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11oct18
Un informe secreto del BdE desvela que el Banco Popular tenía liquidez para abrir el día de su quiebra
Banco Popular tenía liquidez para abrir sus ventanillas el 7 de junio, el día que fue resuelto por las autoridades comunitarias y vendido a Banco Santander al precio simbólico de un euro. Así lo atestigua un informe confidencial elaborado por el Banco de España y que ha sido incluido en el sumario del caso después de que el juez Fernando Andreu, instructor de la causa, haya levantado el secreto sobre la documentación del Banco Central Europeo (BCE).
Según el informe en cuestión, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el banco que entonces presidía Emilio Saracho contaba en la tarde del 6 de junio de 2017 con unos 600 millones de euros que le hubiesen permitido abrir sus oficinas al día siguiente, mientras formalizaba garantías que le hubieran permitido obtener más liquidez del Banco de España, en el marco del programa de liquidez de emergencia (ELA, según sus siglas en inglés).
El documento pone de manifiesto que Popular contaba con más garantías de las que se aceptaron y relata cómo la entidad trabajaba desde marzo de 2017 con el Banco de España en la preparación del ELA ante las constantes tensiones de liquidez. No obstante, no fue hasta las 8.33 horas del día 5 de junio cuando realizó una petición formal de liquidez al supervisor, que entonces estaba gobernado por Luis María Linde.
"Colchón" de 600 M.
En cuatro pagos, realizados entre los días 5 y 6 de junio, el Banco de España transfirió a la entidad 3.800 millones de euros. Fue la última de estas transferencias, de 300 millones de euros y abonada cuatro minutos antes del cierre del mercado del día 6, la que permitía a Popular abrir sus oficinas el día siguiente, según se detalla en el informe.
"Esto permitió que dicho cierre (en referencia a los 300 millones) se llevara a cabo con un saldo positivo de algo menos de 600 millones de euros, que permitía al menos disponer de un colchón para comenzar el nuevo día mientras se iban formalizando garantías adicionales", dice el documento elaborado por la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España y fechado dos semanas después de la resolución.
Entre estas garantías adicionales se incluían las acciones de Popular en Wizink, Cevasa y Metrovacesa, que hubieran permitido al banco obtener unos 4.600 millones adicionales en liquidez. El BdE, no obstante, no había abonado todavía esta cantidad, ya que faltaba que el banco aportase la documentación necesaria para que las participaciones pudieran actuar de garantía.
"También se continuaría trabajando para poder pignorar el resto de la cartera de préstamos y créditos normales no hipotecarios, concedidos a personas físicas. Para la pignoración de la cartera de préstamos y créditos dudosos todavía eran precisas depuraciones adicionales por parte de la entidad antes de poder pasar a la fase de validación y aplicación de recortes", añaden los autores del texto.
Contradice la versión oficial
De este modo, el informe pone en entredicho la versión oficial sobre la caída del Popular, pues el propio ministro de Economía, Luis de Guindos -hoy vicepresidente del BCE- defendió en el Congreso de los Diputados que sin la intervención de las autoridades comunitarias el banco no hubiera podido abrir al día siguiente.
Además, se da la circunstancia de que el 23 de junio de 2017, día en el que está fechado el documento, el entonces subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, aseguró que "sospechaba" que la entidad contaba con más garantías para pedir liquidez.
Según el informe, Popular aportó garantías con un valor nominal de 40.522 millones de euros con el objetivo de obtener 9.500 millones en liquidez. Sin embargo, de los 40.000 millones, unos 28.192 millones no estaban bien documentados a día 6 de junio, lo que impidió al banco obtener más dinero. Sobre los activos que ejercieron como colateral para que Popular obtuviera 3.800 millones, el BdE aplicó una quita media del 60%.
Sea como fuere, Banco Popular, en una reunión del consejo de administración en la tarde del 6 de junio, fue quien decidió declararse inviable ante el BCE.
[Fuente: Por Pepe Bravo, Vozpópuli, Madrid, 11oct18]
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