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16ago06
Los paramilitares desmovilizados quieren presionar al Gobierno para obtener más beneficios.
Esta sería uno de los intereses en la nueva crisis en el proceso de paz, la sexta desde que comenzó en diciembre de 2002.
Esta nueva 'crisis' se plantea, justamente, cuando el país espera el decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz que definirá sobre qué condiciones deberán ser juzgados.
"No queremos alarmar a la Nación, que equivocadamente cree que el proceso está salvado, pero eso no es cierto y la negociación está en una crisis tremenda", advirtió su vocero, 'Ernesto Báez'. Agregó que "con las condiciones en que quedó la Ley de Justicia y Paz ningún paramilitar se entregará".
Incluso sugirió una constituyente para salvar la desmovilización de más de 30.000 paramilitares.
"Ni un decreto ni una ley lograrán la paz del país porque habría que hacer un decreto y una ley por cada grupo armado que quiera negociar con el Gobierno. Por eso necesitamos un gran acuerdo de todos, que sería a través de una constituyente", le dijo a este diario al ser consultado sobre su propuesta.
Paradójicamente, mientras 'Báez' declaraba la crisis, en Unguía (Chocó), con 745 hombres, entregaba sus armas el último de los jefes de las autodefensas que se acogió al proceso de paz, el comandante del bloque 'Élmer Cárdenas', Freddy Rendón, 'El Alemán'.
Aunque al comienzo no hizo parte de la mesa de negociación en Ralito, se unió a las gestiones que los ex jefes paramilitares hacen desde su 'sede política', Villa Esperanza, en Copacabana (Antioquia).
¿Se desgasta la estrategia?
Analistas consultados por este diario ven muy difícil que los ex comandante de las autodefensas lleguen a romper el proceso.
Entre otras cosas, por lo que significaría volver a la clandestinidad cuando han ganado una cómoda vida en la civilidad.
Lo que parece en realidad es que están nerviosos por la inseguridad jurídica en la que se encuentran, sobre todo frente a la extradición y al estatus político.
"El arma ha sido que se van, pero con el tiempo es menos efectiva porque a medida que avanza el proceso se vuelve más judicial y menos político. La cosa ya no es llamar a un ministro, sino enfrentarse a los fiscales", afirma un analista.
Los ex jefes de las Auc también declararon "herido de muerte" el proceso de paz a mediados de mayo pasado, tras el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, que según ellos los dejó sin garantías.
El fallo, entre otros puntos polémicos, declaró inexequible el artículo que homologó el paramilitarismo con el delito político- lo que los dejó en mayor incertidumbre frente a una eventual extradición-, les ordenó reparar a las víctimas incluso con los bienes legales y declaró que perdían los beneficios de la Ley de Justicia y Paz si omitían algún delito en la primera confesión.
Esa vez, cuando declararon la crisis, buscaban movilizar al Gobierno para asegurarse de que actuaría para 'conjurar' las pérdidas por el fallo del alto tribunal.
Y esta vez, afirma el analista Alfredo Rangel, lo que pretenderían es un decreto reglamentario favorable de la Ley de Justicia y Paz aprobada originalmente por el Congreso, que obviamente dejaría sin piso el fallo de la Corte.
Los sitios de reclusión a donde irían los ex jefes 'paras'
El Ministerio de Interior y Justicia ha anunciado la adecuación en unos casos y la construcción en otros de cárceles para que los ex 'paras' cumplan las penas que les impongan los tribunales de Justicia y Paz. Se sabe que uno de ellos está listo, el de Urrá.
1. En Córdoba ya está lista la nueva cárcel de Urrá. Ubicada en el condominio que sirvió para alojar a los ingenieros extranjeros que participaron en la construcción de la hidroeléctrica. El centro tiene un área de 80 hectáreas y 600 para proyectos agrícolas. La vigilancia estará a cargo del Inpec.
2. Otra cárcel podría quedar en el corregimiento de San José del Nus, Magdalena Medio. El Inpec hizo una primera visita de aproximación a comienzos de este año. Posteriormente se realizó una visita técnica por parte de la Dirección de infraestructura del Inpec.
3. En La Ceja, oriente de Antioquia, el Inpec decidió adecuar un centro religioso como lugar de reclusión de los ex 'paras' que operaban en la zona del oriente de ese departamento. Se trata de un monasterio que entró en desuso y fue adecuado también como centro vacacional.
Cronología de las crisis con las Auc
Abril del 2004. Un confuso incidente en el que desapareció Carlos Castaño generó tensión entre el Gobierno y voceros de las Auc antes de la instalación de la mesa en Ralito. El Gobierno pidió a los 'paras' aclarar el hecho. Estos negaron responsabilidad y la mesa se instaló sin problemas.
Junio del 2004. El jefe 'para' 'Jorge 40' se atribuyó el secuestro del ex senador Jorge Gnecco. El Gobierno amenazó con terminar el proceso si no lo liberaba. 'Jorge 40' se retira temporalmente de Ralito y deja en libertad a Gnecco. Así, el Gobierno advierte a los 'paras' que Ralito no debe servir para delinquir.
Mayo del 2005. Un juez ordena la captura de 'Don Berna' por la muerte de un diputado. El jefe 'para' huye y se lanza una operación militar para buscarlo. 'Berna' se entrega horas después y se reanudan las demovilizaciones, que estaban suspendidas.
Febrero del 2005. Luis Carlos Restrepo renunció por sus discrepancias con el proyecto de Justicia y Paz presentado por el Gobierno al Congreso y con el ministro del Interior Sabas Pretelt. El Presidente Uribe detuvo la crisis al no aceptarle la dimisión.
Mayo del 2006. Se conoce fallo de la Corte sobre la Ley de Justicia y Paz que tumbó algunos beneficios y condicionó otros. Desde ese momento, los ex 'paras' han expresado reparos y alegan que les cambiaron el marco en el cual se desmovilizaron.
Los tres caminos jurídicos entre los que se debaten el Gobierno y los paramilitares
Los 'paras' nunca han estado satisfechos con las vías jurídicas del gobierno. Ni la ley ni el decreto les sirve. Lo que les gustaría realmente sería una Asamblea Constituyente, que abriría la puerta para negar la extradición o por lo menos condicionarla.
El decreto. Por esta vía el Gobierno pretende reglamentar la Ley de Justicia y Paz, adecuándola a las exigencias de los paramilitares y a los parámetros de la Corte Constitucional en su sentencia del 18 de mayo pasado.
Como se cree que el contenido del decreto rebasa la órbita de la ley, razón por la cual sería declarado inconstitucional, los 'paras' temen caer de nuevo en una incertidumbre jurídica. Por eso su primera exigencia es descartar la vía del decreto y hacer una norma de jerarquía superior (una ley o una asamblea constituyente).
Aunque el Gobierno fue el primero en ofrecer el decreto como solución a las objeciones de la Corte, el Presidente ya "mordió el anzuelo" de una nueva ley.
La ley. Solo una ley podría modificar aspectos sustanciales de la Ley de Justicia y Paz que la Corte Constitucional dejó sin vigencia, en lo que tiene que ver con vicios de procedimiento.
Pero, además, una nueva ley, como lo han pedido los 'paras' y como acaba de admitirlo el presidente Álvaro Uribe, podría servirles a los ilegales para ganar mayor espacio político y más beneficios jurídicos. Los 'paras' no han estado satisfechos con la ley aprobada. Una de sus propuestas iniciales era no ir a la cárcel. Y, aunque alegan que una ley, ahora, les daría más seguridad jurídica para reponerse de la sentencia de la Corte, por ser un mecanismo con más legitimidad, tratarán de meter nuevos elementos.
Constituyente. La principal justificación de los 'paras' para pedir una Asamblea Constituyente, como lo reiteró ayer su líder 'Ernesto Báez' es bloquear la extradición. Aunque el presidente Uribe les ha prometido no extraditarlos mientras estén en un proceso de paz, ellos buscan que el compromiso esté blindado por una norma de carácter permanente y eso solo lo garantiza una norma constitucional. Han sido numerosos los intentos infructuosos por eliminarla. O condicionarla. Pero, además, una demanda extrema como una Asamblea Constituyente, les sirve también a los 'paras' como mecanismo de negociación. Pedir lo más para lograr lo menos. Aunque sea una ley más generosa.
'El Alemán' dio su última orden
La pistola Pietro Beretta 9 milímetros que acompañó a Freddy Rendón, 'El Alemán', durante dos décadas en la guerra fue la última de las 484 armas entregadas ayer en Ungía por el reducto del 'bloque Élmer Cárdenas' que permanecía activo.
'El Alemán' era el último de los grandes jefes 'paras' que continuaba en armas. Aunque ya había propiciado la desmovilización de 793 de sus combatientes de los frentes 'Costanero' y 'Tanela', había quedado pendiente de reinsertarse con 745 del 'frente Norte-Medio Salaquí', que actuaba en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó y Domingodó, en Chocó.
"Era lo que teníamos previsto. La realidad es que hasta aquí se desarrollan las desmovilizaciones y no sabemos las determinaciones del presidente Uribe con respecto a algunos grupos que han solicitado la reinserción", dijo Darío Mejía, delegado del Alto Comisionado, al referirse al frente 'Cacique Pipintá' (del Eje Cafetero), y el grupo de 'Martín Llanos' (Llanos Orientales).
El acto comenzó a las 11:45 a.m., con casi dos horas de retraso. 'El Alemán' se puso las gafas y leyó un discurso de 16 largas páginas. Dijo estar dispuesto a reparar a la sociedad y a las víctimas de su grupo, criticó la política antisubversiva y pidió una reforma agraria que vuelva socios a terratenientes y campesinos.
Luego, sacó una bandera de Colombia del bolsillo derecho, cubrió con el tricolor su pistola y la echó en la canasta con el resto de las armas.
[Fuente: Por Néstor Alonso López enviado especial, Unguía (Chocó), El Tiempo, Col, 16ago06]
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