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16mar07
La multinacional Chiquita Brands pagó a los paramilitares incluso años después de que E.U. incluyera a las AUC en su lista de terroristas.
Así consta en el documento presentado ante la Corte de Distrito de Columbia que sirvió como base para el arreglo entre la empresa y el gobierno federal.
De acuerdo con los términos del mismo, Chiquita pagará 25 millones de dólares en multa por haber entregado fondos a un grupo designado por el Departamento de Estado como "Organización Terrorista Extranjera".
Si bien los pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron los que terminaron por enredar a Chiquita y a su filial en Colombia, Banadex, la multinacional llevaba años -desde 1989- pagándoles 'vacunas' a las Farc y el Eln, que en ese entonces controlaban el Magdalena y el Urabá Antioqueño.
De acuerdo con el documento, "altos funcionarios" de la empresa habían autorizado tales pagos que eran facturados como "gastos de seguridad".
En 1997, sin embargo, el ex líder de las Auc Carlos Castaño, se reunió con el director de Banadex en Colombia para informarle que los 'paras' estaban a punto de sacar a las Farc de la zona y que, por lo tanto, los pagos debían tramitarse a su favor a través de una Convivir autorizada por el gobierno, que usarían como fachada.
Desde entonces y hasta el 2 de febrero del 2004, la bananera realizó más de 100 pagos por un total de 1.7 millones de dólares, todos ellos autorizados por los directivos de ambas empresas.
Al principio, aunque las directivas eran concientes de que las Auc eran un grupo criminal, sabían que no estaban violando las leyes estadounidenses, pues no existía norma que lo prohibiera. Castaño, además, les había dejado claro que de no pagar, habría retaliación contra el personal de la empresa
Todo cambió el 10 de septiembre del 2001. Ese día, el secretario de Estado Colin Powell, en vísperas a un viaje a Colombia, anunció la inclusión de las Auc en la lista de organizaciones terroristas, lo que implicaba que cualquier estadounidense que les otorgara respaldo estaría cometiendo un crimen federal. Según el documento, los funcionarios de Chiquita eran conscientes de esta designación, pues fue ampliamente reportada por lo medios en Colombia, donde operaba Banadex, y en Cincinnati, casa matriz de bananera en E.U.
Más aún, cuentan con un registro electrónico de funcionarios de Chiquita en el que consultan una página web que menciona la designación de las Auc y las sanciones a quienes entablen negocios con ellos.
Los pagos, no obstante, continuaron. Eso sí, bajo un formato diferente: en lugar de cheques dirigidos a las Convivir, como se hacia hasta el momento, se comenzaron a realizar en efectivo.
Más de 50 pagos se realizaron de esta manera y utilizando una compleja operación financiera que impidiera rastrear el destino final de los fondos.
De acuerdo con el documento, en febrero del 2003 un alto funcionario de Chiquita se "percató" que se le estaba pagando a una organización terrorista y pidió asesoría legal a una firma de Washington.
La firma le recomendó suspender de inmediato los pagos, pues eran ilegales. Pese a ello, los desembolsos a las Autodefensas continuaron, con expresa autorización de los directivos de la empresa.
El 3 de abril de ese mismo año, y por primera vez, estos altos funcionarios (cuyos nombres fueron omitidos en el documento) informaron del problema a la junta directiva de Chiquita. En esa reunión, algunos recomendaron salir de inmediato de Colombia, pero se optó por informar al departamento de Justicia.
La cita con las autoridades se dio el 24 de abril. Los representantes de Chiquita dijeron a los fiscales que llevaban años pagando a las AUC, pero que lo hacían bajo amenaza de muerte. El departamento de Justicia les corroboró que los pagos eran ilegales.
De acuerdo con el reporte que le entregaron posteriormente a la junta directiva, sin embargo, el departamento de Justicia les garantizaba que "no serían responsables por conductas pasadas", y había quedado pendiente el tema sobre los pagos que se hicieran en el futuro, que nunca se suspendieron.
De alguna manera, los abogados de Chiquita exploraban la posibilidad de seguir pagando, incluso a través de otra ley de E.U. que permite transacción con una organización terrorista si el departamento de Estado y Tesoro lo aprueban.
Pero los esfuerzos no llegaron a ninguna parte. Hacia septiembre del 2003, los abogados de Chiquita informaron a la empresa, por escrito, que "el Departamento de Justicia no ha querido dar garantías de que no procesarán; de hecho nos han insistido en que ven las circunstancias que les hemos expuesto como una violación técnica (a la ley) y que no pueden respaldar los pagos presentes o futuros. De hecho, les informaban que posiblemente se iniciaría una investigación formal.
Pasaron otros 5 meses más hasta que se suspendieran definitivamente los pagos.
En mayo 13 del 2004, y cuando ya la investigación se había iniciado, Chiquita reconoció públicamente que había pagado fondos a un grupo terrorista. Un mes después, en junio, vendía Banadex y salía para siempre de Colombia.
El tema permaneció bajo el radar hasta febrero de este año, cuando se anunció a la junta directiva el arreglo con la Fiscalía que contempla los 25 millones de dólares en sanciones.
El acuerdo fue presentado el miércoles oficialmente y debe ser refrendado por un juez el lunes de la semana que comienza.
Sombras sobre Banacol, heredero de Chiquita
Banacol, que quedó con los activos de la Chiquita Brand en Urabá desde enero del 2004 tampoco ha estado exenta de sospechas por operaciones en las que aparecieron mezclados grupos armados.
En agosto de 1984 las 107 hectáreas del predio La Niña, en el corregimiento Nueva Colonia fueron invadidas por campesinos que se dividieron el terreno en parcelas de dos y tres hectáreas para cultivar plátano, producto que le vendían a Banacol.
En agosto del 2000, Antonio Arboleda, administrador de una finca vecina, y otro hombre llamado Felipe Echeverri aparecieron en supuesta representación de los dueños legítimos concitándolos a que pagaran el valor de la tierra.
Todo terminó en una citación a los representantes de la comunidad a la vereda La Teca. Allí habrían estado el conocido 'para' Rafael García, 'El Viejo' -quien se reinsertó con el bloque Bananero y el martes fue capturado en Chigorodó- y 'Camacho', quienes a la vez estaban con 8 hombres armados.
Acordaron que los ocupantes de La Niña pagarían 4 millones por hectárea, dinero que les sería sacado por Banacol de los pagos que la empresa hacía, por el producto que ellos le vendían. Banacol alcanzó a recibir 220 millones de pesos por ese concepto entre finales del 2000 y principios del 2005.
Luego, al verificar quiénes eran los propietarios de la finca, los ocupantes constataron que las tierras habían sido expropiadas en 1999 por el Incora (hoy Incoder) a la Sociedad Emilio Hasbún & Cia, y figuran como baldíos de la Nación. EL TIEMPO buscó la versión de Banacol, pero no había sido posible obtenerla hasta el cierre de esta edición.
żLa multa debería ir a las víctimas?
Mientras la Fiscalía analiza si las situaciones admitidas por Chiquita Brands ante una corte de los Estados Unidos dan pie para una investigación penal en Colombia, se abrió la polémica por el destino final de los 25 millones de dólares que la empresa norteamericana deberá pagar por haber negociado con las Auc a cambio de protección.
Funcionarios de Naciones Unidas y líderes comunitarios de Urabá coincidieron en que esa plata debería destinarse al Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas, que sigue esperando recursos para ayudar a quienes se vieron afectados por los numerosos crímenes de los 'paras'.
"Ese dinero se debería asignar al país. Todo lo que contribuya a fortalecer la reparación sería muy pertinente", dijo Juan Pablo Corlazzoli, de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
En Urabá y Magdalena, zonas donde Chiquita tuvo sus plantaciones, se cometieron decenas de matanzas. Incluso, en algunas de ellas, las víctimas fueron los mismos trabajadores de la bananera norteamericana.
Algunas masacres 'paras' en Urabá
- Mutatá, en mayo de 1999 asesinaron a 10 personas, en corregimiento de Pavaradó.
- Urabá. Enero de 1998: 11 muertos, quemados con ácido para hacerlos confesar que eran guerrilleros.
- Turbo. En marzo 4 de 1998 fueron masacradas en La Honduras y La Negra 20 personas.
- Apartadó. En 1999 asesinaron a 15 campesinos de San José de Apartadó.
[Fuente: Por Sergio Gómez Maseri, Corresponsal de el Tiempo en Washington, Bogotá, Col, 16mar07]
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