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27nov18
Iglesias presiona a Sánchez pidiendo la dimisión de Borrel tras la sanción de la CNMV
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras conocer que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le ha impuesto una multa de 30.000 euros por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía.
“Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo”, ha escrito Iglesias en Twitter.
La multa impuesta por la CNMV al ministro de Asuntos Exteriores por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía asciende a 30.000 euros, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la resolución publicada por el BOE, la CNMV explica que esta multa responde a la infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores cometida por Borrell por la venta de 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros el 24 noviembre de 2015, cuando aún era consejero de esta compañía y por lo tanto disponía de información privilegiada que no había sido publicada.
Las acciones vendidas, que sólo suponían una pequeña parte de la participación de Borrell, no le pertenecían a él, sino a una persona de su entorno cercano.
El pasado octubre el propio Borrell reconoció que la venta “no fue adecuada” por el momento en que se hizo, ni por “la apariencia de irregularidad” que pudo generar, pero lo calificó de “un problema de menor cuantía” que no afecta a su “idoneidad para ejercer la función ministerial”, para responder así a quienes reclamaron su dimisión como ministro.
“No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información que me atribuye se limite solo a vender el 8 % de su cartera”, se justificó entonces Borrell, quien descartó recurrir la sanción porque en su opinión hacerlo “no sería políticamente correcto” al poder generar un conflicto de intereses contra el Ministerio de Economía.
[Fuente: República de las ideas, Efe, Madrid, 27nov18]
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