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20jul14
Las grabaciones judiciales de la guardia civil implican a varios dirigente de UGT Andalucia
Las escuchas telefónicas que incluye el sumario sobre la presunta trama diseñada por UGT en Andalucía para desviar subvenciones a través de la emisión de facturas falsas incluye llamativas conversaciones entre los responsables de los hechos investigados y ex dirigentes del sindicato.
"Éstos terminan todos en la cárcel" o van a "necesitar un abogado de primera", dice un ex dirigente de la federación andaluza de UGT para referirse a los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, además del ex tesorero Federico Fresneda, responsable de las cuentas del sindicato durante 15 años.
A los tres los hace responsables de los escándalos contables y de los desvíos de fondos públicos que se estaban publicando en los medios de comunicación y que EL MUNDO empezó a documentar a partir del pasado verano.
La persona que habla es Germán Damián Domínguez, que formó parte de la ejecutiva de Pastrana durante una década, entre 1999 y 2009. En 2013, intentó liderar una candidatura alternativa para dirigir UGT-A, que finalmente no logró los apoyos necesarios.
Domínguez es el ex dirigente sindical que declaró como testigo ante la Guardia Civil que todos los miembros de la ejecutiva de UGT-A sabían que se cobraba un «canon revolucionario» de las subvenciones, ya que el 80% se destinaba a los fines previstos, pero el 20% restante se lo quedaba el sindicato.
Aunque hasta ahora el máximo responsable del sindicato detenido por la trama de las facturas falsas de UGT ha sido Fresneda, los pinchazos telefónicos indican que no es el único responsable. De hecho, trabajadores del sindicato también han incidido en que allí no se movía un papel sin que estuviera al tanto Manuel Pastrana, si bien el que daba la cara era Fresneda. «El que hacía todo porque lo cogían por el cuello, y le estiraban todo lo que podían, era Federico Fresneda, que era el que daba la cara», recoge otra conversación en la que habla Germán Damián Domínguez.
Los teléfonos de los investigados echaban humo el 19 de diciembre de 2013, cuando la UCO de la Guardia Civil registró por orden judicial la sede regional de UGT en la capital hispalense, además de tres empresas vinculadas al sindicato; una de ellas, Geosur, presidida por el ex alcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle, que es abogado.
A media mañana, cuando todavía no sabían qué investigación había motivado los registros policiales, Fresneda conversa con María Charpín, integrante de la comisión de garantías de UGT confederal y ex dirigente de la central en Andalucía vinculada al PSOE. Ambos fueron detenido el pasado 24 de junio, junto a otra docena de personas más en la segunda fase de la operación Cirene.
Fresneda y Charpín se preguntan los motivos del registro. «Será por los ERE o será por lo nuestro, no sé por qué será», responde el ex tesorero a su interlocutora. Las escuchas telefónicas recogidas en el sumario de 3.300 folios revelan el nerviosismo de los implicados en la trama. «Por teléfono, no», comenta Fresneda al sentirse vigilado.
En otro pinchazo se queja de que dirigentes de UGT-A como Manuel Tirado, secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP), o Fernández Sevilla lo señalaran a él. «Me parece muy fuerte que se diga que las cuentas las he llevado yo», dice Fresneda.
El grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil que investiga el caso ha llegado a la conclusión de que el presunto fraude orquestado por UGT se realizaba de manera «sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo». Van más allá, al sostener que la «vía más importante en la financiación» de la federación andaluza de UGT «podría haber sido esta presunta práctica ilícita».
[Fuente: Por Manuel Becerro y Silvia Moreno, Sevilla, El Mundo, Madrid, 20jul14]
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