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18abr11
COFADEH demanda requerimiento fiscal contra altos funcionarios del régimen por represión en Planes, Colón
Se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las víctimas y se inicie un proceso exhaustivo e imparcial de investigación y los que resulten culpables sean requeridos ante el tribunal de competencia mediante requerimiento fiscal, señala una denuncia presentada por el COFADEH ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, en relación a la represión policial militar en Planes, Colón, el pasado 30 de marzo pasado.
Copia de dicha denuncia fue remitida a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría especial contra la Tortura de Naciones Unidas, Organización Mundial Contra la Tortura OMCT y a la Comisión de Verdad, a través de su Coordinadora, Elsy Monge, con el objetivo que quede constancia y después no se diga ante estos organismos que el Ministerio Público nunca recibió la denuncia, tal como ha pasado con otros casos.
Esta represión dejó varias víctimas heridas de bala a quienes la policía y el ejército les dispararon a mansalva a miles de personas del Frente Nacional de Resistencia popular que participaban en el paro cívico de ese día, centenares de policías y militares pusieron en práctica su plan de muerte, lanzando gases lacrimógenos, golpeando salvajemente a quien se les atravesara en el camino y bala viva con la que hirieron a más de una docena hombres y mujeres, 10 decidieron dar su testimonio a una delegación del COFADEH y relatar en detalle las horas de terror que vivieron.
Los sobrevivientes de este hecho violento desde el Estado de Honduras, describieron que cuando estaban en la manifestación pacífica, sin previo aviso fueron victima de represión por parte de agentes de la Policía Preventiva asignados a la posta policial de la comunidad de Planes, y otros asignados en las postas policiales bajo la jurisdicción de la Jefatura Departamental de Colón, elementos del ejército del Décimo Quinto Batallón de Infantería, basado en la comunidad de Río Claro.
El COFADEH denunció por Abuso de Autoridad, Falta a los Deberes de los Funcionarios, Atentados, Detención Ilegal, Lesiones Graves y Golpes y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes contra varias personas y señalando como responsables de estos hechos aparte de los agentes que participaron, al presidente del régimen dictatorial, Porfirio Lobo Sosa, al ministro de Seguridad, Oscar Álvarez Guerrero y el ministro de Defensa Marlon Pascua.
Balas, garrotes, gases y patadas contra personas indefensas
Relata la denuncia que los responsables materiales de los hechos llegaron al lugar en horas tempranas de la mañana, en ocho patrullas policiales, por lo que cuando se inició la manifestación ya se encontraban apostados en la zona, luego como a las 11:30 de la mañana llegó un comando del ejército del 15 Batallón de Infantería, que de inmediato formaron dos retenes, uno hacia la salida de Sabá y otro en la calle que conduce a La Ceiba.
Media hora después se colocaron su indumentaria policial (máscaras antigases, garrotes de madera, escudos), aproximadamente eran 100 policías y 100 elementos del ejército, quienes lanzaron indiscriminadamente bombas lacrimógenas de diferentes tamaños, algunas de ellas provocaban llamas en el monte seco, además realizaban disparos con bala viva, y lanzaban piedras que recogían de la calle.
Una vez, que –aparentemente- todo había pasado y los pobladores se disponían a retornar a sus hogares, los agentes policiales les persiguieron y les dispararon con sus armas de reglamento, provistas de balas vivas, así mismo les lanzaron bombas lacrimógenas al cuerpo y piedras que recogían en la calle, también les golpearon con garrotes de madera, además infringieron tratos crueles e inhumanos a algunas de las víctimas, entre ellas ocho personas heridas con arma de fuego, dos con lesiones graves y golpes, una persona fue objeto de tratos crueles e inhumanos, un número indeterminado de detenidos ilegalmente, y un periodista objeto de atentado.
Los relatos del horror
Un sobreviviente denunció que se encontraba con otras personas que intentaban alejarse de la zona, aturdidos por la concentración de gases que fueron lanzados en forma numerosa, cuando de pronto los agentes de seguridad del Estado dispararon proyectiles hacia los diferentes grupos de personas, impactando uno de ellos en su cadera.
Otra persona describió que cuando escuchó disparos trató de protegerse dirigiéndose en dirección a la carretera de Sonaguera, en eso sintió que algo le impactó en su pantorrilla derecha, continuó su marcha acelerada, refugiándose en una vivienda en donde le prestaron auxilio, enterándose que estaba herida, inmediatamente pidió le llevarán a un Hospital porque padece de un síndrome que le impide la coagulación de la sangre.
Mientras una tercera persona que sobrevive a estos hechos, relató que trataba de alejarse de la zona, cuando los manifestantes habían sido dispersados, de pronto escuchó que elementos del ejército le ordenaban detenerse, en ese momento se encontraba pasando un cerco de alambre por lo que tuvo que saltar para ponerse en pie, de inmediato uno de los elementos militares le hizo un disparo con su arma de reglamento, impactándole en la pierna izquierda, por lo que cayó al suelo.
Los agentes se aproximaron, insultándole con palabras soeces, a la vez que le propinaban una fuerte golpiza, dándole puntapiés en diferentes partes del cuerpo, especialmente en su pierna herida, hasta hacerle perder el conocimiento, recobrándolo cuando se encontraba en una patrulla policial. Fue atendido en la emergencia del Hospital San Isidro, en Tocoa, de donde fue remitido por su delicado estado, al Hospital Atlántida en La Ceiba.
No bastándoles semejante práctica abusiva, la seguridad de Esquivel se puso en riesgo cuando cuando presuntos elementos del ejército, vestidos de moteado, llegaron al Hospital hasta el cubículo en donde estaba ingresado, haciéndose pasar por sus familiares.
Todavía con las secuelas de la represión otra personas destaco que se encontraba junto a miles de manifestantes cuando fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas vivas disparadas por agentes de seguridad del Estado, impactando dos pedazos de metal en su cuerpo, uno en su dedo índice de la mano izquierda y otro en su brazo izquierdo.
Las balas impactaron en la pierna izquierda de una cuarta persona que dio su testimonio al COFADEH, como consecuencia del ataque fue remitida a una clínica de Sonaguera, Colón en donde fue atendida de emergencia, siendo posteriormente trasladado al hospital San Isidro de Tocoa.
Otro sobreviviente que habló ante una delegación de la organización de derechos humanos antes mencionada, expresó que fue impactada por proyectil de bala disparado por elementos de la policía preventiva y del ejército ocasionándole lesiones en su antebrazo izquierdo. Además fue objeto de amenazas a muerte por parte de guardias de seguridad privada, presuntamente de la empresa del Señor Miguel Facussé.
Piedras y bombas
Otra persona dijo que recibió un golpe de piedra en la parte inferior de la columna vertebral que fue lanzada por los militares y policías, que las recogían de la calle para lanzárselas a los manifestantes, la cual le fue arrojada en el momento que auxiliaba a otra persona, el golpe lo ha mantenido incapacitado para trabajar.
Una séptima víctima detalló que se encontraba junto a otras personas en el centro de la manifestación, hacia donde fueron lanzadas innumerables bombas lacrimógenas, muchas de ellas dirigidas a la humanidad de los participantes, una de estas bombas impactó en su boca, produciéndole una herida en su labio inferior y sufriendo pérdida violenta de cuatro piezas, que le provocó una fuerte hemorragia que le hizo perder el conocimiento, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Otro sobreviviente señaló que fue impactado por bomba lacrimógena en la parte superior de la ceja de su ojo derecho, que fue lanzada a los manifestantes, por los agentes de seguridad del Estado, provocándole lesión.
Fiscalía debe proteger a las víctimas
El COFADEH solicitó a la Fiscalía de los Derechos Humanos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las víctimas, se inicie un proceso exhaustivo e imparcial de investigación en el caso en referencia y los que resulten culpables sean requeridos ante el tribunal de competencia mediante requerimiento fiscal, las víctimas atendidas.
También solicitar a las autoridades de competencia el listado de los agentes policiales y militares asignados a realizar el operativo de desalojo de manifestantes, así como los comandantes del operativo y se establezca la responsabilidad de la cadena de mando.
[Fuente: Por Dina Meza, Defensores en línea, Tegucigalpa, 18abr11]
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