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Capítulo VIII
Acompañamiento psicológico del proceso jurídicoComo hemos dicho, durante la investigación de Verdad y Justicia que se inició en 1988, hemos podido constatar el daño profundo derivado del trauma y de la impunidad, así como el abandono y marginalidad en que se encontraban las familias que fueron afectadas por los crímenes. Estas no sólo padecían en todos los ámbitos del quehacer humano las consecuencias de 17 años de dictadura, sino que paulatinamente iban manifestando una profunda impotencia frente a las innumerables trabas gubernamentales, jurídicas y sociales para lograr el pleno esclarecimiento de la Verdad y la obtención de Justicia. Más aún, la verdad parcial dada por la publicación de un listado de víctimas con referencias incompletas y la derivación de algunos casos a los tribunales de justicia hecha por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del gobierno postdictatorial, desencadenó fuertes reacciones emocionales las más de las veces contradictorias.
Decidimos entonces, como imperativo moral y como parte de la tarea de reparación, no sólo para la familia sino también para nosotros, acompañar en el proceso jurídico que se iniciaba.
Dada la constatación del daño y la posibilidad de una reactivación o profundización de él, consideramos que el trabajo jurídico debía asociarse ineludiblemente a un apoyo psicoterapéutico, social y educativo.
Queríamos además profundizar en el conocimiento de los mecanismos desestabilizadores que la impunidad produce, a fin de denunciar desde una perspectiva médica, psicológica y social, en forma más certera, el profundo trauma humano que el propio comportamiento de negar, ocultar y no otorgar justicia, estaba produciendo.
El objetivo central que nos planteamos, como especialistas de Salud Mental en el campo de las violaciones de derechos humanos, fue realizar un acompañamiento psicológico de carácter sistémico a las familias que iniciaban un proceso jurídico, sin dejar de tomar en cuenta su propia realidad. Eran previsible además, nuevas descompensaciones psicológicas, pues en el curso de nuestro quehacer habíamos comprobado que sucesos exteriores relacionados con el trauma actuaban como detonadores de nuevas crisis globales.
En el presente capítulo mostraremos cómo se realizó este trabajo conjunto y analizaremos, desde una perspectiva psicoterapéutica y social, el significado de un acompañamiento que intenta en alguna medida reparar el daño.
Junto con subrayar la importancia de esta actividad de acompañamiento a las familias, consignaremos los logros y dificultades observados durante el desarrollo de nuestra experiencia. Finalmente, entregaremos algunas reflexiones sobre las consecuencias de los crímenes y de la impunidad en las familias.
VIII. 1. Antecedentes de la región y de las familias.
Este trabajo se llevó a cabo en la Séptima Región, que como ya señaláramos, es eminentemente agrícola. Desde la colonización española la propiedad se constituyó como latifundios hasta la década de los sesenta. En esos años, la posesión de la tierra fue cuestionada por la Reforma Agraria del gobierno demócrata cristiano, profundizada por el gobierno de la Unidad Popular y abruptamente interrumpida y revertida por el golpe militar del año 1973.
El modelo económico neoliberal reemplazó también la actividad productiva de la región, pasando de un modelo de horticultura abierto al mercado interno a uno agro-exportador, lo que ha llevado a que esta Región sea la segunda más pobre del país a pesar de ser una de las de más alto crecimiento económico y de mayor aporte al Producto Geográfico Bruto.
Las familias con las que trabajamos forman parte del campesinado pobre de manera que al hecho represivo y sus consecuencias, se suma la situación histórica de aislamiento, dispersión geográfica, marginalidad y extrema pobreza en la gran mayoría de los casos.
Llegamos a establecer un universo de 109 familias afectadas. Muchas no fueron posibles de localizar y otras no aceptaron iniciar procesos ante tribunales. La razón de ello no sólo es la desesperanza, la falta de confianza, producto de experiencias anteriores frustrantes, sino sobretodo el temor a sufrir represalias, pues la mayoría de los inculpados continúa manteniendo altas cuotas de poder, viven en las mismas localidades y están amparados por la impunidad. En algunos casos, la persistencia del miedo acumulado a lo largo de años de guerra psicológica y persecución, nos llevó a no insistir en iniciar procesos jurídicos, respetando su decisión y situación emocional.
Con las familias que no aceptaron realizar el proceso jurídico continuamos de todos modos una relación de apoyo solidario, de lazos afectivos y de convocatoria a otras actividades en derechos humanos, fortaleciendo con ellos el vínculo creado; apoyamos, dentro de nuestras capacidades, en la creación de redes con otras instituciones y organismos que les ayudaran en un proceso de resocialización, y les permitiera satisfacer algunas de sus necesidades.
Finalmente, acompañamos el proceso jurídico de 55 familias, con las cuales continuamos hasta ahora.
VIII. 2. Nuestro acercamiento a las familias.
Con el afán de realizar un trabajo riguroso que nos permitiera tener una visión evolutiva, sobre las fichas anteriores de Verdad y Justicia introdujimos una guía en la cual consignamos datos relevantes y que llamamos "protocolo de impunidad". En él registramos el máximo de antecedentes sobre la historia de las familias, antes, durante y después del golpe de Estado y hasta el momento en que las encontramos por primera vez. Los antecedentes abarcaban aspectos sociales, económicos, culturales, laborales, político-ideológicos, así como también las características relaciónales, los antecedentes médico-psiquiátricos, y los parámetros ético-valóricos que habían tenido en el transcurso de su vida.
Nos acercamos a las familias visitando sus casas, presentándonos, en caso que no las hubiéramos conocido previamente, como trabajadores de un organismo de derechos humanos conocedores a grandes rasgos del hecho represivo que los había afectado y, luego de crear un vínculo de mayor confianza, ofreciéndoles nuestra cooperación en su búsqueda de verdad y justicia.
La decisión respecto de qué persona del equipo era la más indicada para realizar el primer contacto fue muy importante; de este primer encuentro dependería fuertemente la relación posterior. Aquí no importa tanto su profesión, sino su capacidad para vincularse afectivamente de forma sencilla y fácil y dar sensación de seguridad y confianza. Si existe un conocimiento previo de la familia, la persona que estableció aquel vínculo debe acompañar a la que iniciará este nuevo acercamiento.
El encuentro inicial se realizó en sus casas, en el" living" o en la cocina; las familias campesinas del sur de Chile comparten en la cocina la mayor parte del día: lugar cálido, en que no se interrumpe el trabajo de la dueña de casa, se conversa y se da la vida familiar en forma más natural. Esta forma de acercamiento nos facilitó enormemente el contacto afectivo con ellas. Además de poder conocerlos en su lugar habitual, percibimos su realidad socioeconómica, observamos la dinámica intra familiar en la vida cotidiana y en los aspectos específicos relacionados con su experiencia represiva.
En la mayoría de los casos participaron en la entrevista inicial casi todos los miembros de la familia que allí se encontraban; intentamos involucrarlos a todos, y en general ellos encontraron un espacio en el cual escuchar al otro y hablar sobre un tema que muchas veces habían evitado compartir.
Desde la primera visita pudimos constatar la importancia que tenía el reconocimiento de su realidad y la prontitud con que establecían con nosotros lazos afectivos. Evidentemente, ello nos obligaba a hacer más riguroso el trabajo, ya sea cumpliendo con las visitas anunciadas y realizarlas en forma periódica, cuidarnos de ofrecer soluciones o crear inciertas esperanzas ante las naturales expectativas que surgían.
Relataremos a grandes rasgos cómo realizamos el trabajo con las familias, en una intervención de carácter multidisciplinario, que cada uno de los miembros del colectivo abordó desde su esfera específica.
En el área jurídica, como ya señalamos en el capítulo anterior, realizamos la preparación individual y familiar para que los familiares se constituyesen en sujetos activos en el esclarecimiento de la verdad y en la obtención de justicia; los preparamos jurídica y psicológicamente para asistir a tribunales a presentar querellas y ratificarlas, y enfrentar careos con los responsables identificados. Este acompañamiento se realizó en todas las actividades ligadas a los procesos jurídicos en curso o por iniciar. Simultáneamente reactivamos nuevas relaciones invitándolos a compartir jornadas de derechos humanos con otras familias, para abordar temas jurídicos vinculados a ellos mismos o a otros casos de procesos
jurídicos que ocurrían en el país.Desde el punto de vista psicoterapéutico, nuestra intervención intentó contener al desborde emocional que se produjo al enfrentar la verdad jurídica, la que desencadenó toda la sintomatología de un duelo crónico encapsulado. En algunos casos, hubo que realizar terapias individuales o familiares cuando se manifestaban trastornos que así lo requerían. En otras ocasiones, se efectuaron sesiones grupales donde se realizaron dinámicas facilitadoras de contacto intra e interfamiliar, con temáticas relacionadas con hechos puntuales que estaban ocurriendo.
Un aspecto central en el acompañamiento y apoyo a las familias fue el trabajo en el área social; orientar hacia la reinserción en los espacios naturales de la sociedad, a fin de romper con la marginalidad y estigmatización. Al comprobar las enormes carencias económicas, los apoyamos en la conformación de grupos locales de autogestión productiva, y permanentemente se les orientó para resolver problemas de vivienda, salud, educación, previsión social, acompañándolos inicialmente en algunos trámites y capacitándolos para que posteriormente pudieran realizarlos de manera autónoma.
Simultáneamente se desarrolló un trabajo en el área de Educación en Derechos Humanos. A grandes rasgos, a través de él se intentó que los familiares lograran una comprensión más amplia y totalizadora de lo sucedido en Chile, del daño provocado por la dictadura, del por qué sus familiares fueron muertos o hechos desaparecer, a fin de que comprendieran el contexto global del país, desde una perspectiva de derechos humanos, de la cual ellos formaban parte.
VIII. 3. Estructura familiar previa y posterior al hecho represivo.
A través de estas intervenciones y del trabajo realizado durante más de tres años, hemos constatado que las familias han variado fuertemente su estructura a raíz de la pérdida de uno de sus miembros. La reestructuración ha tendido a darle gran rigidez, lo que las ha obstaculizado para enfrentar el proceso de desarrollo y crecimiento de cada uno de sus miembros y para asumir los cambios producto de los diferentes ciclos vitales naturales.
Señalaremos, la reestructuración que a consecuencia del crimen se ha producido en ellas durante estos años.
Esta reestructuración ha girado en torno al rol que ocupaba el familiar detenido desaparecido o ejecutado político en la dinámica familiar. Generalmente, fue el padre, proveedor económico de la familia, el que fue asesinado o hecho desaparecer. En estos casos, la cónyuge tuvo que trabajar fuera para mantener el hogar. Al mismo tiempo, se hizo cargo de la búsqueda de su marido, y posteriormente de la verdad, no pudiendo así asumir su rol de madre contenedora y normadora.
Esto obligó a los hijos a negar de forma inconsciente sus necesidades afectivas; muchas veces recién ahora pudieron reconocer la carencia de afecto y conducción paterna, evaluando retrospectivamente con nostalgia esta ausencia. A la vez, se generaron mecanismos defensivos y protectores, asumiendo tareas parentales en el caso de los mayores, así como de apoyo y contención de la madre. A esto se suma el temor de perderla, el aislamiento social, la confusión, y la necesidad de guardar silencio no sólo por temor, sino por la incomprensión, intolerancia y la falta de credibilidad del entorno social.
En los casos en que la madre también era militante, generalmente ésta continuó además en las labores políticas, reprimiendo sus necesidades afectivas y espirituales. En el caso en que pudo construir una nueva pareja, ésta fue permanentemente comparada con el cónyuge idealizado, siendo así la nueva pareja descalificada como compañero y difícilmente aceptado como padre de sus hijos.
En tanto, los hijos tuvieron que asumir como propia la lucha de la madre, acompañándola, o aceptando que las actividades de ella eran más urgentes que sus propias necesidades.
Cuando además la madre fue hecha prisionera, los hijos vivieron en diferentes casas, dispersos y carentes de afecto materno, con sentimientos de vergüenza, culpa y confusión.
En los casos en que el desaparecido o ejecutado era muy joven y vivía con sus padres, sus hermanos/as quedaron más solos, al ser la preocupación central de los padres encontrar a su hijo, o llorar y penar su muerte. Además fueron idealizados por padres y hermanos, encontrándose estos últimos confrontados a la necesidad permanente de superarlos, imitarlos, y luchar cotidianamente contra su fantasma, lo que les impidió o dificultó gravemente su propia individuación y desarrollo.
En la mayoría de los casos se trataba de núcleos familiares jóvenes, con hijos pequeños o adolescentes, y a menudo con los abuelos integrados en el hogar. Como familias campesinas, la estructura jerárquica era estricta y los límites entre los subsistemas conyugal-parental y filial eran precisos y claros.
Luego del hecho represivo se tendió a conformar nuevas estructuras, en general aglutinadas, con roles invertidos, límites confusos y poca flexibilidad para incorporar los cambios necesarios derivados del crecimiento de sus miembros. Aumenta, de este modo, la posibilidad de crisis globales precipitadas por las etapas naturales del ciclo evolutivo individual.
En otros casos, inversamente, fue imposible para la familia darse una nueva estructura eficaz, desarrollándose un alto grado de dispersión y aislamiento.
Las reestructuraciones familiares, en general, tuvieron en su inicio funcionalidad y fueron eficaces para enfrentar la situación traumática. Pero su rigidización paulatina dificultó y dificulta aún severamente la prosecución del proceso de desarrollo individual y familiar. Por ejemplo, el caso de una familia que vivía en una casa del fundo en que trabajaba el padre; éste fue denunciado por sus patrones, asesinado, y la mujer tuvo que abandonar el lugar, quedando con cuatro hijas menores. Al carecer de vivienda, hubo de repartirlas en diferentes hogares, mientras
intentaba resolver el problema del sustento mínimo, habiendo sido siempre dueña de casa. Esta situación de dispersión de los menores, con el sentimiento de estar "allegada" en lugares en los que no siempre se comprendía la situación o en que había gran temor a contactarse con familiares víctimas de la represión, determinó diversos rasgos negativos: gran inseguridad, fuerte represión de sus necesidades afectivas y dificultades para entablar relaciones estables. Es así como tres de las hijas actualmente son madres solteras, viviendo dos de ellas juntas, a cargo de todos sus hijos y de un hermano deficiente mental.VIII. 4. Ciclo vital individual y patologías crónicas.
Aquellos niños que perdieron a su padre o hermano, y que eran parte de una familia con conciencia o participación política, en general asumieron precozmente un compromiso similar, dado más bien por mandato e imperativo familiar, por necesidad de emular al familiar y así ser reconocido y amado, aún antes de haber alcanzado un nivel de individuación que les permitiera una opción libre.
Por otra parte, los hijos pequeños que se criaron junto a una madre sin compromiso o participación política, que quedó sin su pareja y sostén luego del asesinato o desaparición de su marido y, por lo general, con culpa indeterminada frente al hecho, construyeron su vida en torno a las necesidades de la madre/ con mutua dependencia, limitando su autonomía y desarrollo personal. Trastornos hipocondríacos y psicosomáticos, alcoholismo y otras adicciones, síndromes depresivos, son trastornos frecuentes en estos hijos. Tales síntomas actúan como obstáculo "voluntario", impidiendo la individuación e independencia que, de haber logrado, vivenciarían con culpa por la soledad y abandono en que queda su madre.
El caso de una familia compuesta por la abuela materna, la madre y el padre y dos hijos pequeños ilustra esta situación. Frente a la ejecución del padre, estos hijos han quedado fuertemente ligados a la madre, sometidos a sus necesidades, sin posibilidad de proyectar su vida en forma autónoma. El hijo mayor presenta alcoholismo grave y el segundo una intensa hipocondría. A ambos les es difícil reconocer que la ausencia del padre los ha afectado en forma determinante.
VIII. 5. El proceso de duelo.
Este proceso se ha dado en forma patológica e inconclusa no sólo en los casos de desaparición forzada, en que los familiares no pudieron siquiera tener la certeza de la muerte y la recuperación del cuerpo, sino también en los casos de ejecución política, en que la visión del cuerpo, de las huellas de la tortura, de la forma de muerte, perduran en la fantasía en forma siniestra y terrorífica, ante lo inconcebible de un acto tan inhumano y macabro.
La alteración del duelo es producto de la manipulación brutal y la tergiversación perversa de los hechos, del ocultamiento de la verdad, de la presión y amedrentamiento permanentes, en forma directa e indirecta y, muy especialmente, de la no identificación oficial ni sanción de los responsables.
Por otra parte, el duelo se cronifica al no ser posible finalizarlo y, una y otra vez, reaparece el dolor como actual, ante cada acontecimiento relacionado con estos hechos represivos, tales como hallazgos de cementerios clandestinos, exhumación de restos mortales, testimonios de
ex-torturadores, silenciamiento de la verdad, minimización de los hechos ocurridos y, sobre todo, por la impotencia frente a la impunidad.
Todo ello determina que la familia siga girando en torno al ser querido, aún cuando en general no puedan conversar sobre él, ni encuentren palabras para expresar sus sentimientos.
VIII. 6. Participación en la búsqueda de Verdad y Justicia.
La búsqueda durante los primeros años se realizó solitariamente debido al aislamiento geográfico y social, a la estigmatización en el vecindario, al acoso represivo ante la presencia prepotente de los responsables que viven en la misma localidad y, más tarde, soportando las humillaciones y tramitaciones de parte de las instituciones estatales, policiales y militares.
Todo ello generó desolación, cansancio, frustración, impotencia, miedo, depresión, que finalmente llevaron a la desesperanza y a la interrupción de la búsqueda, arrastrando una fuerte carga de culpas y vergüenzas.
En escasas ocasiones existió el reconocimiento y acompañamiento del entorno más cercano. Esta expresión de solidaridad en el contexto de terror y guerra psicoideológica del régimen militar tuvo efectos fortalecedores de la confianza en el ser humano que la mayoría de los familiares había perdido, lo que impidió de alguna manera la desestructuración familiar.
VIII. 7. Consecuencias sobre las familias.(1)
El trabajo realizado nos permite referirnos a las consecuencias que los Crímenes de Lesa Humanidad y la impunidad tienen sobre las familias.
La muerte o la amenaza de muerte y, más grave aún, el desaparecimiento sin dejar huellas y señales del destino final de la persona es un acontecimiento que trastorna a una familia.
Una unidad familiar se encuentra en equilibrio funcional cuando cada uno de sus miembros funciona con un grado de eficacia razonable. Frente a la pérdida (pérdida física, funcional y emocional) de alguno de sus miembros, la intensidad de la reacción emocional depende, como vimos, de la importancia funcional de la persona que muere, el rol que ocupaba en la estructura familiar (proveedor, contenedor, normativo, afectivo, etc.); del ciclo vital de la familia, del proceso de duelo que logran vivir, de su participación en la búsqueda de verdad y justicia y del reconocimiento de su verdad por su entorno inmediato y por la sociedad.
La represión política y los crímenes cometidos son fenómenos que atacaron y dañaron a grupos de personas más o menos organizados en lo político, sindical y social. Pero en última instancia, el daño es sobre personas concretas que forman parte de una familia.
Los hechos represivos que afectaron a las familias rompieron en forma brusca y dramática un equilibrio, funcional o no, pero logrado en el transcurso de años, una dinámica particular entre sus miembros, una forma especial de relación afectiva y comunicacional. La estructura jerárquica se alteró dándose una reordenamiento que tuvo como eje la adaptación a la pérdida de un familiar y el enfrentamiento del hecho represivo.
Esta readaptación, al ser funcional a las circunstancias, cumplió, como mecanismo de defensa, con la tarea de protección, de sobrevida y de evitación del quiebre individual y familiar frente a la parálisis y el terror.
Las familias han logrado estructuras de nuevo tipo con diferentes grados de estabilidad, independiente de las relaciones más o menos patológicas en su funcionamiento.
El tiempo que la familia necesita para establecer un nuevo equilibrio emocional depende de su integración emocional anterior y de la intensidad del trastorno traumático. Una familia bien integrada puede tener una reacción significativa en el momento, pero luego adaptarse. Una menos integrada puede manifestar una reacción menos evidente en el momento, pero con el tiempo puede presentar síntomas de enfermedad física o emocional o desarrollar conductas sociales atípicas de todos o de algunos de sus miembros.
Enfrentadas a la no comprensión del por qué, cómo y quién del crimen ocurrido, hubo dos tipos generales de respuesta por parte de las familias:
• El aislamiento y retraimiento individual y familiar que condujo en último término a la "privatización" del daño: la muerte se experimenta como perteneciente sólo al ámbito privado de ella, cual si fuera una muerte accidental o natural, no pudiendo contextualizarla con la realidad, el proceso histórico y el devenir social y político. Por un lado, se generan culpas por no haberlo cuidado suficientemente, no haberse relacionado con él o ella más profundamente o de mejor forma, no haber estado más con él, etc. Por otro lado, al no poder verter la rabia, la impotencia, el terror, la pena que produjo el hecho, y no compartirlos y validarlos con otros, estos sentimientos se vuelven hacia la persona como autoagresividad y depresión; y a nivel familiar, se manifiestan como tensiones internas indefinidas que producen roces, choques y conflictos, generando serias disfunciones: crisis, rupturas y desintegración familiar.
• Una segunda forma de respuesta más organizada es la de agruparse en organizaciones de derechos humanos y/o familiares, lo que les ha permitido otorgar un sentido al dolor, canalizar la rabia en una dirección más adecuada y reivindicar a las víctimas. Esta forma de respuesta ha generado también conflictos crónicos al interior de las familias por los diversos roles asumidos entre sus miembros, produciéndose así una limitación en el repertorio de sus conductas.
Sea cual fuere el tipo de respuestas que han logrado implementar los familiares, el hecho que no haya sido posible, salvo casos excepcionales, conocer la verdad completa de lo ocurrido y que hoy sea más lejana aún la esperanza de juicio a los responsables de los crímenes, los ha dejado víctimas impotentes de la impunidad y, por tanto, con graves obstáculos para superar el daño y proyectarse en el futuro como grupo familiar autónomo.
Frente al crimen y a la impunidad constatamos a lo menos seis dinámicas en los familiares: de negación y aislamiento; de identificación con la muerte; de culpa; de desplazamiento de lo social a lo privado; dinámicas de confusión y, por último, dinámicas de formaciones patológicas reactivas. Estas seis dinámicas se superponen y son difíciles de observar por separado, pero son comprensibles al ver que los diferentes miembros asumen una o más de estas formas de reacción frente a la pérdida provocada por el Crimen de Lesa Humanidad.
De este modo, los trastornos que hemos observado en las familias, como consecuencia de los crímenes y de la impunidad se traducen, en sus relaciones externas, en:
• Aislamiento social, como grupo y también de algunos de sus miembros.
• Marginalidad.
• Desconfianza en el entorno, con graves dificultades para crear nuevos vínculos sociales.
• No participación en la vida social y política.
• Falta de proyección en el futuro.
En lo intra familiar, las consecuencias aparecen como:
• Inseguridad ante lo cotidiano y ante el futuro.
• Dificultades intrafamiliares en el establecimiento de buenas relaciones de comunicación.
• Rigidización de las relaciones intrafamiliares (familias aglutinadas) o casi absoluta falta o quiebre en las relaciones (familias dispersas).
• Rigidización de los límites hacia afuera, extrafamilia, con dificultad para permitir el ingreso de otros (amigos, parejas, conocidos, familia política, etc.).
• Rigidización de sus jerarquías.
• Sentimientos de minusvalía de varios de sus miembros.
• Temor permanente que a alguno de sus miembros le suceda "algo" indefinido; aprensión y sobreprotección.
• Dificultades para superar los cambios producto de los diferentes ciclos vitales, vistos como amenaza contra la integridad familiar.
• Contención, represión o negación de sentimientos considerados "negativos" (dolor, tristeza, rabia, etc.) o no aceptables desde lo valorice.
• Proyección en los nuevos miembros de inestabilidad vital, desesperanza, desconfianza y temor.
La posibilidad de luchar contra la impunidad ha irrumpido en la estructura adquirida por la familia como una resignificación del hecho traumático; en muchos casos, ha vuelto a poner el hecho criminal y el duelo en el centro de la dinámica familiar. Los recientes equilibrios se rompen y nuevos ciclos de importantes trastornos se inician y se reinician frente a conductas contradictorias, paradójicas y negadoras del Estado y la institucionalidad, frente a la impunidad.
VIII. 8. Comentarios.
Como era de esperar, la intervención jurídica inevitablemente provocó sentimientos ambivalentes y una desestabilización psicológica individual y familiar. En efecto, la intervención jurídica:
a) Obligó a revivenciar lo traumático, haciendo emerger sentimientos fuertemente reprimidos, reactivando múltiples e inacabables interpretaciones terroríficas de los hechos y reabriendo su duelo.
b) Conflictuó los mecanismos intrafamiliares desarrollados y puso en juego alianzas y vínculos, ante la evidencia de desacuerdos sobre hacerse parte o no de este proceso de esclarecimiento de la verdad y obtención de la justicia.
c) Reactivó los mecanismos del miedo acumulado.
d) Expuso a nuevas frustraciones, ante una esperanza con escasas posibilidades de hacerse realidad.
Sin embargo, pese a lo doloroso que pudo ser este proceso de verdad jurídica, los familiares pudieron acercarse aún más al conocimiento de los hechos y aunque los responsables no fueron juzgados e incluso fueron amnistiados, tuvieron la oportunidad de conocerlos e incluso muchas personas pudieron carearse con ellos.
De este modo, el acompañamiento terapéutico y social durante la intervención jurídica a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos realizado por un equipo multidisciplinario, a pesar de las graves e insuperables limitaciones ya señaladas, permitió alcanzar algunos logros, tanto a nivel individual, familiar como social.
A. A nivel del individuo.
a) al revivir el trauma y sus consecuencias dentro de un marco de acercamiento a la verdad, el individuo puede:
• Apoderarse de los legítimos sentimientos de rabia, dolor, odio e impotencia, validarlos y desprenderse de las culpas y de la vergüenza.
• Deshacerse de la fantasmagoría macabra al conocer cómo fueron los hechos.
• Reconocer sus dificultades y conflictos como producto de la exterioridad violenta y no como patología propia.
• Desbloquear su afectividad y abrirse a nuevas formas de relación humana.
• Permitirse disfrutar la vida sin sentimientos de culpa frente al recuerdo del ser querido.
b) Por otra parte, la persona al devenir sujeto activo en la obtención de justicia:
• Ejerció sus derechos como ser social.
• Puso en alguna medida término a la desesperanza, sea cual sea el resultado jurídico definitivo.
• Reconoció el miedo y enfrentó con fuerza moral al responsable.
• Eliminó su propia culpa.
• Recobró, de algún modo, la confianza en sí mismo y en los demás.
B. A nivel de la familia:
Al liberarse de aquellos modos de relación que surgieron como forma defensiva y protectora ante el trauma vital, la familia logró un cambio que, integrando el dolor y las carencias, permitió en cierto modo la individuación y el desarrollo integral de sus miembros.
Por otra parte, al evidenciar la verdad y el reconocimiento a si misma, la familia puede establecer nuevos tipos de relaciones sociales solidarias que no sólo se refieran a su trauma, sino que queda en condiciones de abordar nuevos contenidos en la convivencia social.
C. A nivel social:
Este trabajo con familiares víctimas de los crímenes y de la impunidad, sumado a las experiencias anteriores, nos ha permitido certificar que no solamente ellos han sido severamente afectados, sino que toda la comunidad de la región y, de una u otra forma, toda la sociedad chilena.
Por último, queremos entregar algunas reflexiones sobre la enorme importancia que tuvo para las familias la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tanto en sus repercusiones positivas y negativas.
Por una parte:
• Se redignificó al familiar muerto, al ser reconocido como víctima de la violencia institucionalizada y sistemática del régimen militar. Para la familia esto significó muchas veces contextualizar el asesinato, darle un sentido a la muerte de su ser querido, y además ser creído por el vecindario y el entorno social próximo, que muchas veces y durante mucho tiempo cuestionaron su verdad.
• Se reconoció, a nivel nacional, la verdad sostenida por los familiares, rechazada antes por la mayor parte de la ciudadanía y por los medios de comunicación.
• Se preserva en la memoria colectiva las violaciones de los Derechos Humanos en Chile, al construirse un memorial con los nombres de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos por la dictadura, como testimonio perenne para las generaciones actuales y futuras.
• Se otorgó una reparación material, que si bien fue modesta, ayudó a paliar en parte la precaria situación económica familiar.
• Se creó una institución de salud estatal, Programa de Asistencia Integral en Salud (PRAIS), que otorga atención gratuita a los familiares.
• Se liberó del servicio militar obligatorio a los familiares de víctimas de la violación del derecho a la vida.
• Se otorgaron becas de estudio a los hijos de las víctimas.
Pero, por otra parte:
• Hubo familiares que no lograron "convicción" en este proceso, lo que los ha dejado al margen y aislados frente a la sociedad, con grave daño a su salud mental, además de no poder contar con alguno de los recursos económicos que recibieron las otras familias.
• La verdad fue cercenada, al circunscribirse el Informe sólo a una verdad administrativa: el hecho de ser víctima del Terrorismo de Estado. Pero no se describen los hechos ni se identifica a sus autores, a pesar de contarse con tal información. Además sólo figuran aquellos casos en que el resultado de la violación del derecho humano fue muerte; dentro de estas familias, otros miembros sufrieron tortura, exilio, cárcel u otras medidas represivas, al igual que una gran cantidad de chilenos, situaciones para las que no ha habido verdad administrativa, medidas reparatorias o reconocimiento del daño.
• La aplicación de justicia no ha sido considerada como parte de la reparación; se mantiene la Ley de Amnistía, se aplicó la prescripción a pesar de tratarse de un Crimen de Lesa Humanidad, y el Estado no se hizo parte en la querella por el secuestro y homicidio calificado; tampoco se puso al alcance de los familiares recursos profesionales que les posibiliten presentar denuncias o querellas.
Todo ello desencadenó en los familiares complejas reacciones de dolor, impotencia y rabia, pero también sentimientos de culpa y vergüenza, por sentirse ellos mismos sellando la impunidad, al aceptar, dada la situación socio-económica insostenible que presentan, las reparaciones materiales mínimas otorgadas por el Estado. Sentimientos todos que anulan la satisfacción alcanzada por el reconocimiento de que su familiar fue víctima de una política de exterminio aplicada por la dictadura.
Nota:1. Rojas P. "Crímenes de Lesa Humanidad e Impunidad. La mirada médica-psiquiátrica". "Personas, Estado, Poder". Volumen II. CODEPU-DIT-T, 1996.
