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12ene16
También Juan Carlos I va a ser juzgado
La primera jornada del juicio sobre el caso Nóos no ha hecho sino confirmar lo que ya sabíamos: que en este procedimiento no sólo se va a juzgar a un par de defraudadores y a quienes les ayudaban en el delito, más a un grupo de políticos inmorales que utilizaban el dinero público sin más control que el de su estricta voluntad y conveniencia, sino también a la Monarquía española y a su comportamiento en los últimos años del reinado de Juan Carlos I.
Ha quedado demostrado por las propias declaraciones de los imputados, que el suculento negocio montado por Iñaki Urdangarin y su socio se basaba fundamentalmente y de manera determinante en el hecho de que el antiguo jugador de balonmano estaba casado con la hija del Rey de España. Y, por si eso no fuera suficiente, el propio yerno del Monarca hacía ostentación de su parentesco real, incluía al secretario de las infantas en su condición de tal, en la relación de personas que prestaba asesoramiento al montaje urdido, y ha exhibido a la Infanta en folletos de presentación para que nadie abrigara la menor duda de con quién y, sobre todo, de qué se estaba hablando.
No tiene nada de sorprendente, por lo tanto, que en este juicio el comportamiento de la Corona en torno a esta monumental estafa forme parte importante del procedimiento, aunque no sea eso lo que se esté juzgando. Pero este aspecto del caso Nóos va estar presente desde el principio hasta el final. Desde el principio porque de momento ya tenemos a la hija del Rey sentada en el banquillo de los acusados, en una imagen que, naturalmente, ha dado la vuelta al mundo. Y porque en el tiempo dedicado a plantear las cuestiones previas, la situación procesal de la Infanta ha sido el centro de toda la atención. El fiscal, la abogada del Estado y el propio abogado defensor se han aplicado con vehemencia a exponer su conocida tesis por la que ella no debe ser sometida a juicio.
El problema es que Cristina de Borbón ya ha sido juzgada. Bastaron las contundentes informaciones publicadas por este periódico y los más de 200 folios del insólito auto del juez Castro en el que exponía los motivos por los que mantenía su imputación a la hija del anterior Rey para que la opinión pública se hiciera una idea muy aproximada de la implicación de la mujer de Urdangarin en los manejos fraudulentos de su marido. En ese sentido, la Justicia, su imparcialidad, su obligada independencia y el superior criterio jurídico de las tres magistradas que componen el tribunal están condenados de antemano. Puede que resulte trágico pero la realidad es que la única decisión que libraría a estas jueces del escarnio público es que no admitan los argumentos de la defensa -en sus tres versiones- y opten por someter a la Infanta a juicio. Eso de que la Justicia ha de ser igual para todos no tiene en este caso más que una traducción a ojos de los ciudadanos y de muchos expertos penalistas, dicho sea de paso: que Cristina de Borbón no abandone el banquillo de los acusados. Porque es por esa pena, la de banquillo, por la que clama buena parte de la opinión.
Por todo ello, inevitablemente, el papel jugado por el anterior Rey en torno al asunto de los negocios de su yerno va estar presente durante todo el procedimiento. Pero es que, además, el socio de Urdangarin, Diego Torres, está extraordinariamente interesado en involucrar directísimamente a Don Juan Carlos en este delito. Lo de ayer fue una prueba más, con un punto de obscenidad, de las pretensiones de Torres: su abogado pidió que fueran llamados a declarar no sólo el padre de la Infanta sino también su hermano, el Rey Felipe VI. Dado que esa petición había sido ya desestimada en su momento, está claro que lo que pretende la defensa de Torres es que no se olvide en ningún momento su afirmación de que la Casa Real estuvo involucrada en los negocios de Urdangarin. Hay que suponer que con esa estrategia no aspira a librar a su defendido de una más que probable condena y parece más bien encubrir un sordo deseo de venganza, una represalia por el intento inicial de Udangarin de echar sobre los hombros de su socio la responsabilidad de lo perpetrado.
Y no sólo eso: por la sala del juicio van a desfilar un buen número de personas vinculadas directísimamente a la Casa del Rey Juan Carlos. No sabemos lo que oiremos a lo largo de los próximos meses, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que no ha habido mayor acierto que la decisión del Rey Felipe de abrir un inmenso cortafuegos entre la Corona encarnada por él y toda la patulea que se mueve en torno al desdichado cuñado y a una hermana que ha hecho lo imposible por complicar a la actual Familia Real con su persona. El daño que la Infanta Cristina ha causado a la Monarquía española es inmenso y no ha terminado aún de producir sus efectos. Los próximos meses nos permitirán quizá asomarnos más, y más dolorosamente, al cantil del precipicio en que a esta pareja se le consintió empujar a la Institución Monárquica. Una Institución que Felipe VI ha logrado salvar de un descrédito irreparable.
[Fuente: Por Victoria Prego, El Mundo, Madrid, 12ene16]
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