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20sep17
Escándalo en Francia tras admitir una multinacional que pagaba 20.000 euros al mes al EI
El grupo francés de cementos Lafarge, ahora fusionado con Holcim, reconoce que pagó unos 20.000 euros mensuales al yihadista Estado Islámico (EI), así como diversas cantidades a otras organizaciones armadas, como extorsión para poder mantener su actividad en la planta de Jalabiya, en Siria, en plena guerra.
Según revelan este miércoles el periódico Le Monde y el semanario Le Canard Enchaîné, así se desprende de las declaraciones de algunos directivos de la empresa, en particular de la filial Lafarge Cement Syria (LCS), a la justicia francesa, que abrió una investigación en octubre del pasado año.
Los investigadores de Aduanas no sólo han llegado a la conclusión de que la compañía financió "indirectamente" a grupos terroristas mediante la elaboración de documentos contables falsificados, sino también de que probablemente ello fue encubierto por algunos superiores, en particular el que era presidente del grupo, Bruno Lafont, como han reconocido tres directivos.
De los interrogatorios se deriva, según Le Monde y Le Canard Enchaîne, que la decisión de mantener la actividad en Jalabiya entre 2011 y 2014, pese a los riesgos que suponía en pleno conflicto, recibió el visto bueno de las autoridades francesas con las que Lafarge mantuvo encuentros regulares sobre esta cuestión.
Pero también se desprende que los responsables de esa planta -en servicio desde finales de 2010, gracias a una inversión de 860 millones de dólares- omitieron a los diplomáticos que eso se hacía mediante el pago de cientos de miles de dólares a diferentes grupos armados, algunos catalogados de terroristas (en particular el EI), para que permitieran su funcionamiento.
La situación fue degenerando conforme avanzaba la guerra y, según el relato del que fue su director hasta junio de 2014, Bruno Pescheux, en verano de 2012 fueron sacados del país los trabajadores extranjeros, un centenar de una plantilla de más de 300 personas. Además, se pidió a algunos empleados que dejaran de acudir por razones de seguridad, debido a sus creencias.
El responsable de LCS afirmó que la idea era "preservar la integridad de la planta haciéndola funcionar, aunque fuera de forma discontinua", para mantener la presencia de la empresa, con la perspectiva de las necesidades de reconstrucción del país.
Sin embargo, a partir de septiembre-octubre de ese año, ante la exigencia de comisiones por parte de grupos armados presentes en la región, se puso en marcha un dispositivo encargado a un antiguo accionista de la factoría, Firas Tlass, hijo de un exministro de Defensa del presidente sirio, Bachar el Asad, que se había pasado a la oposición. Firas Tlass recibía de 80.000 a 100.000 dólares al mes para negociar con grupos que establecían controles armados y ponían en peligro la actividad en Jalabiya.
En octubre de 2012, nueve empleados que habían dejado de trabajar poco antes fueron secuestrados cuando acudieron a cobrar a la planta y Lafarge pagó para su liberación a milicias locales el equivalente de 200.000 euros en libras sirias.
En junio de 2013, el EI se hizo con la ciudad de Al Raqa, a 87 kilómetros, y al cabo de unos meses la organización terrorista pasó a formar parte de los que extorsionaban a la empresa.
El director de la factoría reconoció que el nombre del EI apareció en algunos documentos. Al ser preguntado por los investigadores sobre si tenía una idea de cuanto se le pagaba, Pescheux contestó que "alrededor de 20.000 euros al mes".
[Fuente: República de las ideas, Efe, Madrid, 20sep17]
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