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28jun06
La justicia británica da un nuevo varapalo a la política antiterrorista de Tony Blair.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres propinó ayer un nuevo varapalo a la política antiterrorista de Tony Blair al declarar contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos las restricciones impuestas a seis sospechosos de terrorismo a los que el Gobierno británico no quiere llevar a juicio. El contratiempo para Blair llega en una semana en la que se ha reabierto el debate sobre su sucesión, en medio de crecientes presiones para que dimita la próxima primavera, cuando en mayo se cumplan 10 años de su llegada al poder.
El juez Sullivan, que en abril ya declaró incompatible con la convención la Ley de Prevención del Terrorismo, dictaminó ayer la ilegalidad de las medidas impuestas a seis presuntos terroristas en aplicación de la ley. Se trata de restricciones a la libertad de los sospechosos mediante las denominadas "órdenes de control".
En este caso, los seis sospechosos están obligados a permanecer en su casa entre las cuatro de la tarde y las siete de la mañana, no pueden utilizar el teléfono ni un ordenador y quienes quieran visitarles han de comunicar antes su identidad al Home Office incluyendo una fotografía, fecha de nacimiento y prueba de residencia. En los periodos en que pueden ausentarse de su domicilio han de comunicar su salida y llegada y tampoco pueden utilizar teléfono u ordenadores.
La sentencia argumenta que aunque los detenidos no están las 24 horas bajo arresto domiciliario, estas órdenes de control vulneran el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la detención indefinida sin juicio. El juez ya se pronunció en abril contra el conjunto de la ley, porque ésta no otorga el derecho de los acusados a un juicio completo para defenderse de las acusaciones de terrorismo. El Gobierno ha recurrido ambas decisiones.
La Ley de Prevención del Terrorismo fue aprobada en marzo de 2005 para cubrir el agujero legal provocado por los jueces-lores, que en otoño de 2004 desarbolaron la ley antiterrorista que permitía el encarcelamiento indefinido de los sospechosos de terrorismo a los que el Gobierno no quería llevar a juicio para proteger a los servicios secretos. Una ley conocida como el Guantánamo británico, porque los presos no eran ni acusados, ni juzgados ni liberados.
Este nuevo varapalo a la política antiterrorista llega en un momento de renovada debilidad del primer ministro. The Guardian aseguraba ayer que Blair y su gran rival, Gordon Brown, anunciarán antes del congreso laborista de septiembre un acuerdo en torno a la sucesión para evitar que el partido llegara al congreso en guerra por la sucesión.
El diario The Daily Telegraph, próximo al Partido Conservador, iba aún más allá al pronosticar que ese pacto incluiría el compromiso de Blair de renunciar en mayo próximo, cuando se cumplan justo 10 años de su llegada al poder. La debilidad crónica de Blair se ha acentuado esta semana con unas polémicas declaraciones de Charles Clarke, ex ministro del Interior, en las que lanzó un obús contra el primer ministro al reprocharle que tenía que "recuperar la dirección y propósito" si quería seguir al frente del Gobierno hasta 2008.
En las últimas semanas han aumentado las críticas a Blair desde la izquierda, que le acusa de haberse sometido al dictado de los tabloides en la crisis que afecta al Ministerio del Interior o al rescatar su vieja propuesta de "reequilibrar la justicia a favor de las víctimas". Blair siempre se ha dejado llevar por los tabloides, lo mismo en su política de seguridad ciudadana como en su creciente distanciamiento de la UE. Su decisión de convocar un referéndum sobre la Constitución Europea -que indujo al presidente francés, Jacques Chirac, a hacer lo mismo, con fatales consecuencias para la propuesta constitucional- fue una concesión al magnate Rupert Murdoch, propietario del influyente The Sun, de The Times y de la televisión Sky.
[Fuente: El País, Madrid, Esp, 28jun06]
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