EQUIPO NIZKOR |
|
28nov07
El PP la veta en el Senado por "innecesaria y falsaria" y acusa al Gobierno de romper el pacto constitucional
El PP ha presentado en el Senado un veto al proyecto de ley de la Memoria Histórica por considerar que es una iniciativa "innecesaria, irrelevante y falsaria" y que ahonda la "ruptura del pacto constitucional que este Gobierno está alentando desde el inicio de la legislatura".
Los 'populares' registraron a última hora de ayer su veto y un grupo de 20 enmiendas al proyecto de ley, que mañana será revisado por la Comisión Constitucional del Senado. Este veto se suma al presentado también por los cuatro senadores de ERC.
El PP asegura en la justificación de su veto que con el proyecto "se trata de utilizar el pasado como arma política, estableciendo una falsa y maniquea división en la actual sociedad", una "manipulación" para instaurar "una 'memoria única y oficial', una nueva fuente de legitimidad política anterior a la Transición y al pacto constitucional".
A continuación, los 'populares' defienden un acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso de noviembre de 2002, aprobada por unanimidad y con el objeto de "no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha". La ley de la Memoria, para el PP, incumple "flagrantemente la letra y el espíritu de la resolución".
"Es innecesaria porque no hacía falta un proyecto de ley para ampliar, mejorar y completar los derechos económicos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura", añade el PP. "Es irrelevante porque introduce derechos sin contenido alguno, como es el denominado 'derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano', derecho que, por cierto, no se recoge en las principales declaraciones internacionales de derechos humanos, ni en la Constitución española", argumenta.
Y es "falsaria", agrega en tercer lugar el PP, "porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que es en realidad un paso más en la estrategia de ruptura del pacto constitucional". Para los 'populares', la iniciativa parte de un "ambiente de revisionismo estimulado por el propio Gobierno", que tiene "voluntad de manipular y tergiversar la Historia desde posiciones políticas interesadas".
Enmiendas.
En cuanto a las enmiendas, el PP propone suprimir la exposición de motivos de la ley, once de los veintidós artículos y dos disposiciones y cambiar el resto, empezando por el artículo 1. El objeto de la norma debe ser "mejorar, ampliar y completar los derechos económicos previstos ya en nuestro Ordenamiento a favor de quienes con ocasión de los levantamientos contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, religiosas, o como consecuencia de las propias circunstancias bélicas".
A las 20 enmiendas del PP se suman otras 91 del resto de los grupos. De ellas, 52 las firma la Entesa Catalana de Progrés, aunque la mayoría (46) corresponden a ERC, que presenta en el Senado enmiendas en línea con lo defendido en el Congreso (las otras cinco son de ICV).
El PNV ha registrado una única enmienda con el objetivo de añadir un nuevo artículo 20 bis para que se devuelva a las instituciones vascas los documentos del Archivo de Salamanca y de cualquier otro archivo, museo o biblioteca de titularidad estatal. Según justifica el PNV, se lograría con ello "eliminar el agravio comparativo cometido con las instituciones vascas" con respecto a las catalanas, "a las que se ha procedido a devolver dicho patrimonio".
CiU, por su parte, ha presentado dos enmiendas: una, para que la declaración de ilegitimidad de una sentencia se incorpore al expediente judicial original y otra, para añadir un nuevo artículo, el 23, por el que se cree un censo de perjudicados por la incautación de fondos o propiedades.
El Grupo Mixto ha presentado en total 35 enmiendas: 1 del BNG, 8 del senador autonómico balear Pere Sampol (PSM), 8 del senador autonómico navarro Francisco Tuñón (Independiente) y 18 de EA.
El veto de ERC.
Los cuatro senadores de ERC han registrado un veto por motivos bien diferentes a los del PP, como una apuesta por una ley "justa y coherente con los valores de la democracia" y como un rechazo "al chantaje de esa derecha aún anclada en el pasado". Señalan que el proyecto aprobado por el Congreso no "cierra las heridas" del franquismo porque "no asume la ilegalidad de la sublevación militar de 1936 contra l República, ni el carácter criminal de las actuaciones represivas de la dictadura, de sus tribunales, de sus fuerzas armadas, de sus cuerpos policiales... y, sobre todo, continúa regateando el pleno reconocimiento de las víctimas y sus derechos".
Esquerra agrega los contenidos que debería tener la ley para recibir su apoyo, como el reconocimiento jurídico de la condición de víctimas a los perseguidos de 1936 a 1977, o "la formalización solemne por parte del Jefe del Estado español de la demanda de perdón a las víctimas, del reconocimiento de las víctimas de la dictadura (...) y de la condena explícita del levantamiento militar contra la República, del régimen dictatorial que instauró y de los crímenes que cometió".
Los cuatro senadores firman su veto en nombre del partido mayoritario en Cataluña durante la República, "motor de la autonomía de Cataluña", "víctima significada de la sublevación militar y de la dictadura franquista", "organización perseguida y expoliada", "partido del presidente mártir Lluís Companys", "partido de gobierno, partido parlamentario de izquierdas, republicano y catalanista, partido independentista democrático catalán".
[Fuente: Europa Press, Madrid, 28nov07]
The Question of Impunity in Spain and Crimes under Franco
 | This document has been published on 03Nov07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |