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29jul06
Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar.
Allí reposan pruebas de cómo ellos, sin importar rango, o sus testaferros, se han ido apropiando, poco a poco, de cientos de predios.
Así parecen demostrarlo casos como el incendio de la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar (Cesar), el asesinato de dos funcionarios en Sincelejo y Cali y la alteración de datos en Montería.
En Valledupar, zona de influencia del desmovilizado bloque Norte, cuyos jefes eran Salvatore Mancuso y 'Jorge 40', el 29 de enero se prendió fuego a 20.000 folios. Las autoridades están seguras de que se pretendía borrar evidencia.
"Fue un incendio direccionado. Eran las transacciones de los últimos dos años", dice el superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute. Y agrega que, por suerte, la información ya estaba en un software.
El funcionario también califica de anormal la falla que se presentó en febrero pasado cuando iba a entrar en funcionamiento el nuevo sistema de registro de Montería: "Hay rastros de adulteración".
Aunque en esa seccional dicen que todo se debió a problemas en la sistematización, hoy hay abierta una indagación disciplinaria.
Pero hay hechos más graves. Actualmente se investiga si el móvil de los asesinatos de dos jefes de registro fue su negativa a legalizar millonarias compraventas de tierras de 'paras' y narcotraficantes.
Uno de las víctimas es óscar A. Moreno, de la oficina de Sincelejo, asesinado en octubre del 2004. Moreno ocupó el mismo cargo en Valledupar, pero tuvo que salir de allí tras el asesinato de su esposa.
Martha I. de Sánchez, jefe de registros en el Valle, también cayó acribillada ese año. Aunque aún nadie sabe quién la mató, reporteros de El Tiempo en Cali establecieron que la funcionaria habría descubierto una red de testaferrato con bienes de un conocido narco y de un paramilitar.
Según la investigación, en esa oficina se han hallado casos de familias humildes a las que les figuran bienes por 17.000 millones de pesos.
Y hace una semana, un jefe de registro de un pueblo de Antioquia fue trasladado ante las amenazas de muerte del líder 'para' de la zona.
Según la Procuraduría, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la guerrilla y los narcos les han quitado a los desplazados 3 millones de hectáreas. Y según cuentas de la Contraloría, un 33 por ciento está en manos 'paras': algo más de un millón de hectáreas.
Sin embargo, hoy los ex comandantes de las Auc hablan de devolver solo 100 mil hectáreas -de las cuales 35 mil ya estarían listas- para indemnizar a sus víctimas.
A pesar de la intimidación, Instrumentos Públicos y notarías del país han reportado en los últimos dos años 26.000 operaciones sospechosas.
A raíz de los atentados contra las Oficinas de Instrumentos Públicos y sus funcionarios, la memoria de la propiedad de las tierras en Colombia no solo opera ahora desde un sitio secreto en Bogotá, sino que, además, se dispuso que una copia de seguridad fuera enviada a otro país.
Cómo protege el Gobierno los predios de los desplazados
Para enfrentar el robo de tierras a los desplazados, el Gobierno (a través de Acción Social) puso en marcha en el 2003 el programa 'Tierras y Patrimonio'.
A través de él, autoridades locales denuncian qué predios fueron desalojados a la fuerza y, de inmediato, quedan comercialmente congelados. A la fecha, ya hay protegidos 50.214 derechos de propietarios, ocupantes, poseedores y tenedores de tierras en todo el país.
"Lo que buscamos es que, al menos jurídicamente, la propiedad quede en manos de sus verdaderos dueños", dice el superintendente Cuello.
En total, son 780.809 hectáreas con las cuales nadie puede transar sin un estudio previo sobre sus verdaderos dueños.
De los 44 municipios con este tipo de medida, 14 se encuentran en Norte de Santander, donde hay protegidas más de 34.000 propiedades.
Según la coordinadora del programa, Myriam Hernández, el Gobierno ampliará la protección otras zonas.
"Se hace a través de dos vías: la protección individual, una vez la persona afectada pone la queja, y la colectiva, cuando hay riesgo de desplazamiento masivo".
La protección es gratuita, por eso, alertó que abogados e incluso ONG del Tolima y de los Montes de María que están exigiendo plata por este trámite, deben ser denunciados. El Incoder, Acción Social y autoridades locales son los encargados del proceso.
[Fuente: Unidad investigativa, El Tiempo, Bogota, 29jul06]
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