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19dic19
La Fiscalía pide 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT-A por la trama de las facturas falsas
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para financiarse de forma irregular a través de una supuesta trama de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos de formación entre los años 2009 a 2013.
UGT-A habría saqueado fondos destinados a los parados andaluces, a través de los cursos de formación, por medio de una supuesta trama que destapó EL MUNDO en 2013. Las subvenciones fueron concedidas al sindicato por el anterior gobierno andaluz del PSOE en una comunidad "donde el paro es un grave problema", remarca el fiscal.
El escrito de acusación de la Fiscalía, en poder de EL MUNDO y conocido este miércoles, se dirige contra 14 acusados: cinco pertenecientes a UGT-A y a su empresa instrumental Soralpe y nueve proveedores de confianza del sindicato que confeccionaban facturas ficticias siguiendo las órdenes que les daban los responsables de la central sindical.
Además, Anticorrupción dedica un apartado a la "responsabilidad de UGT-A" y señala que el sindicato es "responsable civil subsidiario por la totalidad de la cuantía de las cantidades defraudadas", que se eleva a 40.750.047,74 euros. Igualmente, el sindicato es "responsable solidario por las cuantías de las multas de los acusados", que son de 50 millones de euros para cada uno de los cinco procesados vinculados a UGT-A y a su empresa Soralpe, dice el escrito de acusación.
Ello quiere decir, según las fuentes del caso consultadas por este diario, que si finalmente hubiera una condena y los enjuiciados no pudieran hacer frente al pago de los 40,7 millones de responsabilidad civil, UGT-A tendría que responder y pagar esa suma millonaria. A esa cuantía habría que sumar las cinco multas de 50 millones de euros de cada enjuiciado (250 millones). En total, 290,7 millones de euros a los que debería hacer frente el sindicato, si hubiera una sentencia condenatoria.
Se rompe así la línea de defensa que ha mantenido el sindicato en Andalucía, que lidera la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla. La central sindical ha alegado estos años que no estaba personada en las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla y que todo era responsabilidad de los antiguos dirigentes, a pesar de que lo que se está investigando son subvenciones concedidas por la Junta a la federación 'ugetista' y de que los registros se hicieron en la sede del sindicato.
Anticorrupción ha solicitado una pena global de 26 años de cárcel y 200 millones de multa por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil para cuatro ex responsables de la federación andaluza de UGT. El fiscal ha pedido 7 años de cárcel para Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas en diciembre de 2013, tras permanecer solamente siete meses en el cargo. Idéntica pena de 7 años ha exigido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato durante 15 años entre 1998 y 2013; otros 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica durante la etapa investigada y ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras. En total, los 26 años.
A estos cuatro ex responsables de UGT-A, se suma el investigado Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato A Soralpe, que también se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión. Goicoechea está acusado de prestar «auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato. Para cada uno de estos cinco acusados vinculados a la ex cúpula de UGT-A y a su empresa Soralpe, Anticorrupción reclama una multa de 50 millones de euros. Sumando las multas de los cinco resultan los 250 millones de los que el fiscal hace "responsable solidario" al sindicato.
Cada uno de los nueve proveedores de UGT-A se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de tres años de cárcel. En total, 27 años de prisión.
"Con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos", los ex dirigentes de UGT-A pusieron "en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de justificación ante la administración concedente", remarca el escrito de acusación de la Fiscalía.
Entre las vías para "sustraer fondos de las subvenciones" y financiarse de forma irregular están el bote, el rápel logrado con las facturas falsas confeccionadas por los proveedores y la "simulación de alquileres de las aulas empleadas para la formación", dice el fiscal.
La "osadía" del sindicato
Sobre el bote y el rápel, que iba engordando con las facturas simuladas confeccionadas por los proveedores, el fiscal señala que "tal fue su osadía" [de los responsables de UGT-A] que el manual de contabilidad del programa informático Spyro "llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente" para que los empleados del sindicato supieran cómo "manejar y contabilizar" esos recibos.
Del rápel, el fiscal explica que el tesorero de UGT-A negociaba con los proveedores del sindicato "un descuento ante la ingente actividad comercial". "Estos descuentos se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente" y se materializaban al final de cada ejercicio. La irregularidad del descuento radica en que, para justificar las subvenciones ante la Junta, el sindicato presentaba "la primera factura sin incluir el descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".
[Fuente: Por Silvia Moreno, El Mundo, Sevilla, 19dic19]
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