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21feb14
El Gobierno regula la figura del tesorero, que comparecerá ante el Congreso
El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos, que prohibirá las donaciones de personas jurídicas y la condonación de deudas por entidades de crédito, y ha dado luz verde al proyecto de ley reguladora del altos cargo de la Administración General del Estado, que impedirá que personas que hayan cometido delitos graves puedan ser nombrados altos cargos, tras el visto bueno del Consejo de Estado. Además, el Ejecutivo regula la figura del responsable de la gestión económica de los partidos, es decir del tesorero, según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras todo el lío ocasionado por el caso Bárcenas. Las dos normas forman parte del programa de regeneración democrática que está impulsando el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción, que ya fue anunciado hace un año por el propio Mariano Rajoy durante el Debate sobre el estado de la Nación.
El proyecto de ley orgánica de control económico-financiero de los partidos, que ya pasó su primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre, pretende imponer nuevas obligaciones en su funcionamiento a las formaciones políticas, en especial, en lo que tiene que ver con la gestión de sus recursos.
Se trata, según el Ejecutivo, de someterlos a un régimen estricto de rendición de cuentas y ampliar el control y fiscalización que sobre ellos ejerce el Tribunal de Cuentas. Para ello, se modifican tres leyes: la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
Entre las principales novedades de la norma destaca la prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo en diciembre que hasta ahora los partidos podían recibir donaciones con un límite de 100.000 euros anuales, pero ahora se prohibirán completamente. Las donaciones por parte de las personas físicas se mantienen porque forman parte de la libertad individual.
La norma también incluirá la prohibición de condonaciones de deuda a los partidos por parte de entidades de crédito, así como la imposibilidad de refinanciarla a precios por debajo del de mercado. Además, regulará cómo devolver las donaciones que se reciban indebidamente y que de no ser posible hacerlo, se ingresarán en el Tesoro Público.
La ley recoge además la obligación de todos los partidos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, con retención de las subvenciones a aquellas formaciones que no hayan presentado sus cuentas. También impondrá "obligaciones más estrictas en publicidad y transparencia de los partidos", según el Ejecutivo.
Regula la figura del tesorero
Igualmente, se regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido, que tendrá que rendir cuentas ante el Parlamento, al tiempo que se regulará la obligación de inscribir en el Registro de Partidos de las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos.
Se trata de una de las novedades incluidas en el proyecto de la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobado hoy por el Gobierno junto al de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración del Estado, a los que hoy ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros.
La comparecencia del tesorero de los partidos políticos se producirá -a propuesta del Tribunal de Cuentas- una vez que esta institución emita el correspondiente informe de fiscalización de la formación política, para que pueda incluir recomendaciones, que a su vez podrá tener en cuenta el responsable económico financiero.
En la norma se establecerá además la obligación de definir un procedimiento normalizado de contratación; una regulación del contenido mínimo de los Estatutos de los partidos; y la adaptación a la responsabilidad penal de las formaciones políticas.
En cuanto a la ley reguladora del ejercicio del cargo público se establece un conjunto de obligaciones de altos cargos, después de que el Consejo de Estado haya dado su visto bueno. Entre las novedades destaca el hecho de que las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo, no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales.
En concreto, el máximo órgano asesor del Ejecutivo ha considerado que la honorabilidad exigible a los cargos públicos va "más allá" del ámbito o del componente profesional, y que es una exigencia más amplia que debe considerase un requisito para quienes ejerzan funciones públicas
Esta norma recogerá también el régimen retributivo de estos cargos, la obligación de que presenten una declaración de bienes y rentas, las limitaciones en los gastos de representación y un sistema de alerta temprana de conflictos de intereses. Además se refuerza la Oficina que supervisa estos conflictos, que tendrá más independencia y cuyo director, aunque elegido por el Gobierno, deberá comparecer en el Congreso.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 21feb14]
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