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19sep18
El Constitucional, a instancias del PSOE, prohibió las enmiendas fraudulentas en el Senado
La estratagema del Gobierno colando una enmienda adicional en el último minuto en una ley orgánica que reforma la ley del Poder Judicial para adecuarla a la lucha contra la violencia de género, ha desatado una auténtica batalla política y jurídica en las Cámaras.
Los letrados consultados muestran muchas dudas sobre la legalidad del atajo habida cuenta de que el Tribunal Constitucional en 2011, y a instancias de un recurso presentado precisamente por el grupo socialista del Senado, sentenció que las enmiendas a las iniciativas legislativas deben tener conexión con la materia de la ley que pretenden enmendar.
La sentencia (STC 119/2011) se produjo después de que el PSOE, en el año 2003, recurriera la decisión del Gobierno de José María Aznar de introducir en el Senado vía enmienda una reforma del Código Penal para tipificar la convocatoria de referendos (Plan Ibarretxe), pero se hizo enmendando la Ley de Arbitraje en el Senado.
Los senadores socialistas recurrieron al TC alegando que se habían vulnerado sus derechos de participación política. El TC les dio la razón y desde entonces la Mesa del Senado exige conexión material entre las enmiendas y el texto enmendado. En definitiva, la argucia del Gobierno no sería admitida en la Cámara Alta.
Puesto que la sentencia cita sólo las enmiendas en el Senado, la Mesa del Congreso tendría margen para actuar de manera más laxa. Sin embargo, los juristas consultados por este periódico señalan que "la doctrina debería aplicarse por igual en ambas Cámaras".
En términos políticos, desde el Partido Popular mantienen que la argucia gubernamental es "un fraude en toda regla y un insulto a la Cámara" puesto que se activó el mismo día en que el Congreso tomó en consideración una proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. "No es admisible colar esta enmienda por la puerta trasera", afirman y más aún cuando se hace con el propósito claro de "sortear la mayoría que existe en la Cámara Alta".
El PP asegura que paralizará la argucia en el Congreso
Fuentes del PP han avanzado que intentarán paralizar la maniobra del Gobierno primero ante la Mesa de la Comisión de Justicia, donde se tramita la reforma de la ley del Poder Judicial para adecuarla a la ley de Violencia de Género, y después ante la Mesa del Congreso.
El primer paso, el recurso ante la Mesa de la Comisión de Justicia, creen que sería baldío ya que existe en este órgano una mayoría suficiente en torno al Gobierno. Pero el movimiento definitivo es la Mesa del Congreso, donde junto a Ciudadanos, sí tienen mayoría. El PP entiende que Cs también se opondrá a esta reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el voto decisivo del Senado por la puerta de atrás. El plan es, contando con que no se atenderá su queja en la comisión, acudir en amparo a la Mesa de la Congreso. En ese momento fuentes parlamentarias explican que la mecánica habitual es que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, pida un informe a los servicios jurídicos ya que no existen precedentes de algo así (cambiar una ley orgánica, que afecta a un procedimiento legislativo concreto, a través de una enmienda en otra ley orgánica).
En función de lo que se resuelva ese informe, el PP y Cs dispondrían de alguna posibilidad de que se paralice la tramitación de la ley. Si no, al tratarse la Comisión de Justicia de una comisión con capacidad legislativa plena, el dictamen sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, una vez aprobado, sería enviado directamente al Senado.
Si fracasa el recurso a la Mesa del Congreso, el PP acudirá al Tribunal Constitucional al entender que existe jurisprudencia a su favor. Fuentes populares sostuvieron ayer que con esta argucia legal para sortear la mayoría del PP en el Senado y aprobar en última instancia la nueva senda de déficit y alumbrar unos nuevos presupuestos el Gobierno ha cruzado una "línea roja" y por eso Pablo Casado ha solicitado hoy la convocatoria de elecciones.
La portavoz del PP en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, mantendrá en los próximos días conversaciones con todos los grupos parlamentarios para comprobar si son conscientes del "atropello legal" que supone la introducción de esta enmienda. "Esto es como Maduro. Supone alterar el sistema bicameral", aseguran los populares.
[Fuente: Por Marisa Cruz y Marisol Hernández, El Mundo, Madrid, 19sep18]
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