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23nov17
De baja y con escolta: la vida del policía que denunció el chat contra Carmena
El pasado 13 de noviembre, por la mañana, el policía salió de su casa dispuesto a denunciar lo que entendía que eran amenazas contra su persona. Acudió a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, corporación a la que él mismo pertenece, y explicó que varios compañeros le habían amedrentado en un grupo de WhatsApp. El departamento, creado por el Gobierno local en marzo de 2016 para gestionar los delitos de odio, tramitó la queja y la derivó inicialmente a la Fiscalía de Madrid, que no vio ilícito penal que pudiera indagar el ministerio público y recomendó a los agentes acudir directamente al juzgado de guardia con el fin de reclamar medidas de protección e iniciar un procedimiento por amenazas.
Así llegaron los funcionarios de la Unidad de Gestión de la Diversidad hasta plaza de Castilla, sede de los juzgados de lo penal de Madrid. Entregaron la denuncia en el Juzgado número 42, que se encontraba de servicio en ese momento, y este citó al agente supuestamente amenazado por los compañeros para ratificar su escrito y tomarle testimonio. El funcionario acudió el pasado 17 de noviembre a las 17:00 a la vista, donde se dirimió la necesidad de imponer protección al denunciante. Sin embargo, el juzgado no podía protegerle respecto a un chat. Antes tenía que identificar a los agentes que supuestamente le habían intimidado vía WhatsApp para establecer de qué personas había que preservarle.
Tras la diligencia preliminar, el juzgado pidió a la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid que identificara a los miembros del grupo de mensajería con el fin de determinar qué funcionarios habían vertido las amenazas investigadas. Ayer, la cúpula de la corporación respondió al requerimiento judicial y remitió la identidad de tres policías que participaban activamente en el chat policial, en el que había más de un centenar de usuarios y que quedó reducido apenas a una treintena después de que 'eldiario' revelara el contenido de algunos de los mensajes que aparecían en el grupo privado en que los autores insultaban a dirigentes políticos, a sindicalistas o a periodistas.
A la espera de que el juzgado decida sobre la protección que necesita el denunciante respecto a los tres agentes localizados, la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid ha tomado medidas por su cuenta y en paralelo. Desde el pasado lunes, el policía que se ha sentido amenazado está acompañado de dos escoltas pertenecientes a la unidad especializada de la corporación local que le acompañan en todo momento. La decisión fue tomada por la citada Jefatura después de que el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, anunciara que su departamento estaba estudiando inhabilitar a los autores de las supuestas intimidaciones.
El hombre, además, se ha dado de baja laboral, por lo que ya no acude a su puesto de trabajo en la Policía Municipal de Madrid y pasa estos días, desde que denunció los hechos, en casa. Sus dos escoltas le esperan en la puerta de su domicilio cuando tiene que salir por algún motivo doméstico con el fin de acompañarle. No le dejan solo ni un minuto del día. La medida de protección podría ser ampliada en los próximos días por el Juzgado 42 con otras iniciativas o con el refuerzo de la misma.
La publicación de los mensajes ha sentado especialmente mal a la práctica totalidad de los policías de la corporación municipal, que entienden que el denunciante, más que por sentirse amenazado, ha actuado como un chivato. Así, de hecho, lo han expresado algunos funcionarios en cartas anónimas colgadas en las redes sociales. Los sindicatos y asociaciones profesionales del cuerpo, por su parte, han criticado los mensajes vertidos en la aplicación, aunque han dicho también que se produjeron en un contexto determinado que evita el delito, dado que se trata de un foro restringido, y sus autores son agentes de intachable carrera profesional. "Han violado nuestra intimidad", aseguró a El Confidencial uno de los policías pertenecientes al grupo de WhatsApp.
El procedimiento que sigue el Juzgado número 42 se centra en la investigación de una denuncia por amenazas, aunque por el momento se ha limitado al estudio de las citadas medidas de protección para asegurar la integridad del denunciante, que únicamente ha recibido las intimidaciones vía WhatsApp, en ningún caso físicamente. Fuentes jurídicas aseguran que este juzgado no abordará más que la tipología delictiva de la amenaza, que es la que ha sido objeto de la apertura de la causa. No entrará a investigar, continúan, un supuesto delito de odio como han insinuado algunos medios.
[Fuente: Por Roberto Ballesteros, El Confidencial, Madrid, 23nov17]
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