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07may13
La Audiencia de Palma anula la imputación de la infanta Cristina por el 'caso Nóos'
La Audiencia Provincial de Palma ha anulado la imputación de la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, pero deja la puerta abierta a la posibilidad de imputarla en el futuro por un delito fiscal o de blanqueo de capitales, a la espera de que Hacienda remita al juez instructor, José Castro, la información que éste ha solicitado.
De esta forma, la Audiencia ha aceptado en parte los recursos presentados en contra de la imputación por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia hija del Rey, Iñaki Urdangarin y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga. De los tres magistrados que han emitido el fallo, uno de ellos, Juan Jiménez, se ha pronunciado a favor de mantener la imputación.
En su auto exculpatorio, la Audiencia argumenta que "no hay indicios vehementes" de que la Infanta "conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la Administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos".
Los magistrados admiten que la infanta Cristina "era conocedora y sabía que el Instituto Nóos suscribía contratos con las Administraciones Públicas, beneficiándose de ello con ingresos por patrocinio y por subvenciones", pero añaden a renglón seguido que "no hay indicios fundados" de que la hija de don Juan Carlos "albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación".
Sin embargo, la Audiencia de Palma advierte que "no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta". La abogada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular, reclamó desde el inicio del procedimiento la imputación de un delito fiscal a la Infanta, y por ello pidió recientemente al juez Castro que solicitara a Hacienda sus 10 últimas declaraciones de la renta.
Imputación frustrada
El juez imputó el pasado 3 de abril a la hija menor del monarca al considerar que "prestó su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido", Iñaki Urdangarin, "a sabiendas" de que éste se sirvió de ese vínculo familiar para obtener "un trato generoso" por parte de administraciones públicas y empresas privadas, "disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos".
Castro argumentó que tanto la Infanta como su secretario personal, García Revenga, fueron incluidos en la junta directiva del Instituto Nóos "no en atención a sus capacidades", sino "con la pretensión de aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones" realizadas por esa supuesta entidad sin ánimo de lucro "eran conocidas y gozaban del respaldo de la casa del Rey".
El juez imputó a la Infanta un presunto delito de cooperación necesaria, pero advertía en su auto que también podría ser cómplice de los delitos supuestamente cometidos por su marido. El instructor del caso Nóos hacía mención expresa del artículo 29 del Código Penal, que señala que "son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos".
Dos días más tarde, sin embargo, Castro suspendió la declaración de la Infanta, inicialmente prevista para el pasado 27 de abril, tras conocer que el fiscal impugnaría el auto de imputación. Según el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, los indicios de cooperación o complicidad que apuntaba el juez son meras "sospechas personales" o circunstancias "inocuas", "inconsistentes", "equívocas" o "especulativas".
De forma sorprendente, y tras el silencio de las primeras horas, la Casa del Rey expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez Castro, y manifestó también su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de recurrir el auto. Aunque La Zarzuela dejó claro "el máximo respeto" por las decisiones judiciales, un portavoz oficial lamentó "el cambio de posición expresado por el juez en su resolución, frente a la mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca".
[Fuente: Por José Luis Lobo, El Confidencial, Madrid, 07may13]
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