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10oct08
El PP gallego se desmarca de la dirección central y apoya la Ley de Memoria Histórica
El PP gallego se ha desmarcado de la línea de la dirección general. Mientras desde el partido que lidera Mariano Rajoy señalan que es mejor "no remover el pasado", desde el tentáculo que dirige Alberto Núñez Feijóo parece que sí lo son. Así, se ha aprobado que se eliminen los símbolos franquistas y se colabore en la identificación de los enterrados en fosas comunes.
A Rajoy se le está alterando el patio. Mientras él criticaba al Gobierno por la Ley de la Memoria Histórica y repetía cada vez que era preguntado por ella con "es mejor no remover el pasado", desde el PP de Galicia dan su confianza al menos a algunos puntos de esta normativa y se muestran a favor de la identifciación de los enterrados en las fosas comunes.
Explicaciones a la dirección general
En el debate celebrado cada año del Parlamento gallego, los nacionalistas y socialistas presentaron entre otras, la medida de condena a la dictadura franquista y apoyo a la Ley de Memoria Histórica. Para sorpresa de la dirección general, el PPdeG ha dado su apoyo a la propuesta por la que han tenido que dar explicaciones.
"Es la primera vez que se nos ha dado la oportunidad de introducir que había habido víctimas de la represión ejercida durante la Guerra Civil poniendo a todos en el mismo nivel", señala el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en galicia, Manuel Ruiz Rivas en Público.
Represión durante la Guerra Civil
Así, la resolución del Parlamento de Galicia señala que "insta a la Xunta de Galicia a proseguir con las acciones dirigidas a recuperar y dignificar la memoria de las víctimas de la represión ejercida durante la Guerra Civil y durante el franquismo, eliminar los símbolos, denominaciones y referencias franquistas de las calles y edificios públicos, así como colaborar en la identificación de los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la dictadura franquista, que este Parlamento, una vez más, condena".
Además, ayer el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, presentó una batería de preguntas escritas al Gobierno en la Cámara Baja para conocer quiénes se han beneficiado hasta ahora de la conocida como Ley de Memoria Histórica y qué coste ha supuesto la concesión de las indemnizaciones que prevé la norma.
Y es que el pasado viernes el Consejo de Ministros acordó remitir al Consejo de Estado cuatro reales decretos para el desarrollo de la ley, entre los que destaca el que regula las condiciones y el procedimiento para la concesión de las indemnizaciones a personas fallecidas "en defensa de la democracia" o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes entre el 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977, un día antes de que el Gobierno aprobase la Ley de Amnistía.
La Iglesia, también colabora
Además, la Conferencia Episcopal Española (CEE) señalaba hace unos días que contestará al segundo requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre su petición de información para la elaboración de un censo de fallecidos durante la Guerra Civil, "cuando le llegue", aunque ha constatado que "colaborará con la Justicia en el marco de la ley". En cualquier caso, los obispos reiteran que los archivos parroquiales "son públicos".
[Fuente: Eco Diario, Galicia, 10oct08]
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