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29may10
El derrocado presidente de Honduras le presentó a Néstor Kirchner un plan para su país
El derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya entregó al secretario de Unasur, Néstor Kirchner, en su visita a Buenos Aires, su plan de acuerdo político para reinstalar a Honduras en el comunidad internacional, al que definió como "de paz, reconciliación y no olvido de los crímenes cometidos" por los golpistas.
La "Propuesta de Acuerdo Político para el Restablecimiento de la Democracia y la Reconciliación Nacional de Honduras" del depuesto ex presidente Zelaya, a cuyo texto tuvo acceso Télam, define a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como una organización "coherente y solidaria con el pueblo hondureño".
En la iniciativa, fechada el 9 de mayo y enviada inicialmente al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por entonces titular rotativo de la Unasur, Zelaya propone una "agenda para la reconciliación" que permita "contribuir con una solución pacífica, que incluya el reconocimiento de Honduras en la comunidad internacional".
El primer punto del acuerdo pide que el Congreso hondureño "decrete una amnistía amplia para que se ponga término a toda acción de persecución judicial" promovida por el "dictador (Roberto) Micheletti" y sus personeros, que "hoy se encuentran dirigiendo impunemente la Justicia, ensañándose contra el ex presidente Zelaya y altos funcionarios de su gobierno".
Este punto del acuerdo, agrega, "garantizaría el retorno al país de Zelaya en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, petición apoyada por el pueblo y el Frente de Resistencia Popular".
Esta propuesta de acuerdo también fue conversada por el ex mandatario en un encuentro en Buenos Aires con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, tras el cual Zelaya dijo a un grupo de periodistas que "el obstáculo que hemos tenido para arribar a un acuerdo (en Honduras) han sido los Estados Unidos".
En ese sentido, dijo que el presidente Barack Obama, "por la presión de la derecha norteamericana", cambió su rechazo inicial al golpe de Estado del 28 de junio en Honduras por un "encubrimiento" de los golpistas y el impulso a una política de impunidad para sus ejecutores, lo que ha afectado, dijo, "la credibilidad de Estados Unidos en América Latina".
La propuesta de Zelaya exige, en segundo lugar, "garantías" para que se permita "debatir y decidir sobre la necesidad de una democracia participativa y el derecho que tiene la sociedad en Resistencia contra el golpe de Estado de "tener reconocimiento como fuerza beligerante y exigir una nueva Constitución".
El punto tercero pide "garantizar el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, poniendo término al crimen, asesinato, persecución judicial y represión por parte de organismos, dependientes de la Policía y Fuerzas Armadas".
En cuarto lugar pide "separar de sus cargos a los principales responsables del golpe de Estado, que se encuentran ocupando los organismos de justicia y cargos ministeriales".
El quinto pide la integración de Zelaya al Parlamento Centroamericano por su condición de ex presidente constitucional de Honduras.
El sexto y último punto reclama el "fin de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos" y que se presenten a la Corte Penal Internacional los perpetradores de "estos crímenes de lesa humanidad, que ya están demandados y se niegan a comparecer".
En los considerandos del acuerdo recuerda que la Corte Suprema de Justicia de Honduras "absolvió con el sobreseimiento definitivo a la cúpula militar ejecutora del golpe de Estado y responsable de delitos de lesa humanidad".
Agrega que el Congreso decretó, no bien asumida la presidencia por el presidente Porfirio Lobo el 27 de enero pasado, una amnistía "sólo aplicable a los autores del golpe de Estado, dejando con ello impunes los más abominables crímenes cometidos contra la población indefensa".
También señala que "se mantienen en sus cargos y gozando de impunidad el Fiscal General y la Corte Suprema de Justicia, coautores del golpe de Estado".
Asimismo, menciona que la "Comisión de la Verdad" en Honduras se ha integrado "de manera unilateral e inconsulta por parte del gobierno, excluyéndose totalmente a las víctimas, que no tenemos derecho a voz ni representación"
[Fuente: Por Jorge Lewinger, Telam, Bs As, 29may10]
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