Equipo Nizkor - La Fiscalía apoya investigar únicamente la contratación de Podemos con una empresa en las pasadas elecciones.

La Fiscalía ha apoyado que se investigue un contrato suscrito entre Podemos y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril de 2019 y que podría haber incumplido la normativa de contratación, como ya dejó en evidencia el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre partidos políticos. No obstante, en su escrito deja claro que se va a investigar esa contratación no por la denuncia del ex abogado del partido, José Manuel Calvente, que considera llena de rumores y sin base real, sino porque el órgano fiscalizador lo puso en duda.

"La formación alega respecto de un gasto declarado como electoral pero que el Tribunal no ha considerado como tal, que no se trata de un trabajo de consultoría al tener como objetivo la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos/as y la producción de material de carácter electoral. Sin embargo, debe indicarse que la elaboración de las líneas estratégicas de pre-campaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General", explica el fiscal.

La formación política ya alegó que en la fiscalización se aportaron videos y diseños publicitarios que demuestran que ese trabajo era para la campaña electoral. Sin embargo, para el fiscal "no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor". Lo que debe determinar la justicia es si el pago de 363.000 euros a Neurona Consulting se efectuó previo al contrato y si la empresa asignada tenía el objeto social adecuado para la prestación de los servicios.

El Ministerio Público, sin embargo, rechaza el resto de acusaciones vertidas por un exabogado de la formación. José Manuel Calvente, que denunció una serie de irregularidades de la formación de Pablo Iglesias y que ha llegado a que un juez cite a varios dirigentes de la formación como investigados. Por eso, el fiscal se opone a que sean investigados Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral, por supuestamente haber cobrado comisiones de la empresa ABD. "El hecho de acordar toda una batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y a la clara animadversión del denunciante, es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática", recoge en su escrito.

Así se ha pronunciado la Fiscalía de Madrid ante el auto de apertura de diligencias dictado por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. El magistrado decidió iniciar un investigación a raiz de la denuncia del letrado, despedido del equipo jurídico del partido.

El Ministerio Público entiende que el resto de acusaciones de Calvente están basadas en "rumores, sospechas o suspicacias" o ni siquiera existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.

En el escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el fiscal se opone con dureza a iniciar una investigación contra una serie de dirigentes del partido. "No se aporta indicio alguno de que el contrato sea ficticio o el motivo por el cual considera que cobraron comisiones Del Olmo y Mayoral", apunta.

"Nos encontramos aquí con manifestaciones de rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante en relación a las dos personas que refiere, sin aportar otro indicio más que meras afirmaciones sobre la ilicitud de estos contratos. Más aun, no se entiende cómo es posible que sean ficticios cuando el propio denunciante refiere que personas de origen portugués se encontraban con Del Olmo en la sede que se ocupaba del 'biga data' que precisamente es el objeto de los contratos", insiste.

En la denuncia, Calvente también se refiere a que sería intermediario y comisionista Juan Carlos Monedero por su relación con Cesar Hernández "cuya relación con ABD se desconoce o siquiera se refiere por el propio denunciante". Por eso, el fiscal critica que el juez haya aceptado iniciar una investigación sin tener una mínima base de realidad.

Y ya no solo que no hay datos tangibles, y que existe una animadversión del denunciante contra el partido que le despidió, es que el Ministerio Público advierte que las diligencias acordadas y ya practicadas por orden del magistrado "se refieren a un tercero al que ni se imputa y que no comprende qué sentido tiene pedir al registro mercantil las sociedades de las que es titular o figura como socio Juan Carlos Monedero".

Por lo tanto, en relación a estos hechos, que si revisten caracteres de delito, "no se ofrece un mínimo de prueba suficiente para iniciar una investigación tan amplia, máxime cuando ya existe control de estos contratos por el propio Tribunal de Cuentas que si observa indicios de delito y, sin perjuicio de la jurisdicción contable, pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción ordinaria".

Calvente, que trabajó para el partido de iglesias desde el año 2014 hasta el pasado año, denunció cuatro actuaciones presuntamente fraudulentas. Por un lado, el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a una asociación, además del acceso "inconsentido" al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación (Marta Flor Núñez), la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación "a dedo" de las obras de acondicionamiento de la sede del partido y, por último, la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.

En cuanto a los contratos con Neurona, la Fiscalía sí aprecia la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo". Como primera conclusión rechaza el carácter "prospectivo" del hecho investigado porque "existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada "ad hoc" para la prestación del servicio".

Según la Fiscalía, de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros "cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores".

Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan "gastos de personal, medios materiales o locales" propios de una actividad empresarial .

El Ministerio Público rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos para e itar que la causa siguiera adelante. Así, se descarta el planteamiento de que Calvente, como abogado del partido, estaba obligado a guardar secreto profesional, y lo incumplió al llevar documentación de manera ilícita.

Respecto de otra acusaciones del denunciante, el fiscal advierte que aunque sean discutibles "éticamente" no son perseguibles penalmente. En concreto, hace referencia al cierre del portal de transparencia incumpliendo los estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y presupuestos de las campañas electorales del pasado año, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto.

Algo parecido ocurre con la mención que se recoge en la denuncia sobre los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos de miembros del partido. La Fiscalía recuerda que fue la propia formación política quien impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales. De acuerdo con la fecha de los hechos denunciados, según recoge el escrito presentado al juez, estaba en vigor esa normativa interna donde el límite se fijó para el año 2019 en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo.

En ese sentido el Ministerio Público subraya que de las nóminas aportadas por el denunciante, ninguna supera el límite fijado en 2019 por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses.

"No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde", precisa la Fiscalía. Es más, afirma que el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético podrá ser "discutible" desde su normativa interna pero "no constituye hecho típico alguno". Y añade: "Más aun, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna".

En relación a la adjudicación de fondos a l asociación #404, el denunciante sospecha de la entidad porque al buscar información en su página web, ésta carecía de avisos legales, información sobre el titular o política de privacidad. Calvente entiende que detrás de esta entidad pudiera estar el diputado Rafael Mayoral por cuanto intuye la intervención de una tercera persona que es asesor de una eurodiputada de Podemos.

En este punto la Fiscalía afirma que una vez examinada la página web "se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales". Puntualiza, además, que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas "por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet".

Respecto de las obras de la sede del partido, la Fiscalía defiende que no hay indicios de que se incumpliera la ley de contratos ni que se pagara más de lo que fijaba en el contrato.

Sobre otro de los hechos narrados por el denunciante referidos a los contratos "fraudulentos" con ABD y en los que el dirigente de Podemos Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de "rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante".

08sep20

La Fiscalía apoya investigar únicamente la contratación de Podemos con una empresa en las pasadas elecciones

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 08sep20]

Informations
Bookshop \| Donate Derechos \| Equipo Nizkor