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16jul06


Según Mancuso, la Corte Constitucional desconoce la realidad.


Horas después de que la Corte Constitucional diera a conocer el texto del fallo de la Ley de Justicia y Paz, en el cual dejó sin piso jurídico varias de sus disposiciones, la reacción de los jefes de las desmovilizadas autodefensas no se hizo esperar. Ayer mismo se declararon a la expectativa hasta el miércoles próximo, víspera de la instalación del Congreso, mientras sus 32 abogados analizan la sentencia.

El ex jefe militar de las autodefensas Salvatore Mancuso sostuvo que no está dispuesto a someterse a la justicia ordinaria, porque lo conducirá irremediablemente a la extradición a Estados Unidos. De hecho, la Fiscalía anunció que ordenará su captura si éste no comparece ante la justicia ordinaria, que lo investiga en varios procesos por crímenes atribuidos a los bloques Catatumbo y Córdoba, donde fungió como comandante.

“La Corte Constitucional desconoce la realidad nacional y lo que las autodefensas representan para las regiones y para sus pobladores”, aseveró Salvatore Mancuso, quien criticó también el fallo de la justicia porque, en su criterio, tendría que trabajar por el resto de sus días para contribuir al Fondo Nacional de Reparación de las Víctimas. La sentencia obliga a los desmovilizados paramilitares a responder con su propio patrimonio a la reparación de las víctimas.

A su turno, Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez, manifestó que el próximo miércoles 19 de julio las autodefensas se pronunciarán en su conjunto frente al fallo de la Corte Constitucional que, paradójicamente, es analizado por un pool de abogados que se hace llamar “Colectivo de Juristas Alfonso Reyes Echandía”. Sin embargo, a manera de abrebocas, Báez ya había expresado que con esta ley, ni siquiera la guerrilla se sometería a un proceso de paz.

Los puntos críticos

Conocido el texto de la sentencia, quedaron en claro varios aspectos. En primer lugar, la Corte señaló que la Ley de Justicia y Paz no es una amnistía disfrazada y que en ningún momento se está olvidando de los delitos de las autodefensas. Solamente se aplica la figura de la suspensión de la pena, siempre y cuando los desmovilizados cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley.

Además, el fallo ratifica que por errores de forma fueron declarados inexequibles dos aspectos básicos de la ley: la norma que permitía que la rebaja de una décima parte de la pena impuesta para quienes estuvieran cumpliendo penas ejecutoriadas, y la disposición según la cual los grupos de autodefensa fueron homologados en su conducta con los grupos guerrilleros, al ser tipificados como sediciosos. Ambas normas pueden ser revividas a través de un nuevo proyecto de ley en el Congreso.

Pero sin duda los aspectos más importantes de la sentencia de la Corte tienen que ver con la preservación del derecho a la verdad. La Corte criticó que no exista una herramienta para sancionar las versiones falsas e incompletas. Por eso cree que debe haber consecuencias penales para la mentira. En tal sentido, si no hay una confesión plena y una identificación completa de la cadena de delitos cometidos, de ninguna manera puede haber concesión de beneficios penales.

La Corte Constitucional hizo extensas consideraciones en torno a la necesidad de alcanzar la paz, pero precisó que aunque la ley en entredicho constituye una extensión de la Constitución de 1991, en aras de alcanzar la concordia no se puede justificar todo. Como se trata de la aplicación del modelo de justicia transicional, no se acaban las investigaciones que venía adelantando la justicia, sino que se suspenden los procesos con el propósito de que avance la paz.

En pocas palabras, la Corte Constitucional ratificó en su sentencia que no es viable permitirles a los desmovilizados que descuenten procesalmente el tiempo que estuvieron en la zona de Santa Fe de Ralito y que las condenas anteriores de ninguna manera pueden desaparecer, aunque sí pueden ser objeto de penas alternativas que, como lo dispuso la Ley de Justicia y Paz, estarán entre cinco y ocho años de prisión.

[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 16jul06]

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