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15abr12
¿Aprendices de brujo?
Las Comisiones de la Verdad son un elemento de lo que se ha dado en llamar "justicia transicional", dentro de la fase histórica del paso de una dictadura a una democracia. La profundidad de su actuación y su implicación con la justicia han dependido, fundamentalmente, de las características particulares de cada proceso de transición (pactada; tras una fase de ruptura democrática...) definidas a su vez por las particulares correlaciones de fuerza entre los sectores democráticos y los continuistas.
En todas las fases de transición se da el conflicto entre los que buscan hacer efectivo el derecho a la justicia de las víctimas del régimen dictatorial, y los que pretenden que se garantice la impunidad de los responsables políticos de la dictadura y de los actores directos de la represión, así como los privilegios de los sectores sociales, cómplices y beneficiarios, de la dictadura.
El modelo español de transición a la democracia fue, sin duda, el más intensamente caracterizado por la hegemonía política de los sectores provenientes de la dictadura, que en buena parte diseñaron y dirigieron el proceso transicional. Convencidos del inevitable fin del régimen, y presionados por poderes económicos y gobiernos extranjeros, pactaron (repetimos, desde una permanente posición hegemónica) con la oposición democrática la recuperación de las libertades políticas. Todo ello a cambio de la impunidad de los crímenes cometidos, la garantía de pervivencia del status de privilegio de los sectores beneficiados por el franquismo, y la sustitución de las abrumadoras políticas de memoria del franquismo por políticas públicas de silencio y de olvido, con respecto a los únicos antecedentes democráticos de la sociedad española: la II República y la resistencia antifascista. Es más, el modelo español de transición, cuyo elemento definitorio es la impunidad de los crímenes de la dictadura, se ha pretendido exportar a otros países caracterizándolo como "modélico", con cierto éxito en un principio.
Sin embargo, el hecho de que hoy, cuando parecía cerrado el proceso transicional español, desde algunos sectores se plantee la conveniencia de promover la creación de la Comisión de la Verdad que fue inviable en los años 70 y 80, es muestra de que el modelo español de impunidad está cuestionándose, y de que es el principal obstáculo para que las víctimas de la dictadura accedan a la Verdad, la Justicia y la Reparación, como exigen amplios sectores de la sociedad española (entre ellos, las víctimas y sus familiares, las organizaciones de Derechos Humanos, y del movimiento social por la Memoria Democrática).
Pero, ¿es una Comisión de la Verdad un instrumento útil para la consecución de la de la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo? ¿Es viable en nuestro país una Comisión de la Verdad?. Las Comisiones de la Verdad han tenido un papel más o menos importante en varios de los procesos transicionales realizados en otros países, relevancia definida, entre otros factores, por la distancia temporal entre su puesta en funcionamiento y el fin de la dictadura correspondiente. Sus resultados han dependido, asimismo, del nivel de exigencia y de la capacidad de movilización de las diferentes sociedades civiles en favor de la Justicia, y de la mayor o menor posibilidad de interferir en el desarrollo del proceso democratizador por parte de los herederos de las dictaduras.
Las Comisiones de la Verdad han ejercido un efecto catártico sobre las sociedades en transición, pero han generado, por lo general, frustración entre las víctimas a medio plazo, al decantarse invariablemente por el intercambio de verdad por impunidad. Las comisiones, en la mayoría de los casos, han negociado el cambio de los testimonios de los verdugos y responsables políticos de los crímenes, por la impunidad judicial. También han sustituido generalmente la reparación material por la formal, si bien es cierto que han servido en gran manera como impulso de políticas públicas de memoria de los crímenes cometidos. En muchos casos han añadido el término "Reconciliación" a su nombre, pero ¿es posible la reconciliación sin que la justicia se haya hecho plenamente efectiva?
Pero el elemento central y definitorio de las Comisiones de la Verdad, propiamente dichas, es que se constituyen a partir de un mandato parlamentario, que al mismo tiempo las dota de un reglamento donde se regula su composición, sus plazos de funcionamiento, objetivos y límites.
En las actuales circunstancias políticas de nuestro país, difícilmente podría consensuarse la composición de dicha Comisión. Desgraciadamente, y producto de nuestro "peculiar" modelo de transición, las fuerzas democráticas y las víctimas del franquismo carecieron de la capacidad de exigir una rendición de cuentas en el momento en que era necesario. Nuestra democracia se define por su carácter excepcional dado que, frente a la gran mayoría de procesos de transición de una dictadura a la democracia, no se ha dado una fase de justicia transicional. Es más, mientras que los modelos de impunidad exportados se han ido resquebrajando (gracias a la labor de las organizaciones de víctimas, y en muchos casos de fuerzas políticas, y de jueces y fiscales demócratas), obteniendo posteriormente la derogación o anulación de las Leyes de Punto Final, en España pervive aún la situación de excepcionalidad. Prueba de ello es la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, plenamente asimilable a aquellas tal y como la define el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y el fracasado intento de "bajar el telón" de forma definitiva con la Ley llamada de la Memoria de 2007.
¿Estaría hoy el partido de la derecha en el gobierno dispuesto a aceptar y llevar a buen término los trabajos de una Comisión de la Verdad, restringida a los crímenes del franquismo y a las responsabilidades de la Dictadura? ¿Las conclusiones obtenidas no apuntarían directamente contra esa derecha que a diferencia de otras derechas europeas no se proclama antifascista, y que no ha sabido ni ha pretendido desprenderse seriamente de la herencia del franquismo?
Seamos claros: una Comisión del Verdad creada por mandato parlamentario estaría probablemente formada por un amplio elenco de magistrados y creadores de opinión conservadores; quizás por algunos de los historiadores que elaboraron las polémicas entradas del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, cuando no por varios de los publicistas de los desautorizados mitos franquistas. No sería aventurar demasiado suponer que el objetivo final de esa Comisión de ¿la Verdad? sería reeditar, no el desautorizado discurso neofranquista en un sentido estricto, sino la mitología legitimadora del actual régimen político: transición modélica otorgada al pueblo por un grupo de políticos "clarividentes" encabezados por un monarca demócrata de toda la vida; ocultación del papel de la oposición antifranquista y de los movimientos obrero, vecinal, estudiantil, y otros, en el final de la dictadura; tratamiento equidistante de los hechos cometidos igualando a víctimas con verdugos; reparto exaqueo de responsabilidades en el inicio y las causas de la guerra civil, etc…
Y no sólo sería ese el sentido que pretendería dar a la Comisión la fuerza política conservadora que hoy tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La experiencia de los años pasados demuestra que la izquierda política no está dispuesta a confrontar el modelo de impunidad y se niega a romper con los pactos de la Transición en que se sustenta éste. Una izquierda presa de sus contradicciones y ampliamente sobrepasada por las exigencias de justicia de las organizaciones de Derechos Humanos y los organismos internacionales. Si presumiblemente, la mayoría absoluta de derechas cubriría su cuota en la composición de la Comisión de "la Verdad" con los patronos de la Fundación Francisco Franco, la izquierda política propondría, muy probablemente, a sus Excombatientes de la Transición.
Por otra parte, ¿tendrían las víctimas del franquismo y el movimiento memorialista alguna capacidad de decisión o influencia a la hora de conformar la Comisión y regular sus objetivos y normas de funcionamiento? Sería una inmensa torpeza que nosotros mismos promoviésemos que el Estado español volviese a juzgar, y sin lugar a dudas a condenar otra vez a las víctimas del franquismo. Porque ése sería el resultado inevitable, las conclusiones de una Comisión de la Verdad constituida por un régimen político que no ha roto de ningún modo con la legalidad franquista ("de la Ley a la Ley" como decía Torcuato Fernández Miranda) y que se negó en nombre de la "seguridad jurídica" a anular las sentencias represivas del franquismo en la Ley de Memoria de 2007. ¿Sería justo que consintiésemos un nuevo juicio, aunque fuera meramente político y formal, a los defensores de la República y a las víctimas del franquismo?
Probablemente la única posibilidad de hacer justicia con respecto a los crímenes del franquismo sea en un nuevo proceso de transición, esta vez sí, hacia otro régimen dispuesto a romper con la legalidad del franquismo y hacer efectivos los tratados internacionales suscritos por el Estado español que puedan afectar a los derechos de las víctimas del franquismo y a las responsabilidades (en primer lugar, penales) de los verdugos.
En numerosas ocasiones, quienes propugnan el establecimiento de una Comisión de la Verdad, en realidad se refieren a un comité de expertos en la represión franquista, e incluso de organizar un "juicio" popular y mediático a la dictadura… Este comité podría ser producto de una iniciativa particular, y además no requiere aprobación y mandato parlamentario. Quizás constituya una propuesta interesante para debatir y analizar pausadamente, pero tengamos claro que eso NO es una Comisión de la Verdad.
Existen suficientes trabajos publicados, fundamentalmente de historiadores pero también de juristas, sociólogos, antropólogos, etc… que realizados con rigor, absoluta profesionalidad y honestidad, permiten un conocimiento amplio y casi definitivo de lo que fue el franquismo y sus crímenes, de sus beneficiarios y de las responsabilidades de los victimarios. El problema no es que no exista una "historia oficial" sobre la República, la guerra civil y el franquismo, o que haya que establecerla para oponerla al moderno recauchutado de los mitos franquistas. Esa batalla por la memoria del futuro es una batalla ya ganada, al menos en el ámbito académico y de los especialistas.
El escollo es que la socialización de la verdad científica para su conversión en memoria colectiva, topa con la ausencia de políticas públicas de memoria democrática. Si quienes hicieron la Ley de Memoria en 2007, establecieron en el preámbulo que sólo buscaban la recuperación de la "memoria personal y familiar", qué políticas de memoria podemos esperar de quienes acaban de asumir las responsabilidades del gobierno central, tienen amplia mayoría parlamentaria, y controlan la mayor parte de las instituciones municipales y autonómicas.
Y si en algún momento, las organizaciones del movimiento por la memoria democrática, acordasen recabar el apoyo de profesionales para elaborar una especie de "Libro Negro del franquismo", habría que partir de la premisa de que éste no debería ser únicamente una apuesta por la "verdad", sino que su objetivo consistiría en desarrollar un sólido argumentario, el cual sustentase futuros procedimientos judiciales (fuera y dentro del Estado español) utilizando el tipo penal de "crímenes contra la humanidad".
Si lo que se nos propone es una Comisión de la Verdad en sentido estricto, con el fin de establecer, supuestamente, una Verdad histórica oficial, tengamos claro que para nuestros objetivos, no hay otra verdad que la verdad judicial, en forma de leyes o de sentencias. Si no hay justicia, no puede haber verdad, ni reparación, ni reconciliación.
En consecuencia, jugar a aprendices de brujo nos puede llevar a obtener efectos perversos y en ningún modo pretendidos: desde una reedición de la causa general, hasta un intento de volver a juzgar y condenar a los defensores de la legalidad republicana. Y sería prudente que no exijamos al Parlamento que constituya una Comisión de la Verdad si no estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias, porque podrían hacernos caso. En la historia de la democracia española, nunca hasta hoy, el inmenso esfuerzo que supone la recogida de medio millón de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular ha prosperado en el Parlamento. Pero podría darse el caso de que en esta ocasión el Gobierno de la derecha lo acogiera favorablemente. En las actuales circunstancias políticas los resultados de los trabajos de esa Comisión no pueden ser otros, repetimos, que unas conclusiones "políticamente correctas": se recuperaría la doctrina del reparto de responsabilidades ex-aqueo, como teoría "oficial" justificativa de nuestro modelo de transición. No obtendríamos Justicia, sino "equidistancia" y la reconciliación impuesta por los vencedores; y tampoco Verdad, sino falsificación histórica.
Si por motivos obvios la monarquía implantada con la Ley de Sucesión de 1969 carece de legitimidad de origen, no deberíamos ser nosotros y nosotras (republicanos/as y/o activistas del movimiento memorialista) quienes facilitásemos al segundo jefe de estado que tuvo la dictadura y a su heredero, una apariencia de legitimidad de ejercicio, permitiéndoles reeditar el desgastado mito de la modélica transición, consistente en que debemos la recuperación de las libertades únicamente a su "gracia y magnanimidad". Sería el lavado del ajado discurso de la reconciliación y la concordia entre todos los españoles bajo el manto protector de la corona. Algo que les vendría muy bien en estos momentos en que la institución monárquica está devaluada ante la opinión pública, en que se ha colocado en el punto de mira de las críticas, y en el que la posibilidad de una sucesión monárquica, por causas naturales, parece ser una expectativa no lejana.
Seamos rigurosos y consecuentes: la definición de lo que debe ser la aplicación del derecho a la verdad se recoge en un documento de Naciones Unidas, el llamado Informe Joinet (1). El movimiento memorialista y de víctimas del franquismo (por no hablar de la izquierda política) debería asumir estos planteamientos, absolutamente incompatibles, por ejemplo, con la ley de Memoria de 2007, y dejar de utilizar los términos de "Verdad, Justicia y Reparación" como un mero lema sin dotarlo de contenido. ¿Acaso una Comisión de la Verdad constituida por el parlamento español va a otorgar esos derechos a las víctimas del franquismo? ¿Vamos a promover una Comisión de la Verdad con el fin de "contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas?" ¿Estamos dispuestos a renunciar al derecho a la justicia?
Si alguien tiene dudas sobre el resultado de crear una Comisión de la Verdad, sólo tiene que preguntarse si asume plenamente las conclusiones del "Informe de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos", elaborado en 2011 por iniciativa de un gobierno de orientación, en principio, más progresista que el actual, que carecía de mayoría absoluta parlamentaria.
En los últimos meses hemos podido comprobar cuáles son las consecuencias para la causa de las víctimas del franquismo, de sentencias que crean precedentes negativos, llevando las iniciativas judiciales a una vía muerta. Quizás deberíamos estar pensando en cómo sortear o levantar los precedentes a los que han dado lugar dichas iniciativas, en vez de perseverar y distraer esfuerzos en aventuras que, a la postre, obtendrán resultados contraproducentes y probablemente irreversibles. La proposición de promover una Comisión de la Verdad para el tema de las víctimas del franquismo, debería ser desestimada por irreflexiva. O acaso como segunda fase de una estrategia para apuntalar definitivamente el modelo de impunidad y los pactos de la transición.
Es cierto que las víctimas llevan demasiado tiempo esperando Verdad, Justicia y Reparación por parte de un Estado que se niega a reconocerlas y a aplicar a su caso el Derecho Internacional, pero la impaciencia no es buena consejera. El movimiento social por la memoria democrática y de las víctimas del franquismo tendría a estas alturas que ser capaz de analizar acontecimientos pasados, extraer las conclusiones pertinentes, y no estar a remolque de iniciativas que, actuando a modo de flautista de Hamelin, lo secuestren o lo conduzcan al suicido. Si de hecho se nos acaba de cerrar prácticamente la vía judicial, no podemos cometer el suicido de trabajar para que, además, se nos cierre la vía política.
[Fuente: Por Arturo Peinado, Blog personal, 15abr12]
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