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20oct16
El Supremo imputa a Rita Barberá por blanqueo y la cita a declarar el 21 de noviembre
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre. Se trata de una investigación en el marco de la Operación Taula, derivada del caso 'Imelsa'. En una providencia, el instructor cita a Barberá en calidad de investigada para tomarle declaración voluntaria conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al aforado prestar declaración como investigado antes de que se pida el suplicatorio.
La investigación abierta a Barberá deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en un informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.
En el auto de apertura de la causa con fecha del pasado 13 de septiembre, el Supremo destacó que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. "Resulta, pues, imprescindible -añade el auto- continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".
En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Es decir, se trata de indagar si las actividades conocidas como "pitufeo" ocultan el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular y el origen del dinero supuestamente blanqueado.
El magistrado implica a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015. Además, apunta que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran. Sus explicaciones, señala el instructor, son "insuficientes" para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
El lunes se sabrá si el PP sigue blindando a Barberá en la Diputación Permanente
Tras conocer la apertura de la instrucción, Barberá se dio de baja en el PP pero no dejó su acta en el Senado, integrándose en el Grupo Mixto, para mantener su condición de aforada y que sea el Tribunal Supremo quien la investigue. No obstante, la Cámara Alta definirá el próximo lunes la Diputación Permanente ante una eventual investidura y una posible disolución de las Cortes si ésta vuelve a resultar fallida. Será este día cuando se conocerá si Barberá forma parte de los miembros de dicho órgano y continúa siendo aforada -tal y como ocurrió en la pasada legislatura, algo que fue muy criticado porque se entendió que el PP la "blindó"-, al menos hasta la celebración de unos nuevos comicios, o, por el contrario, perderá esta condición.
Por otro lado, en un auto, Conde-Pumpido impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular en la causa, y alerta además del "serio riesgo de judicialización de la política" que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. Añade que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica "transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política".
El PSOE había pedido que no se le señalase el pago de fianza alguna para ejercer la acusación popular. El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos. "Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza", indica la resolución.
En definitiva, ponderando las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y la previsible asequibilidad a su prestación por éste, el magistrado fija en 3.000 euros la fianza, lo que no parece una cantidad excesiva para una formación como esa. Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado con los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha sembrado algunas dudas sobre la imparcialidad de su instrucción del 'caso Barberá'. Cuando se le designó, corrieron rumores de que su nombre había sido propuesto por jueces próximos al PP como un ejercicio de presión para que la exalcaldesa de Valencia dé su brazo a torcer y presente su dimisión como senadora. Entre las declaraciones impactantes que se han producido al hilo de la elección de Conde-Pumpido, ocupa un lugar destacado la de la diputada Celia Villalobos, que recomendó a Barbera que dimita "a toda leche". "Como confío en los jueces, pero no en Conde-Pumpido, espero que lo consiga resolver ella", aseguró Villalobos.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 20oct16]
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