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17oct12
La tercera sentencia europea contra España por torturas critica al juez y a la ley especial
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado al Reino de España por haber archivado sin haber investigado suficientemente la denuncia por torturas presentada por Martxelo Otamendi durante su detención e incomunicación por parte de la Guardia Civil durante la operación que clausuró el diario «Euskaldunon Egunkaria», en febrero de 2003.
Se trata de la tercera ocasión en la que Estrasburgo condena al Estado español por casos relacionados con torturas a ciudadanos vascos, tras los de Mikel San Argimiro y Aritz Beristain.
Nada más conocerse la sentencia, Otamendi difundió un vídeo en el que, precisamente, destacaba que el suyo no es un caso aislado en Euskal Herria y agradecía los apoyos recibidos.
La misma operación contra «Egunkaria» dejó otros duros relatos de torturas. El propio Otamendi, nada más salir de prisión, compareció ante los medios a las puertas de la cárcel para informar de que a Xabier Alegria le habían aplicado la bolsa y que Joan Mari Torrealdai también había sido sometido a malos tratos.
Ni esta es la primera vez que desde instancias internacionales se recrimina al Estado español en relación a la tortura, ni es la primera ocasión en la que Estrasburgo pone en entredicho la política de Madrid en el marco del conflicto político que afecta a Euskal Herria, ya que este mismo tribunal ha rechazado en el caso de Inés del Río la doctrina 197/2006, que alarga la condena impuesta a presos políticos.
El Tribunal de Estrasburgo considera ahora que el Estado español incurrió en una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano o degradante. En concreto, se le condena por la ausencia de una investigación eficaz de la denuncia de torturas presentada por el actual director de «Berria» durante el periodo en el que permaneció incomunicado en dependencias de la Guardia Civil.
La sentencia, adoptada por unanimidad y que establece una indemnización de 24.000 euros, relata que Otamendi manifestó al médico forense que fue obligado a permanecer de pie largo tiempo y a realizar flexiones durante los interrogatorios a los que fue sometido y que le amenazaron con aplicarle la bolsa.
Junto a ello, recoge que Otamendi denunció haber sido objeto malos tratos durante su incomunicación en la comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española, Juan del Olmo. Además de lo relatado al forense, Otamendi explicó al juez que ordenó el cierre de «Egunkaria» que sufrió insultos homófobos, que fue obligado a permanecer en posturas forzadas y otras de contenido sexual, que le colocaron un objeto metálico en la sien y que simularon la detonación de una pistola, y que le pusieron en dos ocasiones una bolsa de plástico en la cabeza. También explicó al juez que fue amenazado de muerte tras hablar con el médico forense.
Desde la Audiencia Nacional se remitió la denuncia de Otamendi al Juzgado de Guardia de Madrid, pero este la rechazó argumentado el carácter secreto de la instrucción. El director de «Egunkaria» recurrió esta decisión. Tras limitarse a tomar declaración al forense y al propio Otamendi, se procedió a archivar la denuncia.
La sentencia de Estrasburgo recoge las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) tras una visita al Estado español en octubre de 2007, alertando de que el régimen de incomunicación ampara esta práctica. Entre otras medidas, se recomienda al Estado español que grabe en vídeo las detenciones incomunicadas.
Torturaren Aurkako Taldea (TAT), por su parte, mostró su satisfacción por la sentencia de Estrasburgo, ya que «supone un pasó más en la lucha contra la tortura», y destacó que esta es la tercera vez en la que este tribunal condena al Estado español por denuncias de ciudadanos vascos.
TAT: «Un paso más»
«Pero además da un paso más y establece que no se ponen los medios necesarios para evitar la existencia de abusos y para proteger la integridad de física de los detenidos», añade TAT, que subraya que Estrasburgo «es insistente en la necesidad de adoptar las medidas recomendadas por el CPT».
«El procedimiento que se ha seguido con la denuncia por torturas de Martxelo Otamendi es idéntico al resto de denuncias por torturas que a lo largo de los años se han venido interponiendo ante los diferentes juzgados de Euskal Herria. Todas las denuncias de este tipo acaban en archivo por `no aparecer suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal', sin que haya habido una investigación suficiente», subraya TAT. Y denuncia la actitud de los jueces, porque «no existe una voluntad real de conocer qué ocurre en esos días de incomunicación», y de los médicos forenses.
«Es barato torturar, el Estado prefiere pagar 24.000 euros»
Decenas de rostros conocidos de la política, el periodismo, el derecho u otros ámbitos acudieron ayer por la tarde a Martin Ugalde Kultur Parkea de Andoain, donde Martxelo Otamendi compareció -acompañado por los también encausados Joan Mari Torrealdai e Iñaki Uria- para agradecer el apoyo recibido durante estos casi diez largos años y recordar que en este país ha habido miles de torturados por la fuerzas policiales. Para ellos tuvo un recuerdo, en especial para quienes perdieron la vida en su paso por los calabozos. También expresó su reconocimiento a los organismos y profesionales que trabajan para erradicar los malos tratos.
El exdirector de «Egunkaria» comentó que «es barato torturar en España», porque el Estado «prefiere pagar 24.000 euros antes que investigar e impedir» un delito que es «el más previsible, porque se sabe de antemano el quién, el dónde, el cuándo y el contra quién».
Otamendi recordó que aún permanece abierto el sumario por la vertiente «económica» del rotativo clausurado.
Por su parte, el abogado Iñigo Iruin señaló que la de ayer es la tercera sentencia similar en dos años. «Es un goteo de sentencias en contra del Estado español, y espero que haya más en el futuro». El letrado destacó como «valor añadido» que Estrasburgo critica la «pasividad» del juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo, las «actitudes inadmisibles» del juzgado de instrucción que ignoró la denuncia y algunos artículos de «la legislación antiterrorista».
[Fuente: Por Martxelo Díaz, Gara, Iruñea, 17oct12]
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