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20nov13
El Gobierno aprovecha la caída de las protestas para conquistar la calle con multas
La legislatura enfila su recta final con mucha menos tensión en las calles de la que preveía el Partido Popular cuando llegó al poder en diciembre de 2011. Tras unos primeros meses marcados por protestas estudiantiles, dos huelgas generales, manifestaciones de funcionarios y concentraciones del 15M, el malestar contra el PP se ha ido diluyendo hasta dejar al Ejecutivo de Mariano Rajoy vía libre para ejecutar su agenda más reaccionaria. La reforma del Código Penal, que ya se encuentra en el Congreso, y la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, recién anunciada, permitirán al Gobierno arrebatar a la izquierda los espacios públicos recurriendo a los tribunales y las multas.
Las novedades afectan a ámbitos como el consumo de estupefacientes, la seguridad vial o la prostitución, pero el Gobierno ha centrado sus mayores esfuerzos en la persecución de los desórdenes públicos. Así, el nuevo Código Penal contempla por primera vez en su artículo 559 penas de cárcel para quienes distribuyan o difundan mensajes que inciten a la comisión de delitos de alteración de la seguridad ciudadana o que refuercen la voluntad de llevarlos a cabo, una redacción ambigua que abre la puerta a castigar la convocatoria de protestas a través de redes sociales.
El proyecto impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, incluye además la condena de toda forma de resistencia ciudadana. En la actualidad, sólo se considera punible la resistencia "activa", pero en el nuevo texto desaparece el adjetivo. Asimismo, impone penas de hasta seis años de prisión a las personas o grupos que ocupen domicilios de personas físicas o jurídicas, al estilo de las tomas de entidades bancarias organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Bastará con que la protesta perturbe la actividad normal del negocio.
La ley que cambiará las manifestaciones
Otras fórmulas de contestación civil se verán también afectadas por el nuevo Código Penal. Pero la verdadera ofensiva del PP para neutralizar las protestas en espacios públicos va a articularse a través de otra norma, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior quiere llevar el borrador al Consejo de Ministros del próximo viernes y espera que entre en vigor antes del próximo verano.
La nueva ley absorberá conductas que hasta ahora eran consideradas faltas por el Código Penal, pero también incorporará sanciones que no estaban recogidas en ningún articulado. Destaca la calificación como infracciones muy graves castigadas con multas de hasta 600.000 euros la convocatoria de manifestaciones no comunicadas previamente o prohibidas, las protestas en las inmediaciones del Congreso y la toma de imágenes de agentes. Además, se considerarán infracciones graves sujetas a sanciones de hasta 30.000 euros el uso de capuchas o cascos en desórdenes públicos, el deslucimiento del mobiliario urbano y los insultos a funcionarios encargados de mantener el orden público.
Un momento propicio para la ofensiva
Algunas de estas medidas ya fueron desgranadas por el Ejecutivo al comienzo de la legislatura, pero los populares han esperado a que se desinflara la exhibición del malestar ciudadano para anunciarlas oficialmente. Fuentes del Ministerio del Interior admiten que la calma que comienza a respirarse en las calles favorece su estrategia de contraataque. Los populares esperaban a estas alturas tener que lidiar con un entorno más conflictivo. De hecho, a comienzos de año, Moncloa recibió informaciones policiales que alertaban de una escalada de tensión generalizada. Pero esos pronósticos no se han cumplido. Las últimas dos grandes manifestaciones contra la Monarquía y el Gobierno, organizadas en septiembre y octubre, respectivamente, fueron un completo fracaso.
Las mismas fuentes oficiales del Ministerio del Interior reconocen que las nuevas leyes darán más argumentos a las delegaciones del Gobierno y a los tribunales para reprimir las formas de protesta que más desgaste han ocasionado al PP. Si el malestar ciudadano repunta en el tramo final de la legislatura, los populares tendrán más instrumentos a su alcance para desactivarlo.
Las críticas han llegado de todas las formaciones de la oposición y también de las plataformas ciudadanas que se han manifestado con mayor contundencia contra la gestión del Partido Popular, como el movimiento 15M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Greenpeace, Democracia Real Ya y la Coordinadora 25-S. En las redes sociales causó furor este martes la comparación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana con la Ley franquista de Vagos y Maleantes de 1954. El rechazo de esta iniciativa se suma además al que ya había ocasionado la reforma del Código Penal en los aspectos más directamente relacionados con la represión de los desórdenes públicos.
Reacción de los partidos de la oposición
Para Antonio Trevín, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, "está claro que el Gobierno ha apostado por la senda del orden público en detrimento de la seguridad ciudadana". "Lo único que le preocupa es ampliar el abanico de las sanciones y elevar las multas para todos aquellos que quieran manifestarse contra el Gobierno", denuncia el diputado socialista. "Tienen mayoría absoluta y ya han demostrado que no tienen empacho en sacar adelante leyes con el resto de la Cámara en contra, pero será difícil que el Consejo de Estado avale los artículos del borrador".
Además del visto bueno del Consejo de Estado, el Ejecutivo también necesitará la aprobación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por las consecuencias que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana puede tener en el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo los de reunión y manifestación. El PSOE ya ha anunciado que llevará la norma al Tribunal Constitucional para que este órgano también se pronuncie sobre su encaje en la Carta Magna.
Por su parte, Izquierda Unida ha calificado que la propuesta del Ministerio del Interior es "la ley de la patada en la boca de la democracia" y que, junto a la reforma del Código Penal, supone una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". En su opinión, "pretende criminalizar a los movimientos sociales e impedir que ejerzan su función de canalizar los intereses de los ciudadanos".
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, salió este martes al paso de las críticas para puntualizar que la propuesta del Ministerio se encuentra aún en una "fase muy preliminar". Martínez también pidió a los partidos y a los actores sociales que esperen a conocer el detalle del borrador para evitar lecturas "apresuradas". "Queda mucho recorrido y mucho debate. Entiendo que se hayan producido opiniones y que son respetables, pero hay que poner de manifiesto que estamos en una fase muy preliminar", insistió el secretario de Estado en declaraciones recogidas por EFE.
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 20nov13]
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