como compensación. Aquí se identifica un "punto crítico" de impacto cultural, por cuanto las familias ya consideran irreversible la relocalización".
El Estudio de Impacto cultural concluyó a fines de octubre de 1998 y formó parte de los análisis gubernamentales, mientras se adoptaban los cursos de acción institucional en CONADI para que su Consejo Nacional aprobase las solicitudes de permutas.
Paralelamente se iniciaron las gestiones encaminadas a integrar al plan de ofertas de ENDESA a 194 familias de las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy que serán afectadas en forma indirecta por el megaproyecto. Esta decisión nació de las conversaciones realizadas en la ciudad de Los Angeles el 12 de agosto de 1998, cuando estaba en plena discusión el impacto de Ralco y los acontecimientos institucionales ocurridos en CONADI y los acuerdos se concretaron el 14 de septiembre de dicho año.
Los afectados indirectamente por el megaproyecto participan en las siguientes entidades: Comunidad Indígena Manuel Neucumán, de Ralco Lepoy; Organización Pehuenche Quepuca Estadio y Junta de Vecinos Malla Palmucho.
La oferta de ENDESA para estas 194 familias consiste en:
1.- Subsidios habitacionales de UF 100 para cada familia.
2.- 170 millones destinados a un programa de electrificación rural.
3.- Reposición del camino al Alto Bío Bío que resultará inundado por la represa.
4.- Un aporte de 300 millones para la construcción de un Liceo Técnico Profesional en Ralco. (Este liceo está contemplado en el Plan de Inversiones en el Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío, acordado por el Gobierno, con un costo estimado de M$ 1.000 millones. ENDESA aportaría ahora un tercio).
5.-La empresa contribuirá con 25 millones de pesos para realizar estudios de proyección turística para el conjunto de familias afectadas indirectamente por el
megaproyecto.6.- Construcción de una sede comunitaria en las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, con un aporte de 7 millones de pesos.
En total, la contribución de ENDESA para ayudar a las familias afectadas indirectamente, bordearía los M$ 1.000 millones de pesos, (unos US$ 2,2 millones de dólares). Con esta operación político-financiera, se completa el arco de situaciones destinadas al convencimiento local y nacional de que la obra Ralco traerá importantes beneficios para las comunidades pehuenches.
Es importante considerar que MIDEPLAN, bajo la gestión del Ministro Roberto Pizarro (PS), en 1997, había concluido una planificación no menor a los 4.500 millones de pesos para desarrollar un amplio programa de inversión pública en el Alto Bío Bío en el marco de la Declaración de Área de Desarrollo Indígena, sin contar otros recursos adicionales provenientes del Fondo de Desarrollo Indígena.
Otro estudio, encomendado esta vez por la CONADI, abordó la Doctrina de interpretación del Artículo 13, inciso cuarto de la Ley 19.253. Se trata de un análisis que tenía por objeto "precisar el sentido y el alcance de la autorización que compete a la CONADI en la permuta de tierras indígenas a personas que no tienen la calidad de indígenas".
El documento interno señala que "la permuta establecida en la Ley Indígena constituye una excepción a la regla general consagrada en el inciso primero del Artículo 13, la cual señala que las tierras del artículo 12 (tierras indígenas), por exigirlo el interés nacional gozarán de la protección de esta Ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". Se desprende que la permuta es una excepción y que para ello las tierras a permutar deberán ser de similar valor comercial, "debidamente acreditado, lo cual sería como una llave que controla el flujo de tierras indígenas al mercado no indígena, impidiendo así su traspaso indiscriminado". El documento interno señala, no obstante, que esta fórmula "tiene por objeto establecer un grado razonable de fluidez o circulación de tierras indígenas en el mercado".
En cuanto a las características del acto de permutar, éste reúne los siguientes requisitos: voluntad, capacidad, objetivo lícito, causa lícita y solemnidad. Son esenciales, además, al contrato de permuta el consentimiento y las cosas que son objeto del contrato, es decir -según el documento- "los bienes que se desean dar por ambas partes". El mismo estudio señala, a continuación, que las tierras indígenas sólo pueden permutarse por otros inmuebles y no puede aplicarse libremente a otros bienes, como por ejemplo, permutar tierras indígenas por una casa-habitación o vehículos o bienes muebles de otra especie.
En relación al "acto administrativo de autorización de las permutas", el estudio analiza el rol de CONADI en tanto Servicio Público autorizado para actuar en este caso, enfatizando que debe existir una regulación o un criterio adecuadamente estructurado de parte de la Corporación para conceder tales autorizaciones, lo que en la práctica está cumplido por la vía del Reglamento 582 de diciembre de 1997.
A continuación el estudio señala que la autorización de la CONADI "es un acto semi reglado", es decir, "se trata de una autorización para realizar lo que ya está de antemano permitido y cuya exigencia busca saber o averiguar si se cumplen los requisitos o condiciones legalmente requeridos". En estos casos cabe a la entidad un margen de discrecionalidad para mejor resolver. Ajuicio del documento la base sobre la cual CONADI debe resolver las permutas es una sola: el similar valor comercial, lo que no se restringe a la mera cuestión del "precio a secas".
Este valor comercial "implica tomar en cuenta otros aspectos de los predios que pueden hacer variar su valor comercial, tales como aptitudes técnicas y turísticas, potencialidades productivas (agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, turísticas, etc)".
Un tema muy importante es abordado en este estudio con relación a quién o quiénes adoptan estas decisiones en la CONADI. El artículo 13 de la Ley 19.253 indica que "con la autorización de la Corporación se podrán permutar....". El o los analistas del documento se preguntan entonces sobre el significado del vocablo "Corporación". El tema está puesto en la discusión con un objetivo muy preciso: desde los inicios de la CONADI hasta la crisis de agosto de 1998, las decisiones de la Corporación, concernientes a las políticas de Tierras y Desarrollo las ha adoptado el Consejo Nacional, integrado por 8 representantes del Gobierno, 8 representantes de los Pueblos Indígenas y el Director Nacional. Las compras de tierras y, en general, la aplicación de los Programas de CONADI han sido siempre materia de debate y resolución de este Consejo. El documento interno explora otra alternativa.
Basándose en el Artículo 44 de la Ley 19.253, se comienza a señalar que es el Director Nacional de la Corporación quien representa legalmente a la entidad, lo que es expresado sin perjuicio de la existencia de órganos colegiados de Dirección como es el caso del Consejo Nacional, entidad llamada a "definir, concebir y estructurar los elementos y criterios comprendidos dentro del ámbito de la facultad discrecional que tiene la institución..."
No obstante, dice el estudio interno, "siempre, el acto administrativo que da cuenta de la respuesta de la Corporación frente a las solicitudes de permutas, es suscrito por el Director Nacional, exteriorizando materialmente la voluntad de la institución a través de la correspondiente autorización".
Esta afirmación reviste una especial importancia pues, en los debates del repuesto Consejo Nacional de CONADI, entre diciembre de 1998 y enero de 1999 está en juego el peso específico que tiene el Consejo Nacional en la resolución final de las solicitudes de permutas de Ralco.
El estudio en comento tiene fecha de diciembre de 1998.
Otro informe interno denominado "Antecedentes para el análisis de posibilidades de Etnodesarrollo de familias pehuenches afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco" abordó por encargo de MIDEPLAN-CONADI un estudio sobre el tema descrito y se
solicitó el Ministerio de Agricultura conformar una Misión Técnica Mideplán Agricultura que se constituyó los días 14 y 15 de diciembre de 1998 en los tres predios ofrecidos por la ENDESA, junto con recorrer los asentamientos pehuenches.La tesis que trabajaron los técnicos es que "una de las mayores dificultades que el proceso de relocalización involucra, tiene que ver con las posibilidades de adaptarse a una nueva realidad socio-económica y ambiental por parte de las comunidades y familias pehuenches, en particular, los cambios en los sistemas productivos y forma de vida" (...) "A lo anterior -agregan- se debe agregar la jerarquía de necesidades, valores y costumbres, que una determinada sociedad (como es el caso de la Mapuche Pehuenche) tiene en cada momento de su historia, que contribuye a conformar el "sentido común", que es uno de los polos desde los cuales se analiza y se hacen opciones frente a la naturaleza. De lo comentado se desprende que el conocimiento campesino indígena no es inmutable y que constantemente se está adecuando a las exigencias que tanto la naturaleza como las condiciones históricas le han impuesto. Aun cuando, como la ciencia occidental, también requiere de un determinado y largo proceso de experimentación, reflexión y análisis y de construir analogías".
Las conclusiones, comentarios y recomendaciones de la misión técnica son relevantes. En relación al predio El Huachi señalan que "el reasentamiento de las familias en este nuevo entorno les plantea un gran desafío de gestión productiva y tecnológica". Indican que aun cuando en su gran mayoría los pehuenches cuentan con un conocimiento agropecuario básico para subsistir, "la gestión de recursos con mayor potencial que los que actualmente manejan en sus sitios de origen, ciertamente les representará una dificultad". Para la Misión Técnica alcanzar los potenciales productivos señalados por la ENDESA implicará medianos y largos plazos. Algunas familias podrán disponer de ciertos retazos en las tierras inundables por el embalse. Otras, sin embargo, que recibirán superficies menores a ocho hectáreas, "se situarán en una posición de equilibrio muy precario sobre la línea de pobreza".
"La mayoría de las familias que se reasentarán no poseen bosques. Esto significa que no podrán acceder a bienes y servicios otorgados por éstos. En especial carecerán de leña necesaria para su uso energético, como del aprovisionamiento de múltiples productos madereros destinados al autoconsumo". A lo descrito, debe agregarse que en el fundo El Huachi existen suelos con riesgos de erosión, lo que implica que las labores de cultivo deberán orientarse al manejo de suelos con implementos de labranza y siembra vertical, dice el Informe Técnico, es decir, uso de arados cinceles, subsoladores y sembradoras de cero labranza a tracción animal.
En cuanto al predio Santa Laura se identifica su difícil acceso y distancia respecto de El Huachi. Esto significó que la Misión Tónica oficial recomendara la adquisición de un predio complementario para proveer a los pehuenches, a corto plazo, de leña y madera con fines domésticos.
En relación al Fundo El Barco, "se observó un deterioro generalizado de los suelos y de la vegetación en las comunidades de Ralco Lepoy y Guayalí, aledañas al predio, siendo este fenómeno de intensidad creciente cada temporada agrícola, lo que confiere un alto grado de fragilidad al ecosistema". Se aprecian algunas ventajas básicas, tales como un cierto estado de conservación de bosque y pradera. Sin embargo, llama la atención que "existen retazos que poseen procesos de erosión visibles, en especial áreas de pendientes superiores al 15%, que han sido deforestadas y explotadas para alimentación animal y que en el actual nivel de degradación sólo debieran protegerse para poder conservarlas", ante lo cual la comisión recomienda aislar estas zonas y llevar a cabo un programa de rehabilitación de las mismas.
El Informe Técnico, señala también algunas ventajas que el plan de relocalización implica para las familias pehuenches afectadas por el megaproyecto Ralco: aumento de la superficie y calidad de terrenos familiares; mejoramiento de las condiciones del trabajo doméstico de mujeres; mejoramiento de condiciones de infraestructura básica, tales como vivienda, salud, caminos, servicios; posibilidades de desarrollar nuevas actividades tales como ecoturismo, forestación y microempresas; mejoramiento de las posibilidades de conseguir empleo; acompañamiento técnico y financiero por diez años; mejoramiento de oportunidades de comercialización, todo lo cual, a juicio de la Misión Técnica, integrada por Mideplán, Agricultura y CONADI, "aparece como una alternativa ventajosa para los solicitantes, pero este proceso significa un cambio profundo en sus sistemas productivos y modos de vida, por lo tanto, realizarlo sin los resguardos pertinentes puede ser una amenaza".
Estos tres estudios concluidos al mes de diciembre de 1998 abren el proceso interno de aprobación de las solicitudes de permutas de tierras pehuenches. El Consejo Nacional de CONADI fue convocado el 17 de diciembre de 1998 en Santiago y se abrió ahí un debate relacionado con los estudios sociales y las nuevas fichas técnicas correspondientes al análisis de cada permuta.
La discusión fue intensa, pues los Consejeros Indígenas contradicen la voluntad oficial de entrar al "caso a caso" a partir de esta fecha. Finalmente, se concuerda en un asunto de procedimiento que deja pendiente el tema sólo por algunas semanas. Es en enero de 1999 cuando, en realidad, la decisión de aprobar las solicitudes de permutas se pone en marcha, se cuente o no con el voto favorable de los Consejeros Nacionales Indígenas, quienes en su mayoría resuelven no concurrir a la sesión respectiva de enero, con excepción de dos Consejeros quienes se abstienen al momento de resolverse las primeras solicitudes.
La ENDESA, por cierto, expresó su satisfacción por el avance de este procedimiento y dispuso el paso siguiente: la formalización del contrato de permutas, para los casos aprobados y el inicio de las faenas suspendidas en Ralco.
Los medios de prensa informarán entonces a fines de enero de los primeros disturbios en Ralco, con imágenes de pehuenches tratando de impedir las faenas, carabineros agredidos por manifestantes y detenidos que comienzan a hacer historia, como unos ciudadanos extranjeros que con inusitada rapidez son acusados como "activistas" y se dispone, respecto de ellos, su inmediata expulsión del país.
El año 1999 ha comenzado así con un nuevo escenario de tenciones
Nuevos conflictos
Así, entramos al mes de febrero de 1999 y los hechos desencadenaron otros conflictos que se abrieron en el ámbito de la relación entre comunidades indígenas de la IXª y VIII Región y empresas forestales. A fines de dicho mes, comuneros indígenas de Temulemu ingresaron al Fundo Santa Rosa de Coipi con el objeto de talar 1,5 hectáreas de árboles plantados en dicho fundo de propiedad de la Forestal Mininco. En medio de estas faenas intervino la fuerza policial y en muy pocas horas el país tomó conocimiento de nuevos enfrentamientos, esta vez con heridos de ambos lados, detenciones, hospitalizados y nuevas personas sancionadas administrativamente con la expulsión del país, tratándose de ciudadanos extranjeros.
El mes de marzo de 1999 estará entonces plagado de hechos noticiosos vinculados con estos dos acontecimientos: el avance, ahora inexorable del megaproyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío y las violentas tensiones en Traiguén (chorrillo que viene de arriba; cascada). La problemática mapuche irrumpe de nuevo en los medios de prensa y ocupa amplios reportajes de radios, televisión y medios escritos. Las imágenes de enfrentamientos entre carabineros y mapuches impactan a la opinión pública que comienza a preguntarse si habrá caminos para evitar enfrentamientos mayores.
Los representantes de las empresas forestales endurecen sus posiciones en la primera quincena de marzo y exigen al Gobierno la aplicación de diversas medidas draconianas: desde la Ley de Seguridad Interior del Estado, hasta la implacable Ley de Control de Armas y Ley Antiterrorista (ambas, de triste historia durante la dictadura militar). Se parte del supuesto de que los mapuches del sur están "infiltrados" por activistas extremistas y aun extranjeros que han concurrido hasta la zona para soliviantar a los indígenas. Diversos periodistas se preguntan si acaso no estamos ante las puertas de un Chiapas Sudamericano...
Nuestras autoridades, por su parte, particularmente del sur, declararon que se trata de conflictos puntuales entre particulares y que, por lo tanto, correspondería a los tribunales dilucidar los hechos. No obstante se adelantan medidas administrativas en el campo del orden público y se refuerza de manera intensa la vigilancia policial en las zonas en conflicto, junto con decretar la expulsión de varios jóvenes estudiantes extranjeros que habían llegado a Chile para participar en investigaciones de carácter social o antropológico, incluso algunos invitados por autoridades del Municipio de Tirúa. Estando presentes en las refriegas, al intentar defender a personas que observaban como indefensas y vulnerables ante la ofensiva policial, fueron detenidos y supuestamente sorprendidos con algún tipo de armas, materia que en sucesivas apelaciones en el tribunal respectivo resultó sin méritos. Sendos recursos de protección interpuestos por abogados indigenistas impidieron el cumplimiento de las expulsiones, noticia que se extendió como reguero de pólvora en los medios informativos internacionales, lo que a mediados de marzo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia, sumiendo a la medida administrativa de expulsión en uno de los más sonados bochornos de comienzos de 1999.
Los partidos políticos, la Iglesia, comisiones especiales del Parlamento como la de Derechos Humanos y diversas entidades nacionales comenzaron a tomar cartas en el asunto y cada cual, por vías privadas y públicas, señalaron a las autoridades la conveniencia de dar cuenta de la situación y comprender que estábamos ante hechos mucho más que puntuales y focalizados.
El conflicto con la Forestal Mininco, de larga data, desató en la opinión pública nuevas inquietudes: saltó a la vista la inflexibilidad empresarial, su desconocimiento de la cultura indígena y su política de mala vecindad con las comunidades aledañas a sus dominios forestales... El país observó la fuerte arremetida de los grupos empresariales exigiendo medidas drásticas, mientras algunos de sus personeros exhibieron armas al cinto ante las cámaras de televisión... La prensa abrió ampliamente sus puertas al conflicto y nuevamente el mundo indígena irrumpió en los hogares de millones de chilenos, más bien expresando un clamor, más que anunciando presuntos levantamientos o asonadas.
Al cierre de este libro, (mediados de marzo de 1999), la situación continúa tensa. Se realizan esfuerzos para establecer diálogos entre los afectados. Lo que tiene su base en el conflicto de Ralco, se cruza ahora con la tensionalidad acumulada por años con empresas forestales. En Lleu Lleu, en la Octava Región, en dominios de un hacendado local, se produce el incendio de una bodega de materiales y es prácticamente asaltada una vivienda patronal, sin consecuencias para terceros pero con daños materiales relevantes. Varios indígenas son detenidos. Ya no son sólo miembros de la Comunidad Coña: hay indígenas provenientes de distintas partes y regiones.
Otras personas, no indígenas, también son detenidas por su eventual responsabilidad en los hechos... En Traiguén, en la zona de conflicto en Temulemu, los dirigentes indígenas descartan negociar con organismos regionales del gobierno y aun descartan las gestiones de CONADI... Desean un Diálogo mayor con el Estado. La respuesta es ...un Ministro en Visita para investigar los graves sucesos de Lleu Lleu. Las imágenes de los noticieros de televisión muestran ahora a Consejeros Nacionales Indígenas participando en las gestiones de la Comunidad Coña o procurando canalizar las tensiones en Traiguén... Se actúa con un sentido de urgencia.
Todos sabemos, unos más que otros, que después de estos sucesos está latente la irrupción de un proceso de movilización social, en apoyo al mundo indígena, que podría tener importantes efectos.
Los caminos de la Paz social se construyen a través del diálogo. La sociedad debe confiar en sus Comunidades Indígenas. A fin de cuentas, después de 188 años de frustración y discriminaciones, es natural que el mundo indígena esté un poco cansado y desea que se le reconozca conforme a la dignidad de Pueblos ancestrales que ostentan desde antes que naciera el Estado chileno. Lo sustancial es abrir los caminos para este reconocimiento. Es probable que hayamos entrado al momento histórico que lo haga posible.
Fuentes Bibliográficas:
1.-Informe Técnico: Antecedentes para el análisis de posibilidades de etnodesarrollo de familias pehuenches afectadas por la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, Comuna de Santa Bárbara, Región del Bío Bío. República de Chile, Ministerio de Planificación, CONADI. Diciembre de 1998.
2.-Informe Jurídico: Doctrina de interpretación del Artículo 13, inciso 4°, de la Ley 19.253. República de Chile, Ministerio de Planificación, CONADI. Diciembre de 1998.
3.-Convenio entre ENDESA y Comunidades Indígenas de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, referido a 194 familias afectadas indirectamente por el proyecto.
4.-Informe de Impacto Cultural para el Análisis de las Solicitudes de Permuta de las Comunidades Pelluenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. Ministerio de Planificación y Cooperación, División Social. Depto. de Evaluación Social. Santiago, octubre de 1998.
