OPINA EL ESTRATEGA JURIDICO PARA LATINOAMERICA DE AMNESTY "Chile no ha respaldado tanto a las víctimas como lo ha hecho con Pinochet" Por Sergio Sorin BUENOS AIRES, 10 de oct. 1999 (artículo publicado en El Sitio Argentina) Mientras los expertos internacionales del derecho comenzaban a delinear el rumbo de la "justicia global", despuntando párrafo a párrafo el primer fallo de la Cámara de los Lores negando la inmunidad diplomática a Pinochet, en otro sector de Londres, uno de los principales abogados de Amnistía Internacional no imaginaba que la estrecha relación de uno de los Lores -Hoffman, el de mayor prestigio dentro de la Cámara- con una entidad recaudadora de fondos hermana a Armnistía haría tambalear la única posibilidad cierta por la que miles de defensores de los derechos humanos trabajaron denodadamente durante décadas. Se llama Federico Andreu, y desde hace años es uno de los principales estrategas jurídicos de Amnistía Internacional para América Latina. La defensa de Pinochet argumentó que en el texto de la Convención contra la Tortura no dice claramente que la aplicación de un tormento sea un delito internacional. ¿Es cierto? Esta ha sido una salida en falso de la abogada Montgomery ya que jurídicamente no existe el problema. Es del ABC del derecho internacional saber que la tortura ha sido reconocida como delito por un conjunto de elementos que integran el derecho internacional. El tribunal de Nüremberg hablaba de actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad, y la tortura es un acto inhumano. Esto también fue claramente establecido por el Comité contra la Tortura de la ONU en 1989, cuando decidió expresamente -en un caso sobre la Argentina- que la tortura era un crimen internacional que estaba reconocido desde Nüremberg y que existe una obligación de perseguir y castigar a los autores. Pero en esa oportunidad el Comité se declaró incompetente porque los hechos se habían cometido antes de entrar en vigencia la Convención. Es cierto, la Convención no le otorgaba al Comité competencia. Pero el Comité decía: 'Una cosa muy diferente es que no tengamos competencia y otra cosa es que exista una obligación de perseguir estos delitos'. ¿Pero a quién le compete juzgar estos actos? Los crímenes que se discuten en el caso Pinochet son delitos que hacen al derecho de gentes; o sea, normas y obligaciones superiores a la jerarquía de los tratados y que prevalece tanto sobre cualquier disposición interna, incluso sobre tratados convencionales. Es lo que se llama las normas imperativas del derecho internacional. ¿Es de prever, entonces, que la posición de la Cámara de los Lores se mantenga? Es lo que esperamos. Sus preguntas han virado en este sentido, pero no han manifestado su opinión; algo muy normal porque si no estarían prejuzgando. ¿Cómo ha caído en Londres los argumentos que expuso la abogada Montgomery? La abogada ha causado opiniones diferentes, porque el caso no deja de tener un gran componente político y muchos juristas se han dejado afectar por este tema. Para nosotros es una aberración, porque estos argumentos intentan echar por tierra más de 50 años de desarrollo del derecho internacional. Es complicado entender la posición del gobierno chileno. Primero dijo que la justicia británica no tenía jurisdicción y luego que sí, pero que habría que concederle la inmunidad porque Pinochet había sido jefe de Estado. Después reconoció que ésta inmunidad no era valedera y reclamó el derecho a juzgarlo en su país. Incluso ordenó a sus abogados en Londres a constituirse parte acusatoria de Pinochet, como justificando su derecho de Estado a juzgarlo... De una forma u otra es claro que el gobierno chileno asumió una posición de defensa de Pinochet, pero ésta ha sido completamente errática. Hagamos un poco de memoria: cuando Pinochet intentó ingresar a Francia, el gobierno le negó la visa. En aquel entonces el secretario de Asuntos Exteriores de Chile, Mariano Fernández, reconoció que si Pinochet hubiera tenido un pasaporte diplomático esto había ocasionado un conflicto interestatal. Entonces, Pinochet -apremiado por una operación que debía realizarse de urgencia- viaja a Londres en las mismas condiciones: sin pasaporte diplomático. Después invocó la inmunidad diplomática y posteriormente reconocieron que no habían realizado ninguna notificación al gobierno británico para que se pudiera configurar esta inmunidad de acuerdo a la Convención de Relaciones Diplomáticas. Después invocó la inmunidad como jefe de Estado y posteriormente dijo que no invocaba esa inmunidad sino la falta de jurisdicción británica y española; etc, etc. Por último dio una respuesta formal sobre juzgarlo en Chile, algo que sabemos que no ocurrirá. ¿Por qué? Es que hay una ley de amnistía que impide el juzgamiento. Esta ley de autoamnistía fue, en dos oportunidades, declarada incompatible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996 y 1998. Al día de hoy esta ley no ha sido derogada, a pesar de tres intentos que realizó el Congreso; y esto es completamente normal en un Parlamento en el que un 20 por ciento de los legisladores no son electos por sufragio universal sino que son designados por las fuerzas armadas. Además Pinochet goza en su país con una inmunidad parlamentaria total. Aún levantándose esos pactos políticos, según la legislación chilena él sería juzgado por el fuero militar. Pero la administración del presidente Frei parece estar dispuesta a procesarlo… Si el gobierno estuviera realmente comprometido levantaría la inmunidad sobre Pinochet, acabaría con la ley de amnistía y quitaría de la órbita del fuero militar el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos. Si quisiera juzgarlo tendría que abrir un proceso en Chile y pedir a Londres la extradición para ser procesado, lo cual parece no figurar en el horizonte. Tenemos muchas dudas acerca de la sinceridad de estos propósitos y nos parece que corresponde más a estrategias incoherentes del gobierno. Nosotros hemos sido testigos de como miles y miles de víctimas no han tenido un respaldo similar como el que se le da ahora a Pinochet. Hay muchos que aseguran que la extradición a España de Pinochet nunca se concretará. Hay que tomar en cuenta también que muchos estados se han pronunciado a favor de este proceso y este tipo de juicios. Canadá, Francia, Italia, el primer ministro de Luxemburgo, y muchas otras autoridades judiciales de diferentes países. Nosotros tenemos la impresión de que hay una gran conciencia por parte de los Lores y que se están sustrayendo a la órbita de lo político.   * Sergio Sorin es periodista especializado en derechos humanos y Director de Prensa de Derechos Human Rights Argentina. Además, es miembro de Amnesty International Argentina y parte del staff de noticias de El Sitio. Artículos de Sergio Sorin | Artículos de Derechos Humanos Juicio a Pinochet