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28jun09
El Presidente de la Asamblea General Naciones Unidas rechaza el golpe militar en Honduras
El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D´Escoto, condena de forma clara y categórica la acción criminal del Ejército golpista de la República de Honduras que ha quebrantado el orden constitucional al estar fraguando un golpe de estado contra el Presidente Manuel Zelaya.
D´Escoto hace un llamado al Ejército hondureño para que desista de inmediato de sus intentos golpistas al mismo tiempo que pide a todos los presidentes de Centroamérica, América Latina, el Caribe y el mundo que de inmediato se pronuncien en contra del intento de golpe y en solidaridad con el Presidente constitucional de Honduras.
D´Escoto hace "un llamado especial al Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, quien hace unos días en la cumbre de Puerto España, en Trinidad y Tobago, anunció una nueva política de su país para con América Latina y muchos se preguntan si acaso este intento de golpe es parte de esa nueva política ya que como bien es sabido el Ejército hondureño tiene un historial de entreguismo total a los Estados Unidos. Por eso es imprescindible que el Presidente Obama -para no dar lugar a estas dudas-de inmediato condene la acción golpista en contra del Presidente Zelaya. En todo caso que quede claramente establecido que ni Estados Unidos ni ningún otro país reconocerá como legítimo a otro jefe de estado".
El Presidente D´Escoto ha convocado de urgencia a su gabinete de crisis en su oficina de las Naciones Unidas en Nueva York para seguir de cerca los acontecimientos y tomar las medidas que estime más oportunas. D´Escoto ha señalado que la única solución a la actual crisis pasa por la restitución inmediata del Presidente Zelaya al cargo y las funciones que la soberanía popular han otorgado a éste a través de las urnas y que ninguna otra alternativa será aceptable por la comunidad internacional.
Miguel D´Escoto expresa asimismo su honda preocupación por la forma en que se está realizando la ruptura de la legalidad vigente con prácticas que deberían formar parte del pasado de la historia de América Latina y no del presente democrático del siglo XXI.
[Fuente: Oficina de Prensa Presidente de la ONU, New York, 28jun09]
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