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22may18
Una treintena de magistrados del Tribunal Supremo se suma a la huelga de jueces y fiscales
Un total de 30 magistrados del Tribunal Supremo se han sumado a las reivindicaciones de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales para mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales, que este martes afrontan una jornada de huelga general en toda España.
En un comunicado, la treintena de magistrados firmantes trasladan su “total apoyo” a las reivindicaciones planteadas “en defensa de sus justas peticiones” como son unas cargas de trabajo saludables, más autonomía del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos.
“Compartimos enteramente” las “legítimas reclamaciones” planteadas por las asociaciones de jueces y fiscales, señalan los magistrados del TS firmantes, que trasladan su respaldo a las actuaciones que se están llevando a cabo para que sean atendidas, entre ellas cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes y la huelga a nivel nacional de este martes como último movimiento.
En opinión de los jueces firmantes, se trata de unas reclamaciones con las que de “manera unánime” se están reclamando “las imprescindibles reformas” que necesita la Administración de Justicia “para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde”.
En esta línea, ven “absolutamente imprescindible” para un “eficiente funcionamiento” de la justicia que se atienda sus reclamaciones sobre la garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia y el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial.
Asimismo, han subrayado que a estas medidas debe sumarse la protección de los derechos profesionales de jueces y fiscales con la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonable, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
A las concentraciones convocadas durante las últimas semanas se han sumado incluso los nueve miembros del Consejo Fiscal y otros de la cúpula del Ministerio Público se concentraron el pasado 10 de mayo durante unos minutos para secundar la movilización.
El jueves 17 de mayo fue el último día convocado para suspender su actividad a las 12.00 horas, y según datos oficiales facilitados por las asociaciones, 1.723 jueces y 602 fiscales decidieron hacer este paro parcial. Teniendo en cuenta que en Galicia era festivo, estas cifras son similares a las del resto de días de convocatoria, en las que casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales han respaldado la iniciativa de las asociaciones.
Dimisión de Catalá
A esto hay que sumar que el pasado 4 de mayo, más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus “injerencias” en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales.
Tras este encuentro, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se reafirmaron en su idea de continuar con las movilizaciones, pues se quedaron con una visión “negativa” de la reunión.
Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que, de las 14 propuestas consensuadas por las asociaciones, “una amplia mayoría está ya en trámite o en proceso de elaboración”, así como que las demás están siendo objeto de “avanzado estudio”.
Justicia no ha “respondido” a las peticiones
“No hemos tenido la respuesta por parte del Ministerio de Justicia que esperábamos, que era que se atendieran nuestras peticiones”, afirmó el juez decano de Málaga, José María Páez, durante el último paro. En la misma línea se manifestó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, que dijo que las reivindicaciones no se han visto “satisfechas tras las muchas conversaciones de última hora que se han mantenido con el ministro y con el Consejo -General del Poder Judicial (CGPJ)-“, entre otras administraciones.
“Estamos obligados a perseguir nuestras reivindicaciones por el bien de la justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma”, ha lamentado.
Entre las reclamaciones, los jueces exigen el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 22may18]
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