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17jun19


Francia prioriza la renuncia a la violencia antes que el abandono del ideario extremista


No es fácil transformar una mente educada en el odio y programada para matar. Un primer paso puede ser tolerar las ideas extremistas pero, al mismo tiempo, aplicar una terapia intensa contra la actitud violenta. Esta estrategia con los presos islamistas se antoja casi la cuadratura del círculo y, sin embargo, es lo que intenta Francia , el país europeo más golpeado por el terrorismo yihadista en los últimos años, con su amplio y ambicioso programa para frenar la radicalización en sus cárceles, un fenómeno persistente.

En el Ministerio de Justicia francés no les gusta para nada hablar de "desradicalización". "Nunca lo hemos planteado así", advierte de inmediato el interlocutor ante la mera mención del concepto. En Francia se prefiere el término de " désengagement (abandono) de la violencia". "Desradicalizar supondría que se quitan ideas de la cabeza de una persona -indicó la fuente-. Y no es eso. De lo que se trata, primero, es de cuestionar su compromiso con la violencia".

Esa prioridad en alejar al menos el automatismo de la violencia del modo de razonar de los presos deriva de un hecho inevitable: una parte de ellos serán puestos en libertad próximamente porque habrán cumplido ya sus condenas. En la actualidad hay en las cárceles francesas unos 500 reclusos que están entre rejas por delitos de naturaleza terrorista islamista. No todos han cometido atentados o los han planeado, pero sí se ha acreditado complicidad directa o indirecta con esta clase de delitos. De estos 500, una treintena serán liberados en lo queda de año. La mitad son excombatientes en Siria, Irak u otras zonas de conflicto. Unos 120 de estos antiguos yihadistas en países extranjeros seguirán en la cárcel.

El otro gran contingente bajo vigilancia son los 1.100 presos por delitos comunes que se han radicalizado durante su estancia en prisión. Está previsto que unos 300 de ellos recuperen la libertad antes del concluir el 2019.

El criterio fundamental de la estrategia francesa es la evaluación individual de cada preso, el diagnóstico caso por caso, para determinar el grado de radicalización y el peligro de que el sujeto pase a la acción. Esta evaluación determinará el trato y la ubicación del recluso.

Para evaluar al preso se suele emplear unos cuatro meses. Es un proceso complejo y pluridisciplinar. Participan los guardias de la prisión, educadores, psicólogos, especialistas en fe religiosa y en geopolítica. Eso permite trazar un perfil preciso y definir los factores de riesgo. Los individuos más peligrosos, aquellos que pueden suponer una amenaza incluso dentro de la cárcel, son sometidos a un régimen de aislamiento riguroso. Con otros las medidas son más suaves, con varios grados de separación respecto al resto de reclusos . Se quiere evitar al máximo el proselitismo.

Los programas posteriores que se realizan con los presos extremistas pueden durar entre tres y cinco meses. Se llevan a cabo al menos dos sesiones colectivas cada semana y también encuentros individuales con psicólogos y educadores. En paralelo, se hace también un seguimiento con aquellos que han salido de prisión.

Una parte importante del esfuerzo para combatir el extremismo islámico es la formación del personal penitenciario. La enseñanza de lo que es el salafismo y la ideología yihadista se ha integrado en los cursos de la escuela donde se preparan los futuros guardias de prisiones. También hay equipos que ponen al día a los funcionarios ya en activo.

Más allá de cómo se afronta el radicalismo en las prisiones, a nivel político es explosivo el tema de la repatriación de yihadistas franceses. Fue un argumento recurrente, durante la pasada campaña de las elecciones europeas, por parte de Los Republicanos (derecha) y el Reagrupamiento Nacional (ex Frente Nacional, extrema derecha). Ambos partidos se oponen a dejar regresar a suelo francés a estas personas, por el peligro que entrañan. En las últimas semanas, por el contrario, la discusión ha derivado hacia el dilema que plantea para Francia que algunos de sus nacionales -más de una decena- sean condenados a muerte en Irak. Se da ahora la paradoja de que París invierte muchos recursos en recuperar a personas que cayeron en el extremismo violento mientras -según ha sido la política oficial hasta hoy- deja que franceses sean juzgados en países en los que no sólo no hay condiciones para rehabilitarlos sino que se arriesgan a la pena capital.

[Fuente: Por Eusebio Val, La Vanguardia, Barcelona, 17jun19]

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