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21abr16
Botín ofreció 600.000 euros a Iniciativa por Cataluña para liquidar el juicio por las cesiones de crédito
Tres años antes de la entrada del euro en circulación, el expresidente del Banco Santander Emilio Botín ofreció al entonces responsable de Iniciativa por Cataluña, Joan Saura, más de 100 millones de pesetas si se retiraba como acusación particular en el caso de las cesiones de crédito. Con anterioridad, había conseguido por el mismo procedimiento que lo hiciera Ausbanc, ya pilotada por Luis Pineda.
Joan Saura, diputado nacional en la VI y la VII legislatura y expresidente de Iniciativa por Cataluña, relata así la relación que tuvo con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. "Ellos estaban personados como acusación particular en el caso de las cesiones de crédito del Santander y nosotros también. Fue el único vínculo que compartimos con Pineda. Cuando yo formaba parte como consejero del primer Gobierno de Pasqual Maragall, un día me llamó para decirme que Emilio Botín quería comer con nosotros. El mismo día del almuerzo, me telefoneó la secretaria del president para decirme que estaba indispuesto, que acudiera yo al encuentro con el banquero. Estaba clara la intención de Maragall de que nos viéramos los dos a solas. Durante la conversación, hablamos mucho de política y de economía, hasta que al final me preguntó a bocajarro: "bueno, ¿y qué hay de lo nuestro?".
El banquero estaba dolido porque mientras Ausbanc se había retirado en la primavera de 1999 como acusación particular en la causa judicial abierta por las cesiones de crédito del Santander, Iniciativa se había mantenido en ella. "Así, de golpe, me ofreció 100 millones de pesetas para empezar, más los gastos profesionales derivados del proceso si seguía los mismos pasos que Luis Pineda. Yo lo rechacé y le dije que este asunto lo llevaban nuestros abogados. Recuerdo que se pusieron en contacto con los del banco, pero, como es lógico, no aceptamos la misma oferta que Ausbanc sí admitió".
Saura recuerda que fue el fiscal Anticorrupción de entonces, Carlos Jiménez Villarejo, quien le convenció para que se personara como acusación contra Botín y también de que no la retirara después, dado el interés que tenía en llegar hasta el final en un caso que se mantuvo abierto durante más de dos décadas. Arrancó en 1987 cuando el banco comenzó a comercializar entre sus clientes el producto financiero denominado cesiones de crédito. La Fiscalía investigó más de 47.000 operaciones de unos 3.500 clientes por un importe superior a los 2.600 millones de euros y las pesquisas dieron pie a que la Audiencia Nacional acusara a los directivos de la entidad de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda pública.
La 'doctrina Botín' puso fin al caso
El proceso sufrió numerosos vaivenes y tres etapas claves desde su apertura: su archivo por el Supremo en 2007, su reapertura por el Constitucional en 2010 y su archivo definitivo tres años después como consecuencia de la 'doctrina Botín'. Dicha doctrina impide la apertura de juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular.
Saura recuerda que su decisión de mantener la acusación le granjeó a Iniciativa grandes enemigos mediáticos. "Ahí estaba El País, con Matías Cortés intrigando en el Grupo Prisa, y también La Vanguardia. Además, el PSOE no hacía más que echar pelotas fuera cada vez que el asunto de las cesiones de crédito salía a debate en el Congreso", resume. Parlamentarios de la época recuerdan que el principal defensor de Botín fue en aquel entonces el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, en el PSOE se atribuye un papel fundamental a la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ahora en una Fundación financiada por el Santander, en la decisión de la Fiscalía de retirar también su acusación contra el banquero ya fallecido.
En estos momentos, la relación de Ausbanc con los grupos parlamentarios, Izquierda Unida incluida, era más bien fría. Cada vez que se afronta una iniciativa relacionada con el consumo, la mayoría de ellos prefieren como interlocutores a asociaciones como Adicae o Facua. "Son más serias, de Pineda no nos fiábamos mucho porque intuíamos lo que había detrás", aseguran fuentes parlamentarias, conscientes de que la habilidad de Pineda para penetrar con sus antenas en los diferentes partidos y administraciones estaba más que probada. Su esposa, María Teresa Cuadrado, detenida también en la operación policial contra Ausbanc y Manos Limpias, llegó a directora general de Consumo en el Gobierno regional que presidió Alberto Ruiz-Gallardón.
[Fuente: Por Federico Castaño, Vozpópuli, Madrid, 21abr16]
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