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La Iglesia
Desde hace varios años la Iglesia Católica destina el último domingo de cada mes de agosto a un Día de Oración por los Pueblos Indígenas. Fue instaurado como una manera de estar en comunión con la realidad, las necesidades e intereses de los Pueblos Indígenas de Chile.
Previamente, en 1979, los Obispos del sur de Chile difundieron una Carta Pastoral denominada "Evangelización del Pueblo Mapuche", en donde la Iglesia distinguió claramente el concepto de Nación y de Pueblo. A juicio de los Obispos, dentro del concepto de Nación pueden integrarse perfectamente varios Pueblos.
Los Obispos reconocieron en su documento pastoral la existencia de los Pueblos Indígenas, de sus valores y cultura. Catorce años después lo haría el Congreso Nacional en términos formales, al aprobar la ley 19.253 de Pueblos Indígenas en octubre de 1993.
En el documento pastoral, la Iglesia propició la integración de las culturas indígenas, conservando y respetando su idiosincrasia como Pueblos, aclarando además que no es lo mismo integración que absorción o asimilación.
El Papa Juan Pablo II, en 1987, en su visita a Chile, diría en esa ocasión que "la cultura de un Pueblo es el modo particular como los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegara un nivel de vida verdadera y plenamente humano".
Este tema fue reiterado por Juan Pablo II en diversos encuentros en el país. En su discurso a los Constructores de la Sociedad, en la Universidad Católica de Chile, el 3 de abril de 1987 diría que "el estilo de vida común que caracteriza a un Pueblo y que comprende la totalidad de su vida está formado por el conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan; las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran; es decir las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social. En una palabra, la cultura es, pues, la vida de un Pueblo".
El magisterio de la Iglesia contemporánea, en su referencia al tema indígena, es extremadamente enriquecedor. Sólo bajo el Pontificado de Juan Pablo II ha sido posible conocer diversas Cartas Pastorales y Mensajes que el Santo Padre ha compartido en terreno, en forma directa, con los representantes de diversas etnias del mundo y de América Latina. En julio de 1980, visitó Manaos en Brasil. En dicha oportunidad el Papa envió un mensaje a los poderes públicos y señaló:
"Confío a los poderes públicos y a otros responsables los votos que, en este encuentro con vosotros, hago de todo corazón en nombre del Señor; que a vosotros, cuyos antepasados fueron los primeros habitantes de esta tierra, al tener sobre ella un esencial derecho adquirido a lo largo de generaciones, os sea reconocido ese derecho de habitar en ella en paz y serenidad, sin el temor -verdadera pesadilla- de ser desalojados en beneficio de otros, antes bien estéis seguros de un espacio vital, que será base no solamente para vuestra supervivencia, sino para la preservación de vuestra identidad como grupo humano, como verdadero pueblo y nación".
En marzo de 1983, el Papa se reunió con las comunidades aborígenes de Quetzaltenango, en los llanos de Olintopeque, en Guatemala, con casi medio millón de personas. Juan Pablo II contaba con información de la Iglesia guatemalteca acerca de numerosas situaciones de apremio que vivían los indígenas y les dice:
"También en este momento la Iglesia conoce, queridos hijos, la marginación que sufrís; las injusticias que soportáis; las serias dificultades que tenéis para defender vuestras tierras y vuestros derechos; la frecuente falta de respeto hacia vuestras costumbres y tradiciones. Por ello al cumplir su tarea evangelizadora, ella quiere estar cerca de vosotros y elevar su voz de condena cuando se viole vuestra dignidad de seres humanos e hijos de Dios; quiere acompañaros pacíficamente como lo exige el Evangelio, pero con decisión y energía, en el logro del reconocimiento y promoción de vuestra dignidad y de vuestros derechos como personas".
En marzo de 1983, visitando las comunidades indígenas en el Parque Blatherskite, en Australia, el Papa señaló que la cultura indígena es una manifestación del genio permanente de la dignidad de la raza. A ellos señaló que "no se puede decir que el reconocimiento leal y justo de los derechos aborígenes a la tierra es una discriminación. Exigir el reconocimiento de los derechos de un pueblo que nunca ha renunciado a esos derechos, no es discriminación. Ciertamente, lo que se ha hecho no puede deshacerse. Pero lo que se puede hacer ahora para remediar lo perpetrado ayer no debe dejarse para mañana".
En enero de 1985 el Papa se reunió en Ecuador con 100.000 indígenas en Lacatunga, ante quienes dijo que la Iglesia comparte su anhelo de "ser respetados como personas y como ciudadanos" pues su dignidad no es menor a la de cualquier otra persona o raza.
En septiembre de 1987, en la localidad de Fort Simpson, en Canadá, reunido con los indígenas Inuit o esquimales Juan Pablo II les dice que él sabe "que las principales organizaciones aborígenes -la Asamblea de las Primeras Naciones Unidas, el Inuit Tapirísat de Canadá, el Consejo Nacional Metis y el Consejo Nativo de Canadá- han entablado conversaciones a alto nivel con el Primer Ministro y con los Ministerios competentes para estudiar los modos de proteger y aumentar los derechos de los aborígenes de Canadá en la Constitución de este gran país. Una vez más afirmo el derecho a una medida justa y equitativa de autogobierno, junto con una base territorial y los recursos adecuados necesarios para desarrollar una economía viable para las generaciones actuales y futuras".
En mayo de 1988, dirá a los indígenas de Santa Teresita, en Paraguay, que él conoce sus deseos de promoción integral y que son justos.
"Ante todo, queréis ser respetados como personas, y que sean reconocidos y tutelados vuestros derechos, tanto humanos como civiles. Conozco los graves problemas que os afectan; en particular, lo que se refiere a tenencia de tierras y títulos de propiedad. Por ello apelo al sentido de justicia y humanidad de todos los responsables para que se favorezca a los más desposeídos".
En 1989, con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, Juan Pablo II manifestó la necesidad de respetar el espacio vital para el desarrollo de los pueblos autóctonos.
"El derecho a existir puede también sufrir menoscabo mediante formas más sutiles. Algunos pueblos, particularmente los calificados como autóctonos o aborígenes, han tenido siempre con su tierra una relación especial, que está unida a su misma identidad, a sus tradiciones tribales, culturales y religiosas. Cuando las poblaciones indígenas se ven privadas de su tierra pierden un elemento vital de su existencia y corren el riesgo de desaparecer como pueblo".
El 12 de octubre de 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista española el Papa se reunió en Santo Domingo con representantes indígenas de toda América Latina y Norteamérica. Concurrieron delegaciones de 529 Pueblos Originarios y en uno de los escenarios más significativos de que se tenga memoria el Pontífice marcó una línea decisiva para el tratamiento de los temas indígenas. En particular, reconoció y destacó la vinculación de los indígenas con la tierra.
"Elemento central en las culturas indígenas es el apego y cercanía a la madre tierra. Amáis la tierra y queréis permanecer en contacto con la naturaleza. Uno mi voz a la de cuantos demandan la puesta en acto de estrategias y medios eficaces para proteger y conservar la naturaleza creada por Dios. El respeto debido al medio ambiente ha de ser siempre tutelado por encima de intereses exclusivamente económicos o de la abusiva explotación de recursos en tierra y mares".
De manera contundente, en agosto de 1993, junto a los Indígenas de Izamal, en México el Papa consolidó su magisterio en favor de los Pueblos Indígenas con una clarísima referencia a los problemas de la tierra.
"Ciertamente, no se pueden negar los buenos resultados conseguidos en algunos países latinoamericanos por el esfuerzo conjunto de la iniciativa pública y privada. Tales logros, sin embargo, no han de servir de pretexto para soslayar los defectos de un sistema económico cuyo motor principal es el lucro, donde el hombre se ve subordinado al capital, convirtiéndose en una pieza de la inmensa maquinaria productiva, Quedando su trabajo reducido a simple mercancía a merced de los vaivenes de la ley de la oferta y la demanda".
A partir de estos elementos ilustrativos, el Obispo de la Provincia Eclesiástica de Los Angeles de Santa María, en la VIII Región, Monseñor Miguel Caviedes, dio a conocer una histórica Carta Pastoral en agosto de 1996, referida a la situación del Pueblo Pehuenche. A través de esta Carta, la Iglesia destacó los principales valores del Pueblo Pehuenche:
"Mantiene un sistema especial de relación con la tierra y con la vida. Tiene un fuerte sentido familiar, fraternal y comunitario. Posee una profunda y totalizadora vivencia religiosa. Conserva en mayor o menor grado su lengua propia. Mantiene ciertas peculiaridades en sus formas de vida familiar, de vestir, de alimentación, de salud y de transmisión de la educación. Tiene un profundo sentido de la Libertad. Muchos de estos valores son propios también de los Pueblos Indígenas de América".
El mapuche, se destaca en la Carta Pastoral, es "hijo de la Tierra". Mantiene con ella una relación mística, la considera como si fuera su madre, la "madre tierra". No es el mapuche el que posee la tierra, sino que es la tierra la que lo posee a él. "Por tal motivo hay en el Pueblo Mapuche un amor entrañable a la Tierra y un profundo respeto ecológico y sagrado hacia ella".
La Iglesia comprende que para el mapuche trabajar la Tierra tiene un sentido profundamente humano, pues a través de esta relación se construye, se mantiene y se desarrolla la comunidad. La Tierra viene a ser entonces, el lugar de sus mitos, de su historia, de sus creencias y de sus antepasados. "Finalmente, es el lugar de su esperanza y de su identidad".
"Como consecuencia de lo ya dicho -señala Monseñor Caviedes- el despojo de sus tierras, en cualquiera forma que se haga, implica para el Pueblo Mapuche hacerlo desaparecer de hedió como Pueblo (etnocidio) y como personas (genocidio)".
En el documento pastoral el Obispo de Los Angeles examinó en profundidad el sentido comunitario de los Pehuenches. Para ellos, la comunidad está en función de la realización de las personas y de las familias. Así constituyen la noción de Pueblo. Una manera de expresar esta dimensión comunitaria es a través de la propiedad común de la Tierra.
"Cabe hacer notar que muchos mapuches, entre ellos también Pehuenches, han llegado a la posesión individual de sus tierras, debido al Decreto Ley 2.568, modificatorio de la Ley 17.729 de Indígenas, dictado por el Gobierno militar. Pero su mentalidad, debido a su cultura, era y sigue siendo la posesión comunitaria de sus tierras. El motor que dinamiza su vida comunitaria es la solidaridad fraterna, que integra a las personas y a las familias en la unidad de un pueblo, donde no sólo se sienten iguales, sino que también hermanos".
Estos elementos de análisis, sumados a antecedentes sociales, históricos y religiosos, permiten a la Iglesia señalar entonces ciertas líneas básicas de acción, para ser tomadas en cuenta por la sociedad. Son propuestas que se enuncian para la sociedad en general y el Estado en particular.
"1.- El Pueblo Pehuenche tiene el derecho y el deber de mantener, promover y perfeccionar su cultura viviendo plenamente sus valores y sanando sus desvalores. Ha de transmitir su cultura a las generaciones futuras.
"2.- La sociedad chilena en general y el Estado en particular tienen el deber de respetar con hechos y con palabras, la cultura del Pueblo Pehuenche. Para realizar esto es necesario que haya un conocimiento de esta cultura.
"3.- La sociedad en general y el Estado en particular tienen el deber de propiciar la promoción humana integral del Pueblo Pehuenche que permita su pleno desarrollo en los campos social, económico político tecnológico, científico, etc. Así este Pueblo logrará su participación plena y su total integración en la vida nacional.
"4.- El Pueblo Pehuenche tiene el derecho y el deber de ser gestor de su propia promoción humana y desarrollo. El se esforzará por pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas.
"5.- Toda promoción y desarrollo del Pueblo Pehuenche ha de reafirmar su identidad, manifestada en su cultura. En sentido contrario, han de ser descartados toda promoción, desarrollo y progreso que vayan en detrimento de su identidad como Pueblo.
"6.- El progreso socio-económico y tecnológico, que muchas veces es necesario y que va en beneficio de la sociedad en general, pero que se gesta en los territorios ancestrales del Pueblo Pehuenche como por ejemplo, centrales hidroeléctricas, gasoducto, promoción masiva del turismo, etc., ha de respetar, para que sea verdadero, la identidad cultural de dicho Pueblo. En sentido contrario, ha de ser desechado el progreso socio-económico y tecnológico que no salvaguarda la identidad cultural del Pueblo Pehuenche manifestada en sus valores.
"7.- Dado que la Tierra es un elemento vital e imprescindible en la cultura del Pueblo Pehuenche, hasta tal punto que no se puede vivir sin ella, todo progreso que se lleve a cabo en el territorio Pehuenche ha de tomar en cuenta la mantención del medio ambiente, con todo lo que esto significa. En sentido contrario, se ha de dejar a un lado todo desarrollo que atente contra el medio ambiente en dicho territorio.
"La Iglesia Diocesana, desde su Misión, pide con respeto a las autoridades correspondientes considerar estas líneas, al estudiar los proyectos de obras de progreso socio-económico y tecnológico en el Alto Bío Bío, cuando se gestan en el territorio recibido por el Pueblo Pehuenche de sus antepasados. La Iglesia Diocesana pide esto, ya que estas líneas de acción surgen de la dignidad de la persona humana y de los Derechos de las Minorías Étnicas de una Nación".
En julio de 1991, con motivo del debate iniciado en aras de la promulgación de una nueva Ley Indígena, la Conferencia de los Obispos de Chile señaló, en un documento pastoral denominado "Al Pueblo Mapuche ante la nueva Legislación", la importancia de los valores culturales, de la historia, religiosidad y costumbres de los indígenas y la necesidad de reconocerlos en tanto derechos esenciales. Los Obispos aportaron desde su práctica evangelizadora un conjunto de antecedentes históricos y sociales, de su conocimiento directo con las comunidades, que fueron relevantes en la discusión legislativa y postularon un amplio respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales de los Pueblos originarios.
En 1987 el Papa Juan Pablo II, en su histórico encuentro en Temuco dirigió palabras
especiales para el Pueblo Mapuche diciéndoles que les alentaba a conservar con sano orgullo la cultura de su Pueblo, las tradiciones y costumbres, el idioma y los valores propios."Al defender vuestra identidad no sólo ejercéis un derecho, sino que cumplís también con un deber: el deber de transmitir vuestra cultura a las generaciones venideras, enriqueciendo de este modo a toda la Nación chilena, con vuestros valores bien conocidos: el amor a la tierra, el indómito amor a la libertad, la unidad de vuestras familias. Iluminados siempre por la fe en Cristo, veréis en los demás, por encima de cualquier diferencia de raza o cultura, a hermanos vuestros y los sabréis comprender y querer. La fe agrandará vuestro corazón para que quepan en él todos los hombres, especialmente, Quienes forman con vosotros la Nación chilena".
El Santo Padre invitó en esa ocasión a todos los chilenos a " a respetar su idiosincrasia". En mayo de 1997 cuando se produjo la primera crisis institucional en Conadi, como resultado de la destitución de su primer Director Nacional, Mauricio Huenchulaf, el Obispo de la Diócesis de Temuco, Monseñor Sergio Contreras, pastor muy apreciado por las comunidades indígenas, escribió en los primeros días de mayo de 1997 en el Diario Austral de Temuco que "En el conflicto que se ha suscitado en la Conadi, por el cambio de sus principales autoridades, ha quedado planteada una interrogante muy seria que deseamos tenga feliz respuesta".
El prelado se refería al hecho de que no estaba claro si tales cambios obedecían a motivos administrativos o a un deseo expreso del Gobierno para facilitar el avance de ciertos megaproyectos... Monseñor Contreras estimaba que el tema era muy sensible a la conciencia de los mapuches.
"En 1979, escribe, cuando el gobierno del General Pinochet modificó la Ley Indígena de 1973, con el preciso fin de reducir las tierras indígenas a una igualdad de condición como propietarios individuales y favorables al libre mercado, fue increíble la capacidad de reacción que tuvieron los mapuches al comprender el significado de tal determinación. Se produjo un movimiento de extraordinaria celeridad y que dio vida a la primera organización mapuche de ese período. En torno a ella surgieron las que hoy se conocen. El propio gobierno militar tuvo que hacer algunas modificaciones y admitir un plazo de prohibición de venta de dichas tierras.
"La Ley 19.253, promulgada solemnemente por el Presidente Aylwin, fue fruto de un largo proceso y se la dictó con una clara conciencia que la ley concedía a los indígenas protección ante la dinámica de las leyes del mercado.
"Hoy, el acelerado progreso económico del país impulsa nuevos proyectos que entran en colisión con la protección que la Ley Indígena concede a las tierras. Siempre es posible, mediante el diálogo, encontrar salidas favorables al Bien Común, pero que sean respetuosas al espíritu que anima la Ley 19.253, que busca compensar la deuda histórica que la Nación tiene con los Pueblos Indígenas y evitar así nuevas formas de injustas usurpaciones".
La Iglesia Católica a través de sus principales Obispos del Sur de Chile ha ido expresando entonces de manera sistemática una acendrada preocupación por el destino de los Pueblos Indígenas. Es de justicia señalar que en ello han sido perseverantes, afectuosos y solidarios particularmente con el Pueblo Pehuenche destacándose en esta tarea con mucha mayor perseverancia que los partidos políticos que adhirieron al Pacto de Nueva Imperial en 1989.
Pero el tema no es sólo preocupación de los obispos chilenos. Hay una inquietud generalizada en la Iglesia de América Latina e incluso a nivel mundial.
El Consejo Pontificio Justicia y Paz, en noviembre de 1997, difundió un trascendental documento titulado Para una Mejor distribución de la tierra, el reto de la Reforma Agraria, que causó una renovada polémica con amplios sectores conservadores, latifundistas y grupos políticos no democráticos del continente. Por cierto en nuestro país la prensa conservadora mayoritariamente en manos de la derecha silenció el documento en forma interesada.
La Comisión Pontificia llamó a tomar conciencia acerca de los dramáticos problemas humanos sociales y éticos que desencadena la concentración y apropiación indebida de la tierra en manos de unos pocos. Se dice al respecto:
"En estos últimos decenios ha tenido lugar la expansión de grandes empresas agrícolas instalaciones hidroeléctricas explotación de recursos minerales petrolíferos y madereros que han sido decididos planificados y realizados sin considerar los derechos de los Indígenas.
"Todo esto tiene lugar en forma legal y surgen los conflictos del derecho legal de propiedad con el derecho de uso del suelo originario por una ocupación y por una pertenencia cuyos orígenes se remontan a tiempos muy lejanos".
En suma la Iglesia se pronunció "con evangélica franqueza, sobre las situaciones escandalosas, presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y el uso de la tierra".
A partir de las importantes recomendaciones formuladas por la Comisión Pontificia Justicia y Paz la Pastoral Mapuche del Vicariato Apostólico de la Araucanía con motivo del Día de Oración por los Pueblos Indígenas, en agosto de 1997 llamó a toda la ciudadanía a "contemplar la naturaleza, a amar la tierra y a no seguir degradándola, a considerarla como un Don y que nadie tiene derecho a tratarla como un objeto de compraventa".
"Queremos decir una vez más que este Don tan preciado pertenece a todos y no a unos pocos; que no podemos estar indiferentes ante los grandes atropellos que sufre nuestra Madre Tierra y cada uno de nuestros Hermanos Mapuches.
"Pedimos que haya más garantías reales para nuestros hermanos en todos los campos y en este sentido pedimos que se agilicen los procesos de conflictos de tierras.
"Pedimos que hayan más subsidios de tierra y agua; que se consideren los impactos ambientales y la degradación de las tierras indígenas en los proyectos de grandes construcciones hidroeléctricas y empresas forestales, porque no podemos aceptar que se les prive de vivir dignamente como Hijos de Dios y que se les quite aquello que les pertenece. Ese Don de la Tierra que junto a todos nuestros Hermanos campesinos nos toca compartir".
Los Partidos Políticos
Por cierto, donde el tema Ralco y su relación con la Cultura Pehuenche tiene mayor impacto es en los partidos de inspiración democrática, particularmente, en los partidos de la coalición gobernante, los partidos de la Concertación Democrática.
Sólo dos de sus cuatro principales colectividades han expresado un pronunciamiento formal en el nivel de sus Direcciones Políticas.
El Partido Socialista, en abril de 1997, adoptó una posición oficial en relación al proyecto Ralco. Luego de un conjunto de consideraciones, el acuerdo oficial de esta colectividad apuntó a la necesidad de ampliar y extender el debate acerca de la conveniencia o inconveniencia para el país del proyecto Ralco y que, por tanto, no se adoptase ninguna decisión en forma apresurada que no cuente con la credibilidad indispensable de la comunidad nacional.
El PS estableció entonces varias condiciones fundamentales, entre ellas, un estudio técnico de la Comisión Nacional de Energía para determinar la real conveniencia del proyecto o su sustitución por centrales a gas en ciclo combinado.
Se solicitó a la Conadi una opinión técnica e informada sobre las ventajas o desventajas del plan de relocalización... A esa altura de abril de 1997, era de público conocimiento el segundo informe de Conadi sobre ese plan...
El PS subrayó en su declaración oficial la necesidad de "fortalecer el rol regulador del Estado, a fin de evitar el creciente control monopolice del sector energético, con vistas a la creación de mercados efectivamente competitivos, que por su transparencia impidan el aumento artificial de las tarifas".
El Partido Socialista optó en esa oportunidad -abril de 1997- por una declaración de carácter técnico. No se involucró en consideraciones relativas a los Derechos Humanos y Sociales de los Pehuenches. De hecho, la principal referencia a los pehuenches es sobre los efectos "extremadamente relevantes" que se producirán en sus territorios. La declaración oficial del PS concluyó con dos advertencias:
"La decisión que se adopte, en definitiva, sea de aprobación o rechazo, debe privilegiar el que con ella se genere un claro y efectivo bienestar social, para lo cual se deben ponderar todos y cada uno de los costos y beneficios del proyecto, en un análisis completo e integrado que incluya aquellos de carácter económico, social y ambiental.
"Además, este proceso debe ser transparente y fundado en antecedentes técnicos y no operar sobre la base de prejuicios y creencias dogmáticas, ya sea ecologistas o productivistas. Menos aun, no se deben permitir presiones indebidas a favor o en contra del proyecto, que pretendan influir sobre una decisión que comprometa el bienestar y el crecimiento económico del país".
A comienzos de mayo de 1997, luego de producidas las primeras destituciones en la Conadi y después de ser haber sido nominado el nuevo Director de la Corporación, se realizó una amplia discusión en el seno de la Comisión Política del Partido Por la Democracia (PPD), luego de lo cual se concluyó también en una Declaración que fijó la posición oficial de esta colectividad.
El PPD declaró observar con preocupación "que eventuales conflictos entre la Ley eléctrica e indígena deriven a los tribunales de Justicia, al no darse un acuerdo entre actores públicos y privados. También el PPD observa con inquietud la falta de una articulación de la política ambiental con la política indígena" y, por lo tanto, el PPD recomienda "reafirmar la importancia de abrir los espacios institucionales y políticos para que el crecimiento no sea un daño al medio ambiente ni que éste opere como freno a la inversión y el desarrollo".
"Que se respete integralmente la Ley Indígena y la Cultura Pehuenche, solicitando para ello que se pronuncie formalmente la Conadi en relación a la relocalización de las familias pehuenches, la inundación de terrenos indígenas comunitarios y la solución equitativa en lo económico, que permita la integración social del Pueblo indígena en el desarrollo del Alto Bío Bío".
Junto con señalar también la necesidad de que la evaluación de impacto ambiental integrase tanto el impacto de la central Ralco, como el impacto ya producido de Pangue y de otros proyectos que se pensaban ejecutar en el Alto Bío Bío, el PPD abordó en su pronunciamiento oficial un interesante punto de vista respecto del tema energético en juego.
"Debe aprovecharse esta oportunidad para iniciar una discusión política sobre la inequidad territorial de los beneficios de estos megaproyectos generadores, dado que los recursos que quedan o se reinvierten en las cuencas, comunas y territorios involucrados, son insignificantes en relación a su aporte energético para el país y económico para las generadoras".
El tema de la inequidad territorial fue ampliamente discutido en la Comisión Política del PPD con un acopio de antecedentes que permitieron demostrar la historia de usurpaciones legales producidas en el Alto Bío Bío. Esto implicó también un debate acerca del modelo de desarrollo y sus consecuencias sociales, culturales y ambientales.
Por tal razón, la Comisión Política del PPD estimó necesario:
"Aprovechar la oportunidad de esta discusión para avanzar en una definición de política en tomo al desarrollo sustentable de los distintos ecosistemas del territorio nacional, donde se busque armonizar la optimización del uso de sus recursos naturales, con el respeto al medio ambiente y a las culturas existentes".
El debate sobre la problemática indígena recién comenzaba en estas colectividades. La ausencia de un análisis y discusión más profunda permitió que las declaraciones del PS y del PPD, los partidos progresistas de la Concertación, tuvieran un sello ambiguo y poco definido, formulando más bien llamados a la sociedad y a la autoridad, estableciendo advertencias y no resolviendo, en definitiva, una demanda que en ese momento, en el movimiento social indígena ya estaba presente con bastante intensidad. La crisis de Conadi en abril de 1997 generó más cautela que compromiso solidario en estos partidos, estableciéndose así un claro y poderoso contraste con las firmes y categóricas definiciones provenientes de distintos organismos de la Iglesia Católica y entidades ambientalistas.
El tema no es menor. Por cierto, los partidos de la Concertación forman parte del Gobierno democrático y corresponde un equilibrio razonable entre la demanda y la proposición. Por otro lado, la existencia de un férreo modelo económico de corte neoliberal, aceptado por la clase política democrática, ha dejado poco espacio a propuestas de reforma o cambio en la estructura monopólica del poder empresarial chileno. Se suma a esto el contexto de una transición muy particular, producto de acuerdos y pactos políticos, en donde la estabilidad política y económica vienen a tener una calidad superior a la estabilidad de las demandas históricas de los procesos sociales y culturales.
Las direcciones políticas de estos partidos, mayoritariamente, no estaban en condiciones, o al menos creían no estarlo, de tener que pronunciarse en contra del proyecto Ralco, más aun cuando el proyecto cuenta con un alto interés gubernamental en su realización; por lo tanto, las objeciones no iban en relación con la existencia de las culturas y el cuidado del medio ambiente, sino más bien se apuntó, como lo dijo el PPD, a hacer bien las cosas... No obstante, no conforme con este predicamento, en el XVI Consejo Nacional del PPD, reunido en el Centro Canelo de Nos, en San Bernardo en junio de 1998, los Delegados de la Provincia de Los Angeles, precisamente donde está la jurisdicción del tema Ralco, presentaron un Voto político de absoluto rechazo al proyecto. Este voto fue aprobado por la unanimidad de los Consejeros Nacionales, cerca de 350 personas... Ninguno de los Delegados que formularon la propuesta era indígena, lo que viene a demostrar la transversalidad que este tema alcanza en los niveles políticos y sociales.
Distinto es el caso de las Juventudes de estas mismas colectividades, las que en sus pronunciamientos se distinguieron claramente de las direcciones superiores de sus partidos y fueron categóricas, denotándose así un estatuto de opinión relevante y distinta entre la nueva generación de dirigentes políticos jóvenes y las direcciones, por decirlo de una manera educada, más adultas y proclives a la -digámoslo así- medición ponderada de los acontecimientos políticos...
En junio de 1997 las Juventudes del Partido Socialista (PS); del Partido Demócrata Cristiano (PDC); del Partido Radical Social Demócrata (FRSD); y del Partido por la Democracia (PPD), suscribieron la siguiente declaración pública, que es importante transcribir íntegramente:
"El cuidado y protección del medio ambiente no sólo es un imperativo ético con las generaciones futuras o un compromiso con dar solución a los graves problemas de contaminación que enfrenta nuestro país, sino que ésta constituye una variable estratégica en una economía como la chilena, basada en la dotación de recursos naturales.
"La realización del proyecto de la Central Hidroeléctrica Ralco, creado por Endesa en la VIIIa Región, atenta ambientalmente, provocando efectos irreversibles en la cuenca del Alto Bío Bío, la cual posee características ecológicas únicas, con una biodiversidad incomparable, y siendo ésta patrimonio de todos los chilenos nos hayamos en la necesidad de defender.
"Las Juventudes Políticas de la Concertación, preocupadas por el medio ambiente plantean lo siguiente:
"La primacía incuestionable de la Ley Indígena 19.253 (norma constitucional), por sobre la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 1 de 1982). [subrayado es del texto original].
"Que las normas y estándares que hagan viable un desarrollo sustentable debieran primar por sobre los intereses políticos o de sectores económicos.
"La falta de credibilidad, autonomía e independencia en la toma de decisiones de la Conama y Conadi, con respecto a la Secretaría General de la Presidencia, como del comité de Ministros, haciendo irrealizable la labor fiscalizadora que debieran tener estas entidades.
"La necesidad de aplazar la decisión con respecto al proyecto Ralco, a lo menos, posterior a las elecciones parlamentarias, para así poder ampliar el debate acerca de la conveniencia o inconveniencia para el país del proyecto Ralco.
"El respeto al Área de Desarrollo Indígena en la zona, ya que se estarían transgrediendo los factores que influyen para dicha nominación.
"Por último, la posibilidad de que se puedan estudiar alternativas para la satisfacción energética, como por ejemplo, centrales de paso.
"Además, hacemos un llamado a todas las personas que apoyan esta iniciativa y aquellas que no son indiferentes con los problemas medio ambientales de nuestro país a participar de un acto masivo a realizarse a fines de agosto, como una forma de expresar nuestra oposición a la construcción de la Central Ralco".
Esta declaración del 4 de junio de 1997, fue firmada por Alvaro Elizalde, Juan Carlos Peralta, Patricio Córdova y José Luis Sepúlveda, de las Juventudes Socialista, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical Social Demócrata y del Partido por la Democracia, respectivamente. No conformes con este gesto, los dirigentes juveniles iniciaron una abierta campaña: convocaron a actos de solidaridad con los Pehuenches, exigieron ser recibidos por los ejecutivos de Endesa, enviaron declaraciones a los medios de prensa...
Para los Partidos políticos democráticos el tema Ralco constituye un asunto delicado y crítico. La segunda crisis institucional de Conadi, en agosto de 1998, a un año y tres meses de los primeros cambios producidos en abril de 1997, permitió aflorar una contradicción mayor. Para el PPD, fue inevitable el tener que expresar su posición de rechazo a los procedimientos de Endesa y brindar su solidaridad ante las autoridades de la Conadi destituidas por tratar de hacer cumplir la Ley Indígena.
Esto implicó que la mesa Directiva acordase que ningún dirigente del Partido asumiese de nuevo la conducción institucional de la Conadi por considerar que no estaban dadas las garantías para que otro profesional seriamente, pudiera ejercer el cargo de Director Nacional libre de presiones o condicionantes que afectasen las normas de la Ley Indígena. De hecho esta decisión política significó un difícil proceso de designación del nuevo Director Nacional, el tercero en cinco años de existencia de la Conadi, dado que diversos personeros indígenas, militantes de la Concertación de Partidos, declinaron sucesivamente hacerse cargo de la Conadi por estimar que se enfrentaban a un conflicto en el cual las instrucciones serían -taxativamente- hacer aprobar las permutas de tierras pehuenches y facilitar así la instalación de Ralco.
En este contexto, el lunes 10 de agosto de 1998, la mesa de Presidentes de los partidos de la Concertación tomó cierta posición en el tema Ralco a través de una escueta declaración conjunta en donde sólo se enfatizó la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo. Se dijo al respecto que
"La Concertación se pronuncia poraue se llegue a un acuerdo en la mesa de diálogo establecida en la VIII Región y dirigida por el Intendente de la zona". El Presidente del PDC, Diputado Enrique Krauss, acotó que la clave era conciliar el respeto de las etnias sin frenar el desarrollo. El Presidente del PPD, Senador Sergio Bitar, agregó que el eje del acuerdo es "cumplir con la Ley indígena y sobre esa base establecer acuerdos". El Presidente del PS, en ese momento Camilo Escalona, señaló que Ralco era un tema "emblemático para el país. Cualquier decisión que se adopte debe apuntar a que evite incubar un conflicto étnico que hasta ahora no se ha producido en nuestro país". Más claro fue el Presidente del Partido Radical Social Demócrata, Anselmo Sule, quien se mostró ampliamente favorable al mantenimiento de las etnias como parte importante del Estado chileno. (La Hora, lunes 10 de agosto de 1998).
Finalmente, después de varias semanas de intensas gestiones, a mediados de septiembre de 1998, un militante del Partido Socialista, de profesión abogado, asesor en la Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo González, tuvo que asumir en condiciones muy complejas, y en medio de relaciones críticas con los representantes indígenas en el Consejo Nacional, situación que fue regularizada durante noviembre de 1998, mediando una serie de gestiones de buena voluntad por parte del Presidente de la Cámara de Diputados.
La nominación de González se realizó el 17 de septiembre, horas antes de iniciarse en el país las Fiestas Patrias, con lo cual su nominación tuvo una limitada resonancia periodística para el movimiento indígena. Así lo consignó el diario La Tercera, el 18 de septiembre de 1998, cuando la mayoría de los chilenos participan en actos festivos por la Fiesta de la Independencia y en esa fecha -como es tradicional- ajenos a toda coyuntura.
Citando declaraciones del Presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, importante vocero mapuche en Naciones Unidas es La Tercera quien efectúa el análisis de rigor sobre este nombramiento:
"Para Huilcamán, el hecho de que el nombramiento se relice horas antes de Fiestas Patrias obedecería a una actitud premeditada y afanes de esconder situaciones que ponen en cuestionamiento la figura del Director. Esto, en el sentido de que el nuevo timonel podría llegar dispuesto a aprobar la construcción de Ralco" [La Tercera, 189 98: "Gobierno nombró nuevo Director de la Conadi" pag.9],
El nombramiento del nuevo Director de Conadi, también sorprendió al Partido Socialista. Así lo declararon parlamentarios de esta colectividad y la propia Comisión Indígena del PS señaló no haber sido consultada al respecto.
En lo principal, sin embargo, el problema radica en una contradictoria situación política: los partidos de la alianza sienten que no pueden rechazar de plano el proyecto Ralco, pues correspondería a un interés económico vinculado al desarrollo energético del país. Siendo partidos de Gobierno existe una razón de Estado para brindar su respaldo al proyecto y buscar corregir los errores de su puesta en marcha. Por ello, la conducta es exponer, en privado, las objeciones que se estimen pertinentes, y apoyar en público los distintos alcances que una determinada iniciativa puede tener para la sociedad.
Está en juego en estos procedimientos políticos el problema de fondo de la gobernabilidad de los procesos de modernización de un país que para salir del subdesarrollo requiere ampliar de manera sostenida su infraestructura y proveerse de medios de producción capaces de permitir que Chile sea un país competitivo en el mercado global en el cual nos encontramos insertos. El crecimiento económico nacional requiere un fuerte respaldo energético y el uso de las fuentes hídricas para generar electricidad viene a ser un asunto trascendente que, desde la perspectiva del Estado, obliga a la imposición de ciertos sacrificios, entre ellos, la afectación de importantes recursos naturales y el impacto inevitable que determinados proyectos pueden significar para una determinada comunidad humana.
Si una coalición política gobernante está consciente de estos factores que inciden en el desarrollo, la variable ética se reducirá entonces a la escala de las compensaciones, en donde el daño provocado por los megaproyectos se debiera mitigar en la misma medida que se imponen condiciones severas para minimizar los estragos ambientales y, tratándose de grupos humanos, indemnizar y cautelar que las personas sean beneficiadas adecuadamente.
El punto implica diferencias relevantes entre la clase política dirigente y la propia militancia de los partidos, más cercana a las realidades sociales. Estos temas no son de tan simple lógica. No es tan claro que sea suficiente un conjunto de buenas indemnizaciones para dar por zanjado que una cultura puede desaparecer en aras del progreso. El dilema ético-político sigue vigente: ¿qué es más importante para una sociedad?
Ningún proyecto es absolutamente indispensable, porque con el avance de la ciencia y de la tecnología hoy existen muchas más alternativas que antes. Entonces, ¿por qué la obcecación?... O lo que es peor: ¿por qué tenemos que dar por aceptado que el bienestar de millones de chilenos requiere el sacrificio de una cultura, representada, en este caso, por unos pocos pehuenches, enclavados ancestralmente en una cordillera, junto a un río, y a quienes hay que sacar... por cualquier medio, obviamente, legal...?
La gobernabilidad de los procesos de modernización de nuestra sociedad da por aceptado este sacrificio natural que viene con el progreso. Y podría ser así, siempre y cuando, en realidad todos los afectados pudieran tener igualdad de condiciones para obtener -siendo ese el caso- las mejores compensaciones posibles. Ralco es un paradigma negativo en ese sentido pues no se cumplen los mínimos valorices indispensables y el proyecto continuó su marcha, aun cuando todos sabíamos y nos dábamos cuenta de lo que realmente ha estado sucediendo.
Pero volvamos al tema de fondo. Se dirá, con razonables argumentos sin duda, que las sociedades no progresan sin sacrificios. Que los países no se hacen modernos si no cierran sus ojos y oídos al salvajismo de la expansión económica. Que hay una razón de Estado para asumir el sacrificio de nuestros recursos naturales como un costo inevitable... Y que si esto toca a comunidades humanas, pues bien, la ética del Bien Común de las mayorías es de superior calidad al Bien particular de unos pocos. En consecuencia, el que escasas familias pehuenches iletradas e ignorantes de los importantes efectos del progreso futuro que Ralco ofrece a la Nación toda, pueda afectar el interés general de millones de chilenos, es -francamente- un obstáculo para la empresa modernizadora. Por lo tanto, el Estado, con todos sus recursos políticos, legales e institucionales, debe buscar hacer prevalecer el interés general de la sociedad...
En este contexto, la "salida política" para la conflictiva situación de Ralco y su relación con los Pehuenches, es que la Endesa, por un lado -el capital privado-, y el Estado, por otro -los recursos públicos-, confluyan en el propósito de indemnizar a los indígenas hasta un nivel tal que las ofertas, por su generosidad material, sean de tal magnitud, que ello se convierta en un ejemplo a imitar en el resto de la sociedad.
Tengamos presente que megaproyectos vinculados a la expansión forestal, al desarrollo turístico en el norte, a la ocupación de ricos subsuelos mineros, a la explotación de nuevos recursos hídricos y de importantes obras viales y portuarias que colindan, si no se confrontan abiertamente con el poco territorio indígena que queda disponible, están a la espera de los resultados de lo que suceda con Ralco, pues la manera como se resuelva, dará la señal de partida para que otros megaproyectos se impongan sin mayores contemplaciones sobre las comunidades indígenas si es que los principios políticos y económicos que respaldan el proyecto Ralco finalmente se materializaran.
El dilema no es fácil de resolver aun cuando existen caminos para intentarlo, pero se necesita un tipo de voluntad política distinta a la que hemos observado en la práctica del Estado hasta hoy día. Lo primero es partir del reconocimiento efectivo de los Derechos Humanos y Sociales de los Pueblos Indígenas.
Segundo, reconocer su estatuto jurídico en cuanto Pueblos que componen la Nación chilena, esto es, el reconocimiento constitucional de su calidad de Pueblos Indígenas. Tercero, concordar con las representaciones nacionales de cada Etnia un Acuerdo Social y Económico, en donde se señalen claramente las condiciones que las partes interesadas deben establecer para dar paso a los nuevos y futuros megaproyectos (Estado, Empresas y Pueblos Indígenas).
Esto requerirá, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones a la Ley Indígena para potenciar sus efectos y no para debilitar sus normas y asumir, por parte de un nuevo gobierno democrático, compromisos de superior calidad a los que se asumieron en los Gobiernos de Aylwin y Freí.
En síntesis, se trata de abrir un proceso de participación ciudadana indígena en los asuntos concernientes al Estado y el desarrollo nacional y democrático del país. Participación no significa sólo escuchar y dar por atendidas las aspiraciones de determinados Pueblos Indígenas y después hacer lo que ya se tenía pensado... Implica escuchar e integrar tales aspiraciones en políticas concretas, varias de la cuales se han ido cumpliendo en estos primeros cinco años de aplicación de la Ley Indígena, siendo aun insuficiente su cometido principal.
En resumen, es probable que el periodista Fernando Villegas, en su columna habitual de un semanario periodístico de derecha, la Revista Qué Pasa, haya apuntado al centro neurálgico de este tipo de problemas cuando escribió un artículo titulado "Que vienen los indios..." publicado el 15 de agosto de 1998. Dice al respecto:
"Dirá el oficialismo político y económico que Chile necesita ese proyecto hidroeléctrico y no será un puñado de indígenas azuzados por activistas los que van a detenerlo. Se dirá que los mapuches van a recibir mejores tierras y se han resguardado sus derechos, que se trata de un problema "artificialmente generado por gente ajena a la zona". Como prueba señalarán el magro número de familias que se resisten a la permuta ofrecida. Pero esa argumentación, aunque cierta, es incompleta al punto que termina siendo parcialmente falsa. Puntualicemos.
"Primero, la razón y la sustancia de un reclamo, idea o derecho, su alcance y trascendencia, jamás han dependido exclusivamente del número de gente que en un momento dado la expresa. Eso es circunstancial. Las enseñanzas de Cristo, las cuales sin duda el Presidente venera como la Verdad misma, fueron al principio seguidas por apenas doce individuos a los que se opuso todo el mundo.
"Segundo, tampoco la calificación de activistas desmerece instantáneamente a quienes se han congregado para apoyar una causa. Asumir que su presencia sindica aquella como un engendro artificial señala más bien la voluntad de cerrarse ante los hechos para luego abrirles la cabeza a palos a dichos "perturbadores del orden". Los activistas no pueden activar lo que no existe y lo que existe no desaparece ahuyentando a sus testigos. "Activista" es simplemente el modo de bautizar peyorativamente a quien promueve una actividad que nos disgusta; tiene todas las resonancias de la literatura anticomunista del período de guerra fría, cuando mediante un lenguaje descalificador se preparaba al público a aceptar la "restauración del orden" infligida por guardias pretorianas. Las tumbas secretas de América Latina están repletas de activistas con el cráneo agujereado. No se irá tan lejos en este caso, pero ya se ha ido demasiado cerca de un enfrentamiento doloroso(...).
"Toda causa debe ser examinada de acuerdo a sus méritos en especial cuando la importancia del asunto trasciende su condición local. En verdad llamar "local" a algo sólo porque obviamente se origina y concreta en determinado lugar y tiempo es una falacia. Perfectamente sus consecuencias pueden abarcar el planeta. ¿Acaso lo que se haga en Ralco no debe interesar a ningún chileno que no viva en Ralco? Allí no está simplemente en juego la suerte de los indígenas o incluso del medioambiente de esa zona, sino la legitimación o rechazo de un estilo de iniciar proyectos que pese a su obsolescencia sigue siendo el prevaleciente.
"El gobierno se obstina en no aprender que la participación ciudadana no es auténtica si se convoca post factum; el gobierno porfía en confundir participación con comunicación de los hechos consumados y se taima en creer que si surgen resistencias es por una mala puesta en escena de sus cosmetólogos. Participación significa oír a la ciudadanía involucrada antes de involucrarla, no después de joderla. Sí, hubo un proceso de estudios y consultas, pero después se decidió hacer la represa en los términos conocidos después de concluidos los estudios técnicos, después de tomar la decisión política de echarle para adelante. Ese después es el pecado original que ahora se paga. Si se cree en la democracia, los brochures para la prensa preparados a posterior! por escribanos a sueldo debieran sustituirse por algo más contundente; ¿qué tal hablar con la gente antes?
"Antiguamente se construía una represa tras otra sin que nadie chistara, todo en medio del solemne silencio con que en patricios tiempos solían contestarse los rezongos de la chusma, pero sobre esas excelentes costumbres de respeto y obsecuencia ya cayó el telón. Cada conflicto que incendia hoy en día el mundo ha surgido de un interés que había sido pisoteado por siglos con la mayor impunidad y que de pronto, como Godzilla, salió de su letargo.
"Vivimos la era de la sed de justicia más grande de todos los tiempos y aun incluso en el error esa llama arde como loca. Tómese razón".
En la prensa conservadora
Los medios de prensa escritos, por cierto, juegan un rol extraordinario en la formación de una opinión pública informada y dispuesta a participar en un debate social, político y cultural. El tema indígena, desde mediados de 1997 viene ocupando espacios privilegiados en las importantes páginas editoriales de diversos diarios y revistas de opinión.
Subyacen en dichas notas editoriales concepciones éticas y evaluaciones políticas que son relevantes de considerar en un sentido general y específicamente vinculado al tema Ralco. En el sentido general, prevalece en la prensa conservadora una evaluación negativa que va desde la crítica al discurso étnico-ambientalista hasta los efectos que, de acuerdo a los editorialistas, tiene lo que ellos denominan el fundamentalismo indígena sobre la política de inversiones y el desarrollo económico del país. La prensa progresista tiene otro enfoque que es liderado por las editoriales del Diario La Época, Realidad Social de los Mapuches (151297) y Realidad de la Discriminación (211297). En ambos temas. La Época tomó posición en favor de las demandas indígenas y formuló importantes reconocimientos de sus demandas históricas. Así, el 15 de diciembre señala:
"Si en algún tiempo se pudo estimar que las reducciones indígenas disponían de tierras abundantes y aun, según opiniones interesadas, excesiva, hoy por hoy, es evidente que ésta se hace escasa, por efecto del aumento de la población, de la erosión y de la decreciente fertilidad de los suelos. No hay por qué ocultar que este fenómeno es producto en buena medida de la aplicación de técnicas agrícolas primitivas. Pero tampoco se debe pasar por alto que la erosión es consecuencia de la explotación irracional, cuando no del arrasamiento, mediante el fuego o la motosierra del bosque nativo. No es extraño que las empresas madereras aparezcan, para no pocos campesinos mapuches, como el enemigo".
A propósito de un estudio socio-antropológico que se realizó en la comuna de Cerro Na vía, en Santiago, el 23 de diciembre de 1997, La Época abordó el tema de la Realidad de la Discriminación, señalando que "un núcleo familiar mapuche de cuatro personas que habita en esta comuna, recibe como promedio un tercio del ingreso mensual de una familia no-indígena, cuyos ingresos bordean los 300 mil pesos. El promedio de ingresos mensuales de los 14 mil mapuches de Cerro Navia llega a 117 mil pesos. Un 9% de ellos gana menos de 100 mil pesos al mes".
"La discriminación económica -dice La Época- deriva o se relaciona directamente con los arraigados prejuicios anti-mapuches que existen en la población y con los que se pretende justificar el permanente despojo de sus tierras y medios de vida de que son víctimas los indígenas. Se requiere un real esfuerzo por ayudarlos a calificarse y a insertarse en los procesos económicos y poner fin a los prejuicios y a la discriminación, que tanto daño causan a la convivencia nacional".
La diferencia de perspectiva entre un medio de inspiración progresista y otro de carácter conservador es evidente.
El diario El Mercurio, en su edición del 2 de enero de 1998, en la nota editorial titulada El Discurso étnico-ambientalista abrió los primeros fuegos de la controversia, cuando señaló lo siguiente:
"En un contexto visible, aparece la articulación de un discurso político donde se mezclan los argumentos de un radicalismo étnico, de perfil confrontacional y de un fundamentalismo ecológico que plantea un cuestionamiento a fondo de la estrategia de desarrollo basada en el libre mercado.(...) El radicalismo étnico demanda hoy no sólo la recuperación de territorios, sino que plantea cuestionamientos específicos a proyectos de inversión como ocurre con la construcción de la central Ralco en el Alto Bío Bío y con las empresas forestales de la Novena Región, los que se sustentan en el utópico argumento del fundamentalismo ecológico que sostiene que "un adecuado equilibrio ecológico sólo puede darse si se siguen las pautas de las comunidades aborígenes, pues el progreso que llega con la conquista y que sigue en la etapa independiente ha sido devastador". Todo un planteamiento reaccionario para negar el progreso y expresar una nostalgia emblemática por un pretérito demasiado lejano para ser actualizado".
En enero de 1998 estaba latente la preocupación del sector empresarial por los acontecimientos que ocurrían en el sur, con ocupaciones de tierras en Lumaco, Purén, Loncoche, Galvarino y en otras zonas, y los conflictos que esto representa para los propósitos de expansión territorial de las empresas forestales.
La prensa conservadora manifestó inquietudes de orden político y atribuyó a los movimientos de comunidades indígenas la influencia de grupos de extrema izquierda... Sin embargo, en términos reales, lo central radica en el cuestionamiento que se hace respecto de los efectos que verdaderamente tiene el surgimiento de una conciencia ciudadana más amplia acerca de los derechos de los Pueblos Indígenas, situación que no pasa inadvertida para el mundo conservador.
De ahí los claros y contundentes calificativos destinados a deslegitimizar la validez de un proceso social, que en el mundo indígena, se ha iniciado con una propia toma de conciencia acerca de sus derechos históricos.
El Diario La Época, el 4 de febrero de 1998, difundió un radical punto de vista diferente a lo manifestado por El Mercurio, en una nota editorial titulada Los Hermanos Olvidados, en la que señaló lo siguiente:
"Se diría cjue en Chile se está produciendo una gradual toma de conciencia sobre lo aue algunos llaman incorrectamente "el problema indígena" y aue no es otra cosa aue la presencia de importantes minorías étnicas autóctonas que están reclamando, cada vez con mayor fuerza, sus derechos específicos.
"Durante largo tiempo fue doctrina oficial la homogeneidad y el supuesto origen "europeo" de la población del país. Los araucanos eran motivo de discursos en los que se destacaban su valentía y sus méritos militares, los que en virtud de una operación misteriosa habrían pasado a integrar los valores de la "raza" chilena (...).
"Gradualmente, esta mitología absurda ha ido quedando destruida, aunque todavía son muchos los que se aterran a ella. La realidad es más fuerte y ella indica que los diversos grupos aborígenes constituyen el 10 por ciento o más de la población".
El vespertino La Segunda, en una nota titulada Situación Indígena y Pobreza, publicada el 17 de marzo de 1998, entró a la polémica sosteniendo una visión crítica hacia la Ley Indígena y su aplicación.
"La mayoría de las tierras indígenas han perdido sus condiciones agrícolas; sus rindes de cultivos tradicionales son ridículos en comparación a los resultados similares en la zona central. Los terrenos erosionados hoy no tienen una utilización económica mejor aue el bosaue, pero los indígenas están impedidos de venderlas libremente y ello les impone una transferencia entre ellos mismos aue disminuye su valor a términos absurdos..."
Las editoriales de la prensa conservadora en los meses siguientes a enero de 1998 abordarán con rigurosa sistematicidad el tema de la pobreza indígena; le atribuirán al gobierno importantes inefeciencias en su política social hacia las comunidades; despertarán el temor por actos violentos derivados de algunas tomas de fundos y a partir de ello intentarán construir un símil con los tiempos de la Reforma Agraria de los Presidentes Freí Montalva y Salvador Allende, quienes tuvieron un compromiso claro y decidido con los campesinos pobres e indígenas del país. Sustantivamente, argumentarán que para superar la pobreza indígena se requieren importantes inversiones en educación y capacitación para mejorar las oportunidades de empleo de este sector de la sociedad..., a condición de que se considere igualmente la necesidad de "liberar" las tierras indígenas a las ofertas del mercado, a objeto de que las tierras de las comunidades hoy erosionadas, poco productivas y escasamente competitivas en el orden interno, puedan ser mejor aprovechadas en aras del progreso... El asunto es: ¿por quién o quiénes podrán ser mejor aprovechadas?...
Existe, por cierto, una inteligente campaña comunicacional: la Ley Indígena, instrumento que representa una suerte de discriminación positiva para nuestras etnias, en realidad se ha convertido en un boomerang para nuestras comunidades, porque les devuelve -cuando se puede- tierras improductivas y que son, además, fuente de tensiones y conflictos que alteran el orden público. Por otro lado, la ingerencia protectora del Estado inhibe el derecho de libre propiedad que le asiste a todos los chilenos de poder hacer uso de sus bienes como mejor les parezca, en este caso, la propiedad de la tierra. Y en el caso de los megaproyectos, por cierto, estos constituyen iniciativas relevantes del sector privado, destinados a producir mayor bienestar para los chilenos y, en el caso de comunidades indígenas, una oportunidad única y extraordinaria de poder salir de su pobreza, a cambio -evidentemente- de que cedan sus tierras y, bueno... dejen atrás su cultura para integrarse a la Nación chilena...
¿Quiénes tienen interés en estos argumentos? Los proyectos de expansión forestal requieren más tierras en el sur de Chile para aumentar su productividad y sus ganancias. Efectivamente, una cantidad importante de las actuales tierras indígenas de la VIII y la IX Región son suelos con aptitud forestal. Los grandes complejos forestales chilenos cubren hoy más de medio millón de hectáreas y en diversos casos su producción se realiza en territorios que hasta el día del golpe militar en 1973 eran de dominio de comunidades indígenas. Ejemplos sobran en Arauco, Lumaco, Purén y en otras localidades. ¿Y qué ven los indígenas actualmente? Que una cantidad importante de camiones industria- ales desfilan delante de ellos con toneladas de árboles extraídos de sus tierras ancestrales, hoy en manos privadas, que significan riqueza para el país y para los dueños de las empresas, pero que para la comunidad e incluso para la región no significa mucho... La política de mala vecindad de las empresas forestales con las comunidades indígenas significó en 1997 una serie de delicadas tensiones. En la VIII región, incluso, algunas empresas forestales contrataron servicios de empresas de seguridad para proteger sus dominios, con las cuales -como en el caso de Cuyinco- se han producido escaramuzas inquietantes y complejas. Las empresas forestales en Chile no han colaborado con el progreso de las comunidades indígenas, ni siquiera en el ámbito del empleo.
En una sesión de la Comisión de Recursos Naturales del Parlamento se debatió este problema con empresarios, indígenas y parlamentarios. Era más o menos evidente que la verdadera naturaleza de los conflictos de tierras en el sur, radica en una indiferencia empresarial hacia el mundo indígena. Y en esa oportunidad, se solicitó a los empresarios forestales presentes en la reunión que pudieran facilitar al conocimiento de la Comisión parlamentaria la nómina de trabajadores de descendencia indígena que tuviesen como empleados de sus firmas en la VIII y IX Región. Han transcurrido más de diez meses y esa nómina aun no se conoce.
Pero los representantes empresariales fueron comprensivos. Escucharon a fondo la realidad que se les describió. Argumentaron. Se justificaron. Y finalmente se abrió una pequeña posibilidad cuando se propuso que Conadi y CORMA iniciasen una etapa de conversaciones destinadas a generar una política de buena vecindad y respeto mutuo... Esto fue en junio de 1998 y con motivo de los cambios producidos en la Corporación Indígena el tema quedó pendiente...
Al final de cuentas, no es la pobreza indígena lo que preocupa al sector empresarial. Seamos claros: son sus tierras las aue les interesan. Unos, para extender sus dominios forestales. Otros, para instalar megaproyectos. La realidad de los intereses económicos y financieros, asociados a ciertas voluntades políticas, es más fuerte en estos casos y los discursos respecto de la pobreza indígena o su inserción social son precisamente eso: discursos.
La prensa conservadora forma parte de la estrategia empresarial y de la acción política neo liberal subyacente. Lo hace, además, con violencia argumental. En materia de defensa de sus intereses financieros la derecha históricamente ha sido agresiva. Con el pretexto de salir al paso de ciertas ocupaciones simbólicas de tierras, protagonizadas por unas comunidades del sur. El Mercurio, en la nota editorial del 21 de abril de 1998, titulada Ocupaciones Ilegales abordó con extrema dureza y prejuicio el problema.
"El supuesto de la Ley Indígena fue aue podía "repararse" el fenómeno histórico de la conauista del siglo XVI y el desenvolvimiento subsiguiente, manteniendo a tales personas en una mezcla confusa de condiciones propias del neolítico con elementos de paternalismo estatal colectivista. En aras de un indigenismo teñido de nociones marxistas en boga en la década de 1960, se los quiso mantener aparte de la propiedad individual y del sistema de mercado contemporáneo, y se preservó artificialmente su "cultura", ignorando que ninguna forma cultural se conserva inmodificada tras un entremezclamiento de casi medio milenio, tanto menos en una sociedad de comunicaciones globalizadas".
El Mercurio omite señalar que la Ley Indígena fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en octubre de 1993 y que a esa aprobación concurrió toda la derecha con sus votos...
Para el diario, no obstante, el tema constituye toda una dificultad y así lo hizo presente en otra nota editorial publicada el 14 de mayo de 1998, El Problema Indígena, esta vez apuntando al centro neurálgico de la Ley de Pueblos Indígenas y su principal Artículo, el número 13, que determina la protección de las Tierras Indígenas, lo que a juicio del decano "afecta el Derecho de Propiedad, al establecer la Ley limitaciones que en la práctica impiden que sus tierras se puedan comercializar libremente.
Según El Mercurio, el hecho de que los indígenas no puedan "entregar" en garantía sus tierras (constituir hipoteca) impide que puedan acceder al crédito bancario y, por lo mismo, obtener recursos que les permitan emprender negocios... La Ley incentiva -a su juicio- el minifundio, lo que impide aprovechar economías de escala y dificulta la implementación de mejores tecnologías... La ley, en definitiva, "disminuye el valor alternativo de esas tierras" e imposibilita hacer uso del Derecho de Propiedad para que estas tierras "puedan ser destinadas a usos más productivos, como el uso forestal"...
Nuevamente se omite señalar que, precisamente, gracias a la Ley Indígena y los recursos del Fondo de Tierras y Aguas, una cantidad importante de tierras indígenas entraron a programas productivos, a planes de recuperación de suelos, a proyectos de regadío y otras iniciativas todavía menores en cantidad pero que indican claras posibilidades de potenciar la tierra indígena sin que las familias y las comunidades vean peligrar su patrimonio histórico.
El Mercurio es un gran difusor de ideas y de resultados de importantes investigaciones. Por cierto, las contribuciones de un centro de producción de ideas de la derecha chilena, el Instituto Libertad no están ajenas a la polémica sobre tierras y cultura indígena. En efecto, el 22 de mayo de 1998, El Mercurio publicó entonces los resultados de un "estudio" realizado por este Instituto en relación a la pobreza indígena.
Es notable que un centro de estudios de la derecha haya tomado este tipo de temas, precisamente cuando está vigente un régimen democrático y cuando existe una legislación de calidad distinta a las históricamente conocidas, referidas a la protección de los derechos de las comunidades indígenas. ¿Por qué es notable? Simplemente, porque la derecha nunca ha tenido una preocupación efectiva por los más pobres en Chile. Tuvieron la oportunidad de contar con todos los recursos y todo el poder en sus manos durante la dictadura militar para hacer las cosas que ahora critican como insuficientes. ¿Y qué hicieron durante el Gobierno Militar, particularmente, con las comunidades indígenas? Precisamente, lo contrario de lo que organismos como el Instituto Libertad reclama en 1998. Pero, analicemos lo que dice ahora este instituto cuando El Mercurio le brinda una amplia cobertura:
"Como un desafío ético que afecta a toda la sociedad chilena calificó el Instituto Libertad al problema que afecta al Pueblo Mapuche, donde la pobreza ha alcanzado grandes niveles, llegando al 38% según la última encuesta Casen. (...) El informe señala que lo ocurrido da cuenta del fracaso de la política diseñada por el Gobierno para atender la situación, que según su estudio se refleja en dos planos: el fracaso de la Conadi (...) y la pretendida reivindicación histórica de los terrenos que pertenecieron a la comunidad.(...)
La entidad señala que el esfuerzo del Estado debe estar orientado a forzar la integración y no la separación del Pueblo Mapuche. La base de la nacionalidad chilena ha estado constituida por el amplio mestizaje logrado por el aporte de las poblaciones autóctonas del país y de la raza española que constituyeron su núcleo esencial.."
Detengámonos algunas líneas a propósito de estas interesantes observaciones. 1.No hay duda que la problemática indígena implica un desafío ético para la sociedad. Esto no es un hecho reciente sino histórico. 2.- El Instituto Libertad califica como "fracaso" la política del Gobierno democrático en su tarea de atender esta problemática. El organismo conservador omite referirse al hecho de que en cinco años de democracia, gracias al Fondo de Tierras y Aguas de Conadi se han incorporado 75 mil hectáreas de tierras al patrimonio indígena. Que gracias a una nueva política educacional, en 1998, 11 mil estudiantes indígenas contaron con una Beca de Estudios especialmente destinada a asegurar su acceso a la educación. O que gracias a la Ley Indígena, 4.500 familias aymarás y atacameñas, después de más de 50 años de lucha y de espera, lograron recuperar sus derechos de aguas ancestrales. En cinco años, entre 1993 y 1998, más de 45 mil familias indígenas participaron en diversos proyectos productivos, etc... Por cierto, las necesidades son más, pero el 38% de pobreza indígena, no es el resultado de las limitaciones de la ley o incluso de la insuficiencia de recursos financieros del Estado para dar cuenta de todos los problemas existentes en el mundo indígena, sino más bien, es resultado de una herencia histórica de injusticias acendradas en el mundo indígena y que echaron más raíces, precisamente, cuando en nuestro país no existía democracia.
Es notable además que para el Instituto Libertad y El Mercurio, el Estado debe forzar la integración de los mapuches. En otras épocas históricas se procedió a este forzamiento con graves consecuencias para la cultura indígena, sus familias, sus organizaciones y su patrimonio natural y ello generó nuevas injusticias y mayores pobrezas.
El Instituto Libertad, por cierto, ignora u omite el hecho (así lo eremos) de que la tendencia moderna de las sociedades desarrolladas y que los principios anunciados en
esta materia por la propia Iglesia Católica, son de Diálogo Intercultural y no de integración o asimilación en el sentido occidental y neoliberal.
Ningún indígena deja de sentirse parte importante de Chile. Lo que sucede es que sienten que no se les considera con dicha importancia; que se les excluye por su condición de raza y lengua; que no se les incorpora desde su diversidad étnica sino que se les quiere asimilar a un solo patrón cultural que no da cuenta de sus variables culturales y religiosas. Al indio hay que cristianizarlo y educarlo para que sea buena mano de obra integrarlo al sistema productivo y allá ellos con su tradición y cultura, que las mantengan donde puedan... Eso es el pasado... Así ha pensado siempre la sociedad conservadora.
El Diario La Época ha desaparecido en el intertanto. Fruto de nuestra indiferencia democrática y de la incapacidad de nuestra clase política concertacionista de sostener y respaldar medios de comunicación social propios, las valientes páginas de La Época fueron relegadas al olvido y la extinción. Antes ya habían desaparecido el Fortín Mapocho y la Revista Análisis. A fines de 1998 tuvo que cerrar la Revista Hoy.
Todos estos medios de inspiración progresista y democrática, que guardaban un claro contenido humanista dejaron de existir y con ello, el campo de los medios escritos -ahora sí- quedó en manos totalmente de grupos empresariales de inspiración conservadora. La problemática indígena, previo a la crisis de Ralco, navegará entonces a partir de junio de 1998 sin contrapeso alguno en el debate comunicacional. El Mercurio volvió a la carga el 17 de julio de 1998, en su editorial Errores Indigenistas.
"Cuando asumió el poder, la Concertación mostró estar imbuida de nociones de un indigenismo que mezcla elementos de idealización libresca con otros de fuerte carga marxista (...).
Lamentablemente para el país y los grupos afectados, se quiso reanimar de modo artificial una supuesta cultura indígena mapuche, creando lo que se justificó como una "discriminación positiva", que permitiera a los descendientes de las etnias más antiguas del territorio continuar viviendo como lo hacían sus antepasados, antes de la conquista españolar..)
"Los hechos están confirmando las aprensiones que en su oportunidad expresaron los críticos de esa política presuntamente indigenista. Así, por ejemplo, el Director de la Fundación Miguel Kast, ha hecho ver recientemente uno de los frutos de esa "discriminación positiva", consistente en la compra de tierras para entregar en usufructo a los indígenas. Estos no pueden venderlas, pues no son dueños y, en consecuencia, se fomenta el minifundio de hecho. Se reduce el valor de los escasos activos que puedan tener, se sobreutilizan los suelos, se daña el medio ambiente y, además, se amarra a los indígenas a zonas rurales paupérrimas, en miserables condiciones de educación y demás servicios básicos, frenando su emigración hacia localidades urbanas donde pudieran mejorar su condición laboral, educacional y económica(...)
"La "discriminación positiva" es, en realidad, una discriminación racial y una aberración jurídica que urge rectificar, para nivelar socioeconómicamente hacia arriba y no hacia abajo, en aras de utopías que sólo tienen cabida en mentes demasiado ideologizadas, muy ajenas a las realidades dramáticas de los afectados".
Este tipo de planteamientos no son más que el preámbulo para el gran debate de fondo que estaba a la espera y que tiene relación con el proyecto Ralco, asunto adonde apuntó gran parte de la artillería argumental cuando se incorporaron además otros medios ligados al empresariado, como los diarios Estrategia y Diario Financiero.
En efecto, luego que el Consejo Nacional de Conadi, el 23 de julio de 1998, acordó exigir a Endesa paralizar las obras que había iniciado en tierras indígenas en Ralco, sin la autorización de Conadi, cinco días después, el Diario Financiero del 28 de julio de 1998, a través de la nota editorial titulada Un atentado contra la inversión privada rasgó vestiduras por la decisión de este organismo estatal encargado de la aplicación de la Ley Indígena.
"Conadi ha instado a la generadora eléctrica Endesa que construye la central Ralco en el Alto Bío Bío, a que detenga sus faenas. La decisión culmina un proceso que apunta a obstruir esta iniciativa privada. A pesar del gran esfuerzo que ha puesto Endesa en efectuar una permuta de tierras que mantenga los rasgos culturales de la comunidad indígena, la Conadi intenta, por un caso aislado, retrasar una inversión que aportará de manera gravitante al desarrollo económico del país(...).
"Si bien mantener viva la tradición cultural de un pueblo es un valor respetable, ello se consigue en la medida que se pone al día con las exigencias de los tiempos. Los valores y costumbres del Pueblo Mapuche no están atados a un pedazo de tierra determinada^..).
"Buena parte de los éxitos políticos y económicos que ha tenido Chile se originan en el carácter unitario del Estado. Atizar con el pretexto de la diversidad cultural tendencias separatistas podría poner en peligro uno de nuestros principales valores: la existencia de una República unitaria, con una práctica cultural homogénea".
Atiéndase con especial cuidado a la frase "Los valores y costumbres del pueblo mapuche no están atados a un pedazo de tierra". El Diario Financiero pertenece a una sociedad de hombres de negocios; sus conexiones con diversos directorios de empresas y partidos políticos son múltiples y es uno de los instrumentos de difusión de la doctrina neo liberal y es apologista del modelo de economía de mercado, ...a secas. No es extraño que el Diario Financiero, a través de su página editorial manifieste una importante ignorancia antropológica en la frase descrita. En cierto modo hay una continuidad de expresión en la línea estratégica de apuntar al debilitamiento de la Ley Indígena y de sus normas de protección de las Tierras Indígenas. Sin embargo, es importante despejar esa afirmación.
Para el mapuche la tierra en que habita da cuenta de su pertenencia y de la estructura social y económica que sustenta su cultura. Ya hemos dicho que para el mapuche la tierra tiene un valor de uso y así lo ha reconocido la propia Iglesia y ha sido garantizado en la Ley Indígena. El tema está presente en los proyectos de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que está en discusión en Naciones Unidas y en el proyecto de la Declaración América de Derechos Indígenas a ser discutida en 1999.
Existe una memoria histórica que da cuenta de los antecedentes que estructuran este vínculo sagrado con la tierra y la naturaleza, pero a partir de 1883, ese vínculo fue afectado por el naciente Estado chileno que tomó posesión de grandes extensiones de tierras indígenas y en ello participaron grupos financieros que las ocuparon para sus propios fines. La Historia oral indígena, transmitida de generación en generación, documentada a su vez en los antiguos juzgados de Indios, va señalando los procedimientos a través de los cuales la tierra fue usurpada mediante corridas de cercos, persecución de familias, incendio de viviendas, agresión y muerte a comuneros, engaños, fraudes, contratos simulados, entrega de poderes amplios, fabricación de títulos de dominio, ventas de acciones y derechos, uso de bebidas alcohólicas para obtener firmas con el dedo pulgar, contratos engañosos, presión psicológica, acciones judiciales de amedrentamiento y leyes o decretos que terminaron por arrinconar a los mapuches, imponiéndoles una situación de deterioro social de importante magnitud.
Al respecto, el investigador social Raúl Molina, en un artículo publicado en el Diario La Época, el 11 de enero de 1998, La Memoria de la Tierra, señala que "los mapuches contaban con inmensos territorios cubiertos de bosaues, ricas praderas naturales y campos de cultivo, regados por ríos, esteros y vertientes, donde se producían alimentos para la subsistencia y pastaban miles de cabezas de ganado caballar, vacuno, mular y ovino. Los hombres y mujeres lucían en sus finos atuendos pesadas joyas de plata, poseían grandes y espaciosas rukas y mantenían un liábitat de gran biodiversidad, que les posibilitaba la reproducción social, cultural y económica ampliada, expresándose la acumulación de riqueza en la masa ganadera, los bienes materiales, la platería, la poligamia y el dominio de jurisdicciones territoriales. Sin embargo, esta riqueza fue enajenada y confiscada por el Estado chileno. No sólo se les quitó el 95% de su territorio, sino que además se les confiscó el ganado y se les desplazó en muchos casos de sus históricos lugares de poblamien to".
Es tremendamente equívoco decir que los valores del Pueblo Mapuche no están ligados a un pedazo de tierra... Ello refleja ignorancia respecto de nuestras culturas indígenas.
Frente al Caso Ralco
Desatada la crisis institucional en Conadi en agosto de 1998, el vespertino La Segunda, del viernes de dicho mes, en una editorial titulada Conflicto en Conadi, en cuanto al fondo del conflicto suscitado señala:
"Se está pagando el precio de haber orientado por muchos años la legislación en tomo a la idea de considerar a los indígenas como menores de edad en la administración de sus bienes. Ello ha impedido convenios respecto de numerosos terrenos erosionados, apropiados para plantar bosques, por ejemplo, condenando a sus propietarios a una situación de extrema pobreza(...) Si en alguna época se justificó esa tuición respecto de los indígenas para protegerlos de abusos- que no cesaron de cometerse-, las circunstancias han cambiado, pues ahora ellos están tan informados como cualquier otro chileno de su condición socioeconómica y nadie pretendería limitar la capacidad de decisión de un poblador de La Pintana.
"Cosa completamente distinta es la protección de la identidad cultural del Pueblo Mapuche y de las otras etnias originarias, sobre las cuales existe una responsabilidad del Estado por formar parte ellas de las raíces del ser nacional. Pero esto no debe oponerse a una creciente integración ni convertirse en un fuero que permita agredir a un Ministro o que tenga como resultado permanecer al margen del desarrollo y ser instrumentalizado por ideologías o grupos que promueven sus propios objetivos".
El influyente Diario empresarial, Estrategia, sumó también su espacio editorial a esta campaña sistemática contra la Ley Indígena, con una nota titulada El obstáculo de Conadi, escrita en igual fecha del 7 de agosto de 1998, a 48 horas de las destituciones ocurridas en dicha Corporación.
"Una vez más, la Conadi se convirtió en un obstáculo para los intereses del Ejecutivo, que ha dado señales respecto de que la Central Ralco debiera construirse^..). En este esquema uno de los organismos que aun se mantiene díscolo a las directrices del Gobierno era la Conadi. Es un hecho que su Director, Domingo Namuncura, se oponía a autorizar la permuta de fieras de 81 familias pehuenches propuestas en el plan de relocalización de Endesa. La misma opinión tenía su antecesor, Mauricio Huenchulaf, quien salió de la Corporación por "ciertas irregularidades internas".
"Lo que resulta incomprensible es que el Ejecutivo nombrara a Namuncura, corriendo el riesgo de que siguiera una línea de razonamiento similar a Huenchulaf. Menos entendible es aun que haya esperado hasta el último momento para separarlo de sus funciones, ya que ayer jueves [6 de agosto] el Consejo de Conadi debía pronunciarse sobre el tema luego de meses de demora.(...) Las dificultades que ha enfrentado Endesa por los aspectos medioambiental y social que conlleva la construcción de Ralco continuarán en los próximos meses, sin embargo, todo apunta a que contando con el apoyo oficial, la hidroeléctrica finalmente se construirá".
El diario La Tercera, a través de la editorial del 8 de agosto de 1998 titulada Caso Ralco, y con una cierta cautela, abordó las implicancias de la crisis ocurrida sin renunciar, por cierto, a un énfasis empresarial:
"La Central Hidroeléctrica de Ralco, de la Empresa Nacional de Electricidad, (Endesa), es un proyecto de alta exigencia tecnológica y de enorme envergadura económica. Y, además, indispensable para la satisfacción de nuestras exigencias presentes y futuras de energía eléctrica, cuya desatención podría poner en jaque el proceso de crecimiento de la economía y convertirá la electricidad en un bien inaccesible para miles de chilenos.
"Luego, dicha iniciativa no parece admitir argumentos en contra desde el punto de vista económico ni tampoco desde la perspectiva social enfocada hacia el conjunto de la comunidad nacional.
"Sin embargo el progreso puede alcanzarse y consolidarse sin sacrificar tradiciones y culturas nativas que forman parte del patrimonio del país y contribuyen a darle identidad".
Para el diario La Tercera la crisis desatada en Conadi con las renuncias ordenadas en agosto de 1998, implicó que algunos sectores percibieran esa crisis "como una opción del Ejecutivo en favor de Endesa y en desmedro de los pehuenches refractarios a las permutas".
"Esto significa que fue una señal equívoca al país la cual quiérase o no dio pábulo a dicha interpretación. De lo expuesto es admisible colegir que la oportunidad en que se enfrentó el problema no fue la mejor y que la manera como se abordó resultó poco feliz".
El nuevo vespertino La Hora ingresó al debate con una nota editorial titulada Ralco y el desarrollo. Para este diario la crisis ocurrida en Conadi fue una "señal inequívoca" de parte del Gobierno de impulsar la construcción de Ralco. A su juicio "Ralco es necesario", pues "el aumento de la demanda eléctrica es consecuente con el desarrollo económico de cualquier país, en el aue crecen las empresas y se multiplican los artefactos que mejoran la calidad de vida de las personas. Para aue las tarifas de la electricidad sean soportables para las familias comunes, se requiere un buen nivel de oferta y Chile posee recursos hídricos aue permiten cumplir este propósito".
El Diario Las Ultimas Noticias con la nota Una pugna maligna, publicada el domingo 9 de agosto de 1998 atribuyó el conflicto en Conadi a situaciones políticas intra-concertación simulando una pugna entre sus partidos destacando que "los mapuches se convierten en elemento de combate entre el PPD y la Democracia Cristiana para beneficio de los primeros"...(!). No obstante reconoce que la situación declarada es compleja.
"La historia de los mapuches es la búsqueda permanente e insatisfecha de la dignidad. En el siglo XV frenaron el avance imperialista de los Incas; cien años después se opusieron a los españoles. Y siguieron luchando contra el menosprecio la marginación y los engaños. Que les quitaron sus terrenos a cambio de alcohol o chucherías. Engaños pero legalmente inscritos. Y sin solución posible a ese choque terminal más grave que las guerras y las pestes que sucede cuando dos culturas muy distintas hacen contacto, y una se angosta.(...)
"Sin embargo la situación ha servido dentro de la pugna que ya bulle en la Concertación (con miras a la elección presidencial dentro de 18 meses) para que el PPD enrostre a su socio la Democracia Cristiana la eliminación de dos Consejeros Nacionales y el Presidente de la Conadi. En una medida que reconocen oficialmente está en las atribuciones del Presidente Freí; pero que al mismo tiempo en forma paralela han publicado atronadoramente como evidencia de una manipulación para definir el conflicto en favor de Endesa..."
El Diario Estrategia retornó al debate el lunes 10 de agosto, esta vez con una nota editorial titulada Caso Ralco, en donde expone de manera taxativa un argumento que a todas luces representa una reflexión estratégica conservadora:
"Aquí se está comprometiendo el progreso del país. De acuerdo a las proyecciones efectuadas por la Comisión Nacional de Energía, liada el 2002 Chile requerirá de una nueva central hidroeléctrica para satisfacer la demanda eléctrica proyectada. Esa es la primera razón por la cual resulta necesario que las obras de Ralco, que involucran US$ 500 millones de inversión, se materialicen en lasfeclias programadas, puesto que se traducirá en un abastecimiento seguro para una importante parte de la ciudadanía".
Para Estrategia "el episodio desencadenado respecto de las permutas de tierras para un grupo de pehuenches" es "muy lamentable", "sobre todo cuando se considera que la mayor parte de las familias involucradas ha llegado a un acuerdo con dicha empresa (Endosa) y sólo restan diez, de 84 jefes de familia, para dar por concluida la etapa de negociaciones".
En la visión de este medio empresarial, lo que acontece en Ralco es "artificial" pues se estaría potenciando un conflicto "sólo porque es de fácil utilización política".
En tal sentido, dice el diario Estrategia, "fue oportuna la decisión del Presidente de la República de apartar de su cargo al Director de Conadi, puesto que se alejó de la línea del gobierno al favorecer, abiertamente, a una de las partes. El papel de esta institución, en el problema concreto, se circunscribe a velar porque la entrega de nuevos terrenos mejore la calidad de vida del grupo étnico y no intervenir como un actor en una transacción que compete a privados".
Es interesante esta editorial del diario Estrategia pues revela en toda su dimensión, los propósitos del sector conservador en relación con el medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades indígenas.
De partida. Estrategia pretende dictar la línea de conducta de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ignorando -tal vez- que dicha línea está dada por una Ley de la República, la Ley Indígena 19.253... Y de paso, es sano recordar nuevamente que esta Ley fue aprobada en democracia, por la unanimidad del Congreso Nacional en octubre de 1993.
Segundo: resulta también interesante el juicio político de este sector respecto del comportamiento de los destituidos Directivos de Conadi, al señalar que se alejan de la línea de gobierno quienes favorecen abiertamente a una de las partes, en este caso a los Pehuenches... En este punto la pregunta, en realidad, es otra: ¿quién se aleja realmente de la Ley Indígena?
La Ley fue dictada, precisamente, para favorecer al mundo indígena y la obligación de todo directivo de Conadi es emplearse a fondo en esa obligación política, social y ética. Quien se aleja de la Ley y deja de cumplir con ella, estaría perjudicando los intereses del mundo indígena y eso sería cuestionable.
El diario Estrategia, a través de esta nota editorial, juzga esta conducta de favorecimiento o compromiso con la realidad del mundo indígena. ¿Y quién juzga el comportamiento de grupos políticos y económicos claramente parciales en la defensa de los intereses de grupos financieros que llevan adelante un modelo de desarrollo económico en desmedro de nuestro medio ambiente y de sus recursos culturales esenciales?
¿Ignora Estrategia que la Ley Indígena ha declarado a las Comunidades Indígenas y sus culturas como constitutivas del Patrimonio Nacional7 Creemos que no.
En lo esencial, este juego de editoriales conservadores ya marcan el destino del tema en la opinión pública. Sin embargo, son notas que navegan contra la corriente de un proceso nuevo y emergente en la ciudadanía, que deriva de la conciencia y del respeto hacia nuestros ecosistemas y nuestras culturas originarias.
En medio de la orfandad comunicacional en que se encuentra el mundo democrático, la histórica Revista Mensaje de los jesuítas, (y aquí la Iglesia, nuevamente juega un rol orientador necesario), publica en su edición de septiembre de 1998 (No 472) un contundente análisis sobre Ralco.
Lo hace con una mirada humanista y cristiana, tan diferente de la agresividad editorial conservadora. Con el título Conflicto en territorio Pehuenche, en la página de Temas Nacionales, la Revista Mensaje, destaca:
"Con la recuperación de la democracia en Chile, se revítaliza el movimiento indígena, y sus organizaciones participan activamente en el debate nacional referido al marco de sus intereses. Luego que fuese suscrito el Acuerdo de Nueva Imperial, el Estado de Chile aprobó y promulgó la nueva Ley 19.253, del 5 de octubre de 1993, destinada principalmente a promover el desarrollo de las culturas indígenas y proteger sus tierras, propendiendo a ampliarlas(...).
"Obedeciendo a la experiencia histórica de usurpaciones "legales" pero no "justas" de tierras indígenas, el legislador quiso proteger dichas tierras, reservando para Conadi la autorización para permutar tierras indígenas por otras no indígenas.
"El proyecto Ralco, de Endesa, responde a las condiciones de demanda energética proyectada para el país a partir de la próxima década. La empresa calcula que en un plazo de diez años será preciso más que duplicar la producción de energía eléctrica en el país, pasando de un consumo aproximado de 20 mil KWH anuales a uno de 45 mil KWH (...).
"Más allá de que la construcción de la Central sea un buen negocio para la empresa, nadie puede desconocer que de implementarse, el proyecto traería beneficios al desarrollo del país. Chile necesita diversificar la generación de sus fuentes energéticas.
"Pero la reflexión no puede circunscribirse sólo a los beneficios del desarrollo. Es necesario preguntarse éticamente por los costos humanos que tal construcción demanda. ¿A quién beneficia y quién sale perjudicado con la instalación en tierras ancestralmente de residencia de los pehuenches, de la central Ralco? ¿Qué debemos privilegiar como país: el desarrollo energético o la sobrevivencia de un pueblo, entendido este último concepto como una etnia particular, residente en un territorio determinado y con una cosmovisión de la vida que da origen a una cultura determinada? (...).
"Las tierras que es necesario inundar para construir la represa son terrenos donde se ubican lugares sagrados de los pehuenches elementos básicos de la cultura aborigen. Para la cultura occidental, la tierra tiene un "valor de cambio", es decir, es un bien que se transa en el mercado a un valor comercial, sin existir una relación de dependencia cultural con la tierra. A un propietario que le va mal en el negocio de la tierra, vende su terreno, se compra un camión, cambiando de giro el negocio y sigue viviendo junto a su familia sin modificar su lógica cultural.
"Para la cultura indígena, por el contrario, la tierra tiene un "valor de uso"; no tiene precio, no es transable en el mercado, es la base de su cultura y de su identidad étnica. Dejar su tierra es, en parte, "morir en vida", en sentido cultural (...).
"La construcción de la central Ralco requiere inundar terrenos pertenecientes a 98 familias ubicadas en el corazón del territorio pehuenche. Estas deben permutar sus tierras por otras que les ofrezca Endesa y la autorización legal para permutar debe otorgarla el Consejo Nacional de la Conadi. (...) ¿Debe primar el bien particular, suponiendo que la permuta genere mejoría familiar, o el bien social y colectivo de un pueblo?
"Se ha denunciado que Endesa ha ejercido una fuerte presión sobre las familias para que firmen la solicitud de permutas: "Estas tierras serán inundadas. ¿Dónde quiere cambiarse"... Frente a ese planteamiento ¿puede considerarse libre la solicitud, especialmente cuando los pehuenches ven que las obras para construir la represa ya comenzaron?...
"¿Cómo hacer desarrollo respetando a los Pueblos Indígenas? ¿No hay otra forma de generar electricidad preservando la identidad étnica de los pehuenches? (...)
El conflicto actual, no concluido al cierre de esta edición [septiembre de 1998] pone en tela de juicio la confianza mutua que debe existir entre el Gobierno y Jos Pueblos Indígenas de Chile para preservar la vigencia de la Ley Indígena. Sí en lo referente al tema de las minorías indígenas residentes en el territorio nacional, queremos mantener una auténtica justicia y paz social, la sociedad en su conjunto debe asumir lo expresado en el artículo 1° de la Ley Indígena: "Es deber de la Sociedad y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación".
En medio de tanto conservadurismo político y financiero, el Comentario Nacional de la Revista Mensaje sobre el tema Ralco, viene a ser una luz en la oscuridad. Su redactor es el sociólogo Cristian Vives, profesional e intelectual vinculado al trabajo social y eclesial por muchos años y que hasta el 29 de julio de 1998 era Consejero Nacional de Conadi.
Hay dos ideas subyacentes en estos pocos ejemplos de editoriales de medios escritos que reflejan una realidad cotidiana y controversial. Una es la idea de construir país desde el mercado y los consumidores y en donde el principio rector es el del derecho de propiedad. La otra idea es construir país desde las personas y sus derechos humanos esenciales.
No tienen por qué ser ideas contrapuestas pero su acercamiento siempre es difícil. Los megaproyectos y los intereses financieros y políticos en juego obnubilan lo esencial: la búsqueda de un modelo de desarrollo a escala humana. Es probable que como país estemos enfrentados a resolver mejor este problema que está instalado entre nosotros. Es decir, cómo superar las inequidades sociales, la pobreza como resultado de la desigual distribución del ingreso, las injusticias aun presentes en las relaciones laborales. En síntesis, lo que es bueno para la economía también tiene que serlo para las personas.
En el caso de nuestras culturas indígenas, como país, y a propósito de Ralco estamos siendo sometidos a un importante prueba.
La sociedad civil
No sólo la Iglesia y los partidos han manifestado un pronunciamiento en relación a los Pueblos Indígenas. En el marco del conflicto existente con el proyecto Ralco, diversas entidades de la sociedad civil y política han expresado en forma categórica su opinión sobre el significado de este particular proyecto.
En el campo del medio ambiente, probablemente, ha sido el Grupo de Acción por el Bío Bío (GABB) quien mejor ha estudiado los efectos de Ralco en el ecosistema de esta delicada zona y sus impactos en la vida de los Pehuenches. Su extensa labor le ha significado ganar en 1998 el distinguido Premio Nobel Alternativo en reconocimiento a su fundada y relevante labor social, cultural y técnica.
En efecto, el GABB contribuyó de manera determinante a que el tema Ralco tuviese que salir a la luz pública. Obligó a que entidades como Conama tuvieran que transparentar su evaluación y hacerla más rigurosa. El GABB contribuyó con importantes investigaciones que sumaron tras de sí a profesionales de todas las tendencias políticas y sensibilidades medio ambientales del país. Fue muy relevante su primera presentación ante la Conama con motivo del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Endesa en 1997, oportunidad en la que el GABB estableció de manera fundada los verdaderos impactos de Ralco en el ecosistema del Alto Bío Bío y demostró que desde un punto de vista económico y ambiental existirían antecedentes suficientes para dudar que la construcción de la Central Ralco sea la solución óptima para proveer energía en Chile.
El GABB estimó que "el análisis de los aspectos ambientales implica que la sustitución de un paisaje natural (con características únicas) por un lago artificial (embalse) es el causante del mayor impacto y la única manera de medir este valor para la sociedad es por medio de consultas directas a toda ella, incluyendo tanto a chilenos que usan el área como a los que no lo hacen. Si bien Endesa considera este cambio como positivo, no es ella (la empresa) la indicada para valorar unilateralmente el carácter del cambio, sino, como ya se indicó, la sociedad como un todo(...).
Diversos otros organismos de la sociedad civil han expresado sus opiniones tanto en relación a los efectos medioambientales como sociales y culturales en Ralco, destacándose entre ellos:
- Coordinadora Territorial de Comunidades Mapuches de Arauco.
- Centro Mapuche de Derechos Humanos de Tirúa.
- Asociación Mapuche "Relmü" en Allex, France.
- Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera.
- Consejo de Caciques de Chiloé.
- Consejo Nacional del Pueblo Aymara.
- Consejo Nacional de Pueblos Atácamenos.
- Federación Mapuche Urbana de Santiago.
- Grupo de Acción por el Bío Bío.
- Colegio de Enfermeras de Chile.
- Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
- Central Unitaria de Trabajadores.
- Diversas Escuelas de Antropología.
- Consejo de todas las Tierras.
- Organización Nacional Ad Mapu.
- Comisión Indígena del PPD.
- Comisión Indígena del PS.
- Depto. Justicia, Paz y Ecología de la Conferencia de Religiosos de Chile.
- Instituto de Ecología Política, etc. La lista excede estas páginas.
- Juventudes Políticas del PDC, PS, PRSD y PPD.
La Red Internet, a través de diversas páginas WEB, como la de Rehue Foundation, ha publicado noticias, reportajes y documentos, entre los cuales podemos destacar en 1998 el artículo "Ralco: Una mirada desde Canadá", escrito por José Aylwin, para la Fundación Rehue.
Se han publicado también "Las centrales hidroeléctricas en el río Bío Bío de Chile y la lucha del Pueblo Indígena Pehuenche", por Darío Jaña; "Pueblos Indígenas y los megaproyectos:
el ejemplo de los Pelmenclies en el Alto Bío Bío, Chile", del antropólogo chileno Claudio González Parra, de la Universidad de Concepción.
El Colectivo Antumapu, publicó en la Red Internet un trabajo titulado "Endesa España y la impunidad: Etnocidio, delito de lesa humanidad" y así, sucesivamente, surgen de manera amplia las numerosas referencias que en Internet hacen mención a Ralco y sus poderosas consecuencias en la Cultura Pehuenche.
A lo anterior deben agregarse relevantes informes de organismos internacionales, tales como el Informe de la Federación Internacional de las Ligas de Derehos Humanos, de Francia, entidad que agrupa a 65 filiales europeas y latinoamericanas. Este importante organismo internacional envió una Misión de Observadores en 1997 a Chile. Junto a ellos actuó también la Secretaría Internacional de Amnistía Internacional quien también envió una Misión de Observación a nuestro país.
A esto se suma el informe de la "Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Antropólogos americanos" en donde se aborda el marco histórico que vincula los efectos de Pangue con los de Ralco...
Los organismos chilenos de defensa y promoción de los Derechos Humanos también han tomado posición ante este proyecto y destacan:
- Comisión Chilena de Derechos Humanos.
- Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
- Servicio Paz y Justicia, Serpaj.
- Comité de Derechos del Pueblo, Codepu.
En suma, esta es una amplía gama de manifestaciones de la sociedad civil, que da cuenta de un hecho fundamental: que el proyecto Ralco dista mucho de ser una iniciativa empresarial localista y puntual.
Lo estamos señalando a lo largo de este libro: Ralco es un proyecto cuyos impactos en el medio ambiente y en una cultura única, como la Pehuenche, marcan el límite entre el intenso avance del desarrollo y la modernidad y su contraposición con los derechos humanos fundamentales, relacionados con la calidad de vida y la protección de nuestros ecosistemas pero, sobre todo, con los derechos de seres humanos nunca suficientemente reconocidos por la sociedad.
Nos acercamos así al discernimiento sobre el dilema de fondo: ¿es Ralco, en definitiva, una forma efectiva de ayudar a que los Pehuenches salgan de su pobreza histórica?
Fuentes Bibliográficas:
1.- Los Pueblos autóctonos en la Enseñanza de Juan Pablo II. Estudio del Padre José Joblin+sj. Edición del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Julio de 1994.
2.- Minorías en América Latina. Varios autores. Edición Revista Nueva Sociedad No 111, enero-febrero de 1991.
3.- "Conflicto en Territorio Pehuenche". Temas Nacionales en Revista Mensaje No 472, de septiembre de 1998.
4.- Articulos:
Ralco, una mirada desde Canadá, José Aylwín, en Rehue Foundation, Página Internet.
5.- Documentos:
Resolución del Partido Socialista de Chile sobre Ralco, abril de 1997 Declaración Pública del PPD en relación al tema Ralco, abril de 1997 Comunidad de Prensa de las Juventudes PDC ,PS, PPD y PRSD. Junio de 1997
6.- Editoriales de los Diarios El Mercurio Diario Financiero Estrategia La Época, La Tercera y La Nación en el período junio de 1997-noviembre de 1998.
