Equipo Nizkor - La exsubsecretaria de Cultura asume la defensa del Estado ante la Justicia europea.

La plaza de la Abogacía del Estado responsable ante el Tribunal de Justicia de la UE ya no está vacante. El cargo al que renunció recientemente Sonsoles Centeno tras la polémica por la detención de Carles Puigdemont, y desde el que se ejerce la defensa de los intereses de España ante uno de los órganos que actúan como principales garantes de la legalidad de los Estados miembros, ha sido asignado recientemente a la exsubsecretaria de Cultura Andrea Gavela, cesada tras la llegada al ministerio de Miquel Iceta.

Andrea Gavela ya ejerció durante cuatro años, entre 2014 y 2018, como adjunta de la Subdirección General de Asuntos Europeos e Internacionales. Además, desempeñó labores como abogada del Estado en Cataluña, Madrid, los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo y Audiencia Nacional. Fue combinando esta actividad con puestos políticos. Por ejemplo, de 2008 a 2011 fue vocal asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, antes de dar el salto a Cultura, ejerció en el mismo lugar casi dos años como directora adjunta del mismo de junio de 2018 hasta enero de 2020.

Como adelantó El Confidencial, su antecesora en el cargo Sonsoles Centeno pasó recientemente a la excedencia después de que se evidenciara una disparidad de criterio respecto a Puigdemont. El 'expresident' de la Generalitat fue arrestado mientras se encuentra aún pendiente la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que remitió el instructor del 'procés', Pablo Llarena, sobre el alcance de las órdenes europeas de detención.

En representación del Estado, Centeno defendió que las Oedes en contra del huido no podrían ejecutarse por el momento al no haberse producido aún la respuesta a la consulta que el magistrado remitió al Tribunal de Justicia de la UE. "Está pendiente la petición de decisión prejudicial (...) y como afirma el propio Parlamento Europeo en el apartado 64, es muy poco probable que las autoridades judiciales belgas ejecuten las órdenes de detención sin una sentencia definitiva del Tribunal de Justicia. También es poco probable que otros Estados miembros ejecuten esas órdenes de detención, ya que el caso se refiere a cuestiones de fondo que afectan a la ejecución de las órdenes de detención europeas, independientemente del Estado miembro en el que se ejecuten", indicaba.

No obstante, Llarena defendía el criterio opuesto. Indicaba que, pese a la cuestión prejudicial, la situación de las órdenes de detención y entrega se mantenía en el mismo estado que en el momento en el que se dictó. "La OEDE contra Carles Puigdemont i Casamajó está activa por decisión de este instructor, que es quien tiene la competencia para ello", indicó en concreto. Días después de la discrepancia, Centeno solicitó la excedencia. El despacho Pérez-Llorca ha anunciado su fichaje para dirigir una oficina en Bruselas, en calidad de socia.

Ahora, Gavela asume la representación de España ante el principal garante del Derecho de la Unión. En su última etapa compaginó su experiencia en la abogacía con su pasión por la cultura. Es vicepresidenta primera de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de la Fundación Lázaro Galdiano. También vicepresidenta del Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y del Consejo de Administración del Instituto Cervantes y miembro de los Patronatos del Museo Nacional del Prado, Museo Nacional de Escultura, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y de la Biblioteca Nacional de España, entre otros.

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La exsubsecretaria de Cultura asume la defensa del Estado ante la Justicia europea

[Fuente: Por Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 09Dic21]

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