Equipo Nizkor - 1º informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia.

Naciones Unidas
Consejo de Seguridad

S/2016/1095 |*|

Distr. general
23 de diciembre de 2016
Español
Original: inglés

Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia

I. Introducción

1. El presente informe es el primero de los informes que se presentarán cada 90 días sobre el cumplimiento del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. La Misión comenzó sus actividades de monitoreo y verificación del cese del fuego de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2261 (2016) del Consejo de Seguridad, tras la firma, en Cartagena (Colombia), el 26 de septiembre de 2016, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En ese breve período es mucho lo que ha sucedido que dificulta pero que, en última instancia, reafirma el proceso de paz. El presente informe se centra en particular en la evolución de la situación desde la carta de fecha 26 de octubre de 2016 que envié al Presidente del Consejo de Seguridad (S/2016/902). En esa carta pedí que el Consejo autorizara a la Misión a verificar la implementación del protocolo de cese al fuego firmado el 13 de octubre de 2016 hasta que el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaran un nuevo acuerdo definitivo. El período está a punto de concluir y, como señalé en la carta de fecha 14 de diciembre de 2016 que envié al Presidente del Consejo de Seguridad (S/2016/1063), ya se ha firmado y ratificado un nuevo acuerdo de paz que ha entrado en vigor, lo cual anuncia el comienzo de la implementación de la paz en Colombia y allana el camino para que la Misión pueda realizar todas tareas previstas en su mandato.

II. Principales acontecimientos del proceso de paz

2. La ajustada victoria del "No" en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 hizo que fuera legalmente imposible que el Gobierno del Presidente, Juan Manuel Santos Calderón, implementara el acuerdo firmado en Cartagena. Aunque ese resultado abrió un período de incertidumbre en el proceso de paz, todos los actores políticos de Colombia, incluidos los que se oponían al acuerdo, subrayaron su compromiso con el logro de la paz mediante el diálogo y el mantenimiento del cese al fuego y su apoyo a la función de verificación de la Misión. En las semanas que siguieron al plebiscito se organizaron grandes manifestaciones públicas en favor de la paz en toda Colombia.

A. Protocolo del 13 de octubre

3. Inmediatamente después de que se dieran a conocer los resultados del plebiscito, el Presidente de Colombia y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, reiteraron su compromiso con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo declarado por ambas partes el 29 de agosto de 2016.

4. El 3 de octubre de 2016, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, viajaron a La Habana para mantener conversaciones con los dirigentes de las FARC-EP. Mi Representante Especial para Colombia se reunió con las partes para efectuar consultas. Esas conversaciones culminaron en un comunicado conjunto publicado el 7 de octubre de 2016, en el que las partes acordaron modificar el acuerdo tras un diálogo político dirigido por el Gobierno con varios sectores colombianos, incluidos los promotores del "No" en el plebiscito del 2 de octubre. Las partes también acordaron elaborar un protocolo temporal para consolidar el cese al fuego estableciendo una clara separación de las fuerzas y definiendo las normas que debían cumplir ambas partes. En el comunicado, las partes pidieron al Consejo de Seguridad que autorizara a la Misión a verificar el protocolo de cese al fuego actuando como componente internacional y como coordinadora de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, en consonancia con las tareas encomendadas a la Misión en la resolución 2261 (2016), aunque no a verificar la dejación de las armas por parte de las FARC-EP porque se llevaría a cabo después de que se aprobara un nuevo acuerdo.

5. El 13 de octubre de 2016, las partes firmaron un protocolo de cese al fuego preparado durante unas deliberaciones en las que participaron mi Representante Especial y el Jefe de los Observadores de la Misión. En el protocolo se esbozaba una separación temporal de las fuerzas que debía durar hasta que se aprobara un nuevo acuerdo. En ese protocolo, las partes pedían que las FARC-EP trasladaran sus fuerzas a puntos de preagrupamiento temporal y que las fuerzas armadas colombianas reposicionaran a sus unidades para que hubiera una distancia mínima de 3 km entre ellas y los campamentos de las FARC -EP establecidos en cada uno de los puntos de preagrupamiento. El Gobierno accedió a asumir la responsabilidad de prestar apoyo logístico a los puntos de preagrupamiento transcurridos 30 días desde la firma del protocolo. En el protocolo también se establecían las normas de comportamiento que debían acatar las partes con objeto de evitar posibles enfrentamientos armados y amenazas de violencia o riesgo para la población civil.

6. Las tareas que la Misión debía ejecutar para verificar el cumplimiento del protocolo eran: organizar las operaciones del mecanismo, teniendo en cuenta la coordinación de las tareas, el análisis de las amenazas y las necesidades logísticas; monitorear y visitar los campamentos de las FARC-EP; monitorear las zonas de seguridad y visitar las unidades del ejército redesplegadas; y visitar los centros de población vecinos con objeto de interactuar con la población y las autoridades locales.

B. Diálogo nacional

7. Mientras tanto, para concertar un nuevo acuerdo de paz, el Gobierno y las FARC-EP celebraron conversaciones en La Habana y el Presidente dirigió un "diálogo nacional para la unión y la reconciliación" en Bogotá, mediante el que se mantuvieron conversaciones con diversos sectores, incluidos los líderes de la campaña por el "No".

8. En octubre de 2016, el diálogo nacional reunió propuestas de diversos sectores sobre los cambios que podían introducirse en el acuerdo firmado en Cartagena. El diálogo incluyó contactos con opositores y partidarios del acuerdo, iglesias, asociaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. El 5 de noviembre, el Presidente dijo que el Gobierno había recibido más de 500 propuestas de enmienda. La Corte Suprema de Justicia también sugirió modificaciones para las disposiciones sobre el marco de la justicia de transición.

9. El 7 de octubre, el Presidente recibió el Premio Nobel de la Paz por sus decididos esfuerzos para poner fin al conflicto armado que había durado tantos años. Este hecho dio un nuevo impulso a los esfuerzos para concertar un nuevo acuerdo de paz.

10. Tras semanas de deliberaciones en Bogotá y La Habana, las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP concertaron un nuevo acuerdo de paz en La Habana el 12 de noviembre, que luego se firmó en Bogotá el 24 de noviembre. Las delegaciones destacaron que ese acuerdo incorporaba los cambios y las contribuciones de los diversos grupos que habían participado en el diálogo nacional. Las partes invitaron a todos los colombianos y a la comunidad internacional a refrendar y apoyar el nuevo acuerdo de paz y su pronta implementación.

C. Nuevo acuerdo de paz

11. El nuevo acuerdo de paz modifica y aclara el texto anterior. Si bien su conclusión fue muy bien acogida, los opositores siguieron insistiendo en que debían imponerse penas más severas a los dirigentes de las FARC-EP que hubiesen cometido delitos graves y en que esas personas no debían poder ocupar cargos políticos hasta que hubieran cumplido las sanciones impuestas por la jurisdicción especial para la paz. Las partes no aceptaron esos puntos. Insistieron en que no sería realista esperar que los dirigentes de la guerrilla negociaran su propio encarcelamiento y reiteraron que la esencia de una solución política era lograr que el grupo armado pudiera pasar del conflicto armado a la política.

12. El nuevo acuerdo de paz no incluye cambios en el capítulo sobre la verificación del cese al fuego, el cese de las hostilidades y la dejación de las armas, que no ha sido objeto de comentarios o críticas de los opositores del acuerdo firmado en septiembre. La Misión mantiene sus funciones de conformidad con las disposiciones de las resoluciones 2261 (2016) y 2307 (2016). El nuevo texto indica, al igual que el anterior, que las partes solicitarán un mandato de la Asamblea General para organizar una misión política de las Naciones Unidas que verifique el cumplimiento de los compromisos relativos al proceso de la reintegración de los elementos de las FARC-EP en la vida civil y la aplicación de medidas de seguridad personal y colectiva. El nuevo acuerdo de paz también asigna a la misión política la función de supervisar el cumplimiento de las penas impuestas por la jurisdicción especial para la paz, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, el nuevo acuerdo de paz amplía la función de apoyo de los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas a su implementación.

13. Ambas partes en el acuerdo de paz acordaron que se refrendaría en el Congreso. Poco después de la firma, ambas cámaras del Congreso lo ratificaron por abrumadora mayoría. Las partes acordaron que el 1 de diciembre de 2016 se consideraría el "Día D", el día en que empezarían a aplicarse las medidas adoptadas por el Gobierno y las FARC-EP para agrupar a los combatientes y las milicias de las FARC-EP en 27 zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización donde dejarían las armas. Sin embargo, llegado ese día aún no se habían terminado los preparativos para agrupar a los combatientes y para que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pudiera llevar a cabo la labor de verificación, lo que planteó dudas sobre si se podrían satisfacer plazos ulteriores.

14. El 2 de diciembre, el Gobierno y las FARC-EP establecieron una comisión de implementación, promoción y verificación que deberá examinar y verificar la implementación del acuerdo de paz y resolver cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes. También establecieron un consejo nacional encargado de elaborar planes para la reintegración de los miembros de las FARC-EP. Posteriormente, el Gobierno estableció a nivel ministerial una comisión nacional de garantías de seguridad, presidida por el Presidente, que tiene por objetivo el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que amenacen a quienes participan en la implementación del acuerdo de paz y en la consolidación de la paz.

15. El 14 de diciembre se dio un paso decisivo hacia una implementación más rápida del acuerdo de paz cuando la Corte Constitucional aprobó ampliar la autoridad del Presidente para emitir decretos ley relativos a la implementación del acuerdo y un procedimiento acelerado ("fast-track") para que el Congreso examinara y aprobara su programa legislativo. En ese sentido, el Gobierno presentó un proyecto de ley de amnistía con la esperanza de que se aprobara a finales de diciembre. Paralelamente, las FARC-EP designaron a seis representantes para que, de conformidad con el acuerdo, participaran sin derecho de voto en los debates del Congreso sobre los proyectos de ley relativos a la implementación del acuerdo de paz.

D. Situación de seguridad

16. La fragilidad del cese al fuego, en ausencia de un acuerdo de paz definitivo, quedó claramente demostrada el 13 de noviembre, cuando en el departamento de Bolívar se dio muerte a dos miembros de las FARC-EP, que fueron las primeras víctimas del conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP desde 2015. Este incidente se consideró como prueba de la necesidad urgente de avanzar rápidamente hacia la conclusión de un acuerdo de paz y la plena implementación de las disposiciones del cese al fuego. El incidente fue investigado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, como se explica en el párrafo 25 del presente informe.

17. Los homicidios y las amenazas que se produjeron en noviembre y principios de diciembre contra líderes comunitarios en zonas rurales afectadas desde hace mucho tiempo por el conflicto generaron una preocupación generalizada. Al parecer, muchas de las víctimas eran también miembros del movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, lo cual plantea interrogantes sobre las posibles motivaciones políticas y el grado de coordinación tras los incidentes. No hay consenso sobre los diversos factores, a saber, criminales, económicos y políticos, que pudieron haber contribuido a la violencia. No obstante, esos incidentes demostraron la pertinencia y diligencia del establecimiento de una comisión nacional de garantías de seguridad y la importancia del funcionamiento eficaz de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, entre otras disposiciones del acuerdo de paz.

III. Tareas de la Misión

A. Actividades relativas al cese al fuego y de las hostilidades y coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación

Despliegue y monitoreo de la separación de las fuerzas

18. De conformidad con la resolución 2261 (2016), la Misión inició sus actividades de monitoreo y verificación el 27 de septiembre de 2016, tras la firma del acuerdo original. En ese momento, la Misión ya había desplegado observadores y personal sustantivo a las ocho regiones convenidas y había establecido oficinas en cinco de ellas que disponían de locales: Florencia, Popayán, San José del Guaviare, Valledupar y Villavicencio. La Misión había desplegado personal a lugares temporales en las otras tres regiones, a saber, Bucaramanga, Medellín y Quibdó, a la espera de que se encontraran locales de oficinas permanentes.

19. A fines de septiembre, se estableció en Bogotá el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación con la participación de observadores del Gobierno y de las FARC-EP. Desde entonces, el despliegue de esos observadores a las regiones se ha efectuado gradualmente y casi ha terminado, excepto en la sede regional de Quibdó, donde las FARC-EP aún no han desplegado observadores. En Bucaramanga y Medellín, los tres componentes siguen en lugares temporales.

20. Sin embargo, el resultado del plebiscito detuvo las actividades oficiales de monitoreo y verificación de la Misión, dado que el acuerdo firmado en septiembre no entró vigor. La Misión reinició las actividades de monitoreo y verificación el 7 de noviembre, a raíz de la carta de fecha 31 de octubre de 2016 del Presidente del Consejo de Seguridad (S/2016/923), en la que señalaba que el Consejo autorizaría a la Misión a verificar la separación de las fuerzas entre las fuerzas armadas nacionales y las unidades de las FARC-EP ubicadas en los puntos de preagrupamiento temporal, según lo convenido en el protocolo de cese al fuego.

21. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación ha tenido dificultades para monitorear el cumplimiento del protocolo del cese al fuego debido a una serie de factores, entre los que cabe destacar: que no se había definido el número de puntos de preagrupamiento temporal (inicialmente se acordó que serían 56 pero luego se aumentaron a 72); que, a principios de diciembre, el flujo de información de las partes en el Mecanismo y entre ellas era deficiente; y que, de manera más general, existen impedimentos para el funcionamiento normal inherentes a una estructura tan compleja como la de un mecanismo tripartito de monitoreo. Sobre el terreno, la separación de las fuerzas se llevó a cabo principalmente por medio de la coordinación bilateral directa de los movimientos del ejército y las FARC -EP y se evitaron varios incidentes gracias a la confianza entre los miembros de las fuerzas armadas nacionales y las FARC-EP en el terreno. El mecanismo de coordinación previsto en el protocolo funcionó, pero en forma limitada. La Misión y sus asociados en el Mecanismo están trabajando para mejorar la coordinación y el intercambio de información en el marco del Mecanismo.

22. A principios de diciembre, las Naciones Unidas, el Gobierno y las FARC -EP empezaron a enviar a observadores a sus 27 sedes locales. Cuando se redactó el presente informe había 10 sedes locales ocupadas, lo que ha permitido que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación monitoree un número cada vez mayor de puntos de preagrupamiento temporal y empiece a planificar el monitoreo de las zonas veredales y los puntos en que las FARC-EP concentrarán sus fuerzas y deberán completar la dejación de las armas. La confianza entre los miembros de las fuerzas armadas y las FARC-EP se confirmó durante el despliegue del Mecanismo en los planos regional y local. El nivel de integración y cooperación entre los observadores de los tres componentes del Mecanismo ha sido notable.

Monitoreo de la prestación de apoyo logístico

23. En el protocolo de cese al fuego se preveía que el Gobierno prestaría apoyo logístico consistente en alimentos, servicios de salud y comunicaciones a las unidades de las FARC-EP en los puntos de preagrupamiento temporal transcurridos 30 días de la entrada en vigor del protocolo. Debido a la falta de información de ambas partes sobre los arreglos logísticos, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación tuvo dificultades para monitorear el proceso. Las necesidades de comunicaciones se han atendido mediante el suministro de teléfonos celulares. Se tomaron medidas para proporcionar alimentos en 40 lugares. Sin embargo, hubo casos en que los productos perecederos se estropearon durante el transporte o debido a la falta de refrigeración. A principios de diciembre, las FARC-EP se negaron a recibir nuevos suministros hasta que el Gobierno cumpliera el compromiso contraído en virtud del protocolo de proporcionar alimentos obtenidos localmente. Las primeras licitaciones públicas a tal efecto se anunciaron en mediados de diciembre. En el momento de redactar el presente informe, ni los puntos de preagrupamiento temporal ni las sedes nacionales, regionales y locales del Mecanismo tenían servicios de salud para las FARC-EP, pero, entretanto, el Mecanismo ha adoptado medidas para proporcionar esos servicios caso por caso.

24. Con respecto al establecimiento de campamentos de las FARC -EP en las zonas y puntos, la decisión adoptada en agosto de 2016 de que los miembros de las FARC-EP construirían sus propios campamentos con material proporcionado por el Gobierno se reafirmó a principios de diciembre. La construcción de campamentos está a punto de comenzar en 17 de las 27 zonas y puntos.

Investigación de incidentes

25. Durante el período sobre el que se informa se respetó el cese definitivo al fuego y de las hostilidades declarado por las partes el 29 de agosto de 2016, a pesar de la frágil situación creada por la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo de paz. Desde la entrada en vigor del protocolo de cese al fuego, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación ha recibido 27 solicitudes de investigación de incidentes. El incidente más grave se produjo el 13 de noviembre, cuando se dio muerte a dos miembros de las FARC-EP y se capturó a un tercero en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. Tras investigar el incidente, el Mecanismo llegó a la conclusión de que se habían transgredido los compromisos contraídos en virtud del protocolo de cese al fuego. Además, se investigó un incidente ocurrido el 12 de noviembre en Tumaco, en el departamento de Nariño, en el que dos personas murieron y dos resultaron heridas. Las FARC-EP asumieron plena responsabilidad por esa transgresión de sus compromisos. A pesar de que esos incidentes fueron incidentes aislados contradicen profundamente el clamor popular para que se ponga fin a todas las muertes a causa del conflicto.

Enlace con la sociedad civil

26. De conformidad con su mandato, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación ha estado reuniéndose periódicamente con organizaciones de la sociedad civil que han manifestado su interés en apoyar sus actividades. Estas organizaciones han compartido información con el Mecanismo sobre la situación en las zonas y puntos en las que el Mecanismo va a enviar a personal y sobre las esperanzas, los temores y los recelos de la población local, han recalcado la necesidad de que de forma sostenida se realicen actividades de información y divulgación dirigidas al público en esas regiones sensibles y han hecho hincapié en su voluntad de ayudar.

Evaluación de las actividades realizadas hasta la fecha

27. El 7 de diciembre, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación emitió un comunicado en el que se evaluó las medidas adoptadas hasta el día "D+5", fecha en la que las FARC-EP iban a empezar a moverse hacia las zonas y puntos. Lo positivo es que el Mecanismo señaló que se habían determinado las zonas veredales y los puntos, que las partes habían cumplido su compromiso de compartir información con el Mecanismo sobre el despliegue de sus fuerzas, que las FARC-EP habían empezado a moverse hacia las zonas y puntos como parte del compromiso que asumieron en virtud del protocolo de cese al fuego y que el Mecanismo había enviado personal a las regiones, había impartido capacitación a su personal y había iniciado la verificación de los incidentes. Lo negativo es que el Mecanismo observó que el cumplimiento de los compromisos se había visto afectado por el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre. El Mecanismo hizo referencia a los siguientes retos fundamentales que había que atender con urgencia: establecer campamentos en las 27 zonas y puntos para que los miembros de las FARC-EP pudieran establecerse allí; atender a las necesidades de los integrantes preagrupados de las FARC-EP, en cumplimiento del protocolo de cese al fuego; y destinar personal del Mecanismo al resto de las oficinas regionales y a los 27 emplazamientos locales. Como ya se indicó anteriormente, el Mecanismo también señaló la necesidad de mejorar sus flujos de información a nivel interno para posibilitar el cumplimiento de sus tareas.

B. Actividades relativas a la dejación de las armas

28. De conformidad con la resolución 2261 (2016) y el acuerdo de paz, la Misión se encarga de monitorear y verificar la dejación de las armas por parte de las FARC-EP, incluida la verificación de la destrucción del material explosivo inestable.

29. Se han llevado a cabo preparativos para que la Misión pueda realizar estas tareas. En el momento en que se publique el presente informe, la Misión ya estará en condiciones de registrar las armas de los miembros de las FARC -EP cuando lleguen a las zonas veredales y puntos, así como de almacenar las armas que les entreguen los altos mandos de las FARC-EP que participen en el proceso político y los que participen como observadores en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

30. También están en marcha los preparativos para el almacenamiento de las armas en un emplazamiento específico de las Naciones Unidas dentro de los campamentos de las FARC-EP situados en las zonas veredales y puntos. La Misión ha estado trabajando con ambas partes para acordar un diseño definitivo de los emplazamientos de las Naciones Unidas destinados a la dejación de las armas, incluido el consiguiente alojamiento donde se ubicará a los observadores de las Naciones Unidas. El proceso de adquisiciones para la construcción de esos campamentos ya está en marcha y está sometido a un procedimiento acelerado para asegurar que los emplazamientos estén listos a tiempo.

31. Una de las principales tareas de la Misión en el proceso de dejación de las armas será la verificación de la destrucción del material peligroso de los depósitos de armas de las FARC-EP. Se trata de una tarea compleja por el elevado número de depósitos ocultos de armas que se estima que existe y por el riesgo inherente a la manipulación de armamento peligroso. La Misión necesitará disponer de conocimientos técnicos especializados y de la capacidad necesaria para acceder a lugares remotos de manera segura y oportuna.

32. Aunque la Misión ha estado llevando a cabo varios preparativos detallados en relación con la dejación de las armas, en el proyecto de presupuesto de la Misión para 2017 no se incluyeron ni el cálculo de los costos de esta actividad ni una solicitud para su financiación porque en el momento en que el proyecto se presentó todavía no habían entrado en vigor las disposiciones del acuerdo de paz relativas a la dejación de las armas. En mi carta de fecha 14 de diciembre (S/2016/1063) se informó al Consejo de Seguridad de que la Misión procedería a llevar a efecto la totalidad de las tareas previstas en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2261 (2016) y 2307 (2016), incluida la dejación de las armas. La Misión tratará de obtener recursos suplementarios para la conclusión de este cometido.

C. Enlace, coordinación y apoyo sustantivo

33. La Misión ha realizado actividades de divulgación dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y locales, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de explicar su mandato y la labor del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y recibir sugerencias acerca de sus percepciones y recomendaciones sobre las tareas de la Misión. Se hicieron visitas a numerosos emplazamientos, especialmente en la mayoría de los municipios que contaban con zonas y puntos para la dejación de las armas. Con miras a consolidar el apoyo para la verificación del cese al fuego y la dejación de las armas, la Misión ha mantenido diálogos con los sectores críticos al acuerdo firmado en septiembre.

34. Se ha hecho un esfuerzo especial por incitar a los grupos de mujeres a que aporten sus puntos de vista, opiniones y recomendaciones sobre las actividades de la Misión y por establecer la confianza necesaria para recibir información sobre posibles casos de violencia por razón de género.

35. En Colombia hay una sólida relación establecida con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y la Misión participa periódicamente en los principales órganos de coordinación del equipo de las Naciones Unidas en el país. Este último, que ha estado examinando el acuerdo de paz, está elaborando estrategias comunes para ampliar al máximo el apoyo para su implementación. En particular, está determinando las capacidades con las que puede contar colectivamente para la estabilización de las zonas de conflicto, en concreto las zonas y puntos en las que tendrá lugar la dejación de las armas y los municipios en que estas se encuentran. La atención de las necesidades socioeconómicas y humanitarias en esas zonas sensibles contribuirá a consolidar el cese al fuego, la dejación de las armas y la reintegración inicial de los combatientes de las FARC-EP.

IV. Establecimiento y estructuras de la Misión

36. El 15 de septiembre, el Gobierno y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo sobre el estatuto de la Misión.

37. La Misión ya está funcionando a nivel nacional y en las ocho regiones. En las sedes nacionales, regionales y locales, la Misión comparte ubicación con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. A nivel local, el personal de la Misión ha estado trabajando desde mediados de diciembre en diez lugares realizando actividades operacionales iniciales y se prevé que cuando se publique el presente informe la Misión tendrá personal destinado en 16 sedes locales. Está previsto que poco después se establezcan ocho nuevas sedes locales del Mecanismo. De las 27 zonas veredales y puntos en las que se prevé que existan sedes locales del Mecanismo, 3 siguen pendientes debido a que continúan las negociaciones sobre el alquiler del uso de los terrenos por parte del Mecanismo. En el momento de redactar el presente informe, no había ninguna fecha confirmada para la apertura de los emplazamientos pendientes.

A. Observadores

38. El despliegue de observadores asciende a un total de 280 observadores de los 450 necesarios para todas las actividades de monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de las armas. De los observadores actualmente desplegados, 43 (el 15%) son mujeres. Está previsto que el resto de los observadores lleguen por etapas y que el despliegue completo de los observadores concluya a más tardar en febrero de 2017.

B. Personal civil

39. La Misión ha adoptado un enfoque proactivo para la contratación del personal civil al determinar las necesidades y anunciar los puestos en espera de que sean aprobados por las autoridades presupuestarias de las Naciones Unidas. La adopción de este enfoque ha sido necesaria debido al brevísimo período de tiempo entre la entrada en vigor del acuerdo de paz y la solicitada activación de la Misión y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

40. Antes de la firma del acuerdo de paz, la Misión ya había determinado el personal y los voluntarios de las Naciones Unidas que necesitaría para posibles destinos en emplazamientos locales. Desde el momento de la firma, la Misión comenzó a destinar ese personal para que prestara servicio a nivel local. En la actualidad, la Misión tiene destinados 68 miembros del personal civil y 22 voluntarios.

C. Apoyo a la Misión

41. La Misión siguió basándose en la capacidad con la que cuenta las Naciones Unidas en Colombia para facilitar servicios administrativos, logísticos y financieros, principalmente a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tras exhaustivas conversaciones entre la Misión y el Gobierno, se están actualmente negociando cartas de asignación en la que se fijan el alcance y la descripción del apoyo logístico y administrativo que ha de proporcionar el Gobierno al Mecanismo de Monitoreo y Verificación y a la Misión. Una esfera de constante preocupación sigue siendo la cobertura médica de los observadores, cuyos servicios han de prestarse conforme a lo establecido en una de las cartas de asignación. Se está haciendo todo lo posible para concluir esta carta de asignación antes de que finalice 2016.

42. Como se autorizó en la resolución 2307 (2016), los gastos relacionados con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación han de compartirse por igual con el Gobierno. La Misión, en coordinación con las sedes y el Gobierno, está elaborando métodos para recopilar y reembolsar esos gastos. Próximamente se hará un rembolso correspondiente a una presentación inicial de gastos provista por el Gobierno.

43. De conformidad con estas disposiciones de participación en la financiación de los gastos, el Gobierno ha proporcionado hasta la fecha 63 de los 158 vehículos en total que necesitan el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y la Misión. Se prevé que el resto de los vehículos se vayan emplazando conforme se vayan abriendo las sedes locales del Mecanismo. De los 158 vehículos, 102 serán utilizados por el Mecanismo y 56 por la Misión. En cuanto a las operaciones de transporte aéreo, la Misión depende actualmente de los activos proporcionados por el Gobierno, pero está colaborando con las sedes para establecer una capacidad aérea específica. En lo que concierne a las comunicaciones móviles y fijas en regiones remotas, la Misión ha estado ampliando la red de radio existente del Departamento de Seguridad con más repetidores y equipo adicional para atender las necesidades del Mecanismo y la Misión. En cinco de las ocho regiones ya se ha mejorado la conectividad por radio y se está trabajando para conectar el resto de las regiones con telefonía de alta frecuencia, de frecuencia muy alta y por satélite.

D. Seguridad

44. El Gobierno, en concreto la policía nacional, sigue proporcionando seguridad permanente a la Misión y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. El sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas abarca el equipo en el país y la Misión en una estructura de seguridad integrada. Se han destinado oficiales de seguridad regional a cada oficina regional para asegurar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos del sistema de gestión de la seguridad. Estos oficiales asesoran a los jefes de oficinas regionales de la Misión y al Jefe de Observadores Regionales sobre cuestiones de seguridad. Se han designado puntos focales de seguridad de la Misión en cada una de las sedes locales. Los oficiales de seguridad han participado en los equipos tripartitos que hicieron visitas técnicas a las zonas y puntos en las que tendría lugar la dejación de las armas. Sobre la base de esas visitas, y dado que todas las medidas de gestión de los riesgos para la seguridad que se han propuesto se aplican de manera eficaz y oportuna, el riesgo residual y esperado será de grado medio. El Departamento de Seguridad ha determinado que las actividades de la Misión son viables desde el punto de vista de la seguridad siempre que se apliquen esas medidas.

E. Conducta y disciplina

45. La Misión se ha comprometido a prevenir incidentes de conducta indebida de su personal, en particular los incidentes de explotación y abusos sexuales. A ese fin, se llevó a cabo un análisis de los riesgos específicos para cada situación en las sedes y oficinas regionales de la Misión para determinar los factores internos y externos que podían influir en el comportamiento del personal de las Naciones Unidas. Se ha encomendado a un equipo de tareas para la lucha contra la explotación y los abusos sexuales, establecido durante el mes de noviembre, que determine y recomiende medidas de mitigación de los riesgos, incluido el establecimiento de una lista de lugares de acceso restringido en los que esté prohibida la presencia del personal de la Misión.

46. Como parte de sus actividades de prevención y divulgación, la Misión mantiene contactos periódicos con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y con la comunidad humanitaria y las asociaciones de mujeres a nivel nacional y local a fin de proporcionar información sobre la política de tolerancia cero de las Naciones Unidas y sobre las medidas preventivas adoptadas por la Misión. La Misión también ha solicitado apoyo para establecer un mecanismo eficaz de presentación de informes sobre posibles incidentes de explotación y abusos sexuales y facilitar asistencia a las víctimas.

V. Observaciones

47. En el período sobre el que se informa han ocurrido muchas cosas que ponen a prueba y, en última instancia, reafirman el proceso de paz en Colombia. Ha sido un período de prolongada incertidumbre política, agravada al menos por dos problemas: la persistente violencia en las zonas de conflicto y las dificultades inherentes al inicio de la implementación y el monitoreo del protocolo de cese al fuego. No obstante, la capacidad de las partes para mantener el cese al fuego confirma su determinación de llevar a cabo la transición de la guerra a la paz, respaldados por el aplastante apoyo popular para poner fin al conflicto. La exitosa separación de fuerzas prevista en el protocolo, lograda mediante la cooperación sobre el terreno entre los miembros de las fuerzas armadas nacionales y las FARC-EP, confirma la importancia de esa relación y la necesidad de que esta se consolide más aún.

48. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, de fecha 14 de diciembre, de que se permita aprobar mediante un procedimiento acelerado la agenda legislativa del acuerdo de paz, la implementación puede ahora comenzar en serio y contar con toda la atención de las partes y la de los actores nacionales e internacionales que están decididos a que el proceso de paz concluya de forma satisfactoria. Es fundamental que sea así. Acojo con agrado que las partes hayan establecido con rapidez comisiones de implementación de esencial importancia y que el Gobierno haya decidido redoblar sus esfuerzos en asuntos relacionados con la logística de los campamentos de las FARC-EP y el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Aliento a los agentes internacionales a que se unan en lo que debería ser un esfuerzo decidido y sostenido por parte de todos para obtener rápidamente dividendos tangibles de la paz en las zonas afectadas por el conflicto, incluido un mejoramiento de la seguridad. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias al Consejo de Seguridad por su compromiso de apoyar el proceso de paz y a los Estados Miembros por haber proporcionado los observadores que la Misión necesita para cumplir su mandato. También quisiera felicitar una vez más a los países garantes, Cuba y Noruega, así como a los países acompañantes, la República Bolivariana de Venezuela y Chile, por el papel fundamental que han desempeñado en el proceso de paz.

49. He tomado nota del hecho, anunciado recientemente por la dirección de las FARC-EP, de que varios comandantes de operaciones se negaron a aceptar el proceso de paz, pero que ello no refleja la posición del conjunto de los miembros de las FARC-EP. Sin embargo, eso nos recuerda que la transición del conflicto a la paz en Colombia se enfrenta a dificultades singulares, entre ellas una situación constante de inseguridad en las zonas rurales desatendidas por las instituciones del Estado, una economía ilícita en pleno auge y unas profundas fracturas sociales, económicas y políticas heredadas de una larga historia de conflicto. Un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer su control utilizando la violencia.

50. Es importante tener en cuenta que las disposiciones del acuerdo de paz van más allá de las disposiciones relativas al cese al fuego y la dejación de las armas y comprenden medidas como la reforma rural, la lucha contra las drogas ilícitas y la ampliación de garantías para lograr una participación política inclusiva. Por consiguiente, apoyo la estrategia de las partes de avanzar simultáneamente en todas estas esferas. La transición tendrá éxito si no se hace por partes.

51. Es importante que el proceso de implementación cobre impulso. El procedimiento legislativo acelerado lo hace posible, y el inminente comienzo de la campaña para las elecciones nacionales de 2018 lo hace necesario. Las iniciativas conjuntas que trascienden las divisiones políticas existentes sobre el acuerdo de paz también son necesarias para consolidar la paz. El cese de las hostilidades y la dejación de las armas son temas de consenso nacional, al igual que muchas otras medidas que emanan de ellas, incluida la reintegración de los miembros de las FARC-EP en condiciones de seguridad y el objetivo más amplio de la estabilización de las zonas de conflicto. Aliento a que se hagan esfuerzos por establecer la unidad más amplia posible en torno a la implementación del acuerdo de paz, en particular en las zonas rurales donde la polarización, combinada con el uso generalizado de la violencia, pueda tener efectos mortales.

52. Aunque sigo confiando en el total compromiso de las partes por alcanzar la paz, he observado algunas dificultades iniciales en la implementación del protocolo de cese al fuego, entre ellas plazos incumplidos, fallas logísticas y grados insuficientes de cumplimiento. Dado que el proceso de implementación empieza en serio, es fundamental que estos problemas se resuelvan y que el proceso de implementación se impregne de un espíritu de cumplimiento detallado e inflexible de las obligaciones contraídas en La Habana, lo que también es importante para la credibilidad y el apoyo del proceso de paz a nivel nacional e internacional. En estrecha cooperación con ambas partes, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia seguirá haciendo todo lo posible por asegurar el cumplimiento de esas elevadas normas.

53. Deseo expresar mi agradecimiento a mi Representante Especial, Jean Arnault, y a los observadores internacionales y el personal civil que presta servicio bajo su dirección por su constante dedicación en apoyo del proceso de paz en Colombia.

Notas:

*. Publicado nuevamente por razones técnicas el 10 de enero de 2017. [Volver]

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1º informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia