EL HABEAS DATA EN ARGENTINA Invación a la Privacidad Por Sergio Sorin BUENOS AIRES, 21 de mar. 2000 (artículo publicado en El Sitio Argentina) ¿Por qué no admitir que la paranoia es además de un síntoma de una persona emocional o mentalmente desequilibrada, un reflejo patente de esta sociedad moderna?. La Argentina incorporó en 1994 el uso del Hábeas Data para que los ciudadanos ejerzan su derecho a rectificar la información que tanto el Estado como entidades privadas posean sobre uno. Pero la ley ha caído en letra muerta debido al fuerte lobby del poder financiero en el Congreso. Mientras tanto, las empresas de riesgo crediticio y los servicios de inteligencia estatales y privados siguen devorando en sus bancos de datos información sobre los argentinos. Aunque la Constitución no lo permite libremente, no tienen que rendirle cuentas a nadie. El poder voyeur Desde que nació la informática y el procesamiento de datos, comenzó la preocupación sobre su uso y control. La posibilidad de registrar un sinfín de datos personales, permite reconstruir hasta los detalles más recónditos de cualquier vida. Entonces, no es ridículo pensar que con una computadora no muy diferente a la que tenés frente a vos se pueda espiar la vida de -para citar sólo un ejemplo- toda la clase media argentina. Quizás por estar acostumbrada a los atropellos, la sociedad argentina sigue mostrando un preocupante desinterés político por el tema. Una herramienta fundamental para defenderse de las intromisiones del Estado y los curiosos profesionales es el Hábeas Data, pero las presiones por razones políticas y económicas lograron frenarlo en el Parlamento año tras año. Pero hay veces que el poder también tiembla y se siente desprotegido. El mismo Carlos Menem se sorprendió cuando sus asesores admitieron la posibilidad de que una base de datos consigne que el ex presidente sea en realidad un ex presidiario y que la legislación no prevé ningún mecanismo para rectificar una información falsa. Sin embargo, a pesar del retraso escandaloso, la Constitución consagra el derecho a la privacidad y la preservación de los datos. Será un problema a resolver el derecho a negarse a aportar datos sin que ello implique ningún tipo de sospechas u obligaciones sobre el individuo. Las preferencias sexuales, fe religiosa, ideología política, afiliación partidaria, actividad gremial o profesional viven bajo una amenaza constante. Y nada parece decir que en los próximos años los argentinos se libren del peso de ser observados, ni mucho menos de saber al menos, quien es el que detenta la lupa. ¿Se acuerdan de la privacidad? "En Argentina no hay ninguna legislación que impida, por ejemplo, que cualquiera me ponga un sistema de micrófonos unidireccionales y que por ejemplo estén grabando esta conversación. No hay ley que reprima esa conducta, sin importar que el que haga espionaje sea un particular o un agente del Estado". La afirmación es de Mario Ganora, un abogado experto en derechos humanos que trabajó codo a codo con el Fiscal Julio Cesar Strassera en el Juicio a las Juntas. En una prueba de resistencia sobre el poder arbitrario del Estado, Ganora llevó adelante su propio caso que finalmente sentó la jurisprudencia que hoy la Argentina posee sobre el Hábeas Data. Contrariando a la dilapidación de la norma -que aún hoy el Congreso se niega a reglamentar- Ganora interpuso en 1998 ¿? ante la Justicia un recurso de hábeas data con el fin de conocer lo que decían los archivos de la inteligencia estatal sobre él. Aunque en sucesivos fallos los tribunales rechazaron el pedido por considerar que se "afectaba a la seguridad nacional", finalmente la Corte admitió conceder este derecho reconocido en la Constitución. Los magistrados entendieron que no podía negarse el derecho de que el Estado garantice la libertad y el honor de los ciudadanos. En Argentina, las fuerzas de seguridad públicas luchan por recuperar su prestigio perdido tras la dictadura. Pero en vez de hacer un culto de los deberes y garantías de los ciudadanos, usan su poder como una herramienta clave para la supervivencia del establishment político y económico. "Así como existe un Veraz que suele remitir información financiera sobre las personas, de la cual el ciudadano no tiene conocimiento y se entera de ello por las consecuencias (pérdidas de créditos, de negocios, etc.) hay también una suerte de Veraz de los servicios de inteligencia que a uno le hacen perder puestos públicos, cargos y acceso a determinadas posiciones políticas", afirma Ganora. Su recurso de Hábeas Data logró un primer paso: plasmar un control a los atropellos del Estado (hasta la reforma de 1994, los servicios de inteligencia podían sortear a gusto y placer las normativas judiciales). Sin embargo, estos derechos no están amparados desde el punto de vista penal. En Francia la ley prohibe determinadas actividades de espionaje de la vida particular de un ciudadano, excepto en los casos que estén justificados en una orden judicial. Ganora propuso hace algunos años en el Congreso penalizar el espionaje ilegal, pero se encontró con una sorpresa: el riesgo de que estas leyes sean utilizadas para perseguir a la prensa. Es que en esta Argentina de hoy la prensa -y sus "cámaras ocultas"- parece ser el único contrapeso a la arbitrariedad del Estado. Qué es el Hábeas Data La acción de hábeas data es una modalidad de amparo que permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o discriminación. Esta información debe referirse a cuestiones relacionadas con la intimidad y no puede ser utilizada por terceros sin el derecho reconocido a hacerlo. Hasta el momento, cualquier ciudadano puede interponer un recurso de Hábeas Data, pero no podrá entablar una demanda debido a que el Congreso Nacional aún no reglamentó la norma. La humanidad autorregulada El Hábeas data es el hijo natural del hábeas corpus, un concepto que los libros de derecho reconocen a partir de una ley inglesa del año 1679. Al día de hoy, sus alcances siguen manteniéndose vigentes, en el sentido de los rasgos referidos a su carácter garantizador y de urgente tramitación. En la Argentina no existía legislación especial sobre los datos personales, contrariamente a lo que ocurrió en Europa, donde en la década del 70 ya se había comenzado a legislar sobre el tema luego de una ley precursora de los Estados Unidos. El país tuvo que esperar hasta el retorno de la democracia. En 1986, el gobierno de Raúl Alfonsín comienza a trabajar en un proyecto de ley que hoy casi nadie recuerda. Luego la hiperinflación y la histeria financiera se encargaron de colmar la paciencia de los argentinos. Las sucesivas crisis económicas (como el Tequila, el "efecto arroz" y la devaluación de Brasil) dejaron a muchos pequeños empresarios y particulares sin poder pagar sus deudas, que fueron registradas en bancos de datos y que ya nunca más, aunque las saldaran, quedarían condenados a aparecer por siempre en los bancos de datos, sin tener el derecho a rectificarlos mediante un Habeas Data. Por su parte, el poder económico no iba a quedar satisfecho luego de que Alfonsín y Menem sellaran en Olivos un acuerdo que permitió la reforma constitucional de 1994, y de movida la admisión en la legislación del derecho a la protección de los datos personales y su correlato mediante el Hábeas Data. 1996 fue un año clave. En agosto, Diputados aprueba la reglamentación de esta norma. Pero el lobby de los bancos y las consultoras de riesgo crediticio lograron que el Senado demore su tratamiento, e incluso hiciera fracasar varias veces su discusión en el recinto. En octubre, la Cámara Alta le otorga media sanción al proyecto, liberando el acceso a archivos que contengan datos personales. Pero un mes después Diputados rechazó las reformas que se habían introducido. Los esfuerzos legislativos fueron fútiles, ya que Carlos Menem vetó la ley en diciembre, luego de que varias entidades empresarias enviaran una carta a Balcarce 50 advirtiendo que la medida frenará la expansión del crédito. Perón solía decir: "si quieres que una iniciativa fracase, crea una comisión"; y eso fue justamente lo que aplicó al pie de la letra su posmoderno discípulo, Carlos Menem cuando decretó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Protección Legislativa de Datos. En 1998, el Senado inicia otro proyecto que fue aprobado en setiembre. Desde entonces nunca más se trató en la Cámara de Diputados. A partir de allí, la ley se convirtió a lo largo de los años en un caballito de batalla reiterado en los períodos ordinarios del Congreso. Aunque varias revistas económicas especializadas hablaron insistentemente durante todo 1999 sobre que la influencia de la Internet exige a las compañías un manejo cuidadoso de los datos personales, cuatro años pasaron y la democracia argentina aún no logra doblegar al poder financiero que se ha mostrado como el principal interesado en el fracaso de esta norma. Los porqué del Hábeas Data Para el derecho el mundo cambió, aunque sólo una pequeña parte de la humanidad goce del privilegio de contar con las nuevas tecnologías de la comunicación para fomentar el desarrollo de su vida. La inmediatez en el traspaso de la información demuestra en la práctica la inexistencia de las fronteras, en los términos políticos que conocíamos hasta ahora. Los humanos realizamos cientos de registros. La individualización y anotación con un nombre, el otorgamiento de un documento de identidad numerado, la extracción de fichas dactiloscópicas, la obtención del pasaporte, la confección de la ficha de ingreso laboral, la apertura de cuentas corrientes o cajas de ahorro bancarias, las fichas de ingreso a un club, la historia clínica y tantas otras más, implican la existencia de una serie de datos personales que, merced al avance tecnológico, se encuentran interconectados. Entendido como el derecho del individuo a ser dejado a solas por el Estado, la privacidad asegura la determinación autónoma de su conciencia cuando toma decisiones para la formación de su plan de vida; aspectos que incluyen la religión, la moral o la filosofía. Sólo razones que demuestren, en base a muy rigurosos juicios, que se encuentra en juego la convivencia social pacífica, admitirían por una vía excepcional la intromisión estatal en esa dimensión individual. Los datos, informes y noticias existentes en los archivos inciden sobre los bienes de la personalidad de los ciudadanos y habitantes. Es así que la intimidad personal y familiar se puede ver afectada y agredida por una sociedad que, en su actual estructura demanda y consume informes de todo tipo. Existe un aforismo para esto: "tener información es poder". Por ello fue necesaria la extensión del concepto de intimidad o privacidad y el establecimiento de acciones legales para poder ejercerlo respecto de los datos contenidos en archivos oficiales y privados. Las circunstancias históricas hicieron que la información se convirtiera en un bien jurídico de enorme relevancia para múltiples actividades e iniciativas públicas y privadas. Una carrera de éxitos, para el fracaso Por segunda vez en cuatro años, la Ley de Habeas Data perdió en marzo estado parlamentario debido a que la Cámara de Diputados dejó vencer los plazos reglamentarios sin darle tratamiento. El proyecto ya contaba con media sanción en el Senado e intentaba regular, entre otras cosas, la actividad de los bancos de datos públicos y privados. Ahora la iniciativa perdió nuevamente la oportunidad de establecerse como norma para controlar por ejemplo el registro de deudores por moras crediticias, inhibiéndolas para obtener nuevos préstamos. El senador riojano Jorge Yoma le hecha la culpa "al feroz lobby y la presión ilegítima que ejercen los intereses económicos vinculados con las empresas de datos comerciales". Su voz a coincidido con la de muchos otros legisladores nacionales. En el código penal actual no hay normas penales que tutelen la intimidad. La insuficiencia de la legislación permite la actividad de espionaje para invadir la intimidad. Sin embargo, el ciudadano puede utilizar algunas pocas herramientas legales vigentes como el artículo 1071 bis del Código Civil (acción de daños y perjuicios), o el capítulo de Violación de Secretos del Código Penal. Pero la antigüedad y ambigüedad de la norma inmediatamente condenan que todo intento sea en vano: una acción de daños y perjuicios, por la vía ordinaria, tarda al menos 5 años en resolverse, según varios expertos. Recién tras este período, y con mucha suerte de su parte, el ciudadano puede lograr que dejen de espiarlo. Pero no podrá pretender una indemnización por daños y perjuicios ya que no existe un criterio claro para pedirla en un caso de estas características. Frente a la tecnología actual y los sistemas de espionaje moderno, la letra de la ley se asemeja a una broma. El día que Menem tuvo miedo La ex subsecretaria de derechos humanos Alicia Pierini cita en su libro "Hábeas data" un ejemplo que sensibilizó al menemismo durante la reforma de la Constitución de 1994: "Podría consignarse que Carlos Saúl Menem, es un ex presidiario. Dicho así y sin aclarar las fechas, circunstancias, quienes eran los acusadores y qué se le atribuía, significa dar una versión parcial y hasta falaz de la verdad". Bajo la misma concepción, la ley que amnistió en 1973 a centenares de presos políticos debería haber tenidos su correlato registral. Amnistiar implica borrar, olvidar; por tanto, no deberían permanecer esas anotaciones y deberían actualizarse las fichas personales, de manera tal que no quede rastro de aquello. Habeas Data insólito El juzgado en lo Contencioso Federal No.10 rechazo el pedido de Habeas Data presentado por Dinamarca, quien pretendía que sus antecedentes fueran borrados de los archivos de la Conadep. El fallo dice que "lo que en esencia agrava al actor es el contenido de las publicaciones periodísticas y además, esta no es la vía apta para anular testimonios, cuya falsedad, por lo demás, tampoco ha sido probada". (Pagina 12, 19-03-99). * Sergio Sorin es periodista especializado en derechos humanos y Director de Prensa de Derechos Human Rights Argentina. Además, es miembro de Amnesty International Argentina y parte del staff de noticias de El Sitio. Artículos de Sergio Sorin | Artículos de Derechos Humanos Juicio a Pinochet