y culturales desde el Golpe Militar
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1.1. Antecedentes históricos de la Región del Maule (VII Región).
En el Tomo I de "Labradores de la Esperanza" (1) presentamos una detallada caracterización histórica de la economía y de la evolución de la estructura social agraria de la VII Región desde la colonización española hasta el golpe militar de septiembre de 1973.
Para una mejor comprensión de este capítulo, centrado en las transformaciones socioeconómicas y las consecuencias del modelo neoliberal, resumiremos algunas ideas centrales desarrolladas en el referido primer tomo.
Decíamos allí que desde la conquista española hasta fines del siglo XIX se había constituido una aristocracia criolla tremendamente soberbia, clasista y déspota, que a través del autoritarismo y la represión había sometido al campesinado a la miseria e ignorancia.
Solamente a comienzos de este siglo comenzaba lo que podríamos llamar la toma de conciencia del campesinado, derivada en gran parte de las acciones reivindicativas y sindicales de la clase obrera nortina ligada a la explotación salitrera.
A su vez, la Iglesia Católica, inspirada en la enseñanza del magisterio social, comenzaba a apoyar el trabajo campesino. La fundación del Instituto de Educación Rural tuvo mucha influencia en los nuevos líderes campesinos cristianos, quienes asumirían más tarde tareas de formación en el movimiento sindical campesino.
En la década de los 60 la situación de la agricultura era crítica: la tasa de crecimiento del sector, el nivel de inversión y las fuentes de empleo eran bajísimas, deteriorándose progresivamente las condiciones sociales para el tercio de los chilenos que vivían en el campo, lo que provocaba la emigración hacia la ciudad de decenas de miles de trabajadores.
Esta situación económica, unida a la presión de la Iglesia y la lucha de sectores campesinos por sus demandas, así como la presión de Estados Unidos para implementar la Alianza para el Progreso, llevaron a dictar en 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri R., la primera Ley de Reforma Agraria.
Sin embargo, esta ley se cumplió mínimamente. Se la denominó peyorativamente "ley del macetero", porque no modificó en lo sustancial la estructura de la propiedad agraria: la expropiación no alcanzó a los grandes latifundios sino solamente a algunos predios abandonados, explotados ineficientemente o a los no trabajados directamente por sus dueños.
Fue sólo años más tarde, en 1967, durante el gobierno de Eduardo Frei M., que una segunda Ley de Reforma Agraria se aplicaría en su real carácter expropiatorio, al disponer de un nuevo marco legal que consideraba el exceso de superficie, fijaba nuevos procedimientos para la toma de posesión de los predios expropiados y facilitaba la asignación de la tierra a cooperativas campesinas. Este proceso de reforma agraria se verá fortalecido por la promulgación ese mismo año de la ley sobre sindicalización campesina que terminó con todas las trabas legales existentes y permitió el surgimiento de importantes organizaciones.
En 1970, cuando asumió el gobierno de la Unidad Popular, existía ya en marcha un fuerte proceso social en el área rural, el cual se redobló con el triunfo de Salvador Allende G. expandiéndose la formación de sindicatos y masificándose las expropiaciones de fundos.
Con el golpe militar, por el contrario, todo el proceso de expropiaciones derivado de la reforma agraria se paralizó, así como se reprimió y eliminó la actividad sindical en el campo.
Mediante diversos decretos leyes se prohibió asignar tierras a aquellos dirigentes o campesinos que habían participado en la toma de fundos; se abolió la negociación colectiva; se establecieron tribunales especiales para decidir sobre el término de contrato y nuevas causales de despido; se modificó la Ley de Reforma Agraria, facilitando la venta directa o remate de las tierras adquiridas por la Corporación de Reforma Agraria (CORA); se ilegalizaron las organizaciones sindicales y, por último, se disolvió la CORA, situación que llevó a los pocos campesinos que habían podido conservar su tierra a venderla por falta de créditos y apoyo técnico.
I.2. Transformaciones socioeconómicas estructurales neoliberales.
En las décadas que siguieron a la segunda guerra mundial se estableció en el país un sistema económico que restringió la libertad de capitales y de utilidades, favoreciendo una redistribución nacional que hizo de Chile uno de los países latinoamericanos con menor desigualdad relativa. Este proceso también se extendió en zonas con amplia presencia agrícola, como lo es la VII Región, debido a la aplicación de la Reforma Agraria, a una legislación laboral protectora de los derechos de los trabajadores y a una capacidad negociadora real de los sindicatos campesinos.
Con la irrupción del régimen militar la situación se revierte: el gasto social se reduce y las medidas económicas favorecen a los sectores de altos ingresos en desmedro de los estratos bajos y medios. De esta forma, la creciente desigualdad distributiva va produciendo un deterioro progresivo de la condición de vida de la mayoría de los chilenos. Paralelamente, el gasto en Defensa, tanto en recursos armados como en beneficios para su personal, aumenta notablemente (2).
El cambio de la estructura económica fue un proceso global que determinó, a su vez, grandes cambios sociales y culturales (3). Esta transformación apuntaba a privilegiar el mecanismo de libre mercado, la apertura externa sin restricciones y un crecimiento económico acelerado con un mínimo gasto social.
La apertura a la inversión extranjera se materializó inmediatamente con el D.L. 600 de 1974, otorgándose a los inversionistas extranjeros toda clase de facilidades para ingresar sus capitales en Chile, con retomo de las utilidades en cualquier momento. Se aplicaron medidas que favorecían los lineamientos e intereses del empresariado nacional, de los grupos transnacionales y de organismos financieros internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La política impulsada desde el Estado permitió a los sectores empresariales lograr amplios beneficios y les facilitó enormemente su participación en la expansión exportadora, relacionada fundamentalmente con la explotación de los recursos naturales, el uso y abuso del medio ambiente y una mano de obra de bajo costo.
El Estado inicia así un paulatino abandono de su tradicional rol regulador y redistribuidor en el plano de la economía, así como benefactor en temas laborales, de salud pública, previsión, educación y en relación a los recursos naturales del país.
Las transformaciones estructurales de la economía chilena provocaron altos niveles de desempleo (1971-1973 = 3,9%; 1974-1979 = 16,6% y 1980-1989 = 20,2%) (4), lo que junto a la desregulación laboral se tradujo en la disminución progresiva de las remuneraciones reales y en el deterioro de la calidad de vida. Empieza así un crecimiento agudo del sector informal, surgiendo todo tipo de economías invisibles de supervivencia. El índice de pobreza, que a principios de los años 70 llegaba a 20%, se eleva a un 44,4% a fines de los 80, con un total de población pobre de 5.493.000 personas (5).
El nuevo escenario político del país, con el inicio de la transición democrática en 1989, no revierte sin embargo, en lo esencial, el rumbo y la lógica de funcionamiento del modelo económico neoliberal ni de los procesos culturales que se internalizaron durante los casi 17 años de régimen militar.
I. 3. Cambios e impacto en la VII Región.
Con el golpe militar, los avances logrados en términos sociales y económicos desde 1964 a 1973 fueron interrumpidos violentamente.
El régimen de propiedad de la tierra volvió a la situación previa a la implementación de la Reforma Agraria, restituyéndose grandes extensiones de superficie a sus antiguos dueños. Abortado el plan de desarrollo rural de la Reforma Agraria, se detuvo la expropiación de la tierra y la inversión en infraestructura productiva; se abandonaron los programas de crédito, de asistencia técnica y capacitación, desvinculándose el Estado de los programas de apoyo al sector.
La legislación fue modificada sustancialmente y la mayor parte de las leyes de protección social fueron derogadas. En esta situación, la mayoría de los campesinos propietarios de terrenos reformados, ante la falta de asistencia y las insuperables dificultades de gestión en el contexto de un modelo económico ultra liberal, se vieron obligados a vender sus tierras (6).
El traspaso masivo de tierras hacia inversionistas nacionales e internacionales y a los antiguos propietarios, permitió la concentración de las mejores tierras de aptitud agrícola en la explotación frutícola, transformándose en el llamado "núcleo dinámico exportador" de la nueva economía agraria.
Esta etapa corresponde a una verdadera "contrarreforma del mundo agrícola", en la cual destacan los siguientes impactos en la vida rural:
- Alta concentración de la propiedad de la tierra en la mediana y gran empresa agroindustrial.
- Alto nivel monopolice de las empresas, la mayoría trasnacionales, que controlan la comercialización de insumos y la producción.
- Uso de tecnologías poco fiscalizadas, con altos grados de elementos contaminantes.
- Fuerte endeudamiento del sector agrícola tradicional debido a la deficiente gestión, alta dependencia y baja productividad.
- Cambio de la tenencia de las aguas de regadío, las que se transforman en un bien transable de dominio privado.
- Empobrecimiento generalizado de los sectores campesinos.
- Disminución de los puestos de trabajo permanentes con aumento desmedido del trabajo temporero.
- Pérdida de derechos laborales respecto a contratación, causa de despido, previsión, salud, capacitación, feriados y vacaciones.
- Fuerte disminución de viviendas de trabajadores en el interior del predio agrícola y su desplazamiento hacia pueblos cercanos, con nacimiento de villorrios rurales.
De esta manera, las condiciones de vida de amplios sectores devienen extremadamente precarias, generándose fuertes niveles de sobreexplotación y una paulatina pérdida de su historia organizacional.
Se debilitan los lazos de compañerismo y solidaridad, pues muchas comunidades terminan por dispersarse debido a las continuas migraciones tras los trabajos de temporada y a la alta competencia por acceder a esquivos empleos estables con ingresos que apenas cubren las necesidades mínimas de las familias.
La desaparición de los mecanismos de representación sindical junto a la aparición de un fuerte individualismo, estimulado por el miedo y el desconcierto, la dispersión geográfica y el atraso que se mantenía en estos sectores, genera un prolongado período de fragmentación y desarticulación de la sociedad civil, que de un modo u otro era silenciada por la fuerza o por una necesidad natural de sobrevivencia.
La Comisión Nacional Campesina (CNC), graficando la consolidación de un sistema laboral violatorio de las mínimas normas y derechos del trabajador y el grave menoscabo del derecho a la sindicalización, informa que en 1965 por cada dos trabajadores permanentes existía un temporero, mientras que en 1989, por un trabajador permanente había dos temporeros, sometidos estos últimos a una condición de fuerte explotación.
Por otra parte, en esta fase de expansión económica las mujeres se integran a las actividades de exportación casi siempre bajo condiciones laborales aún más subordinadas que la mano de obra masculina. Ellas tienden a ocupar puestos que se caracterizan por el aprovechamiento sin compensación de sus capacidades y destrezas femeninas junto a la ausencia de normas legales que impidan la desprotección de sus mínimos derechos de trabajo, seguridad y bienestar personal y familiar. (7)
Junto con la fruticultura y la agroindustria, otro sector de alta inversión en esta zona central del país es el forestal, importante recurso económico desde la VII Región hacia el sur.
La política forestal entre 1965 y 1973 se caracterizó por una gran influencia del Estado, que se concretó mediante acciones de reforestación, administración de parques nacionales, desarrollo de la industria forestal, capacitación, investigación, y control y resguardo de los recursos naturales.
Con las políticas económicas de privatización aplicadas por el régimen militar se destruyó el bosque nativo como consecuencia de la exportación de astillas, la implementación de empresas de celulosa y una masiva reforestación con pino insigne. La aplicación del modelo en esta área también repercutió en la estructura de propiedad y tenencia de la tierra, concentrándose en muy pocas manos y permitiendo la explotación de trabajadores forestales temporeros a muy bajo costo.
Si bien las cifras de la expansión del sector agrícola, especialmente el frutícola y forestal, reflejan importantes rentabilidades y excedentes económicos, su distribución no ha sido equitativa; al contrario, se han profundizado las desigualdades y exclusiones de importantes grupos de población.
Según antecedentes macroeconómicos, la VII Región, entre 1960 y 1992, tiene una tasa de crecimiento que la sitúa entre las tres mejores regiones del país, sólo superada por la II y XI Regiones. Entre 1983 y 1992, la Región del Maule fue la que registró el mayor Producto Interno Bruto Regional del país (8).
Sin embargo, la VII Región, luego del término del régimen militar, ha mantenido los niveles generales en cuanto a la pobreza social, a pesar de las campañas de los dos primeros gobiernos de la transición para la "superación de la pobreza e indigencia nacional": en efecto, mientras a nivel nacional ha disminuido este flagelo, a nivel regional la situación es inversa (Cuadro 1).
Cuadro 1. Distribución de la población según niveles de pobreza Regional Nacional • Población total 836.141 13.384.401 • Población pobre 343.359 (40,5%) 4.369.681 (32,7%) • Indigencia 114.436 (13,5%) 1.199.947 (09,0%) Otra característica destacable a nivel regional se constata en el área laboral: el 50,1% de la fuerza ocupacional está en la agricultura, la que incluye un importante porcentaje de mano de obra temporera. Tan sólo en el sector frutícola, el 75% corresponde a trabajadores temporeros y
pequeños parceleros, conformando un núcleo social de aguda pobreza. Según encuestas socioeconómicas (1994), la VII Región es aquella con el promedio de salarios más bajo del país, siendo los pequeños campesinos quienes obtienen los menores ingresos a escala nacional.
Otro hecho que demuestra la pobreza e indigencia en la Región es el alto porcentaje de subempleo o trabajo informal, existiendo un 55% de trabajadores sin contrato, los que si bien no aparecen como desempleados para los registros y estadísticas, no están afiliados a ninguna institución previsional ni de salud.
Finalmente, una realidad que ha sido difícil de revertir durante los últimos años ha sido la situación de desprotección que mantienen los trabajadores, puesto que junto a la masiva y sistemática destrucción de las organizaciones sindicales y a la criminal persecución de sus dirigentes durante la dictadura, se suma la vigencia de un sistema laboral injusto que no beneficia a los trabajadores, sistema incompatible con la libertad y con el respeto de los Derechos Humanos. (9)
I. 4. Consecuencias culturales de los cambios socioeconómicos en el campesinado de la VII Región.
En general, las investigaciones sociológicas, historiográficas y socioeconómicas centran su análisis en los procesos y cambios a nivel grupal, sectorial y regional, considerando escasamente las transformaciones que se producen en la interioridad de las personas pertenecientes a esos grupos, sectores sociales o áreas regionales.
A continuación, intentaremos una breve caracterización de lo que hemos percibido al compartir, durante más de siete años, con las familias campesinas de la VII Región. Describiremos, fundamentalmente, sus sentimientos, actitudes y conductas relacionadas con la pérdida de la tierra y con las nuevas condiciones de trabajo agrícola, así como sus formas de relacionarse con el otro y sus vínculos interpersonales.
• Pérdida de la tierra.
Para el campesino, la tierra es parte de su ser. A través de sus manos ella se transforma y le permite sentir que su vida se proyecta una y otra vez, de acuerdo con los ciclos de la naturaleza.
Durante decenios los campesinos lucharon por la tierra, movilizados no por un afán de poder y lucro, sino por una necesidad vital estrechamente ligada a su esencia campesina, a ese sentimiento reproductor de sí mismo.
El duelo por la pérdida de la tierra no sólo se expresa por el dolor y la nostalgia de no poder seguir transformando a la tierra desde su vínculo íntimo con la naturaleza, sino también porque se ha perdido el derecho a reconquistarla, vivenciando la impotencia pese a la voluntad de lucha, así como la culpa por serle desleal, dejándola en manos ajenas y usureras.
Más aún, ante el terror provocado por la represión masiva e indiscriminada de la dictadura necesaria para imponer su modelo económico, se anulan los deseos y esperanzas por recuperar el vínculo con la tierra, surgiendo la frustración, el sometimiento y la resignación.
• Indefensión total.
La ausencia de un rol regulador por parte del Estado, las restricciones a la sindicalización campesina, las dificultades para negociar colectivamente, el riesgo constante de la cesantía y la imposibilidad de enfrentarse a la injusticia social inherente al modelo neoliberal, traen consigo el temor, la inseguridad, la incertidumbre, el aislamiento y encapsulamiento, la frustración e impotencia, rompiendo con la solidaridad y capacidad de acoger al otro que caracterizó siempre al campesinado chileno.
No es extraño entonces que las estadísticas nacionales e internacionales revelen una alta incidencia de estados depresivos y angustiosos, que no son sino el reflejo de los duelos e incertidumbres que provocan las condiciones de vida y trabajo impuestas por este modelo.
La depresión sumerge hacia adentro, desvincula al doliente del otro, lo aísla, bloquea las posibilidades de apoyarse y pedir ayuda. Asimismo, en el contexto de un sistema que carece de mecanismos facilitadores del contacto y solidaridad, van desapareciendo los lazos afectivos y la unidad del tejido social, es decir, se anula o debilita el sustento real del sentimiento de pertenencia a una sociedad, del sentimiento de igualdad en la diversidad.
Así, la desesperanza ante una realidad impuesta, inmodificable y que se vislumbra como permanente, al prolongar la frustración y el sometimiento, lleva a la resignación, a la introversión, al aislamiento y la desconfianza, con la consiguiente desvinculación entre unos y otros.
Finalmente, consideramos que queda mucho por investigar sobre las consecuencias culturales del modelo neoliberal, especialmente en relación a las repercusiones, aún por constatar, que alcanzarán sin duda a las generaciones venideras.
Notas:
1. Ver Capítulos I, II y III. CODEPU, Santiago. Diciembre 1992.
2. Deterioro de los indicadores sociales. Comunas rurales en Chile. Pobreza y necesidad de desarrollo", J.C. Campos, Instituto Promoción Agraria, 1991.
3. El desafío neoliberal; sobre el período original de la transformación capitalista chilena, Fontaine Talavera, Editorial Norma, Bogotá, 1992.
4. Instituto de Promoción Agraria, 1991.
5. CEPAL 1987: "Una magnitud de la pobreza en Chile'. MIDEPLAN. en base a encuestas CASEN 1987 y 1990.
6. Gómez Echeñique: "La agricultura chilena: las dos caras de ta modernización". FLACSO, Santiago. 1988.
7. Según investigaciones del Instituto de Ecología Política (I.E.P.) sobre la denominada "deuda ecológica", el uso indiscriminado de tóxicos en los pesticidas deja a la mujer temporera como la primera víctima de este círculo del veneno (desmayos, enfermedades de la piel, infertilidad, hijos con malformaciones, abortos, etc.).
8. SERPLAC VII Región y Banco Central.
9. A mediados de 1995, el Congreso Nacional, con el voto de los parlamentarios de derecha y de los senadores designados, se negó a modificar las actuales leyes laborales.
