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25jun20
La Fiscalía abre una nueva investigación al fiscal sospechoso de filtrar información del 'caso Villarejo' a Podemos
La Fiscalía General del Estado ha informado este viernes de que va a abrir una nueva investigación interna en torno a la actuación del fiscal de Anticorrupción sospechoso de filtrar a la abogada de Podemos información reservada sobre la pieza del caso Villarejo que afecta a la tarjeta de móvil robada a una ex asesora de Pablo Iglesias. "La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos", comunica la Fiscalía General.
La apertura de un nuevo expediente gubernativo responde a la publicación en medios como EL MUNDO y El Confidencial de mensajes internos de un chat de Unidas Podemos en los que se daba cuenta de supuestas revelaciones del fiscal Ignacio Stampa a la abogada del partido Marta Flor. Por ejemplo, que según la abogada, el fiscal -al que en el chat designaban como Ironman- le había comunicado que el juez iba a aceptar la práctica de unas diligencias que ella había solicitado. "TÁNDEM. Ironman nos ha dicho extraoficialmente (porque está en secreto y no nos notifican) que el juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más", dice ese mensaje de noviembre de 2018.
La Fiscalía General recuerda que el pasado mes de marzo ya indagó en la actuación del fiscal de Anticorrupción y no encontró nada sancionable. "En fecha 14 de febrero de 2020 la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado incoó Expediente Gubernativo como consecuencia del escrito presentado por una particular, en el que solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación orientada a determinar la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem, a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento".
La nota prosigue diciendo que el 9 de marzo, "tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el Fiscal Jefe Inspector dictó Decreto de archivo del citado Expediente Gubernativo, al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".
Las nuevas revelaciones no apuntan únicamente a la posible relación afectiva entre el fiscal y la abogada, que habría obligado al representante de Anticorrupción a abstenerse. Esta vez indican que el fiscal habría podido revelar informaciones respecto a una causa que se encontraba bajo secreto de sumario. Fuentes fiscales sostienen que lo conocido hasta ahora no tiene entidad para interpretarse como un delito de revelación de secretos. Subrayan también que se trata de lo que dice un tercero sobre la actuación del fiscal y que el tercero no representa a un imputado, sino a una víctima o perjudicado en la causa.
Las nuevas revelaciones sobre la actuación del fiscal en relación con la abogada llegan cuando la causa en la que se investiga el robo del teléfono a Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, ha dado un giro en contra del líder de la formación política. El juez del caso, Manuel García-Castellón, le ha retirado la condición de perjudicado en la causa y le ha situado como probable responsable de la retención y destrucción de la tarjeta SIM de Bousselham.
En ese contexto, el juez ha interpretado en los últimos autos que la Fiscalía ha adoptado una posición que cerraría la puerta a que pueda pedirse formalmente al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno. Así, el juez interpreta que la Fiscalía se conforma con un perdón "tácito", no necesariamente expreso, de Bousselham a Iglesias, lo que bloquearía una actuación penal contra él. Desde Anticorrupción se niega tajantemente que en los escritos más recientes se haya propiciado la exoneración de Iglesias.
A la vista de las últimas revelaciones sobre el chat interno de Podemos, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se reunió ayer largo rato con la fiscal general, Dolores Delgado. Luzón repasó ante Delgado la actuación de los dos fiscales asignados al caso Tándem y negó que sus actuaciones puedan interpretarse como un intento de favorecer los intereses de Podemos.
Perjuicio a la imagen de los fiscales
En concreto, repasó las ocasiones en las que el Ministerio Público se había opuesto a diligencias reclamadas por Podemos. Por ejemplo, que se opusieron a las peticiones de que se practicaran registros en un medio de comunicación. También a que se incorporaran a la causa documentos relacionados al informe Pisa -sobre la supuesta financiación de Podemos- y al caso del pequeño Nicolás. Su incorporación habría reforzado la tesis de Podemos de que habría sido objeto de una actuación generalizada de las cloacas del Estado .
Por su parte, la fiscal general trasladó al responsable de Anticorrupción su preocupación por el perjuicio que para la imagen del Ministerio Público están teniendo las informaciones divulgadas estos días. El fiscal Stampa sigue a cargo del caso Tándem de la mano de su compañero Miguel Serrano. A la espera de ver en qué desemboca la investigación de la Inspección, Anticorrupción no considera necesario apartarle del caso.
Quien sí se ha apartado es la abogada de Iglesias. Su recurso ante la Sala de lo Penal pidiendo revocar la retirada de su condición de perjudicado acordada por el instructor no lo firma ya Marta Flor, sino el abogado Raúl Maíllo García, al que el líder de Podemos ha designado como nuevo representante legal. Eso supone cumplir la orden del juez de que Iglesias y Bousselham dejaran de compartir represente legal ante el posible conflicto de intereses entre ambos. Con la diferencia de que el juez ordenó que fuera la víctima, Bouselham, la que designara un nuevo abogado. No se ha ejecutado así y ha sido Iglesias el que ha cambiado de representación, mientras que Bousselham se mantiene con la letrada de Podemos.
[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 26jun20]
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