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17ene20
Anticorrupción encarga a la Guardia Civil la investigación del hermano de Ximo Puig
El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil investigará si Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los empresarios Juan y Enrique Adell Bover cumplieron o no con la legalidad en el uso y justificación de las ayudas públicas recibidad por la Administración autonómica valenciana y por otros gobiernos autonómicos como el de Aragón y Cataluña. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado 13 de enero al juzgado de instrucción que tramita la denuncia presentada por el Partido Popular que la Benemérita colabore en las pesquisas, tal como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La petición fue aceptada por la instructora un día después, según la providencia a la que tuvo acceso El Confidencial.
La magistrada sigue sin poner fecha a la declaración de Francis Puig como investigado, después de que los populares hayan ido incorporando documentación a su denuncia. La secretaria regional del PPCV, Eva Ortiz, firmante de la querella, sostiene que las empresas Mas Mut Producciones y Comunicacions dels Ports duplicaron facturas y falsearon justificaciones para ampliar su capacidad de obtención de subvenciones. El supuesto fraude, según los conservadores, habría superado los 1,2 millones de euros. A esta causa, en la que también figura como investigado el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se ha añadido la documentación aportada por Inés Aular, exmujer de Juan Bovell Ader, que sostiene que este, su hermano Enrique y Francis crearon una trama para cazar subvenciones de forma irregular.
Las denuncias de Aular por la vía administrativa dieron lugar a un expediente de la Conselleria de Educación (Compromís) de devolución de ayudas al fomento del valenciano contra las empresas de los Adell Bover por valor de 200.000 euros. Los técnicos de la 'conselleria', no obstante, no encontraron deficiencias en la tramitación de ayudas de las empresas del hermano de Puig, que todavía no ha podido dar explicaciones en el juzgado sobre los hechos denunciados.
El 'president' socialista sí ha salido en defensa de los procedimientos administrativos señalando que todos los expedientes de ayudas han sido supervisados por técnicos. "No tengo nada que ver con estas ayudas, sabe todo el mundo que han sido funcionarios y, si alguna cosa o en algún momento determinado no se ha hecho correctamente, tendrá la correspondiente sanción administrativa o judicial que corresponda. Y hasta ahí ha llegado al historia", ha afirmado Puig.
[Fuente: Por Víctor Romero, El Confidencial, Madrid, 17ene20]
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