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21oct04
El Estado español y sus aparatos militar y judicial deben condenar el golpe de 1936 y la dictadura. Por Vicenç Navarro.
Perdón o condena.
El Estado español y sus aparatos militar y judicial deben condenar el golpe de 1936 y la dictadura.La demanda de los representantes de ERC en las Cortes y en el Parlament de Catalunya para que el Estado español pida perdón por el asesinato del president Companys ha abierto un debate, postergado por demasiado tiempo, sobre lo que fue la mal llamada guerra civil, la dictadura, la transición y la naturaleza del Estado español.
El silencio sobre estos temas (roto sólo recientemente) por parte de las direcciones de los partidos de izquierdas que protagonizaron la resistencia a la dictadura ha significado un enorme coste político para la democracia española del cual parecen todavía no ser conscientes, pues los pasos que se están dando para corregirlo son excesivamente lentos e insuficientes.
Durante estos años de democracia en España, las únicas voces gobernantes (a nivel de las comunidades autonómicas) que han mantenido una memoria viva de lo que fue la guerra civil y la dictadura han sido los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Y estos han promovido una versión de tal historia que interpreta la guerra civil primordialmente como un conflicto de España contra Catalunya y el País Vasco, interpretación que explica la petición que el Estado español pida disculpas por su agresión a Catalunya.
AHORA BIEN, la mal llamada guerra civil fue, más que un conflicto territorial y de naciones, una lucha de clases (término prohibido en el discurso políticamente correcto del país), en la que la gran mayoría de las burguesías, oligarquías y grupos empresariales y financieros, tanto de Catalunya y del País Vasco como del resto de España apoyaron el golpe militar dado por la mayoría de los mandos del Ejército español que, con tropas marroquís y legionarias, se alzaron contra un Gobierno republicano en España y un Govern de la Generalitat de Catalunya.
Estos derivaban su apoyo principalmente de las clases trabajadoras y de otros componentes de las clases populares de Catalunya y del resto de España. La mayor represión de la dictadura fue en contra de las clases trabajadoras de los distintos pueblos y naciones de España; y la resistencia la protagonizaron las izquierdas, cuyos herederos, en cambio, han mantenido un silencio que ha sido definido erróneamente como "madurez política" y "deseo de reconciliación". En realidad, tal silencio (resultado de su gran debilidad) ha reproducido una profunda injusticia, facilitando la reproducción de una historia de España que no se corresponde con la realidad.
Hemos visto, por ejemplo, cómo el famoso tema de los papeles de Salamanca se ha interpretado principalmente como el robo de los documentos de la Generalitat de Catalunya por parte de España cuando, en realidad, la gran mayoría de los papeles de Salamanca fueron robados a los partidos de izquierda y a los sindicatos no sólo de Catalunya sino de toda España. ¿Cómo es que sus dirigentes no pidieron la devolución de sus documentos? ¿Y cómo puede entenderse que herederos de las víctimas castellanas del golpe militar (incluyendo las de Salamanca), brutalmente asesinadas por las tropas de Franco, ahora defiendan la existencia de un archivo basado en tal robo, expolio y asesinato? Tal archivo debería existir en Salamanca sólo en el caso de que los herederos de las víctimas así lo permitiesen. Pero ni siquiera se les ha preguntado. Su existencia, por lo tanto, no puede aceptarse, a no ser que se acepte como inmutable la escritura del pasado, con la perpetuación de una situación basada en la fuerza de las armas en contra de la democracia.
IGUAL ERROR existe al asumir que el Estado español es un Estado con pleno pedigrí democrático, heredero de la República española. El Estado español es una mezcla de estructuras y aparatos heredados de la dictadura a los que se han añadido elementos nuevos que responden a una nueva cultura democrática. El Estado existente no es un Estado nuevo sino un Estado que en parte es heredero del franquismo.
El Ejército, por ejemplo, se considera a sí mismo heredero del Ejército golpista, como lo atestigua que nunca haya condenado el golpe militar, que nunca haya homenajeado a los militares leales a la República que fueron asesinados por los golpistas, que siempre haya discriminado a los pocos militares que lucharon por la democracia bajo la dictadura, expulsándolos del Ejército, que todavía homenajea al dictador con una estatua en su Escuela militar y que explica a sus alumnos una versión muy derechista en sus programas de formación. Y su jefe del Estado mayor propuso que se homenajeara a los combatientes de la División Azul, a fin de equilibrar la propuesta de homenajear a los republicanos que lucharon por la democracia en España y Europa.
Una situación semejante ocurre con la judicatura. Hemos visto jueces como Baltasar Garzón que han aparecido internacionalmente como los grandes defensores de los derechos humanos al intentar llevar a Pinochet a los tribunales por haber sido responsable de los asesinatos y desaparecidos españoles en Chile, sin que tales exigencias se hayan reflejado en llevar a los tribunales a los responsables de un número mayor de asesinatos y desaparecidos españoles en su propio país. Es más, tal sistema jurídico continúa manteniendo las leyes que dictó aquel régimen en contra de miles de luchadores antifascistas. ¿Qué calidad democrática puede tener un sistema judicial que mantiene tales leyes?
Por desgracia, sectores amplios de las izquierdas españolas no se perciben de la necesidad y urgencia de esta corrección. Es más, cuando tal corrección se inicia, aceptan homenajear a los que lucharon por la democracia junto con los que la destruyeron (como ocurrió en el desfile militar del 12 de octubre), mostrando una enorme insensibilidad que ofende a todos los demócratas de España y de Europa, convirtiendo al Estado español en el único en el que se homenajea a tropas pronazis, ofensa aceptada bajo el pretexto de reconciliación nacional.
Lo que se requiere es que el Estado español y sus aparatos, tanto el militar como el judicial, condenen el golpe militar y la dictadura, prohibiendo cualquier homenaje a aquellos que fueron responsables de una de las páginas más negras de nuestra historia, llevando a los tribunales a quienes han sido responsables de crímenes contra la humanidad.
[Fuente: Vicenç Navarro, para El Periódico (Opinión), 21oct04. VICENÇ Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra]
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