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09feb16
Comienza en España polémico juicio contra sindicalistas
Un polémico juicio contra ocho sindicalistas que protestaron en 2010 frente a la planta de Airbus ubicada en la localidad madrileña de Getafe comenzó hoy tras una manifestación de apoyo a los procesados.
Los ocho de Airbus, como son conocidos por su actuación en la citada fábrica aeronáutica durante la huelga general de 2010, están acusados por delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores al incumplir el artículo 315.3 del Código Penal.
Cada uno de los encausados se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión por lo ocurrido el 29 de septiembre del aquel año, cuando se produjeron altercados y una carga policial.
El citado apartado del Código Penal dotó a este proceso de una trascendencia significativa, después que las principales centrales obreras españolas y varios partidos políticos lo calificaron de amenaza al derecho de huelga y un ataque a la democracia.
Según el artículo 315.3, "quienes actuando en grupo o de manera individual, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años, o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".
Pese a ser modificado en la pasada legislatura con la indicación concreta de las penas, ya estaba incluido en el Código Penal del gobierno de Felipe González de 1995.
Las organizaciones sindicales lo consideran como una continuación de la legislación franquista, en referencia a la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Desconocer esta norma, así como declararse inocentes de todos los cargos, impidió que los sindicalistas aceptaran las propuestas de acuerdo de la Fiscalía, que en tres ocasiones les ofreció reducir su petición de pena para evitar la entrada en prisión.
España se juega mucho en el juicio de los ocho de Airbus, sobre quienes pesa una acusación desproporcionada que en realidad busca atacar el derecho de huelga, denunció hoy el líder de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Ignacio Fernández Toxo.
Se incrimina a estos trabajadores para arremeter contra ese derecho como también se hizo con el de manifestación con la Ley Mordaza, afirmó Fernández Toxo, en alusión a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en vigor desde julio de 2015.
Esa última ordenanza contempla duras sanciones contra aquellos que se manifiesten en los alrededores del Congreso y el Senado, fotografíen o graben a policías o paren un desahucio, por sólo citar algunas de las infracciones establecidas.
Tanto el secretario general de CC.OO. como su homólogo de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, alertaron que este país europeo atraviesa un momento muy delicado.
La crisis operó como caldo de cultivo para producir un retroceso a tiempos que creíamos absolutamente sobrepasados por la historia, coincidieron.
Para contrarrestar el malestar ciudadano ante el empobrecimiento, el desempleo masivo y el crecimiento de las desigualdades, se pretende limitar el cuadro de derechos e intimidar a la gente que decide protestar o hacer una huelga, enfatizaron.
Estamos ante un envite donde España se juega el mantenimiento de las libertades y los derechos fundamentales o la entrada en un concepto de democracia y libertad restringido, sentenció Méndez durante la manifestación de apoyo a los sindicalistas.
[Fuente: Prensa Latina, Madrid, 09feb16]
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