Historia hasta 1996
El juicio por los desaparecidos italianos
La historia del juicio se puede dividir en cuatro etapas: la primera abarca desde el golpe militar argentino, el 24 de marzo de 1976, hasta la "guerra de las Malvinas"; la segunda etapa se cierra en 1987 con la Ley de Obediencia Debida; la tercera nace de las distintas tentativas de oposicion a esa norma, y se cierra en 1994 con el exhorto que la Magistratura italiana trato de realizar en Buenos Aires. A esas tres etapas habria que agregarle una cuarta, que todavia no esta escrita y que entre todos podremos escribir, y que puede terminar en que se archiven todos los casos, o bien en su debate, oral y publico, ante un tribunal italiano.
Por lo que respecta a la primera etapa, mi organizacion -la Liga por el Derecho de los Pueblos- empezo a trabajar el tema de los desaprecidos desde 1976. Ello fue asi porque los exilados argentinos en Roma se reunian en la sede de la Liga, y en Milan, porque la Liga (desde su constitución, ese mismo año) tenia un grupo de trabajo sobre el derecho de asilo politico, y los argentinos representaban el problema mas difícil de resolver.
La solidaridad en esos años no era solo ideal, y parte del trabajo realizado por Sandro Sessa y los otros compañeros consistia tambien en buscarle casa y trabajo a la gente que llegaba. El contacto directo con personas como Lita Boitano, Dora Salas, Luis Borri, y Soledad y Alicia De La Cuadra, determinaría el trabajo que después se realizo.
En 1978 se hizo una lista de desaparecidos cuyos apellidos eran italianos, tan extensa que en la Asociación de Trabajadores católicos se fundieron tres fotocopiadoras duplicandola. Este informe fue entregado a las autoridades politicas, a diputados, y a los principales medios de prensa, sin que se haya recibido respuesta alguna, y sin que se haya emprendido ninguna accion para detener la matanza indiscriminada que se estaba llevando a cabo en Argentina.
En 1982 la situacion cambio. El descubrimiento de tumbas N.N., seguido y registrado por las camaras de la R.A.I., llevó a que tomaran posición sectores que hasta entonces habian mantenido el silencio. El diario "Corriere de la Sera" publicó en su portada una lista de desaparecidos italianos con algunas fotografias, entre las cuales estaba la de Anahí Mariani. En el mensaje de fin de año al pueblo italiano, el Presidente Sandro Pertini se refirió explicitamente a los niños desaparecidos en Argentina.
La guerra de las Malvinas, y el consiguiente desprestigio de los militares argentinos, permitieron que hasta los sectores que los habian apoyado años antes, ahora criticaran al gobierno de Buenos Aires. La caida del regimen militar era inminente, y son pocos los politicos que siguen a los militares perdedores.
En 1982, la politica italiana fue sacudida por le escandalo del descubrimiento de la logia "Propaganda 2". Se instauró una Comisión Parlamentaria sobre el caso, y todos los politicos, periodistas y militares comprometidos con esa logia masónica fueron excluidos de los importantes cargos que cubrian. El "Gran Maestro" de esa logia era Licio Gelli, oficialmente encargado de asuntos economicos de la Embajada Argentina de Roma (y poseedor, por lo tanto, de un pasaporte diplomatico argentino). Algunos miembros de la rama rioplatense de esta logia eran Jose Lopez Rega (Ministro del Interior en el gobierno de Isabel Peron, y autor del "trabajo común" entre fuerzas policiales y grupos de extrema derecha"; Emilio Massera (uno de los tres comandantes que depusieron a Isabel Peron, y creador del campo de detencion clandestino de la E.S.M.A.); y Carlos Guillermo Suarez Mason (comandante militar de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, bajo cuyo mando llego a tener 65 centros clandestinos de detencion). Se descubrio tambien que el "Corriere de la Sera" estaba, en 1978, controlado por la misma logia.
El 7 de enero de 1983, el Ministro de Justicia solicito, en base al articulo 8 del Codigo Penal italiano, que se abriera un juicio sobre los casos de desaparecidos italianos en Argentina. En los mismos dias, el abogado del Consulado Italiano de Buenos Aires presentó un Habeas Corpus colectivo por 45 ciudadanos nacidos en Italia, y denunció la desaparición de 617 italianos, segun listas recogidas durante esos años en los distintos consulados.
El Juez instructor que sigue el caso es el Dr. Renato Squilante, y de las investigaciones se ocupa el Fiscal, Dr, Antonio Marini. Este ya habia recogido algunas deposiciones y, confirmandolas, pidio a las autoridades consulares que le entregaran las generalidades de los militares denunciados. En 1983 se podría haber cerrado un juicio contra el personal militar de Rosario, y expresamente contra Leopoldo Fortunato Galtieri, Jose Lo Fiego y Oscar Gomez, pero no fue asi.
Establecido un gobierno democrático en Argentina el 10 de diciembre de 1983, el problema del juzgamiento de los responsables de las desapariciones se volvia un problema argentino, y un juicio en Italia podria haber sido "desestabilizante" para el nuevo sistema politico. Siguieron años de silencio.
Muchos de los exilados volvieron a la Argentina, y era alli donde el juez "natural" tendría que haber realizado el JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES.
En Italia, durante el gobierno argentino de Raul Alfonsín, nadie pensaba en sacar a la luz el juicio por los desaparecidos italianos. Nadie, ni siquiera quien tenía el deber de hacerlo...
Todos los años se escribía, desde Milán, una carta al juez instructor Squilante preguntandole si proseguía la investigacion. Y cuando se recibía respuesta, esta aludia a que "dados los nuevos desarrollos en Argentina se estan evaluando las medidas a tomar...". Respuestas similares se recibieron de los ministros cuando fueron interrogados sobre las acciones que Italia podria realizar para localizar a los niños italianos desaparecidos.
En esos años, los grupos de solidaridad estaban empeñados en responder a las distintas leyes de impunidad que el gobierno proponía y que el parlamento argentino supinamente votaba; y, nosotros, lo estabamos en colaborar con los organismos argentinos, sobre todo con las Abuelas de Plaza de Mayo.
La Ley de Obediencia Debida fue, y es, el motor principal de nuestra acción en el sumario romano. Con ocasión de un viaje a Buenos Aires traje copia (conseguida con la ayuda del Serpaj Argentina, de "Abuelas" y de Mirtha Mantaras) de las motivaciones de la sentencia a los comandantes, de los recursos presentados contra la Ley de Obediencia Debida, y de las motivaciones de la Corte Suprema. En la Liga se consideró que esos materiales tendrían que haber sido entregados a algún jurista para que escribiera al respecto, y los operadores del Derecho italianos tomaran posición. Interpelado un juez amigo, nos dijo que ese era un trabajo inútil, puesto que con solo el texto de la Ley ya se podía obtener que tomaran posición Magistratura Democrática y otras asociaciones de jueces... Nos aconsejó, si queríamos hacer un trabajo mas incisivo, presentaramos una querella de parte en el juicio pendiente en Roma, y que nombraramos algunos abogados para que siguieran el caso. Y seguimos ese consejo.
En 1988 se presentó la querella de Luis y Sofia Borri por la desaparición de Susana Roncoroni de Borri, acaecida junto a la de Cristina D'Amico y Liliana Greco. Con la ayuda de Lita Boitano y de otros companeros preparamos un informe sobre "Scomparsi Italiani in Argentina", que presentamos en una conferencia de prensa junto al Presidente de la Provincia de Milán .
Las dudas acerca de las verdaderas intenciones del Estado italiano en este sumario nos acosaban, y por eso decidimos que Sandro Sessa no habría aceptado los poderes que nos querían dar los "Familiares de Detenidos Desaparecidos" y las "Abuelas". Mas tarde aceptamos solo aquellos contenidos en el "habeas corpus de los 45 italianos". En Milan no queriamos dar a los familiares la ilusión de que podrían encontrar en Italia la JUSTICIA que se les negaba en Argentina.
A finales de 1989 entro en vigor un nuevo codigo de procedimientos penales que hacia los juicios menos inquisitorios dando menos poder al juez instructor. El juez Renato Squilante, como último acto de su instrucción, mandó una comunicacion judicial a Videla, Massera, Agosti, Suarez Mason y Bocalandro, en relación con la desaparición de las ciudadanas italianas Roncoroni, D'Amico y Greco. Este era el primer resultado de nuestro trabajo, y nos permitía confiar en que el juicio seguiría su curso.
En 1990 aceptamos nuevos poderes de parte de los familiares, y empezamos a buscar testigos que declararan ante el fiscal Marini lo que sabian sobre los casos presentados y sobre los militares acusados. Nuestro primer testigo fue el Presidente del Cels, Emilio Mignone, sobre las leyes de impunidad, seguido por las declaraciones de sobrevivientes de los centros clandestinos de detencion "E.S.M.A" y "La Perla". Más tarde declararon Estela y Guido Carlotto, y los sobre vivientes de "La Cacha". Siguieron declaraciones sobre la "Superintendencia de Seguridad Federal", de Buenos Aires, y sobre el "Club Atlético".
El fiscal, en conversaciones con nuestros abogados Marcello Gentili y Giancarlo Maniga, insistía sobre la falta de cadáveres, y por eso, en 1991, realizé una investigación con Daniele Bonfanti, ayudados por el Equipo Argentino de Antropologia Forense y las estructuras sindicales del INCA-CGIL en la Argentina. Seguidamente presentamos como testigos a Morris Tidball Binz, que realizó pericias necroscópicas en algunos casos, y familiares y testigos en los casos Norberto Morresi y Osvaldo Cambiaso. A todos estos testigos sobre distintos casos de desaparecidos hay que agregar que algunos de ellos eran tambien ciudadanos italianos y que, por lo tanto, declaraban acerca de delitos de los cuales eran las victimas.
Además de la colaboración de los organismos argentinos mencionados y de las declaraciones de los testigos, hemos entregado al fiscal millares de fotocopias de las causas argentinas (interrumpidas) que nos fueron entregadas por Mabel Collalongo, Diana Conti y otros abogados argentinos.
Por ultimo, algunos eminentes juristas, como el italiano Bruno Nascimbene y los argentinos Raul Zaffaroni y David Baigun, nos han preparado pareceres sobre aspectos relacionados con la jurisdiccion y la jurisprudencia en materia. La presentacion de testigos y de copia de actos argentinos (y de otros paises) ha sido acompanada siempre por meticulosos y analiticos escritos de parte de los Dres. Gentili y Maniga (algunas de estas presentaciones superan las 100 paginas).
Cabe acotar que a fines de 1991 se vencian los terminos previstos para cerrar el sumario, y que por lo tanto presentamos un extenso escrito y copiosas pruebas que hicieron que el sumario fuera inmediatamente reabierto por esta denuncia.
En 1992 y 1993 nos dedicamos al análisis de las pruebas presentadas, y a solicitar que el juicio llegara al debate oral y público. En uno de estos escritos, que para nosotros tenia caracter definitivo, presentamos una lista con las direcciones de otros familiares y testigos que podian declarar en la Argentina sobre el resto de los 60 casos presentados.
El juez para las investigaciones preliminares, Dr. Antonio Capiello, una vez que hubo conocido esta lista, formuló un pedido de asistencia judicial a Buenos Aires. Dicho pedido fue recogido por el juez instructor Literas, que citó a declarar a los testigos a partir del 10 de febrero de 1994 en el Tribunal de Buenos Aires.
Mientras llegabamos a esa ciudad, el Presidente Carlos Menem habia convocado a los responsables de las carteras de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa... La rogatoria no se pudo completar. El fiscal de Cámara impugnó la jurisdicción, y la Cámara Federal de Buenos Aires rechazó el pedido de asistencia sosteniendo que esos casos ya habian sido juzgados en la Argentina.
De todos modos nosotros habiamos viajado hasta allí para recoger pruebas, y eso hicimos. En aquellos dias invitamos a los familiares y a los testigos a declarar ante las autoridades consulares (si eran italianos) o ante notario. Recogimos muchos más testimonios que los previstos (gracias a la encomiable ayuda del personal del sindicato italiano CGIL y de Rafael Masella dell'Eaaf). Testimonios que indudablemente tienen validez en un sumario de instrucción, y que fueron entregados al juez Capiello y al fiscal Marini horas antes de que retomaran el avión para Roma. Desde ese momento mpezamos a pedir al Dr. Marini que cerrara el sumario (dado que todos los terminos habian vencido) y que formulara las acusaciones.
El 27 de diciembre de 1995 el fiscal solicitó que todos los casos sean archivados. El 19 de enero de 1996, los Dres. Gentili y Maniga presentaron un recurso de oposicion. A partir del mes de Febrero realizamos una campaña internacionalpara evitar la archivación del juicio. El 9 de Mayo> se realizó el encuentro con el nuevo juez para las investigaciones preliminares, Dr. Claudio D'Angelo, que el 11 de Mayo rechazó el pedido del fiscal ordenandole de informar el Ministro de Justicia de la respuesta recibida de la Magistratura argentina para que decida sobre la validez de los juicios argentinos y para que, eventualmente, ordene la renovación de los mismos.
El Ministro Giovanni Maria Flick respondió el 8 de Agosto a los jueces con dos puntualizaciones:
a) Más allá de genéricas informaciones sobre normas y decretos que han permitido la impunidad de los indagados en Argentina, al Ministerio no se han dado elementos precisos cómo para que pueda decidir si los juicios iniciados en Argentina que puedan tener no validez en Italia.
b) Que los jueces considern si nos se pueda proseguir adelante en las causas en base a la legislación italiana (sin tener en cuenta los procedimientos argentinos).
Hoy los jueces italianos tienen la posibilidad de hacer un juicio que rendiría honor a este país. Les pido a todos Uds. que no nos dejen solos, y que nos ayuden a equilibrar las presiones politicas (y económicas) que impiden que este juicio se concluya con un debate publico y una sentencia que rinda JUSTICIA a tanto dolor.
Milán, 16 de Noviembre de 1996
Juicio por los Desaparecidos Italianos
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