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05may21
La salida de Pablo Iglesias le deja en manos de la Audiencia Nacional y Plaza Castilla
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, abandona la política y confirma, con la decisión, su pérdida de la condición de aforado, lo que dejará en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y del juzgado de Plaza Castilla, que ha asumido una denuncia en su contra de la abogada de la formación morada Mónica Carmona, los procedimientos judiciales en los que se encuentra inmerso.
La situación procesal de Iglesias dependía de sus pasos tras el 4-M. Aforado ante el Supremo mientras fue vicepresidente y diputado nacional, hubiera pasado a estarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso de haber decidido tomar posesión del escaño en la Asamblea de Madrid. Durante la etapa preelectoral permaneció sin la especial protección de la que había disfrutado y, con su decisión, esta situación será ya definitiva.
Las dos causas que le afectan de forma más directa se encuentran, de momento, congeladas. El pasado enero --cuando aún era aforado-- el Tribunal Supremo rechazó abrir causa en su contra como pedía el juez Castellón y devolvió el procedimiento sobre la tarjeta de memoria del móvil de su antigua colaboradora Dina Bousselham a la Audiencia Nacional para que fuera el magistrado del caso Villarejo quien agotara la investigación. El TS concretó que el instruir debía practicar nueva prueba y, en caso de seguir viendo delito, remitir una nueva exposición razonada contra el vicepresidente. Ese último paso ya no es válido, el alto tribunal ha dejado de ser competente para investigarlo.
El instructor Castellón asume ahora los mandos. Como le indicó el TS, debe practicar todas las diligencias necesarias para concretar si los indicios de delito existentes contra Iglesias respecto a la comisión de una revelación de secretos cuentan con el perdón de Bousselham, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su intimidad violada por el acceso de su jefe a datos privados. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que la citación de la exasesora no es inminente.
Más cerca se encuentra el resultado de la nueva prueba ordenada en relación con el delito de daños informáticos. Castellón ordenó hace semanas una nueva pericial informática sobre los daños sufridos por la microSD y los motivos que provocaron que su propietaria no pudiera acceder a su contenido después de recuperarla. Ordenó a los técnicos que realizaran la labor necesaria para tratar de determinar estos extremos, pese al riesgo de dañar de forma permanente el dispositivo. Una vez resueltas ambas diligencias y en función de su resultado, el juez debe decidir si continúa considerando que debe ser imputado o no.
Un segundo frente
Además del caso Dina, Iglesias tiene otro frente en los Juzgados de Plaza Castilla. El juez instructor del caso Neurona ordenó hace unas semanas la apertura de una pieza separada para investigar hechos denunciados por la antigua responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona. Entre ellos, determinadas prácticas relacionadas con el vicepresidente segundo del Gobierno.
La abogada informaba al magistrado de que, antes de que Podemos la apartara de su cargo, descubrió que Iglesias se embolsó 7.700 euros de la formación, aunque desconoce si se quedó esta cantidad o la devolvió. Según Carmona, el secretario general de Podemos se quedó presuntamente de forma indebida con esta cantidad tras una condena en un procedimiento civil impuesta por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tanto este partido como la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, habían demandado a Iglesias por haberlos acusado públicamente de prácticas corruptas con frases como: "En Pamplona, lo que ha hecho UPN, lo que significó el Gobierno de Barcina y lo que significó estafar a todos los navarros con las famosas cajas de ahorro y con niveles de corrupción escandalosos con las famosas dietas creo que ha implicado que la gente vote de otra manera". Enviado a reparto, esta parte de la denuncia de Carmona ha recaído en el Juzgado 45 de Madrid, a cargo de la jueza Luisa María Prieto Ramírez.
[Fuente: Por Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 05may21]
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