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14may09
Propuesta de Resolución núm. 72 planteada por el PP en el Debate de Política General en torno al Estado de la Nación para reformar el art. 23 de la LOPJ a fin de limitar el alcance del principio de jurisdicción universal penal.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de Resolución, sobre reformas urgentes en la Justicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2009.--María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 72
La Justicia vive una crisis sin precedentes siendo manifestación de ello el poquísimo grado de confianza que los ciudadanos muestran en este servicio esencial del Estado. Solo el 8% de los encuestados en para el último barómetro del CIS consideran que la Justicia funciona bien en España y el 67% de los mismos estiman totalmente insuficientes los medios personales y materiales con que cuenta la Administración de Justicia.
Los datos estadísticos alertan que existen más de cinco millones de asuntos presentados el año 2008 de los cuales, 2,8 millones están aún sin despachar, 270.000 sentencias sin ejecutar y más de tres años de retraso por término medio en la tramitación de los procedimientos. La sobrecarga actual que soportan los Juzgados Penales de ejecutorias está muy por encima de lo parámetros que se consideran normales.
El índice de jueces por habitante (10,80 por cada 100.000) está por debajo de la media de la Unión Europea (19,8 por cada 100.000), superando tan solo a España en esta baja ratio Turquía, Malta, Georgia, Azerbayán y Armenia. El problema, además, se agudiza por la mala distribución de estos funcionarios públicos.
Contrariamente a lo pactado en los Acuerdos 2001-2003 la inversión en medios para la reforma y modernización de la Justicia nunca ha superado 0,5 por ciento del gasto general de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno socialista, habiéndose destinado el grueso del monto de la Sección 13 de los últimos aprobados para este año 2009 a gastos de personal para hacer frente a la huelga de funcionarios ocurrida en el pasado Ejercicio
En todo el mandato socialista no se han remitido a la Cámara los principales Proyectos de Ley para la reforma que la Justicia necesita de forma inaplazable y se echa en falta, con toda urgencia, un sistema y una red de implantación nacional para el tratamiento informático de los distintos procedimientos judiciales que permita la centralización, actualización simultánea y general de los datos, así como su intercambio. Antes, por el contrario, existen en la actualidad ocho sistemas distintos e incompatibles entre sí, con distinto grado de obsolescencia, continuando el papel como el soporte principal que se sigue usando. En definitiva, falta un sistema que ofrezca las oportunas garantías de protección y tratamiento compartido de los datos necesarios para un adecuado servicio de la Administración de Justicia.
Esta situación conduce a tardanzas injustificadas en la solución de los litigios y fallos alarmantes en la prestación del servicio de administración de justicia, lo que determina una pésima percepción del mismo por parte de los ciudadanos. Tal situación ha conducido, igualmente a que los principales operadores-funcionarios de este servicio público, tales como los Secretarios Judiciales y Jueces hayan manifestado, de forma pública y unánime, su descontento y profundo malestar, llegando a la insólita decisión de convocar y realizar huelgas paros en el desarrollo de su actividad.
Junto a ello, no puede desconocerse el aumento de los delitos de violencia de género y pederastia que tanta alarma social provocan y hieren a la parte mas débil de la población como son los niños, los ancianos y las personas impedidas.
Superar esta crisis requiere un serio compromiso político para la adopción de medidas que trasciendan los intereses partidarios y tengan una verdadera vocación de perpetuarse. Los ciudadanos quieren un acuerdo entre los partidos políticos para sacar a la Justicia de la crítica situación en que se encuentra; desean que la preocupación de quienes representan la soberanía popular y, más aún, quienes tienen la tarea de gobernar hagan los esfuerzos necesarios para aprobar las modificaciones legislativas necesarias para hacer frente a esta situación que hagan posible la aplicación de una justicia moderna y eficaz propia del siglo XXI y dotar de los oportunos medios materiales y humanos para mejorar sustancialmente la eficacia el servicio; a que sus asuntos sean resueltos en el menor tiempo posible; a recibir una justicia cercana y comprensible; y, en definitiva, a que quienes cometan un crimen sean adecuadamente castigados.
Igualmente, la evolución seguida por los Tribunales de Justicia en el ámbito de la «justicia universal», requiere una importante reflexión que satisfaga las exigencias constitucionales sin extensiones indebidas del principio que pongan en riesgo los intereses nacionales y conduzcan inexorablemente a la ineficacia de las Sentencias. Su aplicación en la práctica por los Tribunales de Justicia, especialmente por la Audiencia Nacional, ha originado un importante debate en los medios jurídicos, políticos y de comunicación que requiere de una respuesta inmediata de esta Cámara al efecto, entendiéndose, por ello, necesaria una modificación legislativa en la que se limite el alcance del referido principio de jurisdicción universal, al tiempo que se combine su existencia con su lógica subsidiariedad, con respeto a la doctrina del TC en su sentencia 237/2005. En particular, mediante dicha modificación legislativa se pretende:
1. Ampliar la jurisdicción española a delitos no contemplados actualmente (lesa humanidad) y excluir otros a los que sí se extiende (falsificación de moneda).
2. Vincular la jurisdicción universal a los casos en que haya un punto de conexión con los tribunales españoles.
3. Exigir un punto de conexión con la jurisdicción española, bien la localización de los responsables en España bien la nacionalidad española de la víctima.
4. Establecer el principio de subsidiariedad de la jurisdicción universal, aclarando que la investigación del delito en el país extranjero debe ser real y no ficticia.
5. En todo caso, si hubiera proceso penal en España, se tendría en cuenta lo que se hubiera decidido en un proceso previo en el país donde se cometió el delito.
De otra parte, y en línea con la falta de medios materiales antes señalada, garantizar la puesta en práctica de la Oficina Judicial prevista en los citados Acuerdos 2001-2003, y cuya Ley reguladora está en tramitación en el Congreso de los Diputados, requiere comprometer en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado para los próximos tres años 600.000.000 euros adicionales al crecimiento porcentual medio de la sección con destino a la puesta en marcha inmediata de la Oficina Judicial y la implementación de un sistema informático de ámbito nacional para la justicia.
Con ello se estaría cumpliendo, además, el compromiso expresado por el Ministro de Justicia en su primera comparecencia en comisión y ratificado durante el debate del estado de la Nación por el Presidente del Gobierno.
Finalmente, las sucesivas huelgas de Jueces y Magistrados han abierto una crisis sin precedentes en el funcionamiento de la Justicia española, que amenaza con agravarse con la huelga convocada para el próximo mes de junio. En consecuencia, los Grupos de la Cámara deben instar al Gobierno a la negociación y reforzar el cierre de las que se están desarrollando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta de Resolución:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Remitir con carácter de urgencia, y previo informe, también urgente, del Consejo General del Poder Judicial un Proyecto de Ley Orgánica, que reforme el artículo 23 de la LOPJ, a fin de limitar y clarificar el alcance del principio de jurisdicción universal penal eficaz, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
A estos efectos, los apartados 4 y 5 del artículo 23 LOPJ pasarían a tener la siguiente redacción:
"4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:
a) Genocidio y lesa humanidad.
b) Terrorismo.
c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.
e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
h) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales deba ser perseguido en España.Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos, deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española y, en todo caso, que en el país del lugar donde se cometieron los hechos delictivos, o en el seno de un Tribunal internacional, no se ha iniciado causa penal que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.
5. Si se tramitara causa penal en España por los supuestos regulados en los anteriores apartados 3 y 4, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del presente artículo."
Segundo. Comprometer en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado para los próximos tres años 600.000.000 euros adicionales al crecimiento porcentual medio de la Sección de Justicia, es decir, 200.000.000 euros adicionales en cada ejercicio, con destino a la puesta en marcha inmediata de la oficina judicial y la implementación de un sistema informático de ámbito nacional para la Justicia, es decir que sea accesible y compatible para todos los Juzgados y Tribunales del territorio español.
Tercero. Lograr un acuerdo, antes de finalizar el presente mes de mayo con todas las Asociaciones Judiciales, en torno a los siguientes puntos:
-- Conciliación de la vida profesional y familiar.
-- Igualación del sistema de vacaciones de Jueces y Magistrados con el resto de funcionarios públicos.
-- Sistema estable que permita la adscripción de Jueces territoriales.
-- Sistema de ascensos y traslados.
El referido acuerdo, al afectar al Estatuto de Jueces y Magistrados previsto en el Libro IV de la LOPJ y su consiguiente modificación, requerirá el informe previo del Consejo General del Poder Judicial, que deberá emitirse con el carácter de urgencia (artículo 108 LOPJ).
[Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, IX legislatura, Serie D: General, Núm. 208, 26may09, pp. 58-60]
Nota documental: La Propuesta de Resolución Núm 72 es de fecha 14may09. Esta propuesta fue objeto de una enmienda de sustitución planteada por el Grupo Socialista, Enmienda núm. 196. La Propuesta número 72 en los términos de la enmienda 196 del Grupo Socialista fue aprobada por 339 votos a favor, 8 en contra y una abstención en la sesión plenaria de 19may09. La resolución final, en los mismos términos, fue aprobada en la sesión plenaria del Congreso del 26may09 -con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación-, como Resolución núm. 39 "Reformas urgentes de Justicia".
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