JAVIER ZUÑIGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO AMERICA DE AMNESTY
"Henry Kissinger debería cuidarse"Por Sergio Sorin
Paris, FRANCIA - 11 de diciembre de 1998
Mientras el crudo invierno comienza a cubrir todos los rincones de Europa, tanto defensores como detractores de los Derechos Humanos intentan que el frío no les penetre el alma. Algunos, como los defensores y víctimas, sonríen a pecho descubierto ante la tempestad que sufrió la impunidad jurídica en que ha vivido la mayor parte del planeta. Y no es para menos. Tras décadas de una lucha desigual, hoy están ante un hecho histórico, como lo es el enjuiciamiento del ex dictador Augusto Pinochet.
Pero por otro lado, quienes se abrigaron bajo un poder de facto, aparentan estar desnudos ante una maraña jurídica internacional que sus mismos regímenes no parecieron preveer; tal vez por desconocimiento, tal vez por soberbia. Un año atrás, ningún defensor de derechos humanos podía preveer que la acción combinada de unas pocas personas conectadas a Internet podría llevar a prisión a un símbolo del atropello a la vida, más allá de toda ideología.
Mientras en París se celebra una cumbre mundial de defensores de derechos humanos, Javier Zuñiga -director del departamento América de Amnesty Internacional- aceptó conversar con El Sitio sobre el proceso judicial que enfrenta Augusto Pinochet en Londres.
"La posición del Mercosur es criticable porque quieren anteponer la soberanía de sus países ante los crímenes contra la humanidad", dijo. "Eso significa que desconocen también la jurisprudencia internacional que existe desde el juicio de Nüremberg. Creo que tendrían que poner el reloj de sus jurisdicciones nacionales a la hora".
Pinochet desconoció la jurisdicción de la justicias europeas para enjuiciarlo . ¿Qué posición tiene Amnesty al respecto?
No hay que sorprenderse, porque Pinochet también desconoció la propia justicia chilena desde que tomó el poder en 1973. Eso no tiene ninguna repercusión sobre el proceso de extradición.
No queda muy en claro cuál es la estrategia de la defensa de Pinochet, ya que la justicia inglesa se atiene a los tratados de extradición de la Unión Europea.
El gobierno británico nos entregó una copia con sus consideraciones en relación con la decisión del ministro Straw, en la cual dice que hay crímenes que son comunes en ambos países y que se incluyen perfectamente en el tratado de extradición. También dice que consideran que la demanda de España es justificada, e instruye a sus magistrados a examinar esa demanda. Entonces hay que entender que las declaraciones de Pinochet son políticas, y no judiciales, por lo que no tienen ningún valor en estos acontecimientos.
¿Se podría decir, entonces, que las influencias políticas no pesan en este proceso?
Straw decidió entregarlo a la justicia y por consiguiente esto se va a solucionar en un tribunal. Antes, Straw tenía la posibilidad de regresarlo a Chile, pero no lo hizo. Además, esta decisión fue tomada en base a consejos legales. Nosotros mismos le habíamos escrito en varias ocasiones haciendo valer que él no tenía ninguna posibilidad más que cumplir con los tratados de extradición y con las leyes internacionales adoptadas por Gran Bretaña, y que la Cámara de los Lores a refrendado.
¿Qué análisis realiza Amnesty del documento de apoyo a la posición chilena, firmado por todos los miembros del Mercosur?
Si algunos jefes de Estados Latinoamericanos piensan que la soberanía viene antes que el proceso de crímenes contra la humanidad en cualquier país, eso significan que desconocen también la jurisprudencia internacional que existe desde el juicio de Nüremberg. Creo que tendrían que poner el reloj de sus jurisdicciones nacionales a la hora.
¿Pero en cierta medida, los estados latinoamericanos no corren un riesgo de que se atente contra su derecho interno?
Hay que ver que la decisión judicial de la Cámara de los Lores sólo afecta a lo que sucede en Inglaterra. Se puede tomar como un ejemplo para otras jurisdicciones, pero no tiene un valor que pueda ser utilizado en forma mecánica en otros países. Hay que decir que la actitud del gobierno argentino es interesada, puesto que ellos mismos son objetos de acciones legales en España y por lo tanto no quieren aceptar esa jurisdicción internacional. La actitud del Mercosur va en contraste con la opinión pública en todos los países del mundo. Incluso en Chile los sondeos de opinión pública han mostrado muy claramente que los chilenos quieren que Pinochet sea juzgado. Todos queremos que sea juzgado en Chile, pero todo el mundo sabe que no existen las condiciones legales y políticas, para que esto sea una realidad.
Sin embargo, en Chile se han abierto varias causas desde la detención de Pinochet.
Las que se abrieron en este último tiempo ha sido porque se logró descubrir varias fosas comunes. Hay que decir que el resto de las causas abiertas no son antiguas porque se han presentado en el transcurso de este año. Y por cierto existen escollos legales muy importantes como la ley de amnistía de 1978, como las legislaciones de la justicia militar. Y si no hubiera todo eso, existe el veto absoluto de las Fuerzas Armadas que negoció Pinochet en el retorno de la democracia. Desgraciadamente hay una suerte de acuerdo tácito de parte de algunos partidos políticos para que así sea.
¿Existe la posibilidad de que se llegue a un vació legal, en el caso de que los países del Mercosur insistan en no reconocer la competencia de las justicias europeas?
No. Esto es una posición política y no tiene ningún impacto en lo que pueda suceder en Inglaterra o España. Además, no creo que haya ningún vacío jurídico porque los textos de los tratados son absolutamente claros. Yo quisiera que los primeros seis artículos de la Convención contra la Tortura, firmada por casi todos los países de Latinoamérica, fuera puesta en los periódicos. Esta convención dice claramente que, en caso de no existir tratados de extradición entre estos países -cuando se trata de tortura- esta convención sirve como tratado de extradición. Lo que pasa es que políticamente los países nunca han querido utilizar sus legislaciones nacionales para enjuiciar a otras personas sobre la base de la universalidad de la jurisdicción. Y este caso de Pinochet, aún cuando todavía no esta en funcionamiento el Tribunal Penal Internacional, significa el reconocimiento que después de todo teníamos los instrumentos jurídicos para impartir justicia en este tipo de casos. Y esto es un gran avance.
¿Es entendible la posición de los países del Mercosur cuando reclaman que este tipo de casos deben pasar a un Tribunal Penal Internacional ?
La Corte Penal Internacional es un gran avance. Sin embargo si uno ve de cerca el estatuto actual de que todavía esta sometido a toda una serie de condiciones. Falta algún tiempo para ver que este tribunal sea una realidad. Desgraciadamente hay muchos obstáculos. No puede entenderse que se utilice esta cuestión como pretexto cuando todavía los países que estan hablando de ello no han ratificado el estatuto. Entonces lo que estan haciendo es sólo ganar tiempo y espacio para asegurar la impunidad al señor Pinochet. Además, esta el caso particular de Argentina, donde se han sancionado leyes como la Obediencia Debida y el Punto Final; o el de Uruguay, en el cual se ha realizado un plebicito. En todos los casos estas avanzadas han sido desconocidas de una manera clara y tajante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los ha declarado sin ningún valor. Estos países no tienen un valor moral ante el mundo para reclamar este punto, ya que han hecho pocos esfuerzos para luchar contra la impunidad.
¿Como analiza Amnesty la presencia de Henry Kissinger en la Argentina?
Kissinger ha sido mencionado en varias ocaciones como un claro candidato a ser sometido a un juicio internacional. No hay que sacar conclusiones apresuradas. Pero en virtud de que existe un proceso contra Pinochet, indudablemente Kissinger debería cuidarse.
* Sergio Sorin es periodista especializado en derechos humanos y Director de Prensa de Derechos Human Rights Argentina. Además, es miembro de Amnesty International Argentina y parte del staff de noticias de El Sitio.
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