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27dic14


La eléctrica alemana RWE denuncia a España en el Banco Mundial por el hachazo a las renovables


RWE se ha sumado a los siete fondos de inversión y firmas internacionales que en los últimos meses habían interpuesto recursos contra el hachazo a las renovables contenido en las sucesivas reformas eléctricas. Con fecha 23 de diciembre, la eléctrica alemana ha presentado una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al amparo del Tratado de la Careta de la Energía, firmado por más de 50 países y por el que cualquier empresa que entienda atacados sus intereses por el Gobierno de otro país puede abrir un proceso de arbitraje internacional. De esta forma, España acumula nueve conflictos abiertos en el organismo del Banco Mundial, ocho de ellos relacionados con los recortes de las primas a las energías verdes, de más de 1.700 millones de euros.

RWE ha contratado al despacho de abogados Allen & Overy para ejercitar su defensa contra el Reino de España, que estará representado por la Abogacía General del Estado. En las próximas semanas el Ciadi constituirá el tribunal de arbitraje.

RWE, la segunda mayor compañía eléctrica alemana tras E.ON, opera en España a través de su filial RWE Innogy Aersa la central termosolar de Andasol 3, en Granada, con una capacidad instalada de 50 megavatios (MW), desde 2011. Se trata del mayor complejo termosolar de Europa, en el que también participan otras firmas germanas como Ferrostaal, Stadtwerke München (SWM), RheinEnergie y Solar Millennium.

Con las nueve denuncias registradas, cinco de ellas este año, España es el país de la Unión Europea con más recursos en el Ciadi, con el impacto que esto tiene sobre su imagen y las potenciales inversiones internacionales.

Antes que RWE, también presentó recurso contra España por el recorte a la energía solar el grupo Renergy, propiedad de la familia mexicana de ascendencia cántabra Gómez-Sainz. La registró el pasado 1 de agosto y estará defendida por Cuatrecasas y Gonçalves Pereira. Este despacho también representa al fondo internacional Infrared Capital Partners, que presentó una demanda contra la reforma del ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado 3 de junio.

Unos días antes, el 23 de mayo, el gigante estadounidense NextEra, había hecho lo propio. Y el 11 de febrero lo hizo la firma de inversión estatal de Abu Dhabi Masdar Solar, que participa en Torresol. Su defensa la ejercita Allen & Overy, que también asesora, además de a RWE, al fondo vinculado a BNP, Antin Infraestructure Services Luxembourg, a RREEF Infraestructure, otro fondo ligado al Deutsche Bank, y al británico Eiser. Las tres presentaron sus demandas a finales de 2013. En la mayoría de los casos, los tribunales arbitrales ya están constituidos.

Al margen de las ocho demandas contra el recorte a las renovables, el Ciadi también tiene pendiente un recurso de arbitraje contra el Reino de España que Inversión y Gestión de Bienes (IGB) e IGB Las Rozas 18 presentaron en julio de 2012 por unas inversiones inmobiliarias en el Ayuntamiento de Las Rozas. Fue la segunda denuncia contra España en Washington. La primera fue la que realizó el argentino Emilio Agustín Maffezini en 1997 por una inversión que hizo en una empresa distribuidora de productos químicos.

Pero las reclamaciones en el Ciadi no son las únicas que ha recibido España en los últimos años con el conflicto de las renovables como telón de fondo. El año pasado tres compañías, Isolux Infraestructure Netherlands, CPS Equity Investments y las firmas de inversión Construction Investment y Charanne denunciaron a España por el recorte a las primas ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC Institute).

A éstas hay que añadir la que presentaron 16 inversores bajo el nombre de PV Investors ante el Uncitral, la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional, dependiente de la ONU, el 11 de noviembre de 2011 como respuesta a la reforma energética que en su momento acometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De igual forma, los tribunales españoles han registrado miles de denuncias tanto individuales como colectivas de productores fotovoltaicos y de distintas empresas del sector renovable.

[Fuente: Por Javier Mesones, Vozpópuli, Madrid, 27dic14]

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