21jul06

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Valoración del Partido Comunista de España sobre el proyecto de Ley de Memoria

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El PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA manifiesta su disconformidad con el texto del proyecto de Ley de Memoria presentado hoy en el Consejo de Ministros.

Dicho texto es decepcionante dado que no responde a las expectativas no ya de las víctimas y sus descendientes sino de amplísimos sectores de la sociedad española que no entienden la existencia en nuestro sistema democrático de un vacío de tales características, lo cual esta generando una notoria alarma social.

El proyecto presentado es frustrante para con todos los luchadores por la libertad y la democracia en este país desde 1936 y sólo muestra la tibieza del Gobierno para asumir su responsabilidad respecto a la MEMORIA HISTORICA de España.

Para el PCE este año 2006 es un momento crucial para el desarrollo del proceso de recuperación de la Memoria, no sólo por las efemérides de la promulgación de la II República o la llegada al poder del Frente Popular o el comienzo de la Guerra Civil, sino porque – además del momento político referido- nos encontramos ante un momento social apto para la consecución de tal proceso: así, sondeos recientes tanto del CIS como de diversos medios de comunicación revelan que la mayoría de los españoles considera que las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo son las grandes olvidadas y que hay que reparar esa injusticia, por lo que cree que deben tomarse iniciativas al respecto.

Con ello para el PCE es imprescindible la elaboración de un marco normativo que institucionalice dicho proceso y que suponga el reconocimiento por parte de los poderes públicos españoles de la labor, el esfuerzo y el sacrificio de los luchadores antifranquistas, así como que se restañe el “hilo democrático” de forma que se constate -de manera institucional y con la debida y adecuada proyección social- que nuestro actual régimen de libertades tiene su antecedente natural en el periodo de la IIª republica.

Al tiempo, esa Ley debe constatar todos y cada uno de los horrores del franquismo desde todos los puntos de vista (historiográfico, sociológico, etc) a fin de evitar interpretaciones revisionistas o maniqueas.

Finalmente, dicha Ley debe ser una ley integral, entendiendo por integral el hecho de que abarque todas las facetas inscritas en la recuperación de la Memoria: hemos esperado décadas para que se haga Justicia y queremos que se haga pero que se haga bien.

Así, toda la doctrina internacional sobre violaciones de derechos humanos reconoce el derecho de las víctimas a saber, a conocer lo que ocurrió, esto es, el derecho a la verdad, el cual se articula conjuntamente con el deber de recordar: con ello, se evitan ciertas tendencias actuales de pseudo-historiadores que tratan de revisar o incluso negar la Historia y manipular hechos objetivos.

En todo caso una Ley de Memoria debe contemplar al menos y entre otros, los siguientes aspectos:

• Establecimiento de la nulidad radical de todos los procesamientos por motivos políticos – entre otros- desarrollados durante el franquismo: es totalmente inaceptable que las sentencias dictadas por pseudo-tribunales -nulos de pleno derecho- en el marco de procedimientos judiciales carentes de cualquier atisbo de legalidad ni de respeto a los más básicos principios de justicia y en aplicación de normas represivas de excepción sin ninguna posibilidad de defensa, sigan proyectando sus efectos como cosa juzgada hasta el día de hoy.

• Intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación, identificación y divulgación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo.

• Determinación de un protocolo de actuación científica multidisciplinar que asegure la adecuada intervención en dichas exhumaciones, garantizando las identificaciones.

• Creación de un catálogo de monumentos franquistas y establecimiento de un plan de eliminación de los mismos.

• Plantear -como directriz de obligatorio cumplimiento municipal- la elaboración de un nomenclator de calles con denominación franquista y su sustitución por denominaciones democráticas.

• Impulsar institucionalmente la creación cultural que tenga como objetivo la difusión de la lucha antifranquista.

• Fomentar y dotar presupuestariamente las labores académicas y científicas destinadas a la investigación de los crímenes del franquismo, así como a la restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista.

• Análisis de los archivos policiales y/o militares respecto a la guerrilla antifranquista y reconocimiento del carácter militar de sus miembros, dotando los medios presupuestarios adecuados para que los supervivientes perciban las pensiones que les correspondan como miembros de la Fuerzas Armadas Españolas.

• Reconocimiento y dotación de pensiones a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos durante el franquismo, tomando en consideración cada día privado de libertad a los efectos de cotización a la Seguridad Social en su escala más alta.

• Reconocimiento de los “niños de la guerra” y de sus descendientes, así como de los exiliados españoles y sus descendientes y establecimiento por dicha ley de la nacionalidad española de origen de los mismos.

• Reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de orden público profesionales que se mantuvieron leales al Gobierno y a la República tras el 18 de julio de 1936: esta rehabilitación debe contemplar la anotación en sus hojas de servicio de la defensa que realizaron del régimen democrático y de la Constitución de 1931.

• Creación de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimientos relacionados con la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista

• Adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto respecto al tratamiento didáctico sobre la II República como referente de una cultura democrática. En el mismo sentido pero respecto al enfoque del alzamiento militar de 1936 y la posterior dictadura como referente de intolerancia y autoritarismo.

• Resolver definitivamente las incautaciones de bienes materiales realizadas a personas físicas y jurídicas por el régimen franquista.

Un gobierno democrático tiene que garantizar que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

Secretaría de Memoria,
Secretaría de derechos humanos y libertades

Madrid, 21 de julio de 2006

DDHH en España

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