Equipo Nizkor - Millet y Montull, condenados a 9 y 7 años de prisión y CDC, a devolver 6,6 millones.

La sentencia del caso Palau convierte en una realidad el 3%. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el decomiso de 6.676.105 euros a CDC y ha condenado a su extesorero, Daniel Osàcar, a cuatro años y cinco meses de prisión por el cobro de comisiones ilícitas procedentes de Ferrovial, que a cambio recibía obra pública. Félix Millet ha recibido una pena de nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y seis meses de prisión; y Gemma Montull, a cuatro años y seis meses.

Un aspecto destacable es que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona no ha seguido al pie de la letra el pacto al que llegaron Gemma Montul y la Fiscalía Anticorrupción, que rebajó su petición hasta los dos años, que hubiera impedido su ingreso en prisión. Ahora no. Además, el tribunal impone cuantiosas sanciones económicas a los acusados. A Félix Millet se condena también a una multa de 4.120.540; a Jordi Montull, 2.998.2834; a Gemma Montull, 2.663.995; y a Daniel Osàcar, 3.796.555 euros.

Además, también se condena a otras ocho personas. A los tres asesores fiscales externos del Palau de la Música se les condena a dos años, Raimon Bergós, un año y nueve meses, Santiago Llopart, y once meses, Edmundo Quintana. Y a los cinco empresarios que cobraron sus trabajos para el Palau, aunque eran para CDC, les han caído un año y nueve meses (Pedro Luís Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén) y ocho meses (Miguel Giménez-Salinas y Juan Manuel Parra). Los magistrados han absuelto a un directivo y a un exdirectivo de Ferrovial, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura; a la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano; y al empresario Marc Martí.

La sentencia considera probado que Felix Millet y Jordi y Gemma Montull organizaron un sistema por el cual Ferrovial-Agroman vehiculaba comisiones a CDC por medio del Palau, para la consecución de obra pública; concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban en manos de miembros de Convergència. Así, la estructura económica del Palau se puso al servicio de esta finalidad. La comisión era del 4% sobre el contrato otorgado. El 2,5% era para el partido, y el 1,5% restante para Millet y Montul, que a su vez se lo repartían siguiente el porcenaje de 80% para el primero y 20% para el segundo.

Millet y Montull pactaron este sistema con el antiguo tesorero de la formación política, Carles Torrent, ya fallecido, acuerdo que continuó con Osàcar. Ahora bien. Los jueces no descartan que haya participado en el entramado más personas del partido, que no han sido identificadas o cuyos posibles delitos han prescrito.

De esta manera, CDC obtuvo entre 1999 y 2009 la cantidad de 6.676.105 euros por lo menos, que es lo que ahora el tribunal ordena decomisar.

La Audiencia de Barcelona ha cifrado en su fallo en 23 millones de euros el desfalco perpetrado en el Palau de la Música por Millet y los Montull. Una buena parte fue destinado a gastos personales de los prohombres de la institución, como viajes de vacaciones a destinos exóticos, obras en sus casas particulares o sufragar las bodas de las hijas de Millet. Los magistrados aseguran que, a día de hoy, todavía no se sabe a dónde fueron a parar 6.026.866 euros, salidos de las cuentas bancarias de la entidad.

El caso del Palau de la Música se conoció el 23 de julio de 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción registró la institución. La causa fue una querella presentada por un presunto delito fiscal, debido a la abundancia de billetes de 500 euros detectados en el seno de la entidad; moneda que estaba sometida a control por ser el vehículo ideal para el blanqueo de capitales. La sorpresa no se hizo esperar: en las agendas de los responsables se hallaron anotaciones, mails y faxes que podían corresponder al pago de comisiones a cambio de la concesión de obra pública. El beneficiario, Convergència Democràtica de Catalunya; el pagador, Ferrovial; el intermediario, el Palau.

Entre las posibles licitaciones sospechosas estaban la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro, así como una acequia y el polideportivo de Sant Cugat. El reparto, según las anotaciones, sería el siguiente: el porcentaje era del 4%. Un 2,5% era para el partido y un 1,5% para Félix Millet y Jordi Montull. Después, estos dos se repartían el dinero así: un 80% para el primero y un 20% para el segundo.

Millet reconoció que había desviado dinero del Palau en beneficio propio: para pagar obras en su torre de l'Ametlla o para viajes de lujo. Montull también. Pero no hablaron de las comisiones. Hasta el 8 y 9 de marzo pasado, cuando confesaron en el juicio que sí desviaban fondos procedentes de Ferrovial a CDC, algo que negaron un directivo de la compañía, Juan Elizaga; un exdirectivo, Pedro Buenaventura; y el extesorero del partido y gerente de la fundación CatDem, Daniel Osàcar; todos también acusados.

La auditoría que realizó Hacienda sobre el desfalco señala que entre 2002 y 2009 se evaporaron de las cuentas del Palau 22.731.817 euros; de los cuales 9.677.313 no hay rastro de a dónde fueron a parar. La auditoría interna del propio Palau, encargada a Deloitte, elevaba la cantidad a 35 millones de euros. Uno de los modos principales de operar era sacar el dinero de los bancos y llevarlo al edificio, donde se depositaba en una caja fuerte, con escenas tan chuscas como bedeles del Palau transitando por la Via Laietana con mochilas repletas de billetes.

Por este método, según Hacienda, Millet se apropió de 7.021.245 euros y Jordi Montull, 1.318.443. Las ganancias que ambos se atribuían eran anotadas en libretas con las siguientes siglas: GPO, que según la tesis de la acusación significaban, simplemente, "guanys per obra". Millet y Montull han devuelto en la actualidad 6.373.300 euros.

En cuanto a las comisiones, según la Fiscalía, suponen 6.676.105 euros, que fueron a parar a las arcas de CDC por tres medios: pagos en efectivo, convenios fraudulentos con la fundación CatDem o abono de facturas con cargo al Palau por trabajos que empresas realizaban para el partido.

El juicio por el desfalco del Palau se inició el 1 de marzo pasado y concluyó el 26 de junio tras medio centenar de sesiones. En principio se sentaron en el banquillo 16 personas, pero una de ellas, Ramon Marc Martí, pudo dejarlo porque se consideró que el presunto delito había prescrito. El sumario ocupa 65 cajas con 102 volúmenes, que suman 60.784 folios. La causa se cerró considerando la existencia de posibles delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y delito societario.

Hay que recordar que el asunto tuvo una derivada, que era la supuesta irregularidad del proyecto de construir un hotel junto al edificio modernista. Por este tema, Millet y Montull estuvieron en prisión provisional desde el 17 al 30 de junio de 2010. Ahora bien, el 9 de junio 2016 el Tribunal Supremo dictó una sentencia absolutoria para todos los implicados.

El caso Palau ha tenido una innegable incidencia en la vida política catalana. El mismo letrado defensor de Osàcar y CDC en el juicio, Xavier Melero, relacionó en su informe el cambio de nombre de la formación (de Convergència a PdCAT) por la corrupción, y la fundación del partido también se transformó de Trías Fargas a CatDem debido al escándalo.

El sumario reveló hechos tan singulares como el pago de la campaña para la alcaldía de l'Ametlla del Vallès al candidato de CDC, Esteve Escuer, o que Àngel Colom acueira a Millet para que le pagara las deudas de la formación que creó y fracasó, el Partit per la Independència, cosa que el preboste del Palau hizo sin que se explique públicamente porqué. La cuestión es que nadie, ni trabajadores ni patronos, alertaron jamás sobre la forma de manejar el Palau, porque eran tiempos en que Millet era un prohombre de la ciudad. "La gente se pegaba por cenar con él", dijo un testigo durante el juicio. Ahora es un apestado social. Y el caso Palau, al que se unieron en poco tiempo el 3%, ha pasado cuentas a los líderes convergentes del momento. El fiscal del asunto, Emilio Sánchez Ulled, aseguró en su informe final que "el Palau era la cañería del dinero al partido".

15ene18

Millet y Montull, condenados a 9 y 7 años de prisión y CDC, a devolver 6,6 millones

[Fuente: Por Toni Muñoz y Santiago Tarín, La Vanguardia, Barcelona, 15ene18]

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