28may02
El Parlamento Europeo decidirá en su sesión plenaria del 29-30 de Mayo si da luz verde a la propuesta "Palacio" y "legaliza" la interceptación del correo electrónico
Existe un riesgo cierto de que el Grupo de los Socialistas Europeos se una al Grupo de los Populares y acepte la petición de los gobiernos y las agencias con poder de policía de poner bajo vigilancia las comunicaciones.
El pasado 29abr02, diseminamos una acción de solidaridad urgente bajo el título: "Mediante la propuesta de la Eurodiputada del PP, Ana Palacio, la presidencia española de la UE intenta que el Parlamento Europeo viole la debida protección a la privacidad.".
El presente mensaje resume lo sucedido en las negociaciones sobre este tema a lo largo de mayo y cuando faltan pocas horas para que el Parlamento Europeo decida. En efecto, el Parlamento Europeo debatirá, en su sesión plenaria de 29-30 de mayo, en Bruselas, acerca de una enmienda a la posición sobre retención de comunicaciones electrónicas, que reviste una importancia vital para el ejercicio de las libertades civiles.
Hemos sabido, por StateWatch, que el 23may02, la Presidenta de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores (Comisión "LIBE"), la Eurodiputada española del PP, Ana Palacio, presentó una nueva enmienda para su consideración en el debate de la sesión plenaria del 29may02 y en la votación que se celebrará el 30may02, en el Parlamento Europeo. Durante tal sesión el Parlamento debatirá y votará acerca del crítico artículo 15.1 de la propuesta que tiene por finalidad modificar la Directiva de la UE de 1997, la cual versa sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas. Hemos sabido asimismo que la enmienda presentada por Ana Palacio ha sido suscrita también por Elena Paciotti (PES, grupo socialista, Italia)". Con esta enmienda, el partido de los populares europeos y el grupo del Partido de los Socialistas abandonan la posición adoptada por el Parlamento Europeo en primera lectura (noviembre 2001) y confirmada en segunda lectura por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos (18abr02), sin por ello obtener concesión alguna del Consejo de la Unión Europea (los gobiernos de los 15).
La redacción de la enmienda propuesta por Ana Palacio es la misma (tan sólo dos palabras han sido transpuestas) que la que propuso el 18 de abril, la cual le resulta "aceptable" al Consejo de la Unión Europea porque supone la aceptación de sus demandas en el sentido de que los proveedores de redes y servicios retengan el contenido de las telecomunicaciones y su localización, y que las agencias con poder de policía puedan acceder a los mismos. La Presidenta de esta Comisión del PE estaría intentando llegar a un "trato" con el Consejo para la vigilancia de las comunicaciones.
El grupo del Partido Popular Europeo alega que el grupo del Partido de los Socialistas respalda también la llamada enmienda de "compromiso", pues ambos grupos conforman una contundente mayoría que llevaría al PE a votar en contra de las libertades civiles y a favor de la violación del derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia.
Tras esta votación, la Presidencia Española del Consejo de la UE, llevó a cabo "una serie de contactos informales...[con] los miembros interesados del Parlamento Europeo con vistas a explorar las posibilidades de un acuerdo prenegociado en torno a un conjunto de enmiendas de compromiso para su adopción en la votación plenaria, ahora prevista para el 30 de mayo de 2002".
Los días 3 y lunes 13 de mayo, el Grupo de Trabajo de telecomunicaciones del Consejo examinó "una serie de textos de compromiso", incluido el referido al artículo 15.1
El miércoles 15 Ana Palacio hizo circular la nueva enmienda para ser presentada el Consejo en nombre del parlamento y a modo de acuerdo de "compromiso", una enmienda que era en realidad la misma rechazada por la comisión de libertades y que acepta la posición del Consejo en favor de la violación del derecho a la privacidad. Se intentó que esta enmienda fuera enviada al Consejo por el COREPER (los representantes permanentes de los 15 gobiernos de la UE en Bruselas), pero el equipo negociador del parlamento, cuando supo de la maniobra, logró bloquearla.
No obstante, la Presidencia española del Consejo sencillamente tomó la enmienda de Palacio (enmienda No. 31) y presentó un informe dirigido al COREPER, con fecha de 16 de mayo (al día siguiente) diciendo que era "aceptable con ligeras modificaciones". Lo cual es más que lógico,pues es en el fondo la misma posición del Consejo.
El informe de la comisión parlamentaria encargada de este tema propuso 23 enmiendas a la posición común del Consejo y demás enmiendas, de las que de la 24 a la 43 se van a tratar en el sesión plenaria. De las 23 enmiendas que aparecen en el informe de la comisión parlamentaria, el Consejo sólo acepta dos cambios menores.
Recordamos que la propuesta original de la Comisión Europea se limitaba a plantear una serie de actualizaciones, pero el Consejo -respaldando las reivindicaciones de las agencias con poder de policía o "law enforcement agencies" (policía, aduanas, inmigración y agencias de seguridad interior)-, acordó una "posición común" para permitir la retención de datos. Tras el 11 de septiembre la Comisión Europea abandonó su oposición, en diciembre, a pesar de los puntos de vista claramente expresados por los comisionados de la UE para protección de datos.
Recordamos también que el Presidente George Bush dirigió una carta a la Comisión Europea,fechada 16Oct01 [ver texto completo, en su versión en lengua inglesa, en:
http://www.statewatch.org/news/2001/nov/06Ausalet.htm ] en la que, solicitaba a la UE que considerara "la cuestión relativa a la protección de datos en el contexto de los imperativos del cumplimiento y reforzamiento de la ley y la lucha contra el terrorismo", y que "los proyectos de directivas en materia de privacidad que establecen la destrucción obligatoria para permitir la retención de datos críticos durante un periodo de tiempo razonable", debieran ser revisadas. Un funcionario norteamericano, dijo, literalmente: "Ésta no es una cuestión entre EE.UU y la UE; es más bien una cuestión que contrapone el reforzamiento de la ley a una interpretación estricta de las libertades civiles".Las directivas de la UE sobre protección de datos, y las disposiciones en esta materia en el Tratado de Schengen, el Convenio Europol, el Convenio sobre el sistema de información aduanera, y el Convenio UE sobre asistencia mutua, ya prevén amplias derogaciones a sus propias disposiciones para facilitar el reforzamiento del poder de policía. De manera similar, el artículo 8 del Convenio europeo de derechos humanos y la Convención del Consejo de Europa sobre protección de datos, contienen disposiciones que permiten el intercambio expedito de datos entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Pero los Estados Unidos no son parte en ninguno de estos instrumentos.
La propuesta de la presidencia española de la UE, a través de la eurodiputada Ana Palacio,estaría en consonancia con la propuesta que Bush hiciera en su día a la Comisión Europea.
Tal y como expresamos en nuestra acción anterior sobre este tema, esta es una cuestión que afecta de lleno a las libertades civiles. Lo que está intentando el Gobierno español a través de la Presidencia de la UE, y concretamente la eurodiputada Ana Palacio, es que los sistemas de seguridad puedan espiar el correo electrónico de todos los ciudadanos en forma continuada y permanente, sin orden judicial alguna e invirtiendo la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.
En la práctica, es como si aprobaran que el correo postal guardara una copia de toda carta que uno envíe. En realidad están tratando de aprobar una legislación europea que legaliza las escuchas ilegales al estilo Echelon, o sea, que permita el control político y social de los ciudadanos.
Dada la composición actual del Parlamento Europeo, el voto del grupo del Partido de los Socialistas Europeos resulta determinante para que el PE decida en favor de las libertades civiles,el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, o en contra de todo ello.
En palabras del editor de Statewatch, Tony Bunyan: "Los gobiernos de la UE ya tienen cuantos poderes necesitan bajo la actual Directiva de lucha contra el terrorismo. Esta medida no tiene nada que ver con el terrorismo. La propuesta de los gobiernos de la UE es una cínica explotación del sentimiento de la población para introducir poderes draconianos que situarán, potencialmente,a todos los ciudadanos de Europa bajo vigilancia.
Llevó años ponerse de acuerdo y poner en práctica en cada estado miembro la Directiva de la UE de 1997, sobre privacidad en las telecomunicaciones. El derecho a la privacidad y a no ser sometido a vigilancia una vez perdido, nos abandonará para siempre."
Equipo Nizkor con información extraída de informes de Statewatch, y traducida al españo desde su versión en lengua inglesa.
UE, 28 de mayo de 2002
Este documento ha sido publicado el 30may02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights