ARTICULO

Introducción al Juicio

Este juicio empezó en 1983 y no obstante la
intervención de numerosos parlamentarios italianos por años
la Magistratura no logró incriminar formalmente a los responsables
de crímenes documentados y que merecierón la atención
internacional. 

Los juicios que se desarrollaron en Argentina durante
el gobierno de Raúl Alfonsín permitieron la condena de las
cúpulas militares responsables de la matanza indiscriminada que
caracterizó los años de la dictadura militar (1976-1983),
pero no permitieron que fueran juzgados aquellos que directamente actuaban
los secuestros, las torturas y los homicidios en los centros clandestinos
de detención. De hechos las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia
Debida (1987) concedieron la impunidad a militares que habían actuado
los planes represivos con total discrecionalidad y arbitrio.

Durante la presidencia de Carlos Menem los pocos militares
que habían sido condenados o que estaban bajo juicio quedaron definitivamente
libres gracias a una serie de Indultos presidenciales (1989 y 1990).

Cerradas la esperanzas de llegar a una condena a nivel
nacional a los familiares de las víctimas no quedó que la
via de obtener de parte de tribunales extranjeros una sentencia clara e
inequivocable que proclame la culpabilidad de los criminales argentinos.

Por esa razón más de un centenar de familiares
italianos de desaparecidos han presentado, tramite LIDLIP-Milano, sendas
querellas ante el Tribunal de Roma. Esta acción desarrollada en
constante contacto con las asociaciones argentinas de familiares de las
víctimas fue siempre acompañada por el desinteresado patrocinio
letrado de los abogados Giancarlo Maniga y Marcello Gentili.

A partir de 1990 se presentamos ante la Fiscalía
de Roma numerosos testigos sobre los casos más ejemplares de homicidio
y secuestro. También al Fiscal importantes y voluminosos fasciculos
de documentación probatoria. 

El tentativo de los jueces italianos de recoger pruebas
atraves de una rogatoria internacional en 1994 fue obstaculado por el gobierno
argentino, pero de todos modos los familiares pudieron declarar ante los
Consulados italianos.

En 1995 la Fiscalía romana pidió que
todos los militares fueran provisionalmente sobreseidos ante la dificultades
puestas por el gobierno argentino para proseguir con las investigaciones,
pero la intevención en 1996 del Juez Claudio D'Angelo y del Ministro
de Justicia Giovanni Maria Flick permitieron que el juicio no se cerrara.

El 11 de Julio de 1997 se realizó la primera
de una serie de Audiencias Preliminares que se prolungaron por problemas
de procedimientos por todo el 1998 y que se concluiran con el próximo
17 y 18 de marzo.

Las perspectivas son de ir a debate público
a mediados de 1999 contra dos generales (Suárez Mason y Riveros),
un oficial y cuatro suboficiales argentinos por los homicidios de seis
ciudadanos italianos y por la desaparición de un niño nacido
durante el cautiverio de la madre.

Es de notar que los importantes niveles de las relaciones
ecónomicas entre los dos paises nunca han favorecido este juicio,
pero el renovado empeño demostrado por el actual gobierno italiano
nos permite esperar de que finalmente reciban justicia las víctimas
de estas atrocidades y que en futuro crímines de esta naturaleza
no queden impunes.


Milán, 10 de Febrero de 1999

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Juicio por los Desaparecidos Italianos

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